El costo de los ataques de Trump al financiamiento de la investigación científica

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• La cancelación de los fondos suspendió o interrumpió ensayos clínicos activos de nuevos tratamientos médicos prometedores.
• Los recortes arbitrarios de los fondos dificultan aún más las investigaciones futuras, porque destruyen los datos que ya se han recolectado y erosionan la confianza de las personas que participan en los ensayos.

A fines de abril de 2026, la administración Trump de repente removió a todos los miembros de la junta de asesores que supervisa a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por su sigla en inglés), uno de los principales organismos científicos de la nación. Su concesión de subsidios ya se había reducido a niveles mínimos desde el comienzo del nuevo año fiscal, y ahora estos despidos hacen que el futuro de la agencia sea aún más incierto.

Lejos de ser un acontecimiento aislado, esta movida es tan solo la última de una serie de cambios de política unilaterales y sin precedentes que han provocado un caos en el mundo de la investigación científica en Estados Unidos, han menoscabado la autoridad del Congreso a la hora de controlar el gasto federal y, entre tanto, han puesto en peligro el futuro económico de la nación.

Las investigaciones científicas financiadas mediante los fondos públicos han impulsado avances científicos y tecnológicos históricos entre la Segunda Guerra Mundial y la actualidad, han definido la economía moderna y han moldeado innumerables áreas, desde la medicina hasta la tecnología de la información.

Durante este período, el apoyo del Congreso a las investigaciones científicas ha sido constante y bipartidario y ha reflejado la apreciación pública general de que los avances científicos son beneficiosos para la vida del pueblo estadounidense.

Donald Trump acabó con este consenso cuando volvió a la Casa Blanca en 2025. Durante las primeras semanas de su segundo mandato, se propuso congelar o cancelar miles de millones de dólares en gastos ya aprobados por el Congreso, exigió recortes más pronunciados para determinadas instituciones científicas y desmanteló a varias agencias científicas federales imprescindibles.

Estas drásticas acciones fueron desmedidas, arbitrarias y motivadas por propósitos políticos y no por su mérito científico o por un deseo genuino de implementar reformas legítimas y muy necesarias en la financiación de las investigaciones científicas. Y lo que es más importante, se realizaron prácticamente sin consultar al poder legislativo.

Por ejemplo, una menor concesión de subsidios por parte de la NSF contradice directamente el constante apoyo que el Congreso le ha ofrecido a la financiación pública de las investigaciones científicas.

Decisiones tan trascendentales como estas no le corresponden exclusivamente al presidente. La Constitución le da al Congreso el poder de incrementar los ingresos y decidir cómo gastar el dinero de nuestros impuestos, y eso incluye el dinero para las investigaciones científicas.

La función del presidente consiste en implementar las decisiones del Congreso en materia de gastos en su totalidad y con imparcialidad, no recortar, congelar y amenazar con retirar miles de millones de dólares en fondos, según se le antoje. Resulta revelador que el Congreso haya rechazado la gran mayoría de los recortes de Trump en el financiamiento de las investigaciones científicas cada vez que los puso a consideración.

Este análisis tiene como objetivo dar cuenta, parcialmente, de lo que se ha perdido debido a este abuso de poder del ejecutivo y quiénes han pagado el precio. Se basa en conversaciones con profesionales y expertos en políticas, así como también en investigaciones científicas, expedientes judiciales y reportes periodísticos.

Cabe aclarar que puede resultar difícil identificar todas las investigaciones que se han menoscabo o cancelado de esta forma. Y ninguna estadística puede mostrar por completo los efectos de la incertidumbre en la que se ve envuelta la comunidad científica, incluso cuando ha habido algunas victorias judiciales y restauraciones parciales del financiamiento.

Ya de por sí, todo este caos amenaza el crecimiento económico y la prosperidad del país durante años, quizá durante generaciones enteras. Por lo tanto, las estimaciones de los impactos económicos presentadas en este análisis —que llegan a las decenas de miles de millones de dólares— deberían considerarse cifras conservadoras.

