- Como parte de esos esfuerzos, la administración ha propuesto expandir la recopilación obligatoria de los usuarios en redes sociales.
- La propuesta ampliaría la red de vigilancia del gobierno de las redes sociales para incluir no solo a los viajeros, solicitantes de visa o personas con visa, sino también a los ciudadanos estadounidenses vinculados a ellos.
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Revisar las redes sociales de una persona para llevar a cabo una investigación ideológica ha sido una iniciativa clave del segundo mandato del presidente Trump. Como parte de esos esfuerzos, la administración ha propuesto expandir la recopilación obligatoria de los usuarios en redes sociales.
La propuesta ampliaría la red de vigilancia del gobierno de las redes sociales para incluir no solo a los viajeros, solicitantes de visa o personas con visa, sino también a los ciudadanos estadounidenses vinculados a ellos. Al relacionar la presencia en línea de una persona con las bases de datos del gobierno, los funcionarios pueden identificar, monitorear y penalizar más fácilmente a las personas por su expresión en internet. Esto incrementa los riesgos de autocensura motivados por el miedo a ser malinterpretados o enfrentar consecuencias perjudiciales.
Recientemente, el Departamento de Estado emitió una comunicación instruyendo a las oficinas consulares a revisar las redes sociales de todos los solicitantes de visas estudiantiles en busca de “cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales de los Estados Unidos”, además de cualquier “historial de activismo político”. Esto se suma a previos esfuerzos durante este mandato, como el programa del Departamento de Estado de “Capturar y Revocar”, que prometía la inteligencia artificial para examinar las redes de las personas con visa y en busca de alguna aparente actividad “en pro de Hamas”.
Además, está el anuncio de abril del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que comenzaría a revisar si hay “actividad antisemita” en las redes sociales de cientos de extranjeros en los Estados Unidos. Como ha explicado el Brennan Center, ambos programas suponen amenazassustanciales a las libertades civiles y al debido proceso.
Pero la recolección y uso de las redes sociales para procesos de selección e inspección no son algo nuevo. El Brennan Center y otras organizaciones de la sociedad civil hace tiempo han alertado sobre los daños del uso a larga escala de las redes sociales para decisiones de alto impacto relacionadas con la inmigración. Este artículo ilustra el panorama general de estos procesos de recolección y cómo se utilizan los datos.
Recolección de datos de las redes sociales
El gobierno estadounidense recoge y utiliza los datos de las redes sociales en casi todas las etapas del proceso migratorio, desde el momento en que una persona en el extranjero solicita una visa hasta mucho después de haber ingresado al país. Este sistema, en gran parte desarrollado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado, extrae contenido de las redes sociales y lo coloca en las bases de datos del gobierno a través de las solicitudes de visa, registros de dispositivos electrónicos, herramientas de monitoreo potenciadas por la IA y varios programas de inspección.
Fuera de los Estados Unidos: solicitantes de visa, refugiados y viajeros del programa de exención de visa
El proceso de recolección de los datos de las redes sociales comienza en el extranjero. Hace casi una década, DHS empezó a solicitar los usuarios de redes sociales de los viajeros provenientes de países incluidos en el programa de exención de visa, el cual permite a las personas ciudadanas de 42 países —principalmente de Europa occidental— viajar a los Estados Unidos sin una visa por un plazo máximo de 90 días.
Los viajeros deben obtener la aprobación por medio del sistema electrónico de autorización de viaje, un sistema automatizado que determina su elegibilidad para ingresar. Desde 2016, el formulario de solicitud para la autorización de viaje incluye una categoría opcional de declarar los usuarios en redes sociales.
En 2019, casi al cierre del primer mandato de Trump, la recolección de usuarios de redes sociales se expandió significativamente, ya que el Departamento de Estado empezó a requerir que las personas que solicitan visas de inmigrantes, incluyendo visas de trabajo o visas por vínculo familiar, proporcionen los usuarios que han utilizado en redes sociales en los últimos cinco años.
