El alcance y la unanimidad de la frustración de los estadounidenses respecto a la corrupción resultan sorprendentes, especialmente en tiempos marcados por la polarización y las divisiones políticas. Recientes encuestas han revelado que los votantes en todo el país consideran que la corrupción es un tema central en las elecciones. Nuestro propio estudio reveló que más de 9 de cada 10 votantes en las regiones del Medio Oeste, Noreste, Sur y Oeste consideran la corrupción en la política y el gobierno como un grave problema. Ese sentimiento lo comparten personas votantes en las comunidades urbanas (89 por ciento), suburbanas (93 por ciento) y rurales (94 por ciento).
La indignación ante la corrupción es particularmente intensa entre los votantes de ciertos grupos demográficos clave.
Por ejemplo, el tamaño muestral de los votantes menores de 35 años en nuestra encuesta sugiere que, en comparación con otros rangos de edad, son ellos quienes más tienden a considerar que la corrupción está profundamente arraigada en las instituciones del gobierno, en lugar de ser el resultado de malas decisiones individuales. Los votantes jóvenes, quienes también son más propensos a no identificarse con ninguno de los partidos políticos principales, pueden ser un factor determinante en varias de las contiendas de más alto perfil de este ciclo electoral.
Otro grupo que se ha convertido en un enfoque principal durante la campaña, y que podría resultar fundamental para definir qué partido controlará el Congreso, son los votantes hispanos. El 78 por ciento señaló que considera la corrupción como algo endémico del gobierno de Estados Unidos —la proporción más alta entre los grupos raciales y étnicos que encuestamos.
Según nuestra encuesta, los votantes de las zonas rurales no solo coinciden con los de las áreas urbanas y suburbanas en que la corrupción es un problema sistémico grave, sino que también coinciden en atribuirle a la corrupción la responsabilidad de los grandes problemas que el gobierno no ha logrado resolver, incluido el alto costo de vida.
Una encuesta reciente, realizada a 2,000 votantes registrados en zonas rurales por la Associated Press y KFF, revela que el costo de vida es una de las principales preocupaciones. Y, como indicaron las elecciones primarias de este año, los votantes rurales desempeñarán un papel crucial en muchas contiendas importantes.
Tanto los votantes jóvenes como el electorado hispano perciben que la corrupción está conectada a su bienestar cotidiano. En conjunto, el 88 por ciento de los votantes dicen que la corrupción es la culpable de la incapacidad del gobierno para resolver problemas importantes, como la economía —el tema que más sobresale en este ciclo electoral.
Otro aspecto que comparten los votantes de todos los sectores demográficos es el deseo de un cambio profundo. Una amplia mayoría de los electores —independientemente de su edad, raza o lugar de residencia— respalda importantes propuestas políticas contra la corrupción. Al menos el 70 por ciento de los votantes jóvenes, hispanos y rurales apoya una legislación para ponerle fin a los fondos de financiación anónimos, que son gastos electorales cuya fuente permanece oculta.
Además, respaldan una enmienda constitucional para revocar la sentencia Citizens United y otras decisiones de la Corte Suprema que han eliminado los límites al dinero en los procesos electorales. Asimismo, respaldan, en proporciones similares, reformas para abordar el uso indebido del poder gubernamental para la autocontratación, como la prohibición a que los miembros del Congreso operen en el mercado bursátil. Estas reformas específicas contaron con un respaldo mayoritario en todos los grupos demográficos analizados, incluyendo diferentes afiliaciones políticas, niveles educativos, ingresos y regiones geográficas.
Los candidatos al Congreso de ambos partidos han tomado nota de la frustración del electorado con la corrupción y sus exigencias de cambio. Este tema ocupa un lugardestacado en la publicidad de las campañas y en los portales web de los candidatos. En Texas, por ejemplo, el candidato demócrata al Senado James Talarico ha convertido la lucha contra la corrupción en una prioridad de su plataforma electoral.
Del mismo modo, la representante Ashley Hinson, republicana de Iowa —que se está postulando al Senado— ha destacado la “rendición de cuentas al gobierno” como uno de sus temas prioritarios, abogando por la prohibición a los congresistas de hacer transacciones en el mercado bursátil e imponer restricciones más estrictas a las actividades de lobby.
Y, en Michigan, el representante republicano Tom Barrett —quien participa en una de las contiendas más reñidas de la Cámara— ha promovido su respaldo a una enmienda constitucional que otorgaría al Congreso y a los estados una mayor autoridad para regular el gasto político.
Durante la campaña electoral, los candidatos a menudo vinculan la corrupción con las preocupaciones de los votantes sobre su bienestar diario. Josh Turek, el contrincante demócrata de Hinson, declaró en un debate reciente: “Tenemos una crisis de corrupción en este país, y esto nos está conduciendo a una crisis de precios inasequibles”.
El senador demócrata Jon Ossoff de Georgia dijo a los votantes: “La corrupción es la razón por la que nada funciona para la gente común”. El representante republicano Young Kim de California le prometió a los votantes: “Yo siempre estaré ahí presente para nuestra comunidad, trabajaré para que su costo de vida sea más asequible y continuaré erradicando la corrupción en Washington”.
Si bien el discurso sobre la corrupción goza de popularidad, diagnosticar el problema no es suficiente. Quien sea que gane debe saber que las personas votantes esperarán soluciones reales y ambiciosas. Ignorar esta exigencia conlleva el riesgo de profundizar la creencia de los estadounidenses de que el gobierno no puede, o no quiere, resolver sus problemas.
Traducción de Laura Gómez
