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- Estas medidas buscan fortalecer la vigilancia al departamento y garantizar protecciones a los derechos fundamentales de la Primera y Cuarta Enmiendas
- El Congreso debería también retirar el cheque en blanco que le dio al DHS.
Este es un extracto de un artículo publicado originalmente por Just Security.
Hay algunas pocas reformas sensatas que el Congreso puede incorporar en el proyecto de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), además de las propuestas presentadas por los líderes demócratas de la Cámara y el Senado, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer.
Estas medidas buscan fortalecer la vigilancia al departamento, garantizar las protecciones a los derechos fundamentales de la Primera y Cuarta Enmiendas, prevenir acciones violentas e inconstitucionales por parte de los agentes federales y la rendición de cuentas cuando hay excesos. Esta no es una lista integral, y no son las únicas soluciones, pero proporcionan un grado de rendición de cuentas y protecciones que actualmente hacen falta. El Congreso debería también retirar el cheque en blanco que le dio al DHS.
Restablecer y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas
A pesar de recibir una financiación récord para la aplicación de las leyes de inmigración, el DHS de hecho ha eliminado las oficinas de supervisión. La Oficina para los Derechos y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés), la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos y el Oficina del Defensor del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ya no ejercen adecuadamente sus labores de supervisión a raíz del recorte brutal a su personal.
El DHS recortó a casi todos los empleados de planta que anualmente recibían cientos de quejas sobre los abusos a los derechos civiles y las condiciones en los centros de detención, además de problemas con las solicitudes para el cambio de estatus migratorio. El personal investigaba esas quejas y, en algunos casos, realizaba cambios inmediatos. El Congreso debería requerir a la administración reincorporar a esos funcionarios en su totalidad.
Además, como el Brennan Center ya ha escrito, el Congreso debería fortalecer substancialmente la influencia de la CRCL y sus funciones de supervisión, incluso mediante la codificación expresa de sus facultades, requerir informes anuales públicos, y expandir y financiar programas para contratar y retener personal con experiencia tecnológica. El Congreso debe también explícitamente condicionar la financiación del DHS con el cumplimiento por parte del departamento y de sus componentes con las obligaciones de supervisión y transparencia.
El Congreso debe fortalecer los recursos legales disponibles al público frente al abuso cometido por agentes federales, incluyendo la aprobación de una ley que le dé a las personas el derecho a demandar a los oficiales federales en los tribunales federales por violaciones a los derechos constitucionales.
Una opción sería que el Congreso apruebe la Ley Bivens, la cual permite a los individuos ser indemnizados por daños y perjuicios causados por violaciones constitucionales cometidas en su contra por oficiales federales, incluyendo los del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. Como recomendó Samantha Trepel anteriormente, la propuesta podría cerrar la brecha existente en el código 42 U.S.C § 1983 y proporcionar recursos a las víctimas independientemente de si el daño es perpetrado por un funcionario local, estatal o federal.
Prevenir la recolección de los datos de los manifestantes
ICE está gastando millones de dólares en herramientas que le permitan rastrear y recolectar información sobre los estadounidenses que ejercen su derecho constitucionalmente protegido de observar a los funcionarios federales y protestar contra las políticas del gobierno. También se están utilizando las tecnologías de recolección de datos para perseguir a los inmigrantes con el fin de alcanzar la meta de deportaciones masivas de la administración. Estas herramientas parecen fortalecer las iniciativas de la administración de tachar de “terroristas internos” a los manifestantes legítimos y hasta las víctimas de violencia a manos de los agentes federales.
Hay poca información disponible públicamente sobre las tecnologías más invasivas, como una aplicación de reconocimiento facial en tiempo real que se está utilizando para escanear a las personas en la calle sin su consentimiento y determinar si son ciudadanos. Esto muchas veces no lo hace con precisión. Las capacidades de reconocimiento facial también están utilizándose evidentemente para recolectar información sobre los observadores y manifestantes —muchos de los cuales son ciudadanos— también sin su consentimiento.
Además de las profundas implicaciones en materia de privacidad, estos usos violan la política que el departamento emitió en 2023. Sin embargo, como observó la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles (PCLOB, por sus siglas en inglés), la política ha sido removida del portal del DHS sin indicación alguna sobre si siguen en efecto esta y otras políticas. Esto socava la capacidad del Congreso, de otras agencias de vigilancia y del público general para “saber qué está y no está permitido”.
Como mínimo, el Congreso debería prohibir tanto a ICE como al CBP utilizar su financiación para comprar, desplegar o reutilizar tecnologías de recolección o mantenimiento de información sobre las personas que ejercen actividades protegidas por la Primera Enmienda, como observar o grabar a agentes federales, o protestar contra las políticas del gobierno. De hecho, hacerlo ya está prohibido por la Ley de Privacidad. El Congreso debería exigir que el Departamento publique información integral de fácil acceso y consulta sobre todas las tecnologías que utiliza para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración y para enfocarse en los manifestantes.
