Aumentan las desigualdades en la votación, especialmente para los latinos

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Para las tablas, gráficas y metodología, ver el informe en inglés aquí

Introducción

La brecha en la participación del electorado negro y el electorado blanco en los Estados Unidos disminuyó después de la revolución por los derechos civiles durante la década de 1960. Desafortunadamente, nuestro estudio demuestra que, por más de diez años, esta tendencia ha estado revirtiéndose.

Este informe utiliza datos a los que muy pocos equipos de investigadores han podido acceder hasta ahora, para documentar la brecha racial en la participación en las elecciones durante el siglo XXI. 

La brecha racial en la participación electoral —es decir, la diferencia en los porcentajes de participación en las elecciones del electorado blanco en comparación con los del electorado no blanco— es una manera clave para medir la igualdad en la participación electoral.  

Descubrimos que esta brecha ha estado aumentando constantemente desde 2012 y está creciendo con más velocidad en las partes del país que antes estaban protegidas por la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, sección que fue suspendida por la Corte Suprema en 2013 luego de su decisión en la causa Shelby County v. Holder¹. 

Datos de la investigación demuestran que la brecha en la votación latina fue la mayor: En 2022 la participación de los latinos en las elecciones fue 22 puntos porcentuales menor que la de los votantes blancos.  

Si bien en 2022 también fue alta la brecha de votantes negros, de 16 puntos porcentuales, y los votantes de origen asiático, de 15 puntos, se perdió una cantidad enorme de posibles votos latinos. Si la tasa de participación de estos votantes hubiese sido equivalente a la de los blancos en 2022, los latinos habrían emitido 6.6 millones de votos adicionales. 

La Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto les exigía a las jurisdicciones con una historia de discriminación racial en las urnas que obtuvieran la aprobación previa del Departamento de Justicia federal (o de los tribunales federales) antes de incorporar cualquier cambio en sus políticas y prácticas de votación. En la opinión de la mayoría para la causa Shelby County v. Holder, redactada por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, argumentó que el Congreso no había establecido que la fórmula utilizada para determinar qué jurisdicciones quedarían sujetas a este requisito de aprobación previa (dispuesta en la Sección 4b) reflejaba las realidades políticas actuales y que, por lo tanto, la fórmula era inconstitucional.

Si bien la Corte estuvo de acuerdo en que basar (parcialmente) la fórmula original de sujeción en una baja participación en las elecciones se justificaba en las décadas de 1960 y 1970, la mayoría concluyó que ahora se debían utilizar brechas actuales en la participación del electorado para evaluar el sistema actual de sujeción de la Sección 4b.

La Corte se basó, en gran parte, en los porcentajes de participación electoral para fundamentar su argumento cuando señaló que, en las elecciones presidenciales de 2012, “la participación del electorado afroamericano excedió la del electorado blanco en cinco de los seis estados originalmente protegidos por la [Sección] §5”.

Pero esta interpretación de los datos fue demasiado reducida: la menor brecha racial en la participación en las elecciones de 2012 probablemente fue debida a la candidatura presidencial de Barack Obama y no demostraba que el requisito de aprobación previa ya no era necesario². Esta coyuntura por sí misma no representó una tendencia general que mostrara una brecha racial constante en la participación en las elecciones, que, de hecho, ahora va en aumento. 

En este informe, evaluamos de qué manera esta brecha racial en la participación electoral ha evolucionado en los diez años que transcurrieron desde la decisión de la Corte. Encontramos que, si bien esta brecha se está agudizando en casi todos lados, la causa Shelby County tuvo un impacto causal independiente en las regiones que antes estaban amparadas por la Sección 5.  

Hacia 2022, nuestros modelos estadísticos principales indican que la brecha en la participación de los electorados blanco y negro en estas regiones fue unos 5 puntos porcentuales más alta que lo que habría sido si la Ley de Derecho al Voto aún estuviera en plena vigencia, y la brecha en la participación de los electorados blanco y no blanco fue unos 4 puntos porcentuales más alta. Dicho de otro modo: la brecha en la participación en las elecciones creció casi dos veces más rápido en las jurisdicciones antes protegidas por la ley que en otras partes del país con características socioeconómicas y demográficas parecidas. 

Varios estudios recientes indican que las leyes electorales restrictivas suelen reducir la participación del electorado no blanco más que la del electorado blanco³. Pero, mientras los estudios documentan los efectos de políticas individuales como la consolidación de sitios de votación y las leyes de identificación de votantes, se sabe menos sobre la forma en que los efectos de estas políticas se acumulan a medida que se promulgan más restricciones electorales⁴. Además, numerosas políticas y prácticas que repercuten en la votación no están codificadas en la ley estatal.

