Este artículo se publicó originalmente en The New Republic
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- El presidente Trump está desesperado por suprimir el voto. Funcionarios locales, abogados, grupos sin fines de lucro y ciudadanos comunes están resistiendo en cada paso del camino.
- Podemos tener elecciones seguras en noviembre, pero tendremos que luchar para lograrlo.
En los meses previos a las elecciones de medio término, el presidente Trump está intentando otra vez tomar el control de la votación en los Estados Unidos, alegando un poder que no tiene. En su más reciente orden ejecutiva, la cual firmó el martes, instruye al Servicio Postal de EE. UU. a rechazar el envío de las boletas electorales a menos que el votante esté en una nueva lista de ciudadanos autorizados. Es un desastre. Además, es inconstitucional. Hay razones para creer que los tribunales bloquearán esta orden.
Eso forma parte de una historia más extensa. Trump y sus aliados en Washington y en todo el país llevan un año inmersos en una frenética actividad con un único objetivo: socavar las elecciones. Entre las teorías de conspiración, los allanamientos del FBI, los arrebatos nocturnos en las redes sociales y más, estas acciones pueden confundir o distraer. Pero es más que un caos improvisado. Los contornos de la estrategia detrás de todo esto son ahora cada vez más claros.
Pero la cuestión es esta: por cada medida que ha tomado Trump, ha habido un contraataque. Y la resistencia ha sido firme y cada vez es más exitosa.
Empecemos con la orden ejecutiva del martes, la cual grupos defensores del derecho al voto, incluido el Brennan Center, están demandando en los tribunalesde justicia (los demócratas ya demandaron a Trump por la orden). Según los términos de la orden, el Servicio Postal de EE. UU. sólo enviaría las boletas del votante a una lista de votantes inscritos creada a nivel federal.
Entonces: ¿la oficina de correos recopilaría una lista de los votantes inscritos en ese estado para compararla con la nueva lista federal? ¿Qué pasa si las listas están llenas de errores, como ocurrió en intentos anteriores? ¡Uy! La orden incluso le dice al fiscal general que le de prioridadal enjuiciamiento de los funcionarios electorales.
Más que eso, es ilegal. Cuando Trump intentó reescribir las normas electorales hace un año con una orden que requería que las personas que llenaran el formulario nacional de registro de votantes también presentaran un pasaporte u otro documento de ciudadanía, un tribunal federal bloqueó la orden.
La jueza declaró: “nuestra Constitución encomienda al Congreso y a los estados —no al presidente— con el poder de determinar las reglasde las elecciones federales”. Además, el Servicio Postal de EE. UU. es un organismo independiente que no está sujeto a los decretos presidenciales. Quien redactó el borrador de la orden ni siquiera intentó disfrazarla con un argumento jurídico legítimo: Trump tiene la autoridad de hacer esto, alega, porque el Artículo II de la Constitución le otorga … ¡mucho poder! Eso es todo.
La segunda estrategia busca involucrar al Congreso. La Ley SAVE, la “prioridad número uno” de Trump, requeriría a las personas ciudadanas presentar un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar. Sin embargo, 21 millones de estadounidenses no tienen estos documentos a mano.
La Cámara de Representantes aprobó distintas versiones de este proyecto de ley en dos ocasiones y, durante dos semanas del mes pasado, el Senado lo debatió. Cuarenta y dos opositores pronunciaron discursos en la plenaria —incluida la senadora republicana Lisa Murkowski— y por lo tanto el proyecto de ley hasta ahora no ha logrado el respaldo necesario para superar el filibusterismo. Los senadores se fueron de vacaciones sin siquiera someterlo a votación. La única prioridad legislativa vigente del presidente será obstaculizada de nuevo, si sus opositores continúan presionando.
Otra estrategia involucra al Departamento de Justicia. En enero, el FBI allanó las oficinas electorales del condado Fulton, en Georgia, incautando las boletas de las elecciones de 2020 en un intento de impugnar los resultados. La declaración jurada en la cual se basó el allanamiento resultó ser una recopilación de teorías conspirativas ya desmentidas. Todo esto es inquietante, pero igual de preocupantes son las exigencias del Departamento de Justicia a los 50 estados para que entreguen los padrones electorales con información personal confidencial, como los números de seguro social. ¿Por qué está el gobierno federal está recopilando toda esta información?
