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- La mayoría de estos casos trata cuestiones jurídicas técnicas y no sale en los titulares de las noticias.
- Pero otros tienen enormes repercusiones para el país sobre una amplia gama de temas, como el derecho al voto, la regulación del medio ambiente, la rendición de cuentas del gobierno y el derecho a portar armas.
Todos los años, la Corte Suprema recibe miles de solicitudes para evaluar casos en instancias de apelación, pero admite solo una pequeña porción de esas solicitudes. Este proceso está determinado tanto por el rol que desempeña la Corte a la hora de organizar su lista de casos y seleccionar las causas que va a aceptar, como por los asuntos jurídicos en pugna.
Actualmente, la Corte Suprema emite decisiones firmadas sobre unos 60 casos por año. Esta es una reducción con respecto a los más de 160 casos que decidía en la década de 1980 y una disminución considerable comparada con la cantidad de casos que decidía hace apenas 15 años.
La mayoría de estos casos trata cuestiones jurídicas técnicas y no sale en los titulares de las noticias. Pero otros tienen enormes repercusiones para el país sobre una amplia gama de temas, como el derecho al voto, la regulación del medio ambiente, la rendición de cuentas del gobierno y el derecho a portar armas. Por eso, es importante comprender cómo selecciona la Corte Suprema los casos que admite.
Casi todos los casos de la Corte Suprema provienen de los tribunales federales inferiores y de las cortes supremas estatales.
La mayoría de los casos de la Corte Suprema proviene de los tribunales federales de apelación, también llamados tribunales federales de circuito, que se ubican inmediatamente por debajo de la Corte Suprema y revisan las decisiones de los tribunales federales de primera instancia.
Hay tribunales federales de apelación para 12 regiones geográficas, o circuitos —por ejemplo, el Tribunal Federal de Apelación para el Noveno Circuito—, además de un Circuito Federal que atiende ciertos tipos de casos sobre temas como patentes y comercio internacional. En 2024, casi las tres cuartas partes de todas las peticiones realizadas ante la Corte Suprema provinieron de estos tribunales de circuito.
La Corte Suprema federal también puede considerar casos provenientes de las cortes supremas estatales cuando estas deciden asuntos de derecho federal, por ejemplo, cuando se pronuncian sobre la legislación federal o los derechos constitucionales federales.
Además, el Congreso autoriza la revisión directa de la Corte Suprema sobre los dictámenes de los tribunales federales de primera instancia en un grupo muy reducido de casos. En estas escasas situaciones, el derecho federal estipula que estas causas judiciales pueden saltarse la instancia de apelación. Si bien son infrecuentes, estos casos suelen tener grandes repercusiones, porque, a menudo, tratan temas como la redistribución de los distritos electorales o el derecho al voto decididos por los tribunales de distrito especiales compuestos por un panel de tres jueces.
Resulta importante señalar que la Corte Suprema decide principalmente las cuestiones de derecho, en vez de determinar los hechos. En la mayoría de los casos, son los tribunales inferiores los que establecen los hechos del expediente y contextualizan los asuntos jurídicos, mientras que la Corte Suprema evalúa la forma en que la ley fue aplicada para juzgar esos hechos.
Muy pocos casos se inician en la Corte Suprema, en lugar de venir de una instancia de apelación.
La Constitución le concede a la Corte Suprema una jurisdicción originaria para conocer ciertos casos, lo cual significa que la Corte puede escuchar estos casos en primera instancia como si fuera un tribunal de distrito. Por lo general, los casos que escucha la Corte por jurisdicción originaria tratan disputas entre dos o más estados. Son muy infrecuentes y suelen girar en torno a cuestiones técnicas, como fronteras interestatales o derechos sobre el agua.
Ha habido menos de 20 casos de esta naturaleza entre 2000 y 2026. Aun así, la Corte suele nombrar a un experto especial que investiga los hechos para que, luego, los magistrados puedan decidir las cuestiones de derecho.
La Corte Suprema elige casi todos los casos que revisa.
Para la enorme mayoría de los casos, la única forma de llegar a la Corte Suprema es presentando una petición de un auto de avocación, o petición de certiorari, después de la resolución de un tribunal federal de apelación o de una corte suprema estatal. En latín, certiorari significa “cerciorarse, asegurarse con certeza”. Cuando la Corte acepta el caso, se dice que “concedió el recurso de certiorari”.