En palabras de Arati Prabhakar, exlíder de la Oficina de Políticas Científicas y Tecnológicas de la Casa Blanca y de la Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzada para la Defensa, que fue consultada para este análisis:

Cuando se ignora la autoridad del Congreso en materia de asignación de los fondos públicos para la investigación científica, aun cuando el Congreso o los tribunales hayan exigido la restauración del financiamiento, los fondos cancelados o restaurados solo cuentan parte de la historia. Para ese entonces, se han invalidado años de recolección de datos para los ensayos clínicos que se extienden a lo largo de múltiples años, y se ha abandonado a pacientes que dependen de una atención de salud para seguir viviendo.

Muchos de los subsidios cancelados aún no se han restaurado, incluso después de una orden judicial, y se ha notificado a estudiantes que ya no se aceptan investigaciones independientes y que no se admiten las contribuciones de investigadores extranjeros, mujeres o personas no blancas. Todo eso provoca profundas consecuencias en nuestra salud, seguridad y prosperidad futuras.

Si bien algunas personas a las que entrevistamos para esta publicación pudieron expresarse públicamente, muchas tuvieron que hacerlo desde el anonimato, porque siguen dependiendo de los fondos federales para sus investigaciones. Por lo tanto, hemos protegido sus nombres.

Para este análisis, examinamos los cambios medibles que se han realizado en las políticas científicas, y nos centramos en una serie de recortes, reales o previstos, de la financiación del gobierno destinada a las investigaciones científicas durante 2025. Ese año, la administración Trump:

• Recortó o congeló más de $3,000 millones en subsidios de investigación ya aprobados de las agencias científicas más importantes de la nación, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés) y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por su sigla en inglés), según los informes compilados por un equipo de investigadores independientes del proyecto Grant Witness. Unos $1,400 millones seguían congelados o cancelados a comienzos de 2026.
• Intentó pasar por encima del Congreso para colocar un máximo en los reembolsos de los “costos indirectos”, que incluyen costos de laboratorio, personal y tareas de mantenimiento, una medida que, según las previsiones de los funcionarios gubernamentales de los NIH, supondría una reducción adicional de la financiación de $4,000 millones.
• Le pidió al Congreso que recortara otros $44,000 millones (22 por ciento) en investigaciones científicas en un solo año, según las estimaciones de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.
• Congeló, canceló o puso en duda otros subsidios a través de una suspensión masiva de los fondos que buscaba suspender “todos los servicios federales de asistencia financiera”.

Muchos de estos cambios de políticas fueron bloqueados por la justicia y otros fueron abandonados discretamente. Por ejemplo, un tribunal federal de apelación dictó en marzo de 2026 que la suspensión masiva de los fondos de la administración fue arbitraria e injustificada y que probablemente perjudicaría ampliamente los presupuestos y servicios sociales básicos de los estados.

Y el Congreso se ha negado a ratificar gran parte de los recortes de los gastos propuestos por el presidente para las agencias científicas durante el año fiscal 2026.

Pero esas victorias dejan una inquietante sensación de paz, en especial porque la solicitud de presupuesto del presidente para el año fiscal 2027 vuelve a pedir fuertes recortes en la financiación de las investigaciones científicas, incluso para los NIH (13 por ciento) y la NSF (55 por ciento).

El efecto neto es un nivel de incertidumbre que, según las conversaciones mantenidas con las partes interesadas, hace imposible que las personas, las organizaciones y los negocios puedan planificar y comprometerse a llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo a largo plazo.

Durante el transcurso del siglo XX, las inversiones del dinero de los impuestos del pueblo estadounidense construyeron la empresa de financiación de los proyectos de investigación y desarrollo más grande en la historia mundial, con un total de casi $200,000 millones de dólares por año.

Con el apoyo de miembros de los dos partidos políticos, el Congreso ha recaudado fondos cada año, en promedio, para agencias clave como los NIH y la NSF, a tales niveles que los presupuestos de estos dos organismos se han duplicado desde la década de 1990.

Hoy en día, los NIH y la NSF gestionan, por año, más de $50,000 millones de dólares en subsidios federales para las investigaciones médicas y científicas, lo cual representa la mitad de todo el gasto del gobierno en materia de investigación y desarrollo por fuera del Departamento de Defensa.