Ese mismo año, el Departamento de Estado también empezó a recopilar los usuarios en redes sociales de los últimos cinco años de las personas que solicitan visas de no inmigrante, lo que afecta a unos 14 millones de solicitantes anualmente. Esto incluye a personas con visa de estudiante o de visitante de intercambio, aquellos que buscan tratamientos médicos, niñeras, diplomáticos, médicos, empleados transferidos dentro de su compañía, profesionales con conocimientos especializados y visitantes por motivos de negocio.
El Brennan Center y el Instituto Knight de la Primera Enmienda presentaron una demanda jurídica contra la recolección por parte del Departamento de Estado y la retención del DHS de estos datos, argumentando que esto violaba la Primera Enmienda al obligar a revelar de forma forzada a interlocutores anónimos y a quienes publican bajo seudónimos.
En 2023, DHS expandió el Sistema Electrónico de Actualización de Visas para solicitar (mas no requerir) los usuarios en redes sociales en esos formularios. El sistema de actualización de visas es utilizado por los ciudadanos chinos que tienen una visa por 10 años y que periódicamente deben actualizar su información biográfica básica para preservar su elegibilidad de admisión a los Estados Unidos.
Finalmente, DHS recientemente emitió una notificación proponiendo recolectar los usuarios de redes sociales de personas que soliciten beneficios migratorios, un término técnico que abarca la naturalización y el permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos.
Un pequeño número de los solicitantes involucrados, menos de 200 mil de los 3.6 millones de solicitantes anuales, hacen el trámite fuera de los Estados Unidos, principalmente aquellos extranjeros inadmisibles que buscan un permiso anticipado para ingresar al país o quienes solicitan la clasificación de refugiados.
Aunque el programa de refugiados está actualmente suspendido, si se restaura, se espera que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. continúe utilizando los usuarios de las redes sociales para hacer una “revisión mejorada” de algunos solicitantes de asilo.
En la frontera de EE. UU.: todos los viajeros, sin importar ciudadanía
En la frontera, cualquier viajero, sin importar su ciudadanía, está sujeto a inspecciones adicionales. Bajo una política de 2018 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los agentes fronterizos de EE. UU. están autorizados a inspeccionar los dispositivos electrónicos que porte cualquier viajero, sin importar su ciudadanía y sin necesidad de una orden judicial o causa probable.
Los agentes pueden examinar los teléfonos, computadores y otros aparatos para revisar publicaciones y mensajes privados en redes sociales, aun cuando no hay sospecha de alguna participación en actividad delictiva o inquietudes relacionadas con la migración.
Aunque a los oficiales se les instruye que deben tomar medidas para limitar su acceso a los datos —incluyendo poner los dispositivos en modo avión, solo hacer revisión de contenido guardado localmente y abstenerse de acceder a los datos guardados en la nube— dos informes recientes del inspector general del DHS revelaron que los oficiales de la patrulla fronteriza consistentemente incumplen con la obligación de desactivar las conexiones de la red.
Aun cuando se cumplen estas restricciones, se puede acceder a una cantidad significativa de contenido en redes sociales: por ejemplo, X (antes Twitter) almacena localmente videos, imágenes y datos del perfil y cualquier publicación o mensaje directo cargados antes de que la red del dispositivo fuera apagada puede ser visto.
De igual manera, el contenido y los mensajes directos en Facebook e Instagram son visibles cuando se abren las aplicaciones, así como los me gusta, comentarios y publicaciones compartidas que hizo el usuario cuando no estaba conectado a internet, ya que esta información permanece guardada localmente en la aplicación aunque no haya conexión.
Además, la política de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza permite a los agentes en la frontera realizar búsquedas forenses avanzadas si reciben autorización de un supervisor y tienen sospecha razonable de una violación legal o una “preocupación sobre la seguridad nacional”.
