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- Este acontecimiento tiene todos los indicios de ser un extraordinario abuso de poder.
- Es parte de una estrategia que busca intimidar al electorado y a quienes ayuden a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.
El voto es el corazón de la democracia. En Estados Unidos, cada dos años, las organizaciones civiles se movilizan para registrar a los votantes y asegurarse de que figuren correctamente en los padrones. Ese trabajo es fundamental, especialmente en las comunidades pobres y minoritarias. La organización Ohio Organizing Collaborative es el grupo de registro de votantes más importante del estado de Ohio. En 2024, registró a 100,000 votantes.
El grupo ayudó a liderar la lucha por mapas electorales justos contra un esfuerzo descarado de manipulación de los distritos que se desató en Ohio. El Brennan Center lo representó ante la justicia, donde ganamos el caso más de una vez. Cuando los legisladores ignoraron esos dictámenes judiciales, el grupo de activistas volvió su atención hacia el electorado de Ohio.
Junto al magistrado republicano Maureen O’Connor, presidente retirado de la corte suprema del estado, apoyaron una campaña para aprobar una enmienda a la constitución estatal y crear una comisión no partidista de redistribución de los distritos. A la enmienda la llamaron “Ciudadanos, No Políticos”.
No habría beneficiado a ningún partido en particular, sino que habría empoderado al electorado. Esta medida incorporada en la boleta no alcanzó los votos necesarios en 2024, pero fue un ejemplo del mejor activismo cívico sin banderas políticas ni ideológicas.
Por eso, lo que pasó a fines de la semana pasada fue tan alarmante. De hecho, fue indignante.
En un operativo enorme, 100 agentes del FBI y otros oficiales federales allanaron la oficina de Ohio Organizing Collaborative y hasta llegaron a las viviendas de los voluntarios, empleados y miembros de la junta de la organización. Los agentes confiscaron los teléfonos y las computadoras, se llevaron documentos e interrogaron a ciudadanos estupefactos.
¿La justificación? Según una orden de allanamiento, la búsqueda de fraude en el registro de votantes.
Este acontecimiento tiene todos los indicios de ser un extraordinario abuso de poder. Es parte de una estrategia que busca intimidar al electorado y a quienes ayuden a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.
Después de todo, este es el mismo Departamento de Justicia que ha investigado o procesado una y otra vez a quienes critican al presidente Trump, solo para ver cómo esos casos se desmoronan ante un gran jurado o un juez. Sumémosle a eso un FBI liderado por Kash Patel, que escribió un libro negacionista de las elecciones para niños sobre su lealtad al “rey”.
Esta estrategia expandida se trazó muy bien en el Proyecto 2025, el manual que publicó la Heritage Foundation para lo que luego se convirtió en muchas de las políticas de la administración Trump. Hay que usar al Departamento de Justicia, decía el Proyecto 2025, para atacar a las autoridades electorales estatales y a los grupos de registro de votantes. Hay que destruir la amenaza imaginaria de un fraude electoral generalizado.
Durante décadas, la Heritage Foundation ha sido el principal proveedor del mito de que muchas personas votantes cometen fraude durante las elecciones. Ahora, todo el gobierno federal se encuentra en las garras de esa teoría conspirativa.
A modo de recordatorio, un estudio del Brennan Center demuestra que es más probable que a una persona la parta un rayo que cometa fraude.
¿Qué producirá esta enorme demostración de fuerza procesal? Probablemente no mucho más que miedo, tal como seguramente esperan sus creadores. Si una persona ciudadana teme registrarse para votar o ayudar a otros a hacerlo, misión cumplida.
De hecho, la estrategia no parece centrarse en hacer cumplir las leyes, sino en infundir miedo.
Lo vimos en enero cuando el FBI hizo otra redada en la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, a fin de “probar” que allí Joe Biden no ganó las elecciones de 2020. Cuando se divulgó la declaración que autorizó la redada, terminó siendo un conjunto de alegaciones ya desmentidas desde hace tiempo.
La redada mandó un mensaje claro a todas las autoridades electorales del país: si supervisan una elección donde no nos gustan los resultados, podríamos ir a golpearles a la puerta.
Lo vimos la semana pasada cuando Trump declaró que las elecciones primarias de California habían sido “fraudulentas” porque el candidato republicano, estrella de un reality show, no salió entre los dos más votados en las elecciones a alcalde de Los Ángeles, una ciudad mayormente demócrata.
Lo vimos el año pasado cuando los agentes federales de la patrulla fronteriza, armados y enmascarados, se aparecieron en tropel en una conferencia de prensa organizada por el gobernador de California Gavin Newsom para anunciar la incorporación de una medida en la boleta sobre la redistribución de los distritos.
