- En los últimos años, el gobierno de la ciudad se enfrentó a varias demandas por el cruel tratamiento que reciben las personas encarceladas allí.
- La jueza tomó medidas para asignar a un experto independiente, que será el administrador judicial de la institución, para supervisar el complejo y elaborar un plan que asegure que la institución vuelva a cumplir con lo dispuesto por la ley.
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Casi todas las semanas, esta columna se centra en temas de política nacional: la emergencia constitucional, los arrebatos de poder de Donald Trump y la batalla por preservar el sistema de frenos y contrapesos. Pero, en esta columna, quiero contarles algo que nos toca más de cerca. Es una pequeña llama de esperanza que puede desenmarañar una crisis de derechos humanos que se desata sin tregua a plena vista de Manhattan.
Rikers Island es un complejo carcelario de casi cien años ubicado en una isla que se encuentra entre el Bronx y Queens, en la Ciudad de Nueva York. Alberga 10 cárceles locales, donde abunda la violencia, caos e incluso muerte. Solo en lo que va de este año, murieron cinco personas en Rikers o poco después de ser liberadas.
Los problemas en Rikers no son ningún secreto. En los últimos años, el gobierno de la ciudad se enfrentó a varias demandas por el cruel tratamiento que reciben las personas encarceladas allí como, por ejemplo, la falta de asistencia médica adecuada, las condiciones de vida inhumanas en las instalaciones y la constante negligencia que sufren las personas que están en la cárcel.
Las autoridades fueron acusadas de violar órdenes judiciales numerosas veces, lo cual se tradujo en un enfrentamiento entre la ciudad y la justicia sobre las condiciones. Los alcaldes prometen cerrar Rikers, los consejos municipales aprueban resoluciones, las comisiones publican informes. Un plan para construir cárceles más pequeñas en otras partes de la ciudad ha fracasado. Y así sucesivamente.
Toda esta situación hizo que, el martes pasado, una jueza federal le quitara a la ciudad su control sobre Rikers Island temporalmente. La jueza tomó medidas para asignar a un experto independiente, que efectivamente será el administrador judicial de la institución, para supervisar el complejo y elaborar un plan que asegure que la institución vuelva a cumplir con lo dispuesto por la ley.
La jueza presidenta del tribunal Laura Taylor Swain dijo que este supervisor estaría “facultado para tomar todas las medidas necesarias”, lo cual posiblemente incluya cambios de personal e importantes reformas políticas.
Este tipo de administraciones judiciales son medidas extremas que se toman cuando un tribunal determina que una prisión o una cárcel han desobedecido una y otra vez órdenes judiciales que buscaban proteger derechos civiles y constitucionales.
Mi colega Hernandez Stroud fue uno de los primeros en exigir la asignación de una administración judicial para Rikers Island, y hemos abogado por la intervención de la justicia desde 2021. Como lo señalamos en ese momento, una administración judicial es mucho más que simplemente nombrar a un supervisor.
Este supervisor tiene la facultad de administrar las cárceles: de contratar y despedir a personal; solicitar a la justicia que le exima del cumplimiento de leyes estatales y locales; y tomar decisiones del día a día. La jueza, en su dictamen, dejó en claro que este nuevo funcionario estaría “facultado para tomar todas las medidas necesarias”.
El nombramiento de este tipo de administraciones se remonta a la Inglaterra del siglo XVII bajo el reinado de Isabel I, cuando se utilizaba para asegurar y proteger las tierras.
Varios siglos más tarde en los Estados Unidos, los tribunales utilizaron esta vía para administrar ferrocarriles insolventes. Luego, la justicia lo aplicó para controlar las escuelas públicas que se resistían a la desegregación ordenada por la causa Brown v. Board of Education. Pero, en toda la historia de nuestro país, se ha utilizado solo 13 veces para intervenir cárceles y prisiones.