Las peticiones de certiorari pueden provenir de diferentes partes y por diferentes razones. La Corte Suprema puede recibir peticiones de parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, grupos de defensa de derechos, las empresas o personas individuales, que pueden apelar ante la Corte para revocar una decisión de un tribunal inferior.
Algunas partes, en especial los grupos de defensa de derechos, pueden presentar demandas junto con otras partes demandantes y por determinados hechos porque consideran que así tendrán un mejor chance de elevar la causa a la Corte Suprema, en particular cuando hay magistrados que han señalado su buena predisposición para establecer un nuevo precedente a su favor.
La petición de certiorari debe estipular las cuestiones jurídicas específicas que quiere que la Corte Suprema evalúe y los argumentos sobre por qué la causa merece su revisión, por ejemplo, debe resaltar que la cuestión jurídica en pugna es de importancia nacional o que hay un desacuerdo entre dos o más tribunales federales de apelación sobre un tema jurídico que la Corte debe resolver, situación que recibe el nombre de “división entre dos o más circuitos”.
Aun así, la decisión de la Corte podría terminar abarcando mucho más de lo que plantea la parte demandante. La parte contraria puede responder presentando un escrito donde explica por qué la Corte Suprema no debería aceptar el caso.
Terceros, como los grupos de defensa de derechos y académicos, también pueden presentar escritos de amicus curiae, o en calidad de amigos de la corte, donde argumentan por qué la Corte debería o no aceptar el caso para su revisión.
Las peticiones de certiorari pueden abarcar todo el espectro de los casos que consideran los tribunales inferiores, desde demandas civiles entre partes privadas (como personas individuales o empresas) hasta casos penales y demandas contra las políticas gubernamentales federales y estatales.
De este conjunto de peticiones de certiorari, la Corte tiende a buscar casos que giren en torno a las cuestiones constitucionales importantes o a leyes federales con grandes repercusiones, en especial sobre los derechos civiles o la separación de poderes.
También es más probable que admita casos cuando la revisión la solicita el gobierno federal, que actúa como parte en aproximadamente dos tercios de todos los casos que la Corte Suprema federal decide evaluar sobre sus méritos cada año.
La Corte suele escuchar casos en instancias de apelación tras la decisión de un tribunal de apelaciones. En muy pocos casos, pero que cada vez son más, la Corte también evalúa dictámenes que vienen directamente de los tribunales federales de primera instancia, antes de que un tribunal federal de apelación haya podido pronunciarse.
Esto puedo ocurrir en los casos donde los magistrados consideran que el tema es extraordinariamente urgente o que vale la pena combinarlo con otro que la Corte ya tiene previsto admitir.
Las peticiones de certiorari también deben cumplir con detallados requisitos de formato y contenido. Una vez que se presentan, pasan por un proceso interno de verificación que, por lo general, ocurre a espaldas del público.
Si bien cada magistrado tiene discreción para revisar las peticiones de certiorari, todas son evaluadas primero por los secretarios judiciales. Esta es la etapa donde se filtra más del 97 por ciento de las apelaciones, que nunca serán consideradas por los propios magistrados.
En cuanto al resto, los secretarios sintetizan cada caso y presentan sus recomendaciones sobre si la Corte debería o no conceder la petición de revisión. Estos memorandos se envían a los magistrados que participan en el proceso de certiorari.
Actualmente, siete magistrados participan en este proceso, mientras que los secretarios de los magistrados Samuel Alito y Neil Gorsuch revisan las peticiones por su cuenta y cada uno hace directamente su propia recomendación. Luego, todos los magistrados dialogan sobre los casos en conferencias privadas.
En este momento, hay tres posibilidades. La Corte puede conceder la petición de certiorari si al menos cuatro magistrados votan a favor de admitir el caso. Entonces, la Corte establece un cronograma para que las partes del caso puedan presentar sus escritos y, luego, coloca una fecha para los alegatos orales.
La Corte también puede rechazar la petición de certiorari y dejar que el dictamen del tribunal inferior siga en pie. O bien, puede emitir una revocación abreviada, en la que seis magistrados o más votan para anular la decisión de un tribunal inferior sin la presentación de los escritos ni alegatos, por ejemplo, si el tribunal inferior no ha aplicado la jurisprudencia correctamente. Esta última herramienta se utiliza muy esporádicamente: se ha aplicado menos de 10 veces por año en las últimas décadas.