Estas búsquedas involucran el uso de herramientas de software o hardware que copian, analizan o extraen datos de un aparato, lo cual puede incluir datos de redes sociales guardados en la nube. Mientras que a los ciudadanos estadounidenses no se les puede prohibir el ingreso al país si rechazan la inspección, sus dispositivos pueden ser retenidos. A las personas no ciudadanas se les puede denegar la entrada sin reserva alguna.
La constitucionalidad de estas inspecciones ha sido motivo de demandas, y como resultado, diferentes reglas jurídicas se aplican en algunas partes del país. Reglas más estrictas gobiernan los estados del oeste. Mientras tanto, el Undécimo Circuito, el cual abarca a Alabama, Florida y Georgia, ha sostenido que ninguna sospecha es necesaria para las inspecciones forenses de dispositivos electrónicos.
Como resultado, los viajeros que llegan al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el aeropuerto más transitado del mundo, pueden estar sujetos a inspecciones de sus dispositivos electrónicos —y sus datos en redes sociales accedidos y registrados— por cualquier motivo o ningún motivo en absoluto.
En los Estados Unidos: personas con visa, residencia permanente y ciudadanas
Como se recalcó anteriormente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. ha emitido una propuesta que, si es aprobada, le permitiría de forma inmediata empezar a recolectar los usuarios de redes sociales de personas que presenten solicitudes en varios tipos de trámites relacionados con la migración. Esto incluye solicitudes de naturalización, permisos de residencia permanente, ajuste de estatus, asilo o suspensión de remoción y solicitudes de reunificación familiar. La gran mayoría de las personas implicadas en esta propuesta —casi 3.4 millones de los estimados 3.6 millones de solicitantes anuales— ya están en los Estados Unidos.
La norma requeriría que muchos solicitantes proporcionen los usuarios de redes sociales de sus familiares, incluyendo sus padres, hijos, cónyuges o excónyuges que son ciudadanos estadounidenses. La información de estos familiares también sería retenida en las bases de datos del DHS. La primera administración Trump publicó una propuesta similar, pero la Oficina de Administración y Presupuesto de la presidencia Biden la rechazó entre otras razones, por no haber “demostrado adecuadamente” la “utilidad práctica” de recolectar esta información.
Retención y análisis de datos
Una vez que se recolectan los usuarios y el contenido de las redes sociales, estos datos pueden ser retenidos, utilizados y compartidos entre una gama de agencias gubernamentales en apoyo a las nuevas iniciativas desglosadas anteriormente, o para otros fines. (Para un análisis más detallado sobre cómo el DHS utiliza las redes sociales, véase el reporte de 2019 del Brennan Center).
Por ejemplo, el Sistema Automatizado de Objetivos, una poderosa herramienta de recolección y análisis de datos, procesa los usuarios de redes sociales que recolectó el Departamento de Estado para identificar cualquier información potencialmente “desfavorable” que puede ser relevante para que la agencia determine si otorga o no una visa.
DHS también administra la Inspección Migratoria Continua, la cual monitorea a personas mucho después de que han ingresado, señalando automáticamente cualquier nueva información que pueda generar preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional o el orden público, incluyendo publicaciones en redes.
La Inspección Continua Migratoria se activa cuando una persona presenta un trámite migratorio, como el ajuste de estatus, o cuando se descubre nueva información desfavorable en las bases de datos del gobierno.
En estos casos, el Sistema Automatizado de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisa si coinciden con sus datos y envía los resultados a ATLAS, un sistema que utiliza reglas automatizadas para evaluar riesgos a la seguridad nacional, lo cual puede derivar en consecuencias como la deportación o revocación de la ciudadanía basadas en factores como los datos de redes sociales.
Estos procesos también se ven facilitados por los archivos que retiene el DHS sobre cada persona no ciudadana a lo largo del proceso de inmigración, inspección y evaluación. Los Archivos de Extranjeros, conocidos como A-Files, contienen “usuarios de redes sociales, aliases, información identificable asociada y resultados de búsquedas”, además de todos los otros datos recolectados durante el trámite. Los A-Files se almacenan por 100 años, mucho después de que la persona recibe la residencia permanente o se hace ciudadano.