Líderes de los dos partidos políticos principales reconocen el valor de esas inversiones. Al comienzo de su segundo mandato, el presidente Trump estableció el objetivo de “consolidar el liderazgo tecnológico de los Estados Unidos a nivel global y dar inicio a la Edad Dorada de la Innovación Estadounidense”.

En varias audiencias sobre políticas científicas durante el año 2025, tanto republicanos como demócratas definieron la financiación federal de las investigaciones como “la base sobre la que se construyen las principales innovaciones tecnológicas”, la fuente de “la fortaleza económica, seguridad nacional y calidad de vida de Estados Unidos” y una “fuerza multiplicadora” que “garantiza el liderazgo de EE. UU. en las décadas venideras”.

Sin embargo, en 2025, según un proyecto independiente de recolección de datos, la administración Trump congeló o recortó $2,300 millones en subsidios ya aprobados de los NIH y otros $700 millones en subsidios de la NSF, lo cual ocasionó el retiro de los fondos para investigaciones que ya estaban en curso.

Algunos investigadores también fueron afectados o amenazados por una suspensión masiva de fondos ordenada durante la primera semana de la administración. Con esa política, el gobierno federal se adjudicó el poder de suspender de inmediato una cantidad masiva de fondos en subsidios federales.

Aunque sean superficialmente pequeñas, estas suspensiones o cancelaciones repentinas tienen un efecto dominó mucho más profundo que lo que indican las cifras nominales, porque provocan despidos de personal, interrumpen carreras profesionales y desestabilizan los presupuestos de las universidades de investigación.

Si bien algunas de las cancelaciones de fondos fueron consecuencia de los ataques del presidente contra ciertas universidades como Columbia o Harvard, un análisis basado en datos del gobierno indicó que las dos terceras partes de todos los fondos de investigación cancelados estaban destinadas a universidades públicas.

Las instituciones de investigación también enfrentaron la amenaza de retiro de otros $4,000 millones cuando la administración intentó inicialmente recortar todos los porcentajes de reembolso de los “costos indirectos”. El reembolso de estos costos, otorgado por encima de los valores nominales de un subsidio, tiene el fin de cubrir gastos diversos, como los de inmobiliario, poder computacional y personal esencial del que los investigadores dependen para llevar a cabo su trabajo diario.

Estos costos son mucho más que gastos generales; un estudio demostró que un aumento en los reembolsos estaba asociado a un mayor número de publicaciones y solicitudes de patentes. Desde hace tiempo que los expertos están sugiriendo ideas para reformar estos reembolsos, pero ponerles un máximo de forma unilateral obstaculiza aún más la capacidad de los científicos de llevar a cabo investigaciones.

La propuesta de presupuesto de Trump para el año fiscal 2026 dejó en claro la intención de su administración de recortar el financiamiento federal para la ciencia, no mejorarlo. La propuesta procuraba realizar recortes por un total de $44,000 millones (o del 22 por ciento) en todas las agencias que realizan investigaciones científicas, entre ellos, reducciones a la NSF (57 por ciento), los NIH (41 por ciento) y la NASA (24 por ciento).

El Congreso se negó y mantuvo estable gran parte de los gastos en investigación y desarrollo no relacionados con el Departamento de Defensa. Pero la última solicitud de presupuesto de la administración para el año fiscal 2027 vuelve a proponer las mismas reducciones pronunciadas, incluso un máximo general en los costos indirectos.

Los organismos también se han esforzado en silencio por modificar sus gastos. Si bien la NSF y los NIH terminaron gastando gran parte de sus presupuestos del año fiscal 2025, lo hicieron por lo bajo otorgando más subsidios para los proyectos que se extienden durante varios años y financiando menos subsidios nuevos que lo habitual, lo cual redujo el apoyo ofrecido a nuevas áreas de investigación.

La NSF cerró su dirección de ciencias sociales en abril de 2026, aparentemente para cumplir con la propuesta de presupuesto del presidente, que el Congreso aún no ha debatido ni mucho menos aprobado. Y en mayo de 2026, continúa la incertidumbre sobre si los fondos asignados por el Congreso van a ser concedidos por la administración o si los van a demorar mediante un proceso politizado de revisión.

