Requisitos legales para las órdenes de registro y señales de alerta en los casos electorales
La Cuarta Enmienda prohíbe los registros e incautaciones por parte del gobierno. Generalmente, exige a las agencias de la policía o del orden público obtener una orden judicial firmada por un juez, con algunas excepciones limitadas (como los registros en la frontera, los registros después de una detención y en casos de peligro inminente).
Para aprobar una solicitud de una orden judicial, un juez debe determinar que existe una “causa probable” de que se ha cometido un delito y que se encontrarán pruebas del mismo en el lugar específico que se pretende a allanar. Según la ley federal, los agentes federales de la policía pueden presentar sus pruebas ante un juez mediante una declaración jurada o un testimonio oral. El juez debe revisar la declaración jurada y puede interrogar al agente antes de aprobar la solicitud de la orden judicial.
Causa probable
Después de revisar las pruebas, el juez decide si “la totalidad de las circunstancias” constituyen una causa probable, la cual, si bien no tiene una definición precisa, generalmente se interpreta como una “probabilidad razonable de que se encontrarán pruebas de irregularidades” en el lugar que será registrado. La simple especulación sin corroboración no es suficiente para cumplir con este estándar.
Las declaraciones juradas para la orden judicial deben incluir información clave, como la identificación de las personas sospechosas de cometer el presunto delito y las pruebas de que dichas personas tenían la intención de cometerlo. En ocasiones, la declaración jurada no identifica a los sospechosos, sino que resume las pruebas del presunto delito.
Cuando una solicitud de orden de registro carece de información clave o presenta irregularidades, el juez o la jueza puede decidir que la totalidad de las circunstancias no constituye una causa probable. La jueza o el juez puede entonces rechazar la orden jurídica o, como mínimo, solicitar más información del gobierno.
Cuestiones en casos electorales: Los testigos en las investigaciones electorales pueden compartir teorías conspirativas o describir acciones sospechosas que no son más que especulaciones sin pruebas que las corroboren. Los negacionistas electorales han difundido repetidamente teorías conspirativas ya desmentidas y desinformación en declaraciones públicas y hasta en los tribunales sobre un supuesto fraude generalizado en las elecciones de 2020, sin importar la ausencia de pruebas que las respalden.
Por ende, los agentes de policía podrían solicitar una orden de registro para realizar una búsqueda indiscriminada que, supuestamente, se ajuste a su teoría, lo cual está prohibido por la ley. Una solicitud de orden de registro también podría ser cuestionable si incluye alegaciones relacionadas a las elecciones de 2020, ya que el plazo de prescripción de cinco años para este tipo de procesos ya expiró.
Credibilidad de los testigos
La Cuarta Enmienda exige que el gobierno se base en pruebas fidedignas y confiables. Por lo tanto, si los testigos del gobierno, especialmente los no identificados, ofrecen declaraciones desacreditadas, cuya falsedad es demostrable, los jueces deben considerar este factor al decidir si autorizan una orden de registro.
Si los agentes de la policía tienen conocimiento de información que socava la credibilidad de su testigo de manera que pueda afectar la decisión del tribunal, están obligadosarevelarla. Tienen la obligación legal de evaluarla credibilidad de los informantes, lo que incluye corroborar de forma independiente su información, siempre que sea posible. También tienen el deber ético de evitar proporcionar testimonios falsos y de informar al tribunal si el testimonio de un testigo no es confiable.
Cuestiones en casos electorales: En el pasado, el gobierno federal no solía basarse en testigos desacreditados, como los negacionistas electorales. Pero, como se mencionó anteriormente, los jueces han criticado repetidamente a esta administración por tergiversar los hechos en los tribunales.
El gobierno ha demostrado ser especialmentepoco fiable en lo que respecta a las acusaciones relacionadas con las elecciones, afirmando repetidamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas y difundiendo información falsa sobre el supuesto voto por parte de personas no ciudadanas. Peor aún, ha nombrado a varios negacionistas electorales destacados para puestos clave de liderazgo en el DOJ. Si una solicitud de orden judicial se basa exclusivamente en acusaciones no corroboradas de un testigo poco fiable, esto es un motivo para que un juez la rechace.
Requisito de particularidad
Una orden judicial debe identificar el delito específico que las autoridades creen que se ha cometido, así como los lugares a registrar y los objetos que se incautarán. Las alegaciones vagas sobre una mala conducta que no plantean un delito concreto no son suficientes para cumplir con lo que se conoce como requisito de particularidad. Los registros también deben estar cuidadosamente justificados para que los agentes no tengan el poder discrecional a la hora de decidir qué incautar (si se trata de pruebas físicas) o a qué acceder (si se trata de pruebas digitales).
Cuestiones en los casos electorales: Las leyes estatales exigen que las autoridades sigan procesos detallados y múltiples niveles de verificación durante varias semanas para garantizar la integridad del proceso electoral y la exactitud del conteo. Estos procesos varían según el estado.
Quienes difunden teorías conspirativas a menudo han explotado la falta de familiaridad del público con estos procesos y se han aferrado a errores o fallas menores para crear la impresión de criminalidad. Pero las declaraciones juradas no pueden basarse en tales engaños y deben alegar un delito real para cumplir con los requisitos de aprobación. Los agentes tampoco pueden usar una orden judicial para buscar otras pruebas que justifiquen sus sospechas sobre posibles delitos adicionales.