Tomemos, por ejemplo, las prácticas de mantenimiento de las listas de votantes: luego de la decisión de Shelby County, varias jurisdicciones que antes debían obtener la aprobación previa del gobierno federal antes de implementar cualquier cambio en sus procesos de votación aumentaron enormemente la cantidad de votantes que quitaban de sus padrones electorales, aunque no hayan cambiado las leyes estatales que rigen el mantenimiento de esas listas⁵.

No podemos identificar ni medir el impacto de cada cambio que se aplique a las políticas y prácticas de votación de todo el país, pero la brecha racial en la participación en las elecciones toma en cuenta todos los cambios en las políticas de votación, ya sean establecidos por ley o por otras vías. Los datos que utilizamos, de características únicas y recabados de casi mil millones de registros de votantes, nos permitieron llevar a cabo este tipo de análisis por primera vez.  

Este informe utiliza datos de expedientes de votantes extraídos poco tiempo después de las últimas ocho elecciones federales, provistos por Catalist y L2, para calcular los porcentajes de participación del electorado según cada grupo racial. Catalist y L2 son firmas prestigiosas que venden datos de expedientes de votantes a equipos de campañas políticas, grupos de defensa de derechos e instituciones académicas. Las conclusiones a las que pudimos llegar a partir de esta gran cantidad de información sobre el comportamiento individual en las urnas supera ampliamente lo que han podido establecer otros estudios anteriores que solo tenían datos de encuestas limitados.

Demostramos que la brecha racial en la participación electoral ha crecido en todas partes. En todas las regiones del país, la brecha en la participación en las elecciones legislativas de medio término de 2022 fue más grande que en cualquier otra elección de medio término desde, por lo menos, 2006.  

En 2022 en los Estados Unidos, votaron más personas blancas que no blancas en todos los estados, excepto en Hawái. Por otro lado, esta brecha en la participación electoral no se puede explicar en su totalidad por las diferencias socioeconómicas —en cuanto a sus ingresos o su nivel educativo— de las personas estadounidenses de diferentes razas o etnicidades. 

Esta brecha le cuesta a la democracia estadounidense millones de votos elegibles que no se emiten. También tiene consecuencias importantes para las personas que se postulan a las elecciones y sus campañas políticas. En 2020, si esta brecha no existiera, se habrían emitido 9 millones más de votos, muchos más de los 7 millones de votos por los que ganó Joe Biden el voto popular a nivel nacional.

En 32 estados, el número de votos “no emitidos” debido a la brecha en la participación electoral fue más alto que el margen de votos con los que ganó el candidato presidencial⁶. Esto no quiere decir necesariamente que la brecha racial en la participación electoral cambió los resultados de las elecciones en algún estado, pero la inmensidad de esta cifra sí pone de relieve la magnitud de la brecha en la participación electoral. Esta brecha es muy importante para nuestro sistema político. 

Dado que la brecha racial en la participación electoral está creciendo en todo el país, incluso en regiones que no estaban amparadas por la Sección 5, no queda claro de inmediato cuál es el impacto del caso Shelby County. La expansión de la brecha a nivel nacional no se puede atribuir directamente a esta decisión de la Corte Suprema, aunque la Corte quizá haya incitado a las jurisdicciones que no estaban sujetas al requisito de aprobación previa a promulgar nuevas políticas electorales restrictivas⁷.

Sin embargo, la brecha en la participación —en especial de los electorados blanco y negro— está incrementándose con más rapidez en los condados que antes se regían por la Sección 5 que en otras partes del país con características comparables. Distintos enfoques estadísticos respaldan la conclusión de que la mayor expansión de la brecha en la participación electoral sí se puede atribuir a la decisión de la Corte Suprema en el caso Shelby County. 

Además, el efecto de Shelby County ha estado creciendo con el paso del tiempo; esta decisión no generó un solo aumento. Al contrario, la diferencia entre las jurisdicciones antes amparadas por la Sección 5 y otras jurisdicciones fue más amplia en 2022 que en cualquier otra elección desde que se publicó la decisión.

Mientras tanto, debido a que el gobierno federal ahora no puede utilizar toda la fuerza de la Ley de Derecho al Voto para proteger los derechos políticos de las personas no blancas, las leyes y prácticas que podrían estar sujetas al requisito de aprobación previa se siguen acumulando⁸. 

Diferencias en los porcentajes de la participación electoral a través del tiempo

En los siguientes análisis, evaluamos la forma en que los porcentajes de participación en las elecciones y sus brechas han evolucionado desde 2008. No hay datos de esta naturaleza disponibles para antes de 2008; por eso, este es el primer año sobre el que se pueden utilizar los datos de expedientes de votantes a nivel nacional.