Esta decisión refleja la parálisis política de la Ciudad de Nueva York. También da cuenta de la importancia del estado de derecho: hasta las personas entre rejas, uno de los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad, poseen el derecho humano básico a la dignidad, y los tribunales tienen el deber de garantizar que el gobierno les respete sus derechos. Pero ¿qué efecto tendrá esta decisión?
Hernandez Stroud me escribió: “Una pregunta que me hacen a menudo es: ‘¿qué puede hacer un administrador judicial que un líder político no puede hacer, como un alcalde o un comisionado correccional?’.
Dado que los administradores judiciales solo responden a los jueces que los nombran, estos administradores están aislados de la política. Esa libertad de las presiones políticas les permite tomar decisiones que quizá no sean muy favorecidas desde la perspectiva política.
Por eso, en casos anteriores: los administradores han implementado nuevas políticas y prácticas; han elaborado estándares más altos para el personal y exigido más capacitaciones; han contratado y despedido a personal e implementado estructuras de rendición de cuentas en la dotación del personal; han ordenado cambios de infraestructura; han eliminado la burocracia para adquirir los equipos más básicos y necesarios a la hora de administrar una cárcel, como candados para las celdas; han solicitado a la justicia que les exima del cumplimiento de leyes estatales o locales que les impedían aplicar normas constitucionales; y hasta han reducido la población en prisiones y cárceles cuando la sobrepoblación y el hacinamiento eran los principales factores de las malas condiciones de vida”.
Y agregó: “La administración judicial no es una varita mágica; no va a eliminar todas las deficiencias de las cárceles. La pregunta del millón de dólares es si el gobierno, cuando recupere el control de las cárceles de la ciudad después de que acabe esta administración judicial, se comprometerá plenamente a garantizar la dignidad humana básica de quienes residen en las cárceles o si volverá a caer en los mismos patrones y métodos que motivaron a esta resolución”.
Hay una pregunta más profunda que tiene que ver con la función de la justicia. Ha demostrado ser una tarea muy difícil que un juez o una jueza administre sistemas escolares, prisiones y otras instituciones gubernamentales complejas donde abundan las negociaciones, donde las posiciones del público son variables y donde el financiamiento puede determinar los resultados.
Por un lado, una administración judicial puede funcionar como un importante freno sobre las instituciones locales y como un baluarte necesario contra constantes violaciones a la Constitución. Para las personas encarceladas en Rikers, la decisión del tribunal reafirma que sus derechos constitucionales deben ser respetados.
Por otro lado, una administración judicial es, en esencia, un freno de último recurso sobre las instituciones democráticas que han fracasado en su deber cívico. Pero, tal como indicó la Corte Suprema, una administración judicial “no es un fin en sí mismo”. Es un recurso temporal y no va a curar todos los males que aquejan a las cárceles.
Los problemas que existen en las cárceles de la Ciudad de Nueva York vienen de varias décadas atrás. Cinco comisionados correccionales han pasado por el tribunal de Swain desde que la jueza empezó a considerar este caso. Pero esta orden judicial ofrece algo de esperanza.
De hecho, las condiciones de vida en las prisiones son un tema que recibe cada vez más atención de los dos partidos políticos. El Brennan Center está realizando un trabajo innovador en prisiones públicas y privadas a lo ancho de todo Estados Unidos.
Se necesitarán soluciones legislativas reales, tal como exigir una mayor rendición de cuentas para los oficiales correccionales y crear entornos más seguros para las personas encarceladas y para el personal que trabaja en todas las prisiones de nuestra nación.
A la larga, la Ciudad de Nueva York debe tomar cartas en el asunto y asegurarse de que Rikers Island —una mancha en la ciudad que tanto conozco y quiero— proteja los derechos civiles de quienes cruzan sus puertas. Hasta entonces, debemos continuar abogando por la implementación de reformas duraderas para nuestro sistema de justicia penal, porque hay vidas en riesgo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
