Este artículo fue publicado originalmente en Governing.
La Ley SAVE sería una pesadilla operativa, una obligación sin los fondos necesarios y pondría a los funcionarios electorales en peligro legal, todo ello debido a un requisito innecesario.
Es más probable que la Ley SAVE excluya a millones de estadounidenses de su derecho a votar y que no mejore significativamente la seguridad de nuestros sistemas electorales.
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Después de un agitado ciclo electoral en 2024, el gobierno de Trump recortó recursos y fondos cruciales para la seguridad electoral, dejando a la infraestructura de votación del país en estado vulnerable. Tras esas nocivas medidas, los funcionarios electorales ahora se preparan para votar en el Congreso sobre la Ley SAVE, una propuesta legislativa que obstaculiza el voto y amenaza a miles de administradores a cargo de nuestras elecciones.
El acrónimo de la propuesta de ley proviene de su título oficial en inglés, Protejamos la Elegibilidad para Votar de los Estadounidenses (Safeguard American Voter Eligibility), lo que es irónico: en pocas palabras, SAVE pasaría a ser la peor ley electoral promulgada por el Congreso hasta ahora, lo que no es ninguna exageración. Estoy en posición de saberlo.
Durante casi 14 años, trabajé como funcionaria electoral del estado de Carolina del Norte y Pensilvania (recientemente como secretaria adjunta de este estado). Dos objetivos impulsaron gran parte de mi labor para mantener la eficiencia y seguridad de las elecciones: asegurar que solo se inscriban como votantes a los ciudadanos que cumplen con los requisitos y que nunca se rechace a ninguno de estos.
La ley SAVE, que está pendiente ante ambas cámaras, exigiría que los ciudadanos estadounidenses muestren en persona una partida de nacimiento, pasaporte u otro documento como prueba de ciudadanía cuando se inscriban o vuelvan a inscribirse para votar.
Ese requisito, por sí solo, podría impedir que 21 millones de ciudadanos estadounidenses que no tienen estos documentos fácilmente disponibles puedan votar. En efecto, eliminaría la inscripción por internet y correo, que son opciones populares para muchos estadounidenses. También afectaría drásticamente los procesos y procedimientos existentes que mantienen en marcha nuestras elecciones, por la falta de fondos federales u orientación para los funcionarios a cargo de implementarlos.
La Ley SAVE abrumaría a los funcionarios electorales con una responsabilidad extraordinaria al imponer sanciones penales si se equivocan. El precio de esta medida, que no necesariamente protegería las elecciones para comenzar, es demasiado alto.
Como escribió un grupo de casi 60 funcionarios electorales de ambos partidos en un comunicado a los miembros del Comité de Normas y Administración del Senado y el Comité de Administración de la Cámara de Representantes: “SAVE impone un riesgo sin fondos, inmanejable y legalmente peligroso en los administradores de elecciones sin ofrecer los recursos necesarios ni apoyo en la implementación”.
Los apoyo. Este proyecto mal concebido no debe convertirse en ley.
Carga para los funcionarios electorales
SAVE deja en manos de los estados la creación de un proceso para inscribir a los ciudadanos que reúnen los requisitos pero que no tienen prueba de ciudadanía, y en manos de los administradores locales la decisión de si un solicitante ha proporcionado pruebas de ciudadanía suficientes para registrarse. A la vez, el proyecto de ley también expone a los funcionarios electorales a consecuencias legales al establecer sanciones penales y civiles si alguno, incluso por error, inscribe a un votante sin pruebas suficientes de ciudadanía, aunque esa persona sea, en efecto, ciudadana.
Estas responsabilidades legales son sumamente disuasivas. Como resultado, los funcionarios electorales quizá se sientan obligados a rechazar a un ciudadano estadounidense que cumple los requisitos si, por ejemplo, el nombre en su pasaporte no es exactamente el mismo que su nombre legal. Millones de mujeres casadas que se cambiaron de apellido se verían específicamente afectadas por los estrictos requisitos de la propuesta de ley.
No es necesario adivinar cuál será el resultado de esto. No hay sino que considerar lo que pasó en New Hampshire después de que se implementó un nuevo requisito de prueba de ciudadanía. El mes pasado una mujer pasó varias horas intentando inscribirse para votar debido a discrepancias entre su apellido y el que figuraba en sus documentos. Otros votantes que fueron rechazados inicialmente nunca regresaron.
Si el Congreso promulga la Ley SAVE, que es incluso más estricta que la ley de New Hampshire, estos episodios se intensificarían a nivel nacional. Poner a los funcionarios electorales en la posición de decidir si un votante estadounidense elegible puede emitir su voto, en base a si cumple debidamente con un nuevo y vago requisito, va en contra del propósito del cargo. Sé de primera mano que el objetivo de los funcionarios electorales es ayudar a los ciudadanos que pueden votar a hacerlo, en vez de interponerse en su camino.
Mayor presión en la administración de las elecciones
Es más, la presión adicional intensificaría el éxodo cada vez mayor de funcionarios electorales que vienen dejando la profesión desde las elecciones de 2020 ante experiencias de acoso, amenazas o abusos. Eso le quitaría aun más estabilidad a un sistema electoral ya asediado.
Pero las fallas y riesgos de la medida no terminan allí. La Ley SAVE abrumaría a los funcionarios electorales con la responsabilidad de resolver todos los detalles prácticos para la implementación del nuevo requisito —desde crear nuevos formularios y procesos hasta la instrucción del público— y los responsabilizaría de los costos. Para muchos funcionarios electorales dedicados que ya están sobrecargados de trabajo, esto dificultaría su capacidad para desempeñar su labor.
Un requisito federal de mostrar papeles para poder votar crearía un sistema de dos vías electorales en estados sin un requisito estatal. Eso podría significar que los funcionarios electorales en dichos estados tendrían que tramitar un conjunto de solicitudes de inscripción de votantes y boletas para las elecciones federales y otro para las elecciones estatales y locales cada dos años. El caos y la confusión resultantes perjudicarían la operación de elecciones pues crearían problemas.
La Ley SAVE también forzaría a los funcionarios electorales a realizar purgas problemáticas de los padrones electorales basándose en una constatación poco fiable de datos y sin las medidas de protección necesarias para asegurar que no se elimine a nadie indebidamente.
Si bien el mantenimiento de las listas de votantes es una manera importante y eficaz de asegurar que solo los ciudadanos que cumplen los requisitos emitan votos, es insensato exigir purgas sin asegurar que los estados notifiquen a los votantes antes de eliminarlos del padrón electoral.
En esencia, la Ley SAVE sería una pesadilla operativa, una obligación sin los fondos necesarios y pondría a los funcionarios electorales en peligro legal, todo ello debido a un requisito innecesario. Ya existen muchas medidas de protección para que solo los ciudadanos estadounidenses elegibles puedan votar.
Es más probable que la Ley SAVE excluya a millones de estadounidenses de su derecho a votar y que no mejore significativamente la seguridad de nuestros sistemas electorales.
El Congreso debe rechazar este peligroso proyecto de ley.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