Si bien la presidencia de Obama probablemente haya reducido las brechas raciales en la participación en las elecciones de los primeros años de nuestro período en estudio, nuestros resultados indican que la brecha se ha ensanchado desde 2014, cuando no había ningún candidato presidencial no blanco que estuviera reduciendo temporalmente estas desigualdades. 

La brecha general en la participación electoral 

La figura 1 representa los porcentajes de participación a nivel nacional de los electorados asiático, negro, latino y blanco, los grupos raciales/étnicos para los cuales el método BISG (método bayesiano de geocodificación mejorada de apellidos) brinda cifras confiables.

Como lo deja en evidencia la figura 1, la participación de los electorados blanco y negro en las elecciones de 2008 y 2012, con Obama como candidato presidencial, alcanzó casi el mismo nivel. Mientras que los porcentajes de participación de los electorados asiático y latino se quedaron por detrás de los electorados blanco y negro, la brecha general en la participación de los electorados blanco y no blanco fue la más baja durante esos años que en los diez años que les siguieron. 

Como indicamos antes, la mayoría de la Corte Suprema en la causa Shelby County utilizó la menor brecha en la participación en las elecciones presidenciales de 2008 y 2012 como justificación para argumentar en contra de la necesidad de seguir aplicando la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto.  

Por supuesto que los estudios sobre ciencias políticas han establecido desde hace mucho tiempo que el electorado negro participa más cuando se postulan personas negras a las elecciones; por eso, este factor, más que cualquier otro, es la explicación más probable detrás de la participación casi igualitaria en las elecciones de esos años²⁶. La figura 1 pone de manifiesto lo reducido que fue el argumento de la Corte. 

En las elecciones de 2010 —cuando la Sección 5 aún se encontraba en plena vigencia—, la brecha en la participación de los electorados blanco y negro fue de 8 puntos porcentuales, cuatro veces más alta que la brecha observada en 2008. Al señalar únicamente las elecciones presidenciales que tuvieron un candidato negro, la Corte se centró en elecciones donde factores no relacionados con el derecho al voto redujeron (temporalmente) la brecha racial en la participación en las elecciones.

 Si bien, en su conjunto, los porcentajes de participación en las elecciones han mejorado desde 2012, la participación del electorado blanco fue la que más aumentó: desde las elecciones presidenciales de 2012 a las de 2020, la participación del electorado blanco aumentó 10 puntos porcentuales, mientras que la participación del electorado no blanco en general aumentó menos de 8 puntos.  

Del mismo modo, desde las elecciones de medio término de 2014 a las de 2022, la participación del electorado blanco creció 13 puntos, mientras que la del electorado no blanco creció solo 8 puntos. La mayor parte de este incremento en la brecha se concentró en 2022, quizá debido a la ronda de distribución de distritos muy controversial que les precedió a las elecciones de ese año. En total, la brecha en la participación de los electorado blanco y no blanco se incrementó de 10 a 12 puntos entre 2012 y 2020.  

Las variaciones en los porcentajes de participación electoral de los distintos grupos raciales a nivel nacional plantean muchas preguntas. El electorado negro, por ejemplo, generalmente se concentra en las regiones del noreste y sur del país, mientras que las comunidades latinas y asiáticas son más numerosas en la costa oeste. ¿Las diferencias raciales en los porcentajes de participación son simplemente diferencias regionales? ¿El electorado de la costa oeste es, en general, menos propenso a participar en los comicios, más allá de su raza o etnicidad?

Las figuras 2 y 3 (en la versión del informe en inglés aquí ) representan los porcentajes de participación en las elecciones de cada grupo racial dentro de las cuatro regiones más o menos definidas del país: noreste, sur, medio oeste y oeste²⁷. 

Las figuras 2 y 3 ponen de relieve que la mayor parte de la brecha racial en la participación electoral no se puede explicar por las diferencias regionales. Dentro de cada región, la participación del electorado blanco superó la de los demás grupos en todos los años, excepto en las elecciones de 2008 y 2012 en el sur, donde la participación del electorado negro sobrepasó apenas la del electorado blanco²⁸. 

Las personas estadounidenses con menos educación, menos dinero y menos recursos son menos propensas a participar en las elecciones²⁹. El costo de oportunidad de participar en los comicios puede ser más alto para las personas estadounidenses con menos recursos³⁰.  

Viajar hasta un sitio de votación, por ejemplo, es más difícil para las personas que no tienen acceso a un vehículo; el costo de tiempo puede aumentar para quienes tienen que dejar de trabajar y dejar de cobrar para ir a votar.

Además, quienes tienen múltiples empleos o responsabilidades por el cuidado de sus hijos, o quienes tienen otras exigencias de tiempo pueden olvidarse de registrarse para votar antes del plazo. Las políticas que hacen más difícil votar perjudican más duramente a las personas que tienen la menor cantidad de recursos para dedicarle a la votación. 

