El 25 de junio de 2013, la Corte Suprema aniquiló una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act, VRA) y, así, marcó el comienzo de una década de discriminación racial y supresión del voto, que ha tenido un impacto desigual para el electorado no blanco.
En la causa Shelby County v. Holder, la mayoría conservadora de la Corte Suprema desmanteló la Sección 5 de esta legislación histórica en cuanto a los derechos civiles, que exigía la aprobación federal para realizar cualquier cambio en los procedimientos electorales en lugares del país con una larga historia de discriminación racial en la votación.
Sin este requisito de “aprobación previa”, enseguida resurgieron tácticas discriminatorias: en los últimos diez años, al menos 30 estados han aprobado 93 leyes que hacen más difícil votar, en especial a las comunidades no blancas.
El Dr. Kareem Crayton, director sénior de elecciones y representación del Brennan Center, dialoga sobre la importancia de esta decisión en su décimo aniversario, el estado del derecho al voto como consecuencia de esta causa y por qué sigue habiendo motivos para no perder las esperanzas.
¿Qué es lo que más le impresionó de la decisión en la causa Shelby County v. Holder?
Para mí, la decisión en sí misma fue exasperante de leer, porque me crie en el sur del país y he visto con mis propios ojos la transformación de la región gracias a la Ley del Derecho al Voto.
El estado de Alabama, que se había resistido con violencia a respetar el derecho al voto y, por eso, el Congreso tuvo que aprobar la Ley del Derecho al Voto, de repente se presentó ante la Corte Suprema como una entidad apaleada que había estado haciendo todo lo posible para cumplir con la ley en medio de una fuerte carga y supervisión federal. Su versión de la historia no tiene nada que ver con la realidad, pero la Corte Suprema le creyó.
La Corte ignoró el objetivo mismo de la Sección 5, que era el de acabar con la resistencia de cualquier estado que no haya respetado la dignidad de las personas desde la Reconstrucción. Se había comenzado con ese proyecto, y la Corte lo erradicó bajo una teoría que se centraba en la dignidad de los estados.
El voto se trata de los intereses del pueblo, no de los intereses de los estados. Y sigo decepcionado por que esta Corte haya elegido la dignidad de los estados por encima del pueblo cuando decidió acabar con la Sección 5.
Al poco tiempo de la decisión, su estado de origen, Alabama, enseguida implementó una ley de identificación de votantes que antes había sido prohibida por la aprobación previa de la Sección 5. Le siguieron otros estados, que aprobaron reglas electorales restrictivas. En Alabama y en todo el país, ¿cómo cree que el derecho al voto ha cambiado en los últimos diez años?
Desde que se publicó la decisión de Shelby County, hemos sido testigos de una mayor brecha en la participación electoral por parte de la ciudadanía no blanca, en comparación con la ciudadanía blanca, en Alabama y en varios otros lugares.
Es evidente que estas nuevas leyes que se aprobaron con rapidez les han hecho más difícil inscribirse, votar y permanecer en los padrones electorales a las comunidades que antes estaban protegidas por la Sección 5. El impacto de la causa Shelby County ha sido la anulación de una gran parte de la participación electoral que había aumentado en el sur gracias a la implementación de la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto.
La Corte Suprema ya no hizo más daño a la Ley de Derecho al Voto con su decisión publicada este mes en la causa Milligan v. Allen. Este es un marcado contraste al récord casi invicto que lleva en los últimos diez años de estar publicando dictámenes devastadores, como el de Shelby County. ¿Cree que la Corte sigue siendo una amenaza?
Creo que la amenaza está en una forma de pensar de la Corte que se enmascara como razonamiento jurídico. Lamentablemente, hay una mentalidad que se está apoderando de esta Corte y que coloca los intereses de los estados y de sus gobiernos por encima de los intereses del electorado, en especial, de grupos que han sido históricamente marginalizados por estos estados.
Resulta triste, pero esta mentalidad desacertada representa a la mayoría de esta Corte, y es una amenaza al pleno goce del derecho al voto. Celebro que la causa Milligan no se haya convertido en la calamidad que muchas personas temíamos, pero la mentalidad de esta Corte sigue siendo un peligro claro e inminente.
Seguimos viviendo en un país sin Sección 5. Vivimos también en un país con una Sección 2 muy limitada, que fue debilitada por la Corte hace dos años con la causa Brnovich v. Democratic National Committee. Estos cambios han dificultado presentar demandas judiciales contra leyes electorales restrictivas, aun cuando hay cada vez más necesidades de litigio.
En este momento, ¿cuál es la necesidad más urgente en la lucha por el derecho al voto?
En este momento, necesitamos con urgencia una legislación que les deje en claro tanto a la Corte como a los estados que quieren dar rienda suelta a la discriminación electoral que el gobierno federal tiene un compromiso real a la hora de proteger el derecho al voto y ampliar las oportunidades para toda la ciudadanía estadounidense de participar elocuentemente en las elecciones. Se deben aprobar proyectos de ley como la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act) y la Ley para el Avance del Derecho al Voto John Lewis (John Lewis Voting Rights Advancement Act).
Nuestro país se está volviendo cada vez más diverso y, al mismo tiempo, están surgiendo importantes obstáculos contra el derecho al voto. Debemos asegurarnos de que se cumpla la promesa de la Constitución de que toda la ciudadanía tiene derecho a participar en unas elecciones que sean libres de discriminación.
En el décimo aniversario de este dictamen, ¿por qué el movimiento prodemocracia no debería perder las esperanzas?
Debemos tener esperanza porque sabemos que vivimos en un país donde las disputas siempre han sido confrontadas por personas que se toman en serio la promesa de igualdad y quieren ampliar las oportunidades. Cumplir ese objetivo nunca es fácil, en especial con los obstáculos que enfrentamos cuando se ataca constantemente el derecho al voto. Pero aquellas personas que marcharon sobre el puente Edmund Pettus en 1965 lograron su objetivo, aún en circunstancias más difíciles.
En este momento, tenemos una oportunidad fundamental de demostrar a toda la nación y al mundo lo que significa tener una democracia verdaderamente multirracial, multiétnica y vibrante. Es nuestra oportunidad de transformar el país que queremos tener, y tenemos la bendición de contar con muchas herramientas sofisticadas y personas inteligentes que se están ocupando.
Traducción de Ana Lis Salotti.
