El engaño de Alito es indignante, pero poco sorprendente.
La Corte Suprema arremetió contra la Ley de Derecho al Voto en 2013. En la causa Shelby County v. Holder, los magistrados suspendieron la disposición que exigía a los estados y localidades con un historial de discriminación racial en las votaciones obtener la aprobación previa del gobierno federal para poder modificar las normas electorales. Este proceso se conoce como autorización previa. Para obtenerla, el estado o localidad debía demostrar que cualquier cambio no iba a perjudicar más a las minorías raciales y étnicas que a los votantes blancos.
En la opinión de la mayoría, el magistrado y presidente del tribunal John Roberts citó las mismas dos elecciones que Alito mencionó en el nuevo fallo Callais: las de 2008 y 2012. Señalando el hecho de que la brecha racial en la participación electoral se redujo a cero en esos años, Roberts argumentó que la Ley de Derecho al Voto ya había cumplido su cometido y que la autorización previa podía suspenderse con seguridad.
Como mi colega, Michael G. Miller, y yo explicamos en nuestro próximo libro sobre el derecho al voto y la causa condado Shelby, el fallo ya era cuestionable en su momento. Había buenas razones para creer que 2008 y 2012 fueron casos aislados —no el fin de la brecha racial en la participación electoral— dado que la candidatura de Obama impulsó la participación de los votantes de raza negra.
También hubo otra posibilidad que la mayoría se negó a considerar: que la protección que brindaba el requisito de la ley sobre la aprobación fue en sí responsable por la reducción de la brecha en la participación electoral. Como lo expresó la magistrada Ruth Bader Ginsburg al disentir de la mayoría: “eliminar la aprobación previa cuando ha funcionado y continúa funcionando para detener los cambios con efectos discriminatorios es como tirar tu paraguas en medio de una tormenta porque no te estás mojando”.
Aun así, la Corte Suprema continuó arremetiendo contra la Ley de Derecho al Voto. En 2021, en la causa Brnovich v. Democratic National Committee, la Corte Suprema efectivamente anuló la capacidad de utilizar la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto para impugnar leyes que dificultan que los votantes pertenecientes a las minorías emitan su voto. Los magistrados hicieron esto en una violación directa de una promesa hecha en el caso condado Shelby de mantener intacta la Sección 2. Y en la causa de esta semana, dieron un golpe mortal a la Sección 2.
Esto nos lleva de nuevo a la afirmación de Alito en la causa Callais de que el racismo en las elecciones se terminó.
Lo que Alito no menciona es que desde 2013, la brecha racial en la participación electoral en todo el país se ha disparado. Resulta increíble que Alito desconociera este hecho. Él recurrió a datos de casi 20 años atrás para incluir las únicas dos elecciones en la historia de los Estados Unidos en las que la participación de los votantes de raza negra y blanca alcanzó la paridad.
Sin duda, Alito o alguno de sus asistentes verificó si podían actualizar con datos más recientes el argumento planteado en la causa condado Shelby de que el racismo en las elecciones estadounidenses ya no existía. Pero los datos son inequívocos: las garantías planteadas por Roberts en el condado de Shelby resultaron ser totalmente erróneas.
Lo que es peor, nuestras investigaciones demuestran que gran parte del aumento en la brecha de la participación electoral fue causado por el desastroso fallo del condado de Shelby. No nos engañemos: la brecha en la participación siempre tuvo la posibilidad de ampliarse cuando Obama ya no se estuviera postulando para un cargo. Pero no se habría ampliado tanto si la autorización previa aún siguiera vigente. ¿Cómo lo sabemos?
En un artículo reciente revisado por expertos y publicado en una revista académica, Miller y yo demostramos que el fallo en la causa del condado de Shelby aumentó directamente la brecha racial de la participación en partes del país que antes estaban sujetas al requisito de autorización previa. De hecho, estimamos que, para las elecciones de mitad de término de 2022, el efecto del condado de Shelby provocó que cientos de miles de votos de votantes pertenecientes a las minorías se quedaran sin emitir.
“En gran parte gracias a la Ley de Derecho al Voto, nuestra nación ha logrado grandes avances en la eliminación de la discriminación racial en la votación”, Alito escribió en Callais. “Y, como resultado de este progreso, hoy en día es difícil encontrar evidencia pertinente relacionada con la discriminación electoral intencional. Eso es motivo de celebración”.
Había motivos para celebrar … hace 13 años. La Ley de Derecho al Voto estaba más fortalecida que nunca, la participación política de las comunidades de raza negra competía con la participación de la población blanca y el país había elegido a su primer presidente perteneciente a una minoría.
Pero la historia no se detuvo ahí. Y la situación solo ha empeorado desde entonces. Como el propio Alito escribió esta semana: “son mucho más relevantes (para comprender nuestro mundo actual) los datos actuales y las actuales condiciones políticas”. Alito debería seguir su propio consejo.
Traducción de Laura Gómez