El electorado más desfavorecido económicamente también puede dejar de participar en las elecciones porque se siente alienado del gobierno y de un sistema político que, en numerosos aspectos, fracasa al no reflejar sus preferencias políticas³¹.  

Las políticas regresivas, como las reglas de financiación de campañas políticas que favorecen a los donantes adinerados y las entidades corporativas, o una manipulación agresiva de distritos partidista, le comunican al electorado que a la clase dirigente política no le importan sus necesidades. Como observan Soss y Jacobs, las políticas que no abordan los problemas urgentes del electorado pueden “fomentar públicos atomizados con muy poco sentido sobre lo que tienen en común y en juego en la política y el gobierno”³².

Lo mismo ocurre cuando el electorado piensa en el gobierno como algo que les pasa a ellos y no, algo que pasa con ellos. En algunas comunidades, por ejemplo, una presencia policial constante y agresiva les muestra que el gobierno es algo que se les impone y no algo ellos que pueden controlar³³.

Como consecuencia de siglos de políticas discriminatorias desde la perspectiva racial como, por ejemplo, cuando la ley les permitía solo a las personas blancas votar o elaborar políticas, las minorías raciales y étnicas ahora tienen una representación excesiva en poblaciones donde abundan las precariedades económicas y sociales³⁴.

Dado que la desventaja social puede reducir la participación democrática, ¿los factores socioeconómicos pueden explicar la brecha racial en la participación en las elecciones?

Sí la explican parcialmente: la participación en las elecciones de 2022 del cuartil de ingresos más bajo fue del 32 por ciento, mientras que el cuartil de ingresos más alto tuvo un porcentaje de participación del 58 por ciento. El cuartil más bajo fue también mucho menos blanco (las personas blancas formaron el 53 por ciento de la población ciudadana en edad de votar [CVAP], pero el 72 por ciento del cuartil de ingresos más alto).

Sin embargo, hallamos brechas en la participación de distintos grupos raciales que vivían en barrios de condiciones socioeconómicas parecidas, lo cual indica que estas características no explican por completo la existencia de estas brechas. 

Si bien los expedientes de votantes no incluyen información sobre su situación económica ni nivel educativo, las cifras correspondientes a un período de cinco años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (The American Community Survey, ACS por sus siglas en inglés) de la Oficina del Censo revelan las características educativas y del nivel de ingresos de los barrios donde viven.

Desglosamos las brechas en la participación del electorado según cada sección del censo en las figuras 4 y 5 para evaluar si las características de los barrios donde viven influyen en su participación electoral³⁵. Primero, graficamos la brecha en la participación de los diferentes grupos raciales/étnicos que viven en los barrios según los ingresos promedio del hogar y asignamos el primer cuartil a los barrios de ingresos más bajos y el cuarto cuartil a los de ingresos más altos.

La figura 4 (en la versión del informe en inglés aquí ) deja en claro de inmediato que la brecha en la participación electoral no está impulsada simplemente por el hecho de que el electorado no blanco suele vivir en barrios de ingresos más bajos, ya que hay una brecha persistente que ha crecido constantemente en los cuatro cuartiles de ingresos durante los últimos diez años.

Fuera de las áreas de mayores ingresos, la brecha en la participación de los electorados blanco y negro se cerró antes de 2014, pero luego comenzó a crecer. Si bien los porcentajes de participación de los electorados blanco y no blanco llegaron casi al mismo nivel durante los primeros años del último decenio en los barrios de bajos ingresos, no ocurre lo mismo en los barrios de altos ingresos, donde siempre han presentado las brechas más altas en la participación electoral. La brecha en la participación de los electorados blanco y no blanco superó los 15 puntos porcentuales en las elecciones de medio término de 2022 en los barrios de mayores ingresos del país³⁶. 

Las tendencias de la brecha en la participación de los electorados blanco y asiático, cuando se disgrega según el nivel de ingresos, muestran otra realidad.

Como lo demuestra la figura 1, la brecha general en la participación de los electorados blanco y asiático bajó de los 14 puntos alcanzados en 2016 a tan solo 8 puntos en 2020. Sin embargo, la figura 4 señala que esta mayor participación se concentró principalmente en las poblaciones asiáticas que viven en barrios de altos ingresos. Entre las personas estadounidenses de origen asiático que viven en los barrios de ingresos más bajos, la brecha se agudizó entre 2016 y 2020. 

Las cifras sobre el nivel educativo de los barrios tampoco pueden explicar por completo las diferencias en la participación electoral, como se observa en la figura 5 (en la versión del informe en inglés aquí). 

Cuando dividimos las secciones del censo en cuartiles según la proporción de la población adulta que tiene al menos un título universitario, las brechas en la participación electoral persisten en todos los grupos. Al igual que ocurre con las tendencias según el nivel de ingresos, la brecha en la participación de los electorado blanco y no blanco es más alta en los barrios más educados.

