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- Las prohibiciones atacan a la migración legal y penalizan a los inmigrantes, ciudadanos estadounidenses y empleadores de EE. UU. que intentan seguir las reglas.
- Además, son dañinas para la economía.
El 16 de diciembre el presidente Trump impuso restricciones a la entrada de ciudadanos de 20 países más, llevando a 39 el total de países con prohibiciones parciales o totales. El gobierno está dando las mismas razones que planteó en junio, pero esas explicaciones de seguridad nacional son un velo que deja ver los verdaderos objetivos del presidente: las personas musulmanas y africanas.
Las prohibiciones atacan a la migración legal y penalizan a los inmigrantes, ciudadanos estadounidenses y empleadores de EE. UU. que intentan seguir las reglas. Además, son dañinas para la economía.
Aparte de extender la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada, las nuevas prohibiciones tienen un alcance mucho más amplio. Ahora los ciudadanos de EE. UU. ya no pueden patrocinar ni siquiera a sus familiares más cercanos —cónyuges, padres o hijos menores de edad de los países incluidos en la lista— lo cual mantiene separados indefinidamente a los miembros de la familia inmediata.
El gobierno presenta tres explicaciones para atacar a estos países en específico: el alto índice de permanencia en Estados Unidos después de vencido el plazo permitido por la visa, limitaciones en el proceso de revisión de antecedentes en el país de origen y el rechazo a recibir a personas deportadas. Por las mismas razones que formulamos después de que el presidente emitió la prohibición en junio, estas justificaciones son pretextos y realmente no le ofrecen más seguridad a la nación.
En primer lugar, el gobierno continúa dependiendo de una métrica inválida sobre la tasa de sobreestadías de visas que no afecta a los ciudadanos de países con un alto número de sobreestadías —en su mayoría personas de Europa y América Latina—mientras que los ciudadanos de países con un bajo número de sobreestadías —en su mayoría países musulmanes y africanos— tienen prohibida la entrada. Por ejemplo, el gobierno prohibió emitir visas temporales a ciudadanos de países como Burundi (el cual tuvo 148 casos de sobrestadías en 2023) y Togo (397 casos) pero no a personas del Reino Unido (16,170 casos) o Canadá (22,298 casos).
Y la preocupación de que las personas permanezcan en los Estados Unidos después de que sus visas caducan no explica por qué la administración también prohíbe a los que han solicitado la residencia permanente (green card.) Esos inmigrantes son residentes permanentes. Por definición, un residente permanente no puede violar el tiempo de permanencia de una visa.
En segundo lugar, como expusimos en nuestro análisis anterior, las prohibiciones no son necesarias para mantener la seguridad en los Estados Unidos. Incluso las justificaciones más recientes —que hay actos de terrorismo o conflictos armados en un país, o que los ciudadanos de un país pueden adquirir la ciudadanía mediante inversiones monetarias— no justifican la exclusión de los ciudadanos de esos países.
Quienes solicitan visas dan sus huellas e información detallada que se compara con los datos del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y otras agencias federales, estatales, locales e internacionales de la policía para detectar algún dato negativo. Este amplio aparato de investigación es uno de los más sofisticados del mundo y el gobierno no tiene que depender de las débiles estructuras de seguridad de otros países para tomar decisiones sobre las solicitudes de visas.
En tercer lugar, los datos federales revelan que el gobierno puede, y ya lo ha hecho, deportar a personas de los países prohibidos, debilitando la lógica de que esos países no aceptarán de regreso a sus ciudadanos. Además, el gobierno está cada vez deportando a más personas a países que no tienen conexión alguna con su país de origen, socavando el argumento de que ellos no pueden ser deportados.
Tan solo en este mes, el presidente dijo que países como Afganistán, Haití y Somalia (los cuales están en la lista de naciones con restricciones) son “lugares infernales” y repitió su caracterización del 2018 de que la mayoría de los países no blancos como Haití y Somalia son “países de mierda”. Estas declaraciones dejan muy en claro que las prohibiciones son el resultado de animosidad racial y antimusulmana, y no de decisiones neutrales en la política pública.
Las prohibiciones forman parte de una serie de acciones drásticas que se tomaron en los últimos meses para restringir la inmigración legal. En noviembre, la administración anunció que revisaría los casos de las 200,000 personas que obtuvieron su estatus de refugiados durante la administración Biden.
Además, anunció que detendrá la aprobación de los permisos de residencia permanente para los refugiados que llegaron a los Estados Unidos durante la presidencia de Biden. Y, en diciembre, después del trágico tiroteo a dos soldados de la Guardia Nacional a manos de un inmigrante afgano, la administración tomó más medidas para restringir la inmigración legal.
Estas incluyen detener todo procesamiento de las solicitudes de asilo en el Departamento de Seguridad Nacional, suspender todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos afganos, cancelar las ceremonias de ciudadanía y reconsiderar los permisos de estatus migratorio previamente otorgados (incluidos los permisos de residencia permanente ya otorgados a personas de los 19 países en la listade la prohibición de ingreso de junio).
El efecto acumulado de estas medidas para las empresas y familias estadounidenses es enorme. Las personas estadounidenses seguirán viviendo separadas de sus seres queridos y las empresas tendrán dificultades para contratar personal para realizar funciones esenciales. La economía de EE. UU. también se verá afectada.
Según el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council), los inmigrantes representaron $1.7 billones en poder adquisitivo en 2023 y contribuyeron $652 mil millones en impuestos. Aproximadamente el 25 por ciento de los trabajadores en las industrias críticas como la agricultura y construcción son inmigrantes. Estos son costos muy altos de asumir a cambio de ningún beneficio.
Y estos ataques socavan uno de los valores fundamentales de los Estados Unidos: que somos una nación de inmigrantes.
Traducción de Laura Gómez
