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- En un momento dónde decenas de millones de personas estadounidenses están profundamente insatisfechas con la Corte y su accionar, es difícil divisar un camino claro hacia la reforma.
- El argumento principal es que la Corte puede tener cambios, siempre y cuando exista voluntad política.
Para los estadounidenses en 2026, la Corte Suprema puede parecer estar fijada en piedra (y no es solo por su imponente fachada de mármol en One First Street). No se han realizado grandes cambios al tamaño, estructura o a las órdenes del día del Tribunal Supremo en décadas o, en algunos casos, siglos. Los puestos en la Corte suelen estar ocupados durante una generación o más. Uno de ellos está actualmente ocupado por un magistrado que asumió el cargo antes de que nacieran casi la mitad de las personas vivas hoy en día.
En un ambiente tan estancado, los grandes cambios parecen ser imposibles de lograr. ¡No extraña que la gente esté desesperada! En un momento dónde decenas de millones de personas estadounidenses están profundamente insatisfechas con la Corte y su accionar, es difícil divisar un camino claro hacia la reforma. Pero, una mirada rápida a la historia demuestra que este trecho ya se ha caminado varias veces.
Esta es una historia de constantes reformas: a través del siglo XIX, por lo menos, los presidentes y el Congreso han formulado y reformulado el tamaño, jurisdicción, responsabilidades y más de la Corte Suprema a su parecer. Se entendía que era una parte normal de la política. A veces, los cambios servían para adaptar la Corte a un país cambiante y en crecimiento, pero más a menudo fueron impulsados por un enojo generalizado por decisiones específicas o por el deseo de cementar triunfos políticos. Tomados en conjunto, estos cambios ofrecen un argumento alentador contra el conocimiento convencional actual sobre los cambios a la Corte: pueden lograrse, si estás dispuesto a jugar duro políticamente.
La primera muestra: la Ley Judicial de 1801, la cual eliminó un escaño en la Corte Suprema y a su vez creó otros nuevos tribunales federales. La ley fue labor del presidente John Adams y sus aliados federalistas en el Congreso, quienes acababan de perder las elecciones contra Thomas Jefferson y los republicanos. Fue una situación tipo ‘cara gano yo, cruz pierdes tú’. A Jefferson se le negaría la oportunidad de nombrar alguien para la vacante en la alta corte, mientras que Adams podría dedicar sus últimos días en la presidencia a nombrar a las personas que él quisiera para los puestos en las nuevas cortes federales. A estos nombramientos de último minuto se les conoció como “jueces de medianoche”.
Jefferson estaba furioso. Le escribió a un amigo que los federalistas se habían “retirado dentro la rama judicial como en una fortaleza”. Meses después, Jefferson y los republicanos, recientemente empoderados, contraatacaron y derogaron la ley de 1801 de los federalistas. Aprobaron una nueva ley que restauró el escaño en la Corte Suprema y eliminó los puestos en los tribunales federales que Adams había creado.
(En caso de que algún originalista esté leyendo, quiero resaltar que todos estos retoques al Supremo los hicieron los propios fundadores de la nación).
Seis años después, volvió a suceder. El recién electo presidente Abraham Lincoln enfrentó una Corte Suprema dominada por los sureños que protegían el sistema esclavista y quienes recientemente habían fallado, en la causa Dred Scott, que las personas de raza negra no podían ser ciudadanas estadounidenses. Los republicanos, quienes se oponían a la esclavitud, respondieron no con desesperación, pero con determinación. El senador William Seward, quien se convertiría en el secretario de estado de Lincoln, dijo: “Debemos reorganizar la Corte y, de esta manera, reformaremos sus sentimientos y prácticas políticas y los pondremos en armonía con la Constitución y las leyes de la naturaleza”.
Justo después de asumir la presidencia, Lincoln y los republicanos en el Congreso hicieron justamente eso: expandieron la Corte a diez magistrados y así ayudaron a mover la balanza a favor de los norteños que votarían contra la esclavitud. Después del asesinato de Lincoln, su sucesor, Andrew Johnson, deshizo la expansión y redujo la membresía de la Corte a siete magistrados.
En total, el tamaño de la Corte ha cambiado más o menos siete veces (más sobre esto a continuación). Y todo esto fue perfectamente legal, lo cual ilustra el aprendizaje central para quienes apoyan hoy la reforma a la Corte: el Congreso tiene mucho más poder sobre la Corte Suprema de lo que la mayoría de la gente imagina.
