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- Durante gran parte de nuestra historia, se solía entender que el Congreso tenía el poder de regular la facultad del presidente de despedir a los funcionarios de la rama ejecutiva.
- La Casa Blanca está bajo el control del presidente más errático, corrupto y transgresor de las leyes que hayamos tenido en la historia de nuestro país.
¿Cuánto poder debería tener el presidente?
Esa es una de las preguntas fundamentales del experimento estadounidense, deliberada en profundidad (pero nunca resuelta en su totalidad) por los fundadores de la Constitución en 1787, por sus antagonistas y por numerosos estadounidenses durante generaciones.
En algún momento de la semana próxima, la Corte Suprema se pronunciará sobre el tema una vez más, y otra vez la mayoría derechista parece dispuesta a darnos una respuesta que no era la intención de los fundadores de la Constitución ni el deseo del pueblo estadounidense moderno.
La causa judicial que se encuentra en el centro del debate actual, Trump v. Slaughter, trata del intento del presidente Trump de despedir a Rebecca Kelly Slaughter, comisionada demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) que Trump había nombrado para este cargo durante su primera presidencia.
Slaughter, parte de los cinco comisionados (no más de tres pueden ser del mismo partido político), volvió a ser nombrada por el presidente Biden en 2023 para cumplir un segundo mandato de siete años de duración.
Al poco tiempo de que Trump volvió al poder el año pasado, despidió a Slaughter y a otro comisionado, Alvaro Bedoya, los dos demócratas, diciendo que tenía la facultad de despedirlos sin motivo alguno. Esos despidos fueron en contra de un caso decidido por la Corte Suprema hace 90 años, Humphrey’s Executor v. United States, que sostenía que la ley que creó la FTC decía claramente que los funcionarios de las agencias independientes como los que ocupan la FTC pueden ser removidos de sus cargos solo por “ineficiencia, negligencia de sus deberes o infracciones cometidas en el cargo”.
Trump no alegó nada de todo esto contra Slaughter, de modo que los tribunales inferiores, basados en el caso Humphrey’s Executor, la restituyeron a su puesto de trabajo. (Al principio, Bedoya se sumó a la demanda iniciada por Slaughter, pero luego renunció por motivos económicos).
Tal como tantos otros precedentes de los que se dependía desde hace décadas y que han pasado por la Corte en los últimos años, el caso Humphrey’s Executor parece destinado a la bolsa de la basura. Eso se hizo evidente enseguida, cuando la Corte Suprema utilizó su lista de casos de emergencia en la sombra para suspender los dictámenes de los tribunales inferiores que habían reincorporado a Slaughter; después de todo, Humphrey’s sigue siendo una buena ley y directamente relevante al caso.
Durante los alegatos orales de diciembre, el magistrado John Roberts, presidente de la Corte, junto a los otros magistrados derechistas no mostraron ningún escrúpulo cuando, como mínimo, reinterpretaron el caso de 1935 de tal modo que ahora le permite al presidente despedir a los comisionados de la FTC (y de muchas otras agencias) por cualquier motivo que desee.
La justificación de la decisión a la que llegue la Corte se basará, al menos en parte, en lo que se conoce como la teoría del ejecutivo unitario, que afirma que, dado que el “poder ejecutivo” se le “concede” al presidente según el Artículo II de la Constitución y dado que el presidente debe “velar porque las leyes se cumplan con fidelidad”, este tiene básicamente el poder ilimitado de despedir a cualquier persona dentro de la rama ejecutiva.
Tal como señaló la magistrada Elena Kagan durante los alegatos orales del pasado diciembre, un dictamen a favor de Trump “colocaría un poder enorme, incontrolable y desenfrenado en manos del presidente”.
Existen al menos dos grandes problemas con la teoría del ejecutivo unitario. En primer lugar, a pesar de tener un nombre serio, es una teoría completamente inventada, sin ninguna conexión con la historia y la tradición por las que los magistrados derechistas dicen guiarse en tantas de sus decisiones.
De hecho, la Constitución no dice nada sobre el poder del presidente de remover de sus cargos a los funcionarios de la rama ejecutiva, un silencio que ha sido ocupado desde los inicios de nuestra nación “con una cacofonía de desacuerdos y posturas opuestas”, indican Jonathan Gienapp y Andrea Scoseria Katz, dos profesores de Derecho que presentaron un escrito de amicus curiae en la causa Slaughter.
Gienapp y Katz citan a John Adams, que, siendo presidente, se negó a despedir a sus adversarios políticos, incluso ante la intensa presión que le ponían sus aliados. Hacerlo únicamente por motivos partidistas, decía, sería “severo y detestable” e “indicaría un carácter irritable, precipitado y vengativo”.
Durante gran parte de nuestra historia, se solía entender que el Congreso tenía el poder de regular la facultad del presidente de despedir a los funcionarios de la rama ejecutiva. Los presidentes aceptaron este arreglo, ratificando leyes que incluían estas regulaciones y tolerando la existencia de las agencias independientes durante los últimos 150 años, tal como lo explica otro escrito de amicus curiae presentado por una historiadora con representación legal del Brennan Center.