Si bien los resultados de la votación durante el proceso de certiorari son públicos, el desglose concreto de cómo votó cada magistrado no lo es. Por lo general, solo se conoce el voto de un magistrado si este decide redactar o firmar una opinión en contra de la decisión de la Corte de aceptar el caso.
Hay muchos factores que determinan si la Corte acepta o no un caso, pero las decisiones durante el proceso de certiorari raramente están acompañadas de explicaciones.
Los magistrados de la Corte Suprema pueden tener diferentes motivos para conceder o rechazar una petición de certiorari. Pueden concederla porque creen que el caso se decidió erróneamente o que les dará la oportunidad de aclarar un precedente que se ha aplicado de forma incorrecta o de resolver divisiones entre dos o más circuitos.
A veces, los magistrados buscan la oportunidad de inclinar el derecho hacia una determinada dirección y votan para aceptar casos que creen que les ofrecen la mejor probabilidad de convencer a la mayoría de sus colegas de su punto de vista.
Si bien los magistrados no tienen por qué publicar opiniones a favor o en contra de una petición de certiorari, a veces sí han redactado opiniones donde explican sus votos.
Estas opiniones revelan que los magistrados que se oponen a una petición de certiorari no necesariamente lo hacen porque estén de acuerdo con el tribunal inferior, sino porque quizá están considerando otros factores como, por ejemplo, si el caso se ajusta a los demás que ya tienen previstos en su lista de casos o si el tema podría beneficiarse si se sigue tratando en instancias inferiores.
La Corte Suprema también puede acelerar el tratamiento de ciertos casos mediante su “lista de casos de emergencia en la sombra”
Las partes de un caso también pueden presentar una solicitud para la lista de casos de emergencia en la sombra, conocida en inglés como “shadow docket”, mediante la cual se le solicita a la Corte que bloquee provisoriamente la orden de un tribunal inferior.
Estas solicitudes siguen un proceso distinto al de las peticiones de certiorari. Cada circuito federal tiene asignado un “magistrado de circuito” que revisa estas solicitudes de emergencia y puede elevarlas a toda la Corte para su revisión. Luego, si la mayoría de los magistrados así lo vota, se puede suspender la decisión del tribunal inferior.
La creciente frecuencia de estos casos y la falta de transparencia en torno a sus decisiones han dado lugar a la frase “en la sombra” para referirse a este proceso de solicitudes de emergencia. La Corte se pronuncia sobre estas solicitudes con un cronograma impredecible, a menudo sin poco o nada de tiempo para la presentación de los escritos ni alegatos orales, y no está obligada a publicar las opiniones por escrito que expliquen su razonamiento.
La Corte tampoco tiene por qué indicar qué magistrados votaron a favor o en contra de la decisión del tribunal inferior, aunque a veces es posible deducir esa información según qué magistrados emiten opiniones de disenso, si es que las emiten.
Históricamente, estos casos de emergencia en la sombra trataban predominantemente cuestiones de pena de muerte, pero, en los últimos años, la Corte Suprema ha pronunciado dictámenes en su lista de casos de emergencia en la sombra que tratan cada vez más sobre temas políticos controversiales.
Este giro refleja, en parte, el hecho de que la administración Trump ha presentado más peticiones de emergencia que cualquier otro gobierno anterior. Tan solo entre marzo de 2025 y 2026, la Corte ha considerado más de 30 solicitudes de este tipo provenientes de la administración y se pronunció a su favor el 80 por ciento de las veces, a menudo sin alegatos orales y sin muchas explicaciones o ninguna.
Esa fue la misma cantidad de solicitudes que la administración Biden presentó durante sus cuatro años de gobierno y más del doble de las que presentaron los presidentes Obama y George W. Bush durante sus 16 años de gobierno combinados.
El proceso de selección de los casos de la Corte Suprema es un tema muy importante. Dado que admite tan pocos casos, sus elecciones sobre qué disputas evaluar suele tener tanto impacto sobre la dirección del derecho estadounidense como lo tienen sus dictámenes.
Traducción de Ana Lis Salotti
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