El Artículo Tercero de la Constitución, el cual establece a la Corte Suprema, le da al Congreso enorme poder para controlar sus características fundamentales —no solo en su tamaño, pero también qué tipo de casos tiene el poder de considerar. Por ejemplo, dice: “La Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación, en tanto lo que respecta al derecho como a los hechos, con algunas excepciones y según los reglamentos que prescriba el Congreso”.
En las palabras de un memorándum de 1982 de la oficina de un fiscal general: “Este lenguaje claro e inequívoco es el argumento más fuerte a favor del poder del Congreso”. El autor de ese memo fue un joven asistente llamado John Roberts, quien hoy es el magistrado que preside la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Roberts estaba planteando lo que durante mucho tiempo fue un argumento indiscutible. Adams, Jefferson y Lincoln lo entendían. Legisladores y activistas de la era progresista a principios del siglo XX también lo entendían, y exigían reformas como límites al periodo de mandato, requisitos de una mayoría calificada en la votación y restricciones a la jurisdicción de la Corte. Puede que Franklin Roosevelt no haya tenido éxito en añadirle magistrados a la Corte, pero su amenaza de hacerlo atemorizó a los magistrados conservadores lo suficiente para que votaran a favor de su agenda del New Deal, demostrando el poder de otras ramas para influir sobre el funcionamiento de la Corte.
Considerando esta historia en nuestra rígida realidad, es sorprendente no solo qué tan frecuente los actores políticos reformaron o intentaron reformar la Corte, sino también lo mucho que sus debates suenan como los que estamos teniendo hoy en día —y lo mucho que nos pueden servir como modelo para el futuro.
El argumento principal es que la Corte puede tener cambios, siempre y cuando exista voluntad política. “El intento de cambiarla es un momento tan dramático que la gente asume que hay algo extraño en ello”, me contó el politólogo Justin Crowe de Williams College. “Se entiende como algo altamente politizado. ¡Pero siempre ha sido algo político!”
Hablando de voluntad política, volvamos a los siete momentos en los que el Congreso ha cambiado el tamaño de la Corte. Un número más preciso es ocho. En febrero de 2016, Mitch McConnell y los republicanos del Senado se rehusaron a concederle una audiencia a Merrick Garland, el nominado a la Corte de Barack Obama, no porque tenían dudas sobre sus calificaciones (republicanos en altos cargas previamente dijeron que él sería un nominado ideal), sino por el argumento de que las próximas elecciones estaban demasiado cerca y que primero debían escuchar la voz del pueblo estadounidense. Los republicanos del Senado mantuvieron el puesto vacío hasta la siguiente primavera, cuando pudo ser ocupado por el magistrado que nominó Donald Trump.
Durante más de un año, en ese entonces, McConnell y sus compañeros republicanos literalmente cambiaron el tamaño de la Corte —reduciéndolo a ocho magistrados y luego expandiéndolo otra vez a nueve cuando tuvieron la garantía de que un presidente de su partido iba a hacer el nombramiento. (Para restregarle sal a llaga, los republicanos revirtieron su postura en 2020 impulsando la nominación de Amy Coney Barrett hecha por Trump apenas una semana antes del día de las elecciones, después de que millones de estadounidenses ya habían emitido sus votos).
Recordando la acusación de hace dos siglos de Jefferson sobre la retirada de Adams a una “fortaleza”, los demócratas en 2020 desataron su furia: “El tema es que esto es una toma de poder”, dijo el senador Doug Jones de Alabama. Pero para McConnell, sólo fue cuestión de astucia política. “Mucho de lo que hemos hecho en los últimos cuatro años se deshará tarde o temprano para las próximas elecciones”, dijo McConnell. “No podrán hacer mucho al respecto durante mucho tiempo.”
Quienes desean restaurar la legitimidad e integridad de una Corte que actualmente carece de ambas pueden seguir haciendo pataletas frente a la provocación de McConnell o —si logran ganar suficiente poder en 2028— pueden inspirarse en ello. Así es cómo luce la voluntad política.
El punto de ahondar en este episodio no es para aplaudir a McConnell, cuya cínica destrucción de las normas que ambos partidos habían cumplido por generaciones causó daños severos a la Corte y la democracia estadounidense. Más bien, sirve para recordarnos que el Congreso tiene un gran poder hacer cambios cuando quiera a la Corte Suprema. El camino hacia una reforma exitosa se labró desde la fundación de la nación y continúa hasta ahora, y se puede resumir en un simple mensaje: no tengan miedo de pensar con audacia y actuar en consecuencia.
Traducción de Laura Gómez
