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Boston Police car
MediaNews Group/Boston Herald/Getty Images
Análisis

Detalles sobre las políticas de vigilancia en las redes sociales de la policía de Boston

Para proteger mejor los derechos consagrados en la Primera Enmienda y prevenir la aplicación sesgada de la ley, el departamento debe desarrollar normas claras para el monitoreo de las redes sociales.

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MediaNews Group/Boston Herald/Getty Images
mayo 27, 2026

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  • Nuestra investigación reveló que el Centro Regional de Inteligencia de Boston no cuenta con una política que aborde específicamente la vigilancia de los individuos en las redes sociales por parte de sus analistas.
  • Además, se les otorga una amplia libertad para monitorear los eventos públicos, realizando búsquedas amplias de eventos como manifestaciones con una aparente conexión a Boston.

La investigación que el Brennan Center lleva realizando durante varios años sobre las prácticas del Departamento de Policía de Boston (BPD) en las redes sociales reveló que el departamento realiza un amplio monitoreo de las redes sociales sin los reglamentos específicos o requisitos de documentación establecidos para prevenir la aplicación sesgada de la ley o la vigilancia indebida de las actividades protegidas por la Primera Enmienda. Los resultados apuntan a prácticas cuestionables y una falta de rendición de cuentas y supervisión.

En enero de 2020, presentamos por primera vez una solicitud de acceso a los registros de dominio público para esclarecer las prácticas de vigilancia del departamento. El miércoles publicamos más de 1,000 páginas de documentos policiales internos, las respuestas por escrito del departamento a nuestras preguntas y la información obtenida luego de varias conversaciones con un abogado del BPD.

El BPD administra el Centro Regional de Inteligencia de Boston (BRIC, por sus siglas en inglés), un “centro de fusión” que coordina el intercambio de información y la colaboración entre las agencias de policía y de seguridad pública locales, estatales, federales y regionales.

El BRIC tiene un historial de monitoreo de las protestas y otras actividades protegidas por la Primera Enmienda sin vinculación clara al terrorismo o a las emergencias. Por ejemplo, anteriormente se expuso el uso de la herramienta de monitoreo de las redes sociales, Geofeedia, para vigilar a los activistas de Black Lives Matter y musulmanes, y para la elaboración de informes en los que se califica a los manifestantes contra la guerra como extremistas nacionales.

A pesar de las críticas a las prácticas anteriores del BRIC, nuestra investigación reveló que no cuenta con una política que aborde específicamente la vigilancia de los individuos en las redes sociales por parte de sus analistas. Sin embargo, nos enteramos de que los analistas pueden revisar las redes sociales de una persona más seguido si la persona promueve un evento público en línea.

Además, se les otorga una amplia libertad para monitorear los eventos públicos, realizando búsquedas amplias de eventos como manifestaciones con una aparente conexión a Boston con el fin de detectar amenazas y evaluar las posibles implicaciones para la seguridad pública, aunque dicha conexión a veces sea ínfima o inexistente.

El BRIC monitorea las redes sociales utilizando un software de proveedores privados como Chorus Intelligence Suite y utilizando apodos en línea. Durante nuestras conversaciones con el abogado del BPD, nos enteramos de que estas cuentas ficticias se emplean principalmente para monitorear contenido en línea sin interactuar directamente con las personas, pero los analistas también pueden usarlas para “agregar como amigos” o enviar mensajes a individuos sin revelar su afiliación policial.

Nuestras conversaciones con el BPD revelaron que, a pesar del amplio alcance de estas tácticas, el BRIC no requiere a los analistas documentar formalmente el uso continuo de un apodo en línea. Como resultado, parece haber poca supervisión del monitoreo en las redes que hacen los analistas y poca oportunidad para rendir cuentas, ya que el BRIC recopila poca información para garantizar que el monitoreo se realice de acuerdo con las políticas del departamento o las mejores prácticas para salvaguardar las libertades civiles.

Las prácticas del BRIC para darle seguimiento al intercambio de información con otras agencias de policía y de seguridad pública también son inadecuadas. Los documentos que el BRIC elaboró en relación con el monitoreo de las amenazas en torno a las elecciones generales de 2024 empiezan con una advertencia que indica que el BRIC “no tenía información o inteligencia indicando una amenaza específica y creíble” relacionada con las elecciones.

Sin embargo, los informes producidos por el BRIC muestran que recopilaba y difundía ampliamente información de dudosa relevancia, como un informe de Tennessee sobre el intento de un individuo de estrellar un dron armado contra una instalación energética.

Gran parte del material parece tener poca conexión con Boston, carece de interés para la seguridad pública de los residentes de Boston y no indica tendencias más generalizadas que requieran la atención de las fuerzas policiales. Los riesgos de estas prácticas se magnifican por el hecho de que el BRIC no mantiene un registro centralizado de sus actividades.

El BPD también realiza un monitoreo amplio de las redes sociales de los menores a través de la Fuerza Especial contra la Violencia Juvenil, un grupo que monitorea internet en busca de información sobre las actividades de las pandillas, la violencia con armas y otros delitos violentos.

Este grupo ha utilizado las redes sociales para corroborar afiliaciones a grupos mediante “identificadores de pandillas”, como prendas de vestir que indiquen adhesión a una pandilla particular. Pero este tipo de identificadores de pandillas han sido criticados por castigar a jóvenes no blancos por usar prendas comunes. La base de datos de las pandillas del BPD, que ha generado preocupación por su sesgo racial, agrega a las personas simplemente por usar ropa de los Chicago Bulls, por ejemplo, o ciertas marcas de tenis, sin ningún otro indicio de actividad sospechosa.

Desde entonces, el grupo Fuerza Especial contra la Violencia Juvenil ha ampliado su vigilancia en las redes sociales para recopilar grandes cantidades de información no relacionada con actividades criminales. Se les instruye a los oficiales monitorear las cuentas de los familiares o “asociados” a los pandilleros, incluso si no se sospecha que estas personas hayan cometido ningún delito o actividad relacionada con las pandillas. Este enfoque puede extender la vigilancia en línea a cualquier persona que tenga contacto social, familiar o en línea con un presunto pandillero. 

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El Brennan Center ha advertido repetidamente sobre lo invasiva y opaca que es la vigilancia policial de las redes sociales y los riesgos que estas prácticas representan para la privacidad y las actividades protegidas por la Primera Enmienda.

Esos riesgos recalcan la necesidad de que el Departamento de Policía de Boston y el Centro Regional de Inteligencia de Boston desarrollen e implementen políticas de conocimiento público que establezcan límites específicos a la conducta de los oficiales. Este tipo de reglas garantizarían la rendición de cuentas y la supervisión, mitigarían la aplicación sesgada de la ley y salvaguardarían los derechos constitucionales de las personas.

Traducción de Laura Gómez