Las Cortes Supremas del pasado habrían estado fuertemente influenciadas por la evidencia de décadas de acuerdos mutuos y poderes compartidos y pactados con las otras dos ramas de gobierno. Pero a Roberts y a sus colegas derechistas raramente los convence cualquier evidencia que no les apunte hacia donde ya quieren ir.
Así que ¿de dónde salió esta teoría del ejecutivo unitario, si no de la era de la fundación del país? Surgió, igual que Donald Trump, en una era más reciente: en la década de 1980. Mientras el futuro presidente construía rápidamente su nombre y fortuna en el sector inmobiliario de la Ciudad de Nueva York, ávidos jóvenes empleados del Departamento de Justicia bajo la presidencia de Reagan (entre ellos, un John Roberts de unos veinte años) tramaban nuevas formas de contrarrestar las décadas de control demócrata en el Congreso y la Casa Blanca.
Según ellos, el dominio demócrata ayudó a colmar las agencias del ejecutivo de liberales que creían en un gobierno federal más expansivo y eficiente y que se oponían a la revolución desregulatoria que impulsaban Reagan y sus acólitos. Un ejecutivo con la facultad de remover estos estorbos les daría a los republicanos más poder en su lucha contra el estado administrativo.
La teoría del ejecutivo unitario está tan desprovista de fundamentos que un importante experto originalista se vio obligado a criticarla este último otoño antes de los alegatos orales. “Tanto el texto como la historia del Artículo II son mucho más equívocos que lo que está sugiriendo la actual Corte Suprema”, escribió Caleb Nelson, profesor de Derecho en la Universidad de Virginia (y antiguo secretario judicial del magistrado Clarence Thomas) en un artículo revelador que provocó una cascada de interrogantes existenciales entre los originalistas. “La Cláusula de Cumplimiento Fiel no implica que el presidente pueda despedir a todos los funcionarios del ejecutivo que quiera, al igual que tampoco le concede al presidente la facultad de encarcelar a cualquier funcionario que no haga lo que diga el presidente”.
Si la Corte ignora este análisis, junto a la evidencia histórica, y vota a favor de una versión consolidada de la teoría del ejecutivo unitario, señala Nelson, le estarán dando al presidente “más poder, creo, que el que cualquier persona sensata quisiera darle a otra y más poder que el que cualquiera de la generación de los fundadores de nuestro país pudo haberse imaginado”.
Claro que no hay que olvidar que esta es la misma Corte que en 2024 le dio al presidente una inmunidad casi absoluta por cualquier delito que pueda cometer en el cargo, una decisión que también estuvo muy alejada de las posturas verdaderas de los fundadores de nuestra nación, incluso de quienes lucharon por un poder ejecutivo poderoso, tal como lo explica otro escrito de amicus curiae presentado por prestigiosos historiadores estadounidenses organizados por el Brennan Center.
Antes mencioné que existen dos grandes problemas con la teoría del ejecutivo unitario. El segundo es que esta teoría, más allá de su pedigrí, es tan amplia que, en realidad, no se puede aplicar con uniformidad. Tomemos otro caso que la Corte aceptó decidir durante este período de sesiones y que probablemente resuelva el mismo día que Slaughter: Trump v. Cook.
El año pasado, Trump se adjudicó la facultad de despedir a Lisa Cook, integrante de la Junta de la Reserva Federal. Según los alegatos orales en esta causa, parece que la mayoría de la Corte se prepara para rechazar la alegación de autoridad del presidente. ¿Cómo puede ser, si la teoría del ejecutivo unitario significa lo que dice significar?
La respuesta está en que esta Corte Suprema es la más pronegocios del último siglo y, más allá de las razones que den en su opinión a favor de Cook, el motivo real es que no van a dejar que el presidente destruya la economía. Dicho de otro modo, les gusta expandir el poder ejecutivo a costa de la desregulación, pero no cuando pueda perjudicar al sector corporativo estadounidense.
Quizá lo más mortificante de todo esto es el momento en que está ocurriendo: la Corte está avanzando a toda marcha con su proyecto de engrandecimiento del poder ejecutivo en el mismo momento en que la Casa Blanca está bajo el control del presidente más errático, corrupto y transgresor de las leyes que hayamos tenido en la historia de nuestro país.
Los fundadores de la Constitución se habrían horrorizado, pero quizá no se habrían sorprendido. Un día de junio de 1787, mientras los delegados de la convención constitucional debatían sobre la naturaleza de los poderes que debían concederle al jefe del ejecutivo, Benjamin Franklin especulaba sobre los riesgos inherentes que suponía.
“El primer hombre que se pondrá al mando es un hombre bueno”, señaló refiriéndose a George Washington, que se preveía que ganara las primeras elecciones. “Nadie sabe quién puede venir después. El ejecutivo siempre querrá agrandarse aquí, tal como ocurre en otros sitios, hasta que acaba en una monarquía”. Casi 250 años más tarde, la Corte Suprema está haciendo lo posible para que la predicción de Franklin se vuelva realidad.