Ahora está claro que el equipo de Trump quiere presionar a los estados para que eliminen a votantes de sus padrones, muchos de los cuales serían elegibles para votar. Algunos estados han accedido, pero la mayoría se ha resistido. Tres tribunales hasta ahora han fallado que Washington no tiene la autoridad para exigir está información. Frente a las exigencias federales indebidas, los funcionarios estatales y del condado están ofreciendo resistencia. Expertos externos están capacitando a los abogados de funcionarios electorales sobre cómo resistir nuevas intrusiones.
Otra medida ha sido retirar a los policías federales de sus áreas de trabajo. Los funcionarios electorales han sido acosados a través de amenazas, desinformación y actos de violencia. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura existe, en parte, para ayudarlos y proveer experticia y financiación. Pero el año pasado, Trump desmanteló la agencia, despidió a todo su personal y hasta ordenó una investigación contra su exdirector, Chris Krebs, quien tuvo la osadía de afirmar que las elecciones de 2020 habían sido seguras.
Estas acciones han dejado a las elecciones peligrosamente sin protección frente a los ataques de hackeo por parte de gobiernos extranjeros. No hay sustituto para una respuesta firme en materia de seguridad nacional, pero muchos de estos expertos en seguridad electoral ahora están asesorando a los estados desde afuera.
Y otra medida de contraataque: grupos conservadores y liberales crearon el Comité para unas Elecciones Seguras —integrado a partes iguales por agentes de la policía y funcionarios electorales— para ayudar a prevenir amenazas y actos de violencia. La coalición planea sostener 100 sesiones en todo el país y distribuir al menos 100,000 guías de bolsillo sobre cómo proteger a las elecciones entre los agentes de policía.
Tal vez la táctica más escalofriante no ha sucedido aún. Steve Bannon, el aliado de Trump, dijo la semana pasada que la presencia de ICE en los aeropuertos sería un “entrenamiento perfecto para el otoño de 2026”. Enviar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o a cualquier otro agente armado a los sitios de votación es ilegal según la ley federal como la estatal. Si las personas votantes o los trabajadores electorales son intimidados, pueden acudir a un tribunal y, dadas las experiencias del año pasado, podemos esperar que los jueces fallen rápidamente para prevenir disrupciones e intimidaciones.
A muchos le preocupa que Trump no cumpla con la ley. De hecho, su administración en gran medida ha acatado los fallos federales, aunque protestando con vehemencia durante todo el proceso. Pero hay razones para estar vigilantes. Mientras que Trump fracasa en los tribunales con regularidad, su respuesta a menudo escala tensiones. Claro, los tribunales pueden emitir un fallo, pero: ¿qué pasa si, en las horas previas a las elecciones de noviembre, Trump cumple su repetida amenaza de invocar la Ley de Insurrección y despliega las fuerzas militares contra los manifestantes? ¿Importaría entonces el fallo favorable de un tribunal?
Ahí es donde los votantes, grupos cívicos y las campañas entran en acción. La ciudadanía debe formular un plan, votar con anticipación cuando sea posible y utilizar los buzones electorales. La sociedad civil ya empezó a movilizarse.
La Liga de Mujeres Votantes, por ejemplo, planea movilizar a unas 70,000 personas para que observen la votación y el trabajo en las urnas. Los líderes religiosos empezaron a prepararse para entrar en acción con fuerza. Tal vez la comunidad empresarial, que estuvo activa en 2020 pero ha sido lamentablemente vacilante desde entonces, pueda convocar a sus empleados a ser observadores electorales o trabajadores de las urnas. La inspiradora movilización ciudadana en Minneapolis puede servir como modelo para una cruzada destinada a mantener las elecciones libres de interferencias.
Sin duda, algunas medidas de Trump tendrán éxito. Pero los contraataques, en conjunto, pueden ser exitosos para bloquear o contrarrestar mucho más. Ya hemos visto que algunos de los peores impulsos fueron repelidos. Pero será necesaria la participación de todos. Con la orden ejecutiva o sin ella, podemos tener elecciones seguras en noviembre, pero tendremos que luchar para lograrlo.
Traducción de Laura Gómez
