- Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruyó a la fiscalía general que garantizara que esas 37 personas fueran encarceladas en “condiciones consistentes con las monstruosidades de sus crímenes”.
- Estas actuaciones representan un intento extraordinario de socavar las medidas de clemencia presidenciales, un poder ejecutivo claramente consagrado en la Constitución.
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En las semanas previas a su segunda toma de posesión, Donal Trumpcriticó duramente la decisión del presidente Biden de conmutar las sentencias de 37 personas condenadas a muerte a nivel federal y, en su lugar, recibir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Después de asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruyó a la fiscalía general que garantizara que esas 37 personas fueran encarceladas en “condiciones consistentes con las monstruosidades de sus crímenes”.
Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado, en ocasiones anteriores, que imponer condiciones carcelarias motivadas por la retribución y por intereses que no sean penológicos equivalen a un castigo cruel e inusual. Ahora, hay una demanda en contra de estas actuaciones de la administración.
La fiscal general Pam Bondi encargó a la Agencia Federal de Prisiones ejecutar la orden ejecutiva de Trump. La agencia, posteriormente, desarrolló un plan para trasladar a las 37 personas conmutadas a una instalación con condiciones que algunos han descrito como tortura.
Bondi también ordenó a los fiscales federales que colaboren con los fiscales estatales para enjuiciar a las 37 personas por pena capital en casos separados bajo las leyes estatales, ya que la clemencia que aplicó Biden solo ampara a sus condenas federales. Debido a que los gobiernos estatales y federales son soberanías separadas, cada uno con la facultad de implementar sus propias leyes, no se estaría violando la garantía en contra del doble enjuiciamiento.
Estas actuaciones representan un intento extraordinario de socavar las medidas de clemencia presidenciales, un poder ejecutivo claramente consagrado en la Constitución. También marcan una extrema desviación de cómo el gobierno de los Estados Unidos impone penas sobre las personas, permitiéndole a los presidentes decidir quién debería ser castigado y por qué medio, sin importar que tan cruel e inhumano sea.
Una demanda federal presentada por 21 de las 37 personas afectadas solicita a los tribunales que impidan a la Agencia Federal de Prisiones ejecutar la directiva de Trump. Argumentan que los traslados propuestos al Centro Penitenciario y Administrativo de de Seguridad (conocido como ADX, por sus siglas en inglés) en Florence, Colorado, vulnera un número de protecciones constitucionales y socava el poder presidencial de clemencia.
También argumenta que el proceso fue ilegalmente influenciado por la orden ejecutiva y la posterior directiva de Bondi. Aunque la solicitud de los demandantes para un interdicto judicial preventivo solicitando que no se les traslade mientras avanza la demanda fue negado, el juez del caso expresó su expectativa de que la Agencia Federal de Prisiones cumpla con su práctica estándar de no trasladar a personas antes de que sus apelaciones administrativas se hayan agotado —pero esto a menudo significa un proceso muy difícil.
Es importante observar que la decisión de la corte no impide que los demandantes busquen un recurso después de agotar las vías administrativas. El tribunal recalcó que, si alguien es trasladado al ADX antes de que fueran agotados los recursos administrativos, esto “plantearía serias preguntas sobre quién tomas las decisiones: la Agencia Federal de Prisiones o alguien externo a la agencia”.
Las prisiones de máxima seguridad son terribles —las personas viven en un aislamiento casi total: pasan hasta 23 horas al día en una celda más chica que un espacio de estacionamiento, sin ninguna interacción humana significativa.
Un exguardia de la ADX describió el complejo como “lo más desolador que se puede ser. No se diseñó pensando en la humanidad”. Cuando comparó el ADX con la pena capital, una persona que había sido recluida allí dijo, “Ambas son condenas de muerte”. Las personas normalmente son enviadas a prisiones de máxima seguridad si se ha comprobado que son muy violentas o disruptivas durante su encarcelamiento —no se pretende que sea un castigo.
En algunas ocasiones, las personas son recluidas en ADX para limitar sus comunicaciones con el exterior, generalmente para frenar actividades continuadas relacionadas con el crimen organizado o el terrorismo.
En los Estados Unidos, ni jueces ni presidentes tienen la autoridad de imponer condiciones crueles o degradantes como castigo. El castigo de una persona es definido por su condena —ya sea la muerte, cadena perpetua o un período definido— y no por las condiciones de su confinamiento. La propuesta de utilizar el ADX para castigar aún más e intencionalmente infligir dolor a los beneficiarios de las conmutaciones es una clara violación a este principio.
El sistema de justicia penal estadounidense ha sido objeto de críticas por mucho tiempo por ser de naturaleza excesivamente retributiva, sometiendo a las personas a sentencias excesivamente largas.
Sin embargo, prescribir condiciones de confinamiento con la finalidad de infligir sufrimiento —especialmente como retribución hacia personas que recibieron clemencia— no es solo inherentemente cruel, sino que materialmente socava el espíritu del poder de clemencia y la autoridad exclusiva y final de la rama judicial para imponer un castigo.
El sistema de justicia penal se diseñó libre de la interferencia política. Los fundadores fueron cautelosos antes las ramas políticas que penalizaban a la gente y quisieron garantizar la protección contra el tipo de castigos retributivos que habían visto durante la monarquía británica.
Para tal fin, la Constitución garantiza los derechos de los demandados, incluyendo un juicio ante un jurado, y prohíbe los decretos de extinción de derechos civiles, que eran leyes que declaraban a una persona o grupo específico culpable de un crimen y les castigaba por fuera de un proceso judicial. Y aunque el ejecutivo tenga el poder de la clemencia por medio del uso de indultos, el presidente no puede repartir castigos.
El plan de la administración ignora estos principios constitucionales fundamentales. Si bien en el pasado hemos tenido debates políticos sobre la clemencia, ninguna administración ha intentado instrumentalizar las condiciones de confinamiento para anular el ejercicio legal del poder de clemencia. Permitir estas acciones sentaría un precedente peligroso, permitiéndole a futuras administraciones revisar casos cerrados basándose en caprichos políticos y sentimientos personales.
Este caso recalca la tensión fundamental entre la retórica política y las protecciones constitucionales. Mientras que algunos ven la propuesta como un merecimiento justo por crimines atroces, el sistema legal se ha basado durante mucho tiempo en la idea de que la venganza no puede prevalecer sobre la ley, ni tampoco puede un presidente prescribir penas basadas en preferencias personales. La demanda que busca bloquear los traslados afirma que la ley demanda que los castigos lleguen hasta donde lo dicte la condena, no la política.
Traducción de Laura Gómez