Y, si bien las brechas pueden ser menores en los barrios de bajos niveles educativos, esos son los mismos barrios donde la brecha se ensancha con mayor rapidez. Además, la reducción de la brecha en la participación de los electorados blanco y asiático se concentra casi exclusivamente en los barrios con el mayor nivel educativo. Aunque la brecha entre los electorados blanco y asiático es considerablemente más grande que la de los otros grupos raciales y étnicos que viven en cualquier área excepto en las más educadas, esta brecha siempre se ha mantenido cerca o por debajo de la brecha entre los electorados blanco y latino en los barrios de un alto nivel educativo.

Brechas ponderadas en la participación electoral 

La figura 6 (en la versión del informe en inglés aquí) muestra cómo la brecha en la participación electoral afectó la participación a nivel estatal en las elecciones presidenciales de 2020 (panel de la izquierda) y en las de medio término de 2022 (panel de la derecha). Dividimos los estados según si estaban amparados por completo, parcialmente o no amparados por el requisito de aprobación previa de la Ley de Derecho al Voto antes de la decisión de Shelby County.

A nivel nacional, la participación habría sido 4 puntos porcentuales más alta en 2020 y 6 puntos porcentuales más alta en 2022 si el electorado no blanco hubiera participado con la misma proporción que el electorado blanco.

Estas cifras son muy impresionantes si se considera que la participación en esas elecciones alcanzó niveles casi históricos; de hecho, la participación en las elecciones de 2020 fue la más alta en al menos un siglo. Y, sin embargo, si el electorado no blanco hubiera participado con la misma proporción que el electorado blanco en 2020, se habrían emitido 9.3 millones más de votos, y en 2022 esa cifra habría llegado a los 13.9 millones. La participación del electorado blanco en 2022 superó la del electorado no blanco en todos los estados, excepto en Hawái. 

La figura 6 indica que la brecha ponderada en la participación electoral no se distribuyó de manera uniforme en todos los estados. La mayor brecha se observó en Alaska en 2020 y en Florida en 2022. Nuevo México y Texas registraron la segunda y tercera brecha más alta en las dos elecciones.  

En estos estados viven enormes poblaciones no blancas, de modo que no sorprende que allí se hayan observado las peores brechas, dado que el tamaño relativo de las poblaciones no blancas contribuye directamente a la influencia de la brecha racial sobre los porcentajes generales de participación electoral. No obstante, otro aspecto impresionante de esta cifra es que las grandes brechas ponderadas se concentran en los estados del oeste del país.

En términos generales, el impacto de la brecha racial sobre la participación electoral a nivel estatal fue más alta en los estados donde gran parte de su población no blanca está compuesta por comunidades latinas. Este hallazgo coincide con los resultados presentados en las secciones anteriores: aunque los porcentajes de participación del electorado latino no fueron visiblemente distintos en las diferentes regiones, las comunidades latinas componen una mayor proporción de la población en el oeste del país y, entonces, ejercen una mayor influencia en la participación electoral en esos estados.  

La figura 6 también pone de manifiesto lo diferentes que siguen siendo los estados antes protegidos por la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto. Los estados antes protegidos tienen importantes poblaciones no blancas y grandes brechas en la participación electoral, lo cual produce algunas de las mayores distorsiones en la participación electoral a nivel estatal de la nación.Para decirlo de otro modo, a diez años de la decisión de Shelby County, la brecha en la participación sigue teniendo un impacto mucho más perjudicial precisamente en las partes del país que antes estaban amparadas debido a su historia de prácticas electorales racialmente discriminatorias. 

Las figuras 7 y 8 (en la versión del informe en inglés aquí) desagregan las brechas ponderadas en la participación en las elecciones de 2020 y 2022, respectivamente, según qué grupo era el mayor grupo racial o étnico no blanco del estado. La brecha ponderada es siempre mayor en los estados donde la población latina compone el grupo no blanco más grande del estado.  

Una vez más, el impacto de la brecha racial en la participación electoral sobre los porcentajes de participación a nivel estatal se agudiza más en las partes del país que antes estaban amparadas por la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto. (En estas gráficas, bajo la categoría “otros” se incluyen todos los estados donde el único mayor grupo no blanco es otro que no sea el electorado negro ni latino). 

La figura 9 muestra la forma en que la brecha ponderada ha evolucionado durante los últimos 15 años. Desglosamos las tendencias según las cuatro regiones principales del país. Las cifras indican que la brecha ponderada se ha ampliado en casi todas las regiones, al igual que lo ha hecho la brecha racial general.