En el caso de los NIH, los fondos cancelados en 2025 inicialmente afectaron casi 2,500 subsidios individuales destinados a investigaciones médicas que ya se habían aprobado por las juntas federales correspondientes. Esos recortes han tenido un efecto inmediato y perjudicial para la investigación médica. Según un investigador de ciencias médicas al que consultamos para este análisis:

Es un momento decepcionante para ser investigador biomédico. Muchos colegas han perdido sus fondos sin ningún motivo claro. Se han recortado programas de capacitación para formar a la próxima generación de investigadores. Los jefes de programa en los NIH que, por lo general, nos ayudan a redactar y presentar propuestas de subsidios están perdiendo sus trabajos y se sienten desmoralizados debido a los constantes cambios en los cargos de liderazgo, la incorporación de nuevos niveles de burocracia sospechosos y más demoras. Las universidades con sólidos emprendimientos de investigación biomédica se preguntan cómo van a financiar su infraestructura y continuar con sus trabajos científicos de avanzada.

El impacto sobre los pacientes es aún más sombrío. La cancelación de los fondos suspendió o interrumpió ensayos clínicos activos de nuevos tratamientos médicos prometedores. Estos ensayos dan acceso a muchos pacientes a tratamientos de avanzada y representan el método preferido para poner a prueba los tratamientos y medicamentos nuevos.

Según un estudio efectuado por la revista académica de medicina interna de la Asociación Estadounidense de Medicina, las cancelaciones de los subsidios de 2025 inicialmente suspendieron la financiación de 383 de estos ensayos clínicos, es decir, 1 de cada 30 experimentos nuevos.

Aproximadamente 74,000 pacientes podrían haber sentido incertidumbre o incluso haber perdido el acceso a sus tratamientos, debido a las interrupciones en la financiación. Esta cifra no incluye los ensayos clínicos financiados por la ahora clausurada Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional y otros organismos.

Para las personas afectadas, las consecuencias de estas interrupciones pueden ser catastróficas. Una madre que tenía cáncer de colon en estadio 4 debió esperar semanas para recibir su tratamiento después de que su ensayo clínico fuera retrasado debido a los recortes en los NIH. Los recortes en otro estudio provocaron que 21 madres en posparto perdieran el acceso a la atención médica de los profesionales de la salud mental capacitados para prevenir la depresión posparto.

Además de poner a los pacientes en riesgo, los recortes arbitrarios de los fondos dificultan aún más las investigaciones futuras, porque destruyen los datos que ya se han recolectado y erosionan la confianza de las personas que participan en los ensayos.

Los efectos van más allá de las personas individuales, ya que la financiación federal de los estudios científicos constituye el pilar fundamental de la investigación médica y biomédica estadounidense. A lo largo de su historia, los NIH han impulsado el desarrollo de nuevos fármacos para enfermedades como la diabetes, el cáncer y la enfermedad de células falciformes.

También han financiado tecnologías pioneras, como las terapias génicas y de ARN. Entre 2010 y 2019, los NIH brindaron fondos esenciales para todos, menos dos, de los 356 fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Los beneficios de estas investigaciones son trascendentales. Un estudio calculó que las investigaciones realizadas a través del Instituto Nacional del Cáncer entre 1980 y 2020 prolongaron la vida de la población estadounidense en una cifra acumulada de aproximadamente 14 millones de años, por un costo de tan solo $326 por año de vida de un paciente.

Pero estos beneficios suelen percibirse con claridad solo a largo plazo, lo cual pone de relieve la importancia de contar con un financiamiento estable año tras año. Los fármacos agonistas del GLP-1, como el Ozempic, por ejemplo —ahora utilizado por el 12 por ciento de la población estadounidense para perder peso y controlar la diabetes— aparecieron gracias a los estudios realizados hace décadas por un científico del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

Los recortes unilaterales de los fondos amenazan todos esos logros a corto y largo plazo. Según un análisis basado en los estudios que se efectúan para el desarrollo de los fármacos nuevos y llevado a cabo por la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, una reducción del 10 por ciento en los fondos de los NIH implicaría un recorte del 4.5 por ciento en el número de fármacos disponibles para someter a ensayos clínicos o, dicho de otra forma, 30 medicamentos menos disponibles para uso del público a lo largo de las próximas tres décadas.