Reformas de la Cuarta Enmienda
En un memorándum interno publicado a través de un reporte de un informante interno, el director en función de ICE dijo a los oficiales que tenían permitido entrar a las viviendas para realizar detenciones migratorias sin una autorización judicial. Según el memo, los oficiales pueden depender de un documento al que el DHS se refiere como una “orden administrativa”. Pero ese documento no es para nada una orden judicial. De hecho, es simplemente un pedazo de papel emitido por el propio DHS —la misma agencia que ejerce como policía y fiscal.
Permitir el ingreso a viviendas sin supervisión judicial no solo se aleja de la política de larga data del DHS, sino que también va en contra de los derechos fundamentales de la Cuarta Enmienda del que gozan tanto las personas ciudadanas como las no ciudadanas en los Estados Unidos.
Por mucho tiempo se ha reconocido que según la Cuarta Enmienda las fuerzas de orden público deben contar generalmente con una orden judicial para entrar a una vivienda, si no hay consentimiento o circunstancias exigentes. Una autorización judicial no es solamente una formalidad constitucional. Sirve como una importante salvaguarda para cualquier hogar. Que un magistrado independiente evalúe los hechos ayuda a garantizar que, por ejemplo, los oficiales no entren a las casas equivocadas (como lo hicieron recientemente los oficiales de inmigración en Portland y Minnesota) o ingresen por las razones equivocadas.
Los recientes patrones de comportamiento ilegal y las agresivas tácticas de cumplimiento de la ley por parte de ICE demuestran claramente la necesidad de los contrapesos judiciales sobre las fuerzas policiales.
En conformidad con la Cuarta Enmienda, el Congreso debería prohibir el ingreso de ICE a los hogares por medio de órdenes administrativas emitidas por la rama ejecutiva y requerir que ICE obtenga una orden judicial para ingresar a los hogares si no hay consentimiento o circunstancias exigentes.
Reformas a la financiación
En lugar de otorgarle más financiación al DHS para la aplicación de las leyes de inmigración, el Congreso debería retirar los $170 mil millones que le dio a la agencia en julio además de su presupuesto para 2025, lo que aumentaría sus recursos para realizar operativos fronterizos y de inmigración en el interior del país.
Según el Centro de Política Bipartidista, se pueden retirar los fondos que el Congreso dio siempre y cuando recupere el dinero antes de que se venza la financiación el 30 de septiembre de 2029. Y, por supuesto, entre más tiempo espere, más dinero de los contribuyentes se habrán gastado ICE y CBP.
Las sumas son impactantes: casi la mitad de los fondos adicionales de julio se destinó a ICE, al cual le asignaron $75 mil millones, incluyendo $45 mil millones para detener a más inmigrantes. Estos $75 mil millones fueron adicionales a los $10 mil millones que ya habían sido asignados a ICE en 2025, excediendo el presupuesto total de las fuerzas militares de Francia.
La ley de financiación aprobada en julio también le sumó $65 mil millones al presupuesto de $20 mil millones para 2025 de CBP, otorgándole así más del doble del financiamiento combinado de las fuerzas militares de Canadá y México (los dos vecinos más cercanos a los Estados Unidos).
Según las propias cifras del gobierno, ICE y CBP solo han gastado $15 mil millones conjuntamente. Si las extraordinarias sumas que se le entregaron al DHS permanecen en las cuentas del Departamento, esto le dará a la agencia la capacidad de replicar las escenas que ya hemos visto en Minneapolis, y en ciudades y estados de todo el país. Y el Congreso habrá cedido su herramienta más poderosa para hacer que el DHS rinda cuentas.
A pesar de todo, a finales de enero, la Cámara aprobó aún más dinero para las dos agencias que han sido noticia más por sus abusos contra las personas ciudadanas y no ciudadanas en todo Estados Unidos: $10 mil millones adicionales para operaciones y apoyo a ICE (la entidad que casi dos tercios de los estadounidenses dicen se ha sobrepasado) y otros $18 mil millones adicionales para CBP.
Esta es una propuesta que ahora está ante el Senado. En lugar de firmarle otro cheque con el dinero de los contribuyentes a estas agencias, el Congreso debería utilizar su poder constitucional de cartera para retirar la financiación que le dio al DHS en julio.
Cuando el DHS necesite fondos adicionales, puede solicitar ese dinero al Congreso, dándole así la capacidad al Congreso de financiar a la agencia solo si está actuando dentro de los límites del derecho y la Constitución. Esta es una oportunidad importante para que el Congreso demuestre su poder como rama del gobierno con igual autoridad.
Traducción de Laura Gómez