La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza también juega un papel importante al administrar el Centro Nacional de Objetivos, el cual facilita la continua evaluación de cada viajero que planea ingresar a los Estados Unidos, incluyendo los ciudadanos estadounidenses y aquellos con visas de inmigrante y no inmigrante.
El Centro Nacional de Objetivos utiliza fuentes como las redes sociales para realizar análisis rutinarios y determinar si una persona supone un riesgo o es inadmisible, por otras razones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también supervisa el Centro Nacional de Inspección, establecido durante la primera administración Trump, el cual consolida el flujos de datos para ayudar a las agencias a identificar “sujetos amenazantes conocidos o sospechosos”.
Mientras que el centro de inspección no incorpora las redes sociales en su propio sistema de evaluación, las agencias a las que apoya —incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Departamento de Estado— sí lo hacen.
Las actuales restricciones en el centro de inspección sobre el uso de las redes sociales se pueden rescindir en cualquier momento y pueden darle vía libre para que las redes sociales se conviertan en una herramienta completamente integrada en la infraestructura de inspección centralizada del gobierno. Cabe resaltar que las herramientas que utiliza el DHS para su grupo de trabajo antisemita funcionan a través del Centro Nacional de Objetivos y el Centro Nacional de Inspección.
Finalmente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la rama del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), puede procesar plataformas de redes sociales e interactuar con personas utilizando alias en internet para ejecutar investigaciones criminales.
También puede utilizar las redes sociales para ayudar a localizar, detener y adjudicar casos de sospechosos de cometer infracciones migratorias. Los datos recolectados de las investigaciones en las redes sociales son utilizados para elaborar expedientes sobre los objetivos, rastrear su ubicación y sus vínculos, y confirmar identidades por medio de fotos.
A través del Programa de Sobreestadía, ICE también monitorea las redes de personas con visados de no inmigrante en busca de información desfavorable. Las herramientas a disposición de ICE incluyen a RAVEn, una controversialplataforma potenciada por la IA que procesa información de las redes sociales y otros datos personales para arrojar pistas y apoyar operativos policiacos.
Cómo se comparten los datos
Finalmente, numerosos sistemas interconectados comparten información de redes sociales. Los usuarios en redes recopilados durante los trámites de visas para inmigrantes y no inmigrantes son retenidos en la Base de Datos Consular Consolidada, el repositorio del Departamento de Estado para todos los archivos de visados. Estos datos son analizados por funcionarios de DHS y compartidos con otras agencias federales.
Los A-Files del DHS recogen información del Sistema Central de Índices, un índice generalizado del departamento que actualiza la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración y reúne datos de varios componentes dentro del DHS y el Departamento de Estado.
Dentro de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración hay un flujo libre de datos entre sistemas, como el Sistema Automatizado de Objetivos, para evaluar y monitorear a personas no ciudadanas y apoyar operativos migratorios por medio de, por ejemplo, la extracción y análisis de datos de información en redes públicamente disponible.
Además, la base de datos TECS de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documenta los datos en redes sociales obtenidos a través de requisas a aparatos electrónicos en la frontera, entre otra información, y facilita compartir los datos entre las agencias. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la rama investigativa de ICE, puede consultar a TECS para obtener datos de redes sociales y otra información sobre personas vinculadas a sus investigaciones.
Una orden ejecutiva de marzo de 2025 dirigida a eliminar las protecciones relacionadas con el intercambio de datos probablemente facilitará aún más la expansión de las capacidades de intercambio y la consolidación de datos entre las agencias del gobierno.
El resultado será la disminución de los obstáculos que limitan el acceso y el incremento de las probabilidades de que la información de las redes sociales que es recolectada para un fin específico sea reutilizada a través de todo el sistema.
Traducción de Laura Gómez