Cabe recordar que esta expansión de la brecha ponderada se debe tanto a los cambios en la brecha de participación como a los cambios en la proporción de personas no blancas de la población; si el porcentaje de participación electoral se mantiene constante, pero aumenta la proporción de personas no blancas de la población, el efecto de la brecha de participación sobre la participación electoral a nivel estatal también aumenta.

Los efectos de la causa Shelby County v. Holder

Antes de 2013, los estados y las localidades con una historia de discriminación racial en sus prácticas de votación debían obtener la aprobación de cualquier cambio que deseaban implementar en sus políticas electorales antes de que pudieran entrar en vigencia. Durante los últimos diez años, desde que la Corte Suprema suspendió este requisito de aprobación previa, se han promulgado casi 30 leyes que hacen más difícil votar en los estados que antes se encontraban protegidos bajo la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto³⁷.  

Estos cambios formales en las leyes pueden ser tan solo la punta del iceberg. Las personas que administran las elecciones a nivel local en los condados tienen mucha libertad a la hora de administrar las elecciones; por ejemplo, pueden decidir el traslado o incluso el cierre de sitios de votación³⁸. Estas modificaciones a discreción de los administradores electorales no están comprendidas por los cambios que se realizan en las leyes electorales a nivel estatal, pero sí habrían estado sujetas al requisito de aprobación previa en las jurisdicciones amparadas por la Sección 5 antes de la decisión de Shelby County. 

Como las jurisdicciones ahora no tienen por qué informar ni presentar estos cambios al gobierno federal para que evalúe sus potenciales efectos discriminatorios, a quienes estudian este tema les cuesta determinar el impacto global que ha tenido esta decisión de la Corte Suprema sobre el electorado no blanco.

Pero, al analizar los efectos de esta decisión sobre la brecha en la participación electoral, pudimos brindar al menos una medida que toma en cuenta todos los cambios en los procesos de votación, ya sean cambios implementados por ley o por otros medios. Nuestros datos, de características únicas, nos permiten llevar a cabo este tipo de análisis por primera vez.  

Como demostramos en las secciones anteriores, los sitios antes protegidos por la Sección 5 presentaron las peores brechas ponderadas de participación en las elecciones de 2020 y 2022.

Pero eso no necesariamente prueba que la eliminación del sistema de aprobación previa haya ocasionado la expansión de las brechas en esos sitios; es posible, por ejemplo, que estos lugares ya hayan tenido brechas en la participación más altas que el promedio antes de 2013, o que las brechas en los sitios con grandes poblaciones negras igual hubieran aumentado más durante los últimos diez años, incluso si el sistema de aprobación previa siguiera existiendo. 

Para determinar el efecto de la decisión de Shelby County de un modo más directo, calculamos la brecha en la participación de los electorados blanco y no blanco y la de los electorados blanco y negro en todos los condados del país durante todas las elecciones realizadas entre 2008 y 2022³⁹.  

Pero los condados antes protegidos por la Sección 5 presentaban importantes diferencias socioeconómicas en comparación con el resto del país⁴⁰. Por ejemplo, tenían un 16.7 por ciento de población negra, mientras que los condados no protegidos tan solo tenían un 3.4 por ciento.  

Los condados antes protegidos votaron por Barack Obama en proporciones más altas y eran también más jóvenes que los condados no protegidos. Debido a estas diferencias, sería lógico esperar que, tras la decisión de Shelby County, la brecha en la participación electoral evolucione de diferentes formas en los condados antes amparados por la Sección 5 que en el resto del país.

Tomemos, por ejemplo, el porcentaje de personas negras de la población. Dada nuestra expectativa de que la candidatura de Obama redujo la brecha en la participación de los electorados blanco y negro, sería de esperar un aumento más rápido en la brecha de participación después de la presidencia de Obama en las áreas con grandes poblaciones negras.

Dicho de otro modo, podría haber habido otros factores además de la causa Shelby County que aumentaran desproporcionalmente la brecha en la participación electoral en las jurisdicciones antes amparadas por la Sección 5. 

A fin de tomar en cuenta estas diferencias entre los condados protegidos y los no protegidos, utilizamos una herramienta llamada “balance de entropía”. Este método nos permitió ponderar los condados que no estaban protegidos para que se parezcan a los que sí lo estaban, según las características de 2012 (es decir, de antes de la decisión de Shelby County).

La figura 10 grafica las tendencias de la brecha en la participación de los electorados blanco y negro a lo largo del tiempo en los condados protegidos por la Sección 5 y los condados no protegidos (ponderados). La brecha entre los electorados blanco y negro antes de Shelby County en los condados protegidos era más de 3 puntos más alta que en los condados no protegidos.

Cabe recordar que la Corte Suprema afirmó en su resolución de Shelby County que las brechas en la participación electoral en las jurisdicciones antes protegidas parecían coincidir con las del resto del país. Si bien esta afirmación era parcialmente correcta, ignoró las importantes diferencias socioeconómicas que existen entre estas regiones y el resto del país.

