Desde hace décadas, los fondos federales han respaldado iniciativas integrales de prevención del delito que crean comunidades más seguras y reducen la encarcelación innecesaria. Pero en 2025, la cancelación abrupta de los subsidios del Departamento de Justicia, junto con otros recortes en el gobierno federal, ha puesto en riesgo años de avances a la hora de aumentar la seguridad pública y crear un sistema de justicia penal más eficiente. Esta pérdida de los fondos federales también amenaza con regresarnos a una era en la que las prioridades de financiamiento federal impulsaron una explosión de encarcelamientos y se tradujeron en la implementación de políticas excesivamente punitivas que han demostrado ser muy costosas y contraproducentes.
El Brennan Center analiza cómo los recortes de los fondos federales para las iniciativas de prevención del delito, la atención de la salud mental y el tratamiento por consumo de sustancias, los servicios a las víctimas, la seguridad penitenciaria y otros esfuerzos frenarán los avances prometedores que están convirtiendo a nuestro sistema de justicia penal en un sistema más justo, fiscalmente responsable y eficiente.