Otra investigación que utilizó los mismos estudios calculó que, si los NIH recortaban sus gastos en un tercio, tal como recomendaba el presupuesto del año fiscal 2026 propuesto por la administración Trump, se podría traducir en una reducción del 15 por ciento en el número de las solicitudes de patentes relacionadas con nuevos tratamientos y en una disminución en la esperanza de vida en los Estados Unidos.

Un artículo sobre políticas publicado por la revista Science llegó a conclusiones similares, cuando reveló la relación que existe entre los subsidios que habrían estado “en riesgo” bajo un menor presupuesto en los NIH y las numerosas solicitudes de patentes y el desarrollo de fármacos nuevos que podrían no haber ocurrido sin esas subvenciones.

Las inversiones en la investigación científica también han creado industrias enteras. Para mencionar un solo ejemplo, la financiación de los estudios de la NSF y del Departamento de Defensa posibilitaron prácticamente todos los aspectos del desarrollo del

teléfono inteligente moderno, desde la batería de iones de litio, por la cual un grupo de investigadores financiados por la NSF obtuvo el premio Nobel de Química en 2019, hasta la pantalla táctil, para la que los fondos de la NSF facilitaron la invención de la tecnología “multitáctil”.

Muchísimos expertos concuerdan ampliamente que las inversiones en la ciencia provenientes del dinero de nuestros impuestos pueden producir ganancias económicas importantes, porque respaldan el desarrollo de nuevas tecnologías y alientan a la inversión privada.

Por ejemplo, un análisis de la organización Brookings Institution citó un estudio reciente que demostraba que las inversiones federales en proyectos de investigación y desarrollo han “sido responsables de al menos una quinta parte del crecimiento general posguerra de la productividad total de los factores en los Estados Unidos”.

Asimismo, otro estudio de 2019 indicó que, por cada dólar invertido en los subsidios de los NIH, se obtienen $2.34 en tan solo ventas de medicamentos, sin contar los beneficios sociales más amplios. Tras recolectar datos, hace poco, la Oficina de Presupuesto del Congreso llegó a la conclusión de que, por cada dólar que el gobierno federal invierte en investigación y desarrollo que no sea por motivos de defensa, se obtienen hasta $12.50 en crecimiento económico a lo largo de los próximos 30 años, al estar impulsando la inversión en bienes de capital y la creación de puestos de trabajo.

Estos beneficios tienden a percibirse de manera amplia. En un documento de trabajo publicado en marzo de 2026 por la organización National Bureau of Economic Research, un equipo de economistas estimó que la construcción y creación de los laboratorios nacionales, a mediados de siglo, propició importantes mejoras en sus zonas aledañas, tal como el aumento de salarios y mejores logros educativos de las personas que residen en esas áreas. Estos efectos se siguen percibiendo hoy en día.

Según una encuesta efectuada en 2022, el 41 por ciento de las personas que trabajan en compañías de biociencias en el área de Boston tenía un título universitario como su logro educativo más alto; mientras que el 16 por ciento no había completado un título de cuatro años.

Aun cuando la administración pudiera decir que está economizando o implementando reformas necesarias, hacerlo de este modo unilateral, sin tener en cuenta el rol que debería cumplir el Congreso, menoscaba la estabilidad que crea estas ganancias económicas sobre las inversiones. Robert E. Rubin, abogado asesor sénior en la firma Centerview Partners que se desempeñó como secretario del Tesoro de los EE. UU. entre 1995 y 1999, nos dijo lo siguiente:

La separación de poderes y el estado de derecho son más que conceptos abstractos; son una fuerte ventaja competitiva que tiene Estados Unidos en la economía mundial. Las decisiones impredecibles y unilaterales del presidente podrían menoscabar esa gran fortaleza. Las ciencias son un ejemplo particularmente destacado, ya que las investigaciones financiadas mediante el dinero de los impuestos crearon y ahora impulsan la economía estadounidense.