La figura 10 indica que —después de tomar en cuenta esas diferencias—, las condiciones en las jurisdicciones amparadas por la Sección 5 eran considerablemente peores que en el resto del país incluso antes de la causa Shelby County. 

Aunque esta figura indica visualmente que las brechas en la participación electoral podrían haber crecido más en los sitios antes protegidos por la Sección 5 que en otras partes, es evidente que la decisión en el caso Shelby County no es el único factor que ha generado las mayores desigualdades en la participación electoral.

Esta observación no tiene por qué sorprendernos: como se estableció antes, han entrado en vigencia nuevas leyes electorales restrictivas durante los últimos diez años en todo el país, no solo en los estados que antes estaban amparados por la Sección 5, lo cual también podría explicar algunas de las tendencias en crecimiento de la brecha.

Sin embargo, la desastrosa decisión de la Corte Suprema podría estar exacerbando las tendencias subyacentes. Para poner a prueba esta hipótesis, utilizamos un método de cálculo llamado “diferencias en las diferencias”⁴¹. Partimos de la suposición de que las brechas en la participación electoral en los condados protegidos y no protegidos habrían evolucionado en paralelo si la Corte no hubiera invalidado la Sección 4b, luego de controlar otras características relevantes.

La verosimilitud de esta suposición la respalda el hecho de que, como lo demuestra la figura 10, las brechas subían y bajaban casi en paralelo antes de 2013. Esto no significa que las brechas en los dos grupos de condados hayan sido iguales. Como deja en claro la figura 10, los condados antes protegidos tenían brechas más altas incluso antes de la causa Shelby County (tras haber ponderado los demás condados como correspondía). Si las diferencias entre los condados protegidos y los no protegidos aumentaran lo suficiente después de la decisión de Shelby County, entonces podemos concluir que la causa Shelby County tuvo un impacto causal sobre la brecha en la participación electoral.

Nuestros modelos estadísticos (que incluyen efectos fijos a lo largo de los años y los condados) revelan que la causa Shelby County ocasionó un aumento estadísticamente significativo en las brechas en la participación de los electorados blanco y negro, como así también en la participación de los electorados blanco y no blanco. En los condados sin el requisito de aprobación previa, las brechas en la participación electoral de los electorados blanco y no blanco, y blanco y negro, aumentaron 5 y 6 puntos porcentuales entre 2012 y 2022, respectivamente; pero en los condados sujetos al requisito la cifra fue 9 y 11 puntos, respectivamente.

Dicho de otro modo, hacia 2022, las brechas en la participación de los electorados blanco y no blanco subieron unos 4 puntos más, y las de los electorados blanco y negro 5 puntos más, en los condados antes protegidos de lo que hubiera pasado sin Shelby County. Subieron mucho más rápido que en otros condados similares no protegidos. 

Durante el período posterior al tratamiento, en términos generales, el efecto promedio del tratamiento sobre los condados tratados fue de unos 2 puntos, cifra estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99 por ciento. 

Además de estos efectos generales, también concluimos que los efectos de la causa Shelby County fueron más pronunciados exactamente en los tipos de condados que esperábamos. Partimos de la observación de que el caso Shelby County podría haber tenido diferentes efectos sobre los distintos tipos de condados. Muchos condados estaban completamente amparados bajo la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto: cualquier cambio que desearan introducir a sus prácticas electorales locales debía recibir la aprobación previa del gobierno federal.

Pero había otros condados que no estaban amparados bajo la Sección 5, pero donde esta decisión judicial igual podría haber tenido repercusiones: es decir, condados no amparados pero que se encontraban en estados parcialmente amparados bajo la Sección 5.

Esto era así porque la Corte Suprema dictó en la causa Monterey County v. Lopez que todas las políticas de votación estatales debían estar sujetas a su evaluación si el menos un solo condado de ese estado estaba protegido por la Sección 5. Por ejemplo, en Florida, solo cinco condados estaban formalmente sujetos al requisito de aprobación previa. Pero la Sección 5 permitió bloquear los mapas de los distritos para la Cámara de Representantes del estado en 2002.

Por lo tanto, estos condados no protegidos que se encontraban en estados parcialmente protegidos podían tomar decisiones locales sin obtener la aprobación previa del gobierno federal, pero las políticas estatales que repercutían en la administración de las elecciones en esos condados sí estaban sujetas a aprobación. Dado que la decisión de Shelby County no impactó tanto a estos condados no protegidos, preveíamos que la decisión iba a tener un efecto silenciado en estos sitios.

