Esta columna se publicó originalmente en State Court Report
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La ley es clara en que los agentes federales no cuentan con inmunidad absoluta frente a las leyes estatales.
Los estados tienen herramientas para hacer que los funcionarios federales rindan cuentas.
Las autoridades policiales estatales y locales en Minnesota han dicho que están investigando la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales y han recurrido a los tribunales para bloquear que funcionarios federales destruyan o alteren la evidencia. Videos muestran que a Pretti lo desarmaron y sujetaron en el suelo cuando recibió varios disparos el fin de semana pasado, parte de un patrón en todo el país de una escalada de violencia por parte de agentes federales.
No es fácil para los estados procesar judicialmente a los uniformados federales, particularmente si funcionarios oficiales impiden una investigación. Al mismo tiempo, los estados tienen más poder de lo que la gente cree.
La ley es clara en que los agentes federales no cuentan con inmunidad absoluta frente a las leyes estatales, a pesar de que así lo hayan sugerido el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios de la administración Trump. Más bien, los fiscales estatales se rigen por un marco jurídico llamado recurso de inmunidad según la cláusula de supremacía, que data de la decisión de la Corte Suprema de 1890 conocida como In re Neagle.
Este caso en sí es una historia increíble. David Neagle había sido federalizado para ejercer como un marshal federal y proteger al magistrado Stephen Field de la Corte Suprema de EE. UU., después de que David Terry, un expresidente de la Corte Suprema de California, sacó un cuchillo en la sala judicial que presidía Field y repetidamente amenazó con matarlo. (Ejerciendo como juez de circuito, Field falló en contra de Terry y su esposa en un caso). Cuando Terry después atacó a Field en un tren en California, Neagle le disparó y lo mató. El alguacil local arrestó a Neagle por matar a un atacante desarmado.
La Corte Suprema de EE. UU. falló que Neagle era inmune al procesamiento judicial estatal, encontrando que Neagle estaba cumpliendo con sus labores como marshal federal y no “hizo más que cumplir con lo que era necesario y apropiado que hiciera”. El tribunal explicó que dictaminar lo contrario les permitiría a los estados interferir en el cumplimiento de las leyes federales.
No es difícil ver cómo los procesamientos judiciales estatales podrían socavar el ejercicio de las leyes federales. En 1964, por ejemplo, los agentes de Mississippi buscaron procesar a un marshal federal que utilizó gases lacrimógenos para controlar los disturbios que estallaron a raíz de la admisión de James Meredith como primer estudiante afroamericano en la Universidad de Mississippi. Citando el fallo In re Neagle, un tribunal federal de distrito bloqueó el procesamiento estatal.
Pero mientras que el fallo de In re Neagle establece fuertes protecciones para los oficiales federales, también deja un espacio para que los fiscales estatales procesen a federales que actúen por fuera de lo que es “necesario y apropiado” en el ejercicio de sus labores.
En 2001, por ejemplo, el Noveno Circuito permitió a un fiscal de un condado en Idaho seguir adelante con un caso de homicidio involuntario en contra de un francotirador del FBI que mató a una mujer desarmada durante un notorio allanamiento de una cabina, cerca de Ruby Ridge, en Idaho. Señalando los hechos controvertidos sobre si el agente actuó razonablemente, el tribunal falló que el enjuiciamiento debía avanzar. Luego, el caso se abandonó cuando el fiscal dejó el despacho. El Noveno Circuito entonces anuló su fallo por considerar que carecía de fundamento jurídico.
Y en 1906, en un caso similar al de la muerte de Pretti, la Corte Suprema le permitió a Pensilvania enjuiciar a dos soldados acusados de robar arsenal federal. Varios testigos dijeron que un hombre ya había sido capturado cuando los soldados empezaron a disparar. Si eso fuese cierto, la Corte explicó, “no se podría reclamar razonablemente que el tiro fatal se disparó en el ejercicio de una labor impuesta por la ley federal”. Del mismo modo, durante la era de la prohibición, los tribunales federales le dieron luz verde al procesamiento estatal de agentes federales afirmando que habían utilizado fuerza no razonable en el ejercicio de sus labores.
Si Minnesota avanza en procesar judicialmente a los agentes federales, ¿cómo se vería eso en la práctica? Si un agente recurre al recurso de inmunidad según la cláusula de supremacía, el estado debe demostrar que las acciones del oficial estuvieron por fuera de sus deberes oficiales o que su conducta no fue razonable o fue ilegal (o por lo menos así sería en la etapa inicial del caso, argumentar que hay hechos disputados referentes a estas cuestiones).
Según las leyes actuales, un acusado que emplee un recurso de inmunidad según la cláusula de supremacía también tendría derecho a remover el caso del tribunal estatal y transferirlo a uno federal. Eso significa que mientras que un caso continuaría siendo procesado por las autoridades estatales, serían los jueces federales quienes probablemente supervisen el caso y consideren el recurso de inmunidad.
Los jueces tendrían sus manos llenas de trabajo. La última vez que la Corte Suprema consideró un caso involucrando un recurso de inmunidad por cláusula de supremacía fue en 1920. Los tribunales de primera y segunda instancias han abordado cuestiones clave de formas diferentes, incluyendo qué factores son relevantes para evaluar si la conducta de un oficial fue necesaria y apropiada. Entre otras cosas, esto significa que un procesamiento de este tipo probablemente avanzaría lento, lo que implicaría extensas audiencias y numerosas apelaciones.
Si un acusado en este tipo de casos es condenado, sin embargo, sería por un delito estatal y por ende no podría ser amparado por un indulto presidencial.
En la medida en que los funcionarios federales crean que pueden actuar con impunidad, la posibilidad de que se inicien procesos judiciales a nivel estatal sirve como un recordatorio importante: Los estados tienen herramientas para hacer que los funcionarios federales rindan cuentas.