Cuando se hacen recortes profundos en esa financiación, se inunda de incertidumbre a todo el sector empresarial estadounidense y podría privarnos de obtener miles de millones de dólares en concepto de futuras innovaciones, medicamentos y productos para el consumidor.

¿Cómo podrían afectar la economía los recortes de la administración en el financiamiento de las ciencias, ya sean propuestos o reales? Los multiplicadores fiscales utilizados en los estudios económicos nos ofrecen un modo de llegar a cifras conservadoras.

Siguiendo las métricas de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los recortes propuestos por la administración de $44,000 millones (22 por ciento) en la financiación de investigaciones científicas, según el presupuesto del año fiscal 2026, podrían haberse traducido en una disminución de la actividad económica de medio billón de dólares. Esa cifra coincide con otros estudios publicados.

Un informe elaborado por un grupo de investigadores de la American University calculó que recortar la financiación pública en materia de investigación y desarrollo en un porcentaje comparable al 25 por ciento reduciría el producto interno bruto del país en un 3.8 por ciento, casi la misma caída que se observó durante la Gran Recesión.

Los recortes menores también son perjudiciales. Según las cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la suspensión o cancelación inicial de los subsidios de la administración, valuada en $3,000 millones, podría disminuir el crecimiento económico en hasta $37,500 millones en los próximos 30 años.

Otro estudio calculó que establecer un máximo en los reembolsos de los costos indirectos —sin contar los subsidios suspendidos o cancelados— supondría una pérdida de $16,600 millones de dólares en materia de crecimiento en miles de condados de todo el país.

Desestabilizar la financiación de las investigaciones en los Estados Unidos también podría dañar de manera permanente la capacidad del país de capacitar, atraer y retener a los mejores doctores y científicos. Las universidades ya están respondiendo a la incertidumbre en torno al futuro de la financiación científica en los Estados Unidos y han comenzado a reconsiderar a cuántos científicos principiantes pueden otorgarles apoyo.

Solo en biología, los programas de doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) y la Universidad de Duke redujeron las admisiones en un 20 por ciento durante 2025, y otras instituciones suspendieron sus contrataciones de personal académico y despidieron a cientos de empleados.

De hecho, el periódico The Boston Globe reveló que, como consecuencia, dos terceras partes de los científicos investigadores que encuestaron les recomendaban a estudiantes prometedores que no se dedicaran a la vida académica. Asimismo, en 2025 los NIH otorgaron casi mil subsidios menos para científicos principiantes que en los últimos años.

“El efecto dominó” de estas políticas “no se limitan exclusivamente al mundo académico”, señaló Sandra Barbosu de Information Technology and Innovation Foundation, un grupo de expertos en ciencia y tecnología con profundas conexiones en los dos partidos políticos. Al contrario, Barbosu concluyó:

Las empresas emergentes de biotecnología, la investigación y desarrollo en el sector privado y las iniciativas de innovación clínica dependen de las investigaciones iniciales financiadas con los fondos federales y de un flujo constante de científicos capacitados por los NIH.

Sin ese flujo de talento, toda la máquina estadounidense de innovación —desde el descubrimiento inicial hasta el desarrollo de los medicamentos comerciales— podría ralentizarse, lo cual podría poner en peligro todos los avances que se han logrado en el tratamiento y la cura de enfermedades que afectan a millones de estadounidenses.

Los competidores de nuestra nación se aprovecharán de estos errores. Las universidades chinas ya habían empezado a desplazar a las instituciones estadounidenses en términos de los resultados globales de investigación, y la reducción en las inversiones científicas de 2025 podría acelerar ese proceso.

De hecho, ya hay indicios que sugieren que muchos científicos prominentes pueden y quieren hacer carrera en otros países con instituciones más confiables, lo cual podría producir una “fuga de cerebros” en los Estados Unidos en términos de investigaciones de avanzada. Según un estudio, este año, los científicos estadounidenses presentaron un 32 por ciento más de solicitudes de trabajo en el exterior que en el mismo período del año pasado.