De hecho, la tabla 1 indica que el efecto de Shelby County fue silenciado en los condados que no estaban amparados por la Sección 5 pero que se encontraban en estados parcialmente amparados. En efecto, los coeficientes sobre Estados amparados × Período posterior a Shelby County no son estadísticamente significativos en el modelo de la brecha entre los electorados blanco y no blanco.

Sin embargo, sí hallamos que Shelby County aumentó significativamente las brechas en la participación electoral en los condados donde tanto las prácticas estatales como las locales estaban sujetas al requisito de aprobación previa.

Nuestro segundo campo tiene que ver con las cartas de objeción presentadas conforme a la Sección 5 durante el período anterior a la decisión de Shelby County. Antes de que la Sección 4b fuera invalidada, las localidades recibían una “carta de objeción” del gobierno federal si el cambio que proponían no había sido aprobado según el requisito de aprobación previa.

Dicho de otro modo, esas cartas de objeción identificaban las políticas que podían tener efectos raciales desiguales e impedían su aplicación. Preveíamos que la decisión de Shelby County iba a tener un mayor efecto en los condados que intentaron promulgar políticas racialmente regresivas durante los años en que seguían estando sujetos a la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto.

Para evitar la posibilidad de que las cartas de objeción tan solo identifiquen los condados que estaban directamente amparados por la Sección 5, no incluimos en nuestro análisis los condados no protegidos que se encontraban en estados parcialmente protegidos (porque esos condados no necesitaban solicitar la aprobación previa de sus cambios y, por lo tanto, no habrían recibido cartas de objeción). 

La tabla 2 indica que así fue. La causa Shelby County sí aumentó las brechas en la participación del electorado, incluso en los condados sin cartas de objeción. Pero las brechas aumentaron de forma más pronunciada en los condados que sí recibieron cartas de objeción: una suba de 2 puntos (en la brecha entre los electorados blanco y negro) y hasta de 2.9 puntos (en la brecha entre los electorados blanco y no blanco). 

El hallazgo de que la causa Shelby County tuvo un efecto causal significativo sobre la brecha en la participación de los electorados blanco y no blanco solamente en los condados completamente protegidos por la Sección 5 y no en los condados no protegidos que se encontraban en estados parcialmente protegidos pone de manifiesto la importancia que tiene la administración electoral local sobre los porcentajes de participación.  

También resalta nuestro hallazgo de que el aumento de la brecha se concentró en los condados que intentaron implementar cambios discriminatorios bajo la Sección 5. La protección de los condados, y no las restricciones sobre las políticas estatales, parece haber sido el factor responsable de los aumentos en las brechas de participación electoral luego de la decisión de Shelby County. 

Conclusión

Si Estados Unidos desea cumplir con sus reivindicaciones fundacionales a favor de un sistema democrático de gobierno abierto a toda su ciudadanía, debe buscar formas de cerrar la brecha racial en la participación en las elecciones. Hoy en día, esta brecha es más grande que los últimos 16 años y le cuesta a nuestra democracia millones de votos elegibles de personas estadounidenses no blancas a lo ancho de todo el país.

Quizá lo más preocupante es que esta brecha está aumentando con mayor rapidez en las partes del país que antes estaban protegidas por el sistema de aprobación previa de la Ley de Derecho al Voto de 1965, antes del desastroso dictamen de la causa Shelby County. 

Este informe nos da un mejor panorama sobre los contornos de la brecha racial en la participación electoral mejor que nunca y pone en extrema evidencia la gravedad del problema.  Instamos a otros equipos de investigadores a que sigan estudiando los numerosos factores que ensanchan la brecha en la participación del electorado, desde políticas estatales hasta prácticas electorales locales y desde las barreras lingüísticas hasta el descontento con el sistema penal.

Sin una comprensión global de las causas, no podemos elaborar soluciones que garanticen de una vez y para siempre la correcta representación política de todas las personas estadounidenses de todas las razas y etnicidades.

Cabe recalcar que, como lo hemos demostrado, los factores socioeconómicos no pueden explicar por completo las brechas existentes. Persisten las brechas tanto en barrios de altos ingresos como en los de bajos ingresos. Pero sí pudimos probar una de las causas detrás de la expansión de las brechas raciales en la participación electoral: el calamitoso dictamen de la Corte Suprema en la causa Shelby County.  

No cabe duda de que haberle puesto fin al requisito de aprobación previa en las regiones que tienen una historia de discriminación racial aumentó la brecha racial en la participación en las elecciones. Sostenemos que ello se debe a cambios tanto en las políticas estatales como en las prácticas electorales locales.  

Si se aplicara por completo la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto, se mejorarían las condiciones en las áreas donde persiste la discriminación racial en las políticas de votación. Instamos al Congreso a aprobar la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis para actualizar y restaurar el sistema de aprobación previa de cara al siglo XXI. 

Traducción de Ana Lis Salotti.