Entre el 1 de enero y el 10 de octubre, al menos 23 estados promulgaron 47 leyes que hacen más fácil votar19. De esas leyes, 28 se aprobaron desde la publicación de nuestro último resumen en junio. Algunas son medidas amplias que implementan numerosos cambios.
Desde nuestro último resumen, Míchigan y Nueva York aprobaron, cada uno, cinco leyes electorales expansivas. En Míchigan, estas leyes implementaron la Propuesta 2 del año pasado, un amplio paquete de reforma democrática que recibió la avasallante aprobación del electorado en las urnas. Ahora, Míchigan tiene nueve días de votación anticipada20, más facilidad para votar por correo21, un mejor acceso a los buzones de devolución de boletas22 y una lista más larga de formas aceptables de identificación de votantes23.
La población neoyorquina también tendrá un acceso al voto más amplio. La legislatura aprobó varias mejoras, entre ellas, leyes que les exigen a las instituciones correccionales brindar formularios de registro e información para que las personas que recién salen en libertad puedan votar24, leyes que les requieren a las escuelas secundarias (high school) brindar formularios de registro a sus estudiantes25, y leyes que permiten registrarse para votar muy poco tiempo antes del día de las elecciones26.
Colorado promulgó una ley que efectúa cambios profundos en la votación27. Por ejemplo, ofrece más oportunidades para votar en persona en las reservas indígenas, coloca buzones de devolución de boletas en templos o iglesias, impone la ubicación obligatoria de sitios de votación en campus universitarios, como así también de buzones de devolución de boletas en campus con más 1,000 estudiantes (antes el mínimo era 2,000), y exige la provisión obligatoria de formularios de registro de votantes a ciertas personas encarceladas que son elegibles para votar.
En junio, Connecticut se convirtió en el sexto estado en promulgar una ley de derecho al voto a nivel estatal28. Estas leyes estatales se parecen a la Ley de Derecho al Voto a nivel federal y se han diseñado con el objetivo de subsanar los vacíos dejados por las últimas decisiones de la Corte Suprema que han destrozado esta ley histórica de defensa de los derechos civiles.
La legislación de Connecticut protegerá al electorado no blanco de los obstáculos que suelen imponerles los gobiernos locales. Establece una supervisión estatal sobre las localidades que tienen una larga historia de discriminación, amplía el acceso a materiales en otros idiomas y crea fuertes protecciones contra la intimidación de votantes.
Otras leyes de derecho al voto estatales también fueron puestas bajo consideración este año en Illinois29, Maryland30, Míchigan31 y Nueva Jersey32.
Nevada también se sumó a la ola de legislación expansiva de este año al haber aprobado leyes que facilitan el voto en las reservas indígenas33 y desde la cárcel34. Luisiana ha reforzado su aplicación de las leyes que garantizan que deben realizarse adaptaciones para que las personas con discapacidades puedan votar sin obstáculos35.
Estos cambios profundos se suman a los esfuerzos exhaustivos de ampliar el acceso al voto ya efectuados este año. Por ejemplo, la ley de Minnesota Democracy for the People Act, promulgada en mayo, establece el registro automático de votantes, permite registrarse para recibir boletas de voto por correo para todas las elecciones futuras, y autoriza a las personas jóvenes a registrarse con anticipación antes de cumplir los 18 años36.
La ley electoral expansiva de Nuevo México, que se aprobó en marzo, no solo les restaura los derechos electorales a las personas que se encuentran en libertad condicional o vigilada, sino que también crea una lista permanente de votantes por correo y protege el acceso a los sitios de votación para las personas que viven en reservas indígenas37.
Este año, se presentó al menos una ley expansiva en cada una de las legislaturas estatales, con un total de por lo menos 606 leyes presentadas en todo el país. Esta es la primera vez que sucede algo así desde que el Brennan Center comenzó a realizar el seguimiento de las leyes expansivas en 2013.
Nuevos acontecimientos que cabe resaltar
Carolina del Norte apunta contra el acceso al voto y la administración electoral
La nueva mayoría republicana en la legislatura de Carolina del Norte, que puede anular el veto del gobernador, ha restringido el acceso al voto y afectado los procesos electorales, ya que aprobó una ley ómnibus restrictiva38 y otra ley que busca interferir en las elecciones39. Si bien el gobernador Roy Cooper (D) vetó las dos, la legislatura anuló sus vetos.
Entre las disposiciones más restrictivas, la ley ómnibus redujo el plazo para recibir boletas de voto por correo, que antes era de tres días después del día de las elecciones y ahora será a las 7:30 p. m. del día de las elecciones. En las elecciones presidenciales de 2020, más de 11,600 boletas enviadas antes del día de las elecciones llegaron a las oficinas electorales dentro de los tres días posteriores.
Esta ley también aumenta las probabilidades de que no se cuenten los votos de las personas que se registran para votar el mismo día de las elecciones (aun cuando hayan presentado una identificación con foto y un documento que demuestre su lugar de residencia). Cada una de estas disposiciones podría ocasionar que se rechacen boletas de votantes elegibles, debido a factores que están fuera del control de la ciudadanía.
La nueva ley que busca interferir en las elecciones amenaza los procesos electorales porque cambia la composición de las juntas electorales locales y estatal. Remplaza las juntas locales y estatal de cinco miembros por juntas locales de cuatro miembros y una junta estatal de ocho miembros. Así se podrían producir empates partidistas, pero la ley no prevé ningún mecanismo para resolver estos empates.
Estas juntas llevan a cabo tareas esenciales, como la de certificar los resultados de las elecciones. La ausencia de un sistema de desempate permite que los integrantes de las juntas puedan bloquear la certificación, lo cual no es un riesgo teórico: dos de los cinco integrantes de la junta del condado de Surrey se negaron a certificar las elecciones en 2022. Sin ningún mecanismo de desempate, la ley puede crear situaciones en las que la junta llegue a un punto muerto y la legislatura partidista deba intervenir para resolver el empate.
Además, si una junta local no puede llegar a un consenso sobre un plan de votación anticipada, el condado termina ofreciendo un solo sitio de votación anticipada. La mayor probabilidad de que la junta llegue a un punto muerto en sus decisiones podría reducir el acceso a la votación anticipada.