Durante el último año, 85 científicos estadounidenses tanto en ascenso como expertos, incluido un neurobiólogo de los NIH y un físico nuclear de Princeton, se mudaron a China. Y en mayo de 2025, la Unión Europea anunció un paquete de €500 millones para atraer a científicos a Europa.

Las políticas científicas en los Estados Unidos podrían beneficiarse de reformas sensatas, negociadas con cuidado entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca. Pero eso no es lo que ha pasado el año pasado.

En lugar de ello, los cambios impredecibles en las políticas han exacerbado los efectos de los recortes arbitrarios en la financiación, lo cual dificulta aún más la implementación de cualquier proceso político y, al mismo tiempo, amenaza la estabilidad que necesitan nuestros investigadores para realizar su trabajo.

El estado de derecho existe para evitar este tipo de cambios erráticos y proteger las inversiones públicas de largo plazo, como la financiación federal de la investigación científica, de la inestabilidad política. Estas salvaguardas deben fortalecerse.

A fin de garantizarlo, los tribunales han intervenido para proteger esos valores, y muchos recortes unilaterales de los fondos propuestos por la administración están enfrentando serias demandas judiciales. Dostribunales federales distintos llegaron a la misma conclusión de que la suspensión masiva de los subsidios, por ejemplo, podría constituir un intento ilegítimo de “retener” fondos ya asignados por el Congreso. Si bien los litigios continúan, un tribunal de apelación básicamente confirmó una de esas órdenes en marzo de 2026.

Otro tribunal sostuvo que los intentos de colocar un máximo en los reembolsos de los “costos indirectos” son un ejemplo claro de que el presidente está tratando de pasar por encima del Congreso. Y señaló que los congresistas han debatido reformas en torno a los reembolsos de los costos indirectos durante años.

Pero afirmó, el Congreso también se había “esforzado” para evitar que el poder ejecutivo recorte o coloque un máximo en estos costos unilateralmente. (Tal como se mencionó antes, la administración ha abandonado esta pelea judicial y ha acudido al Congreso, que es donde debería haber ocurrido el debate desde el primer momento).

Además, los NIH hace poco se comprometieron a revisar algunas solicitudes de los subsidios sin basarse en criterios politizados de financiación.

Pero la ley es intrínsecamente reactiva, lenta para intervenir e imperfecta. A modo de ilustración, a fines del año pasado, la Corte Suprema le permitió a la administración proceder con las cancelaciones de los subsidios para los NIH de más de $750 millones mientras continúa el litigio, bajo el argumento de tener que seguir los requisitos procesales correspondientes.

Hay otras cuestiones judiciales también pendientes. El Congreso se resistió y luego rechazó los recortes de presupuesto propuestos por la administración para el año fiscal 2026 y, en cambio, aumentó los fondos de los NIH mediante un proyecto de ley de asignación de fondos de enero de 2026.

Pero queda por verse si los NIH y la NSF efectivamente gastarán el dinero que les asignó el Congreso. Los primeros indicios no son muy alentadores, lo cual revela una constante incertidumbre, aun cuando los fondos se terminen materializando en su totalidad.

Restaurar el estado de derecho como garantía de estabilidad para las instituciones y empresas de investigación en los Estados Unidos no será fácil. Podría llevar años reconstruir la confianza vital entre el gobierno, la comunidad científica y los innovadores del sector privado, estudiantes, trabajadores y beneficiarios de los subsidios que se favorecen con esa relación. Pero los dos son objetivos posibles.

Como mínimo, el Congreso y los tribunales deben rechazar los esfuerzos de la administración de usurpar el poder que tiene la rama legislativa de controlar la cartera federal. Específicamente, el Congreso debe seguir resistiendo los intentos de la administración de recortar los fondos para la investigación científica y vigilar todo con recelo para asegurarse de que los fondos asignados se gasten en su totalidad y con imparcialidad.

Más allá de eso, los líderes de los dos partidos políticos deben procurar asegurarse de que el apoyo federal a la investigación científica se estructure como corresponde para propiciar mejor la seguridad, la salud y la prosperidad de todo el pueblo estadounidenses ahora y en las décadas venideras.

Con ayuda en la investigación de Maryjane Johnson y Katya Abazajian.

Traducción de Ana Lis Salotti