Siete soluciones para frenar los abusos del poder ejecutivo

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• Ahora vuelve a existir una necesidad urgente de establecer más límites a la presidencia.
• Es hora de que el Congreso reafirme su autoridad y respalde el principio fundamental de que en este país no hay reyes.

Las instituciones públicas estadounidenses necesitan reformas y renovación urgentemente. En las elecciones del 2024 fue la primera vez desde el siglo XIX que el partido en el poder perdió la Casa Blanca por tercera vez consecutiva. La confianza del público en el gobierno se ha desplomado a un nivel histórico. Está claro que la ciudadanía se siente abandonada, sin seguridad económica e insatisfecha con el gobierno que les representa.

Las crisis pueden motivar la innovación. Como Lincoln propuso, debemos pensar de manera diferente. Lo más importante no será a qué nos oponemos sino qué favorecemos.

Este es el quinto artículo en una serie sobre programas políticos. El Brennan Center empezó con propuestas para combatir la corrupción, reformar la Corte Suprema, desbloquear al Congreso y proteger el derecho al voto. Pronto propondremos ideas de cambios constitucionales, entre otras.

Nuestras soluciones deben ajustarse a las dimensiones de los retos. Se propone con ellas solucionar los problemas de la actualidad, no los de hace 10 años ni de 1975. El proyecto de reforma debe contar con la participación de ambos partidos y de quienes no pertenecen a ningún partido. Las mejores ideas no son de izquierda ni derecha: reflejan el deseo urgente de las personas descontentas en el centro.

En toda la historia, con frecuencia pero no siempre, las reformas se producen después de los escándalos y las crisis. Si tomamos medidas, de los actuales enfrentamientos puede surgir un periodo de renovación y renacimiento democrático.

Michael Waldman
Presidente y director ejecutivo
Brennan Center

La expansión del poder ejecutivo es el gran problema constitucional de nuestros tiempos. Todos los presidentes anhelan tener poder, y el tira y afloja entre la rama ejecutiva y la rama legislativa es típico en nuestra historia. En el último siglo, el poder ejecutivo, ha acumulado poder en vaivenes, mientras los controles han perdido fuerza. Una presidencia fuerte es importante para el ímpetu y la eficacia del gobierno, pero cuando no es posible hacer que aquellos en el poder rindan cuentas por sus actos, hay pocos recursos para impedir que abusen de este.

Donald Trump, particularmente durante su segundo mandato, se ha propuesto expandir radicalmente la autoridad del ejecutivo y liberarse del rendimiento de cuentas de la democracia. Se despliegan fuerzas militares a ciudades estadounidenses bajo débiles pretextos de reprimir la disensión. El presidente ha hecho uso de su cargo para que su patrimonio neto se incremente en $3 mil millones. Emergencias inexistentes y leyes arcaicas encubren sus intentos de aumentar su poder, lo que socava las libertades civiles y desestabiliza la economía.

El gobierno promueve la violencia por parte de los agentes de inmigración con la promesa de “absoluta inmunidad”. Lanza una guerra sin la autorización del Congreso. Se rescinden o retrasan miles de millones en los fondos federales para forzar a los estados y a las entidades privadas a seguir las órdenes de Trump. El Departamento de Justicia actúa como el estudio jurídico personal del presidente al perseguir a sus enemigos políticos y apoyar su campaña para socavar las elecciones.

Los abusos de Trump se basan en la expansión de las potestades del ejecutivo por sus predecesores. Pero la presidencia no se volvió tan poderosa por sí sola. Las demás ramas son cómplices de este peligroso desbalance del gobierno estadounidense.

Con demasiada frecuencia, el Congreso no ha logrado defender sus poderes constitucionales. Cuando su autoridad y la de la presidencia coinciden —incluso cuando la Constitución le otorga primacía— el Congreso ha cedido terreno repetidamente con resistencia mínima a los presidentes que se exceden.

Este patrón se volvió particularmente pronunciado después del 11 del septiembre, cuando el Congreso, en nombre de la seguridad nacional, otorgó a los presidentes poderes demasiado extensos que permitieron que el gobierno libre guerras secretas y evada las medidas de protección que otorga la Constitución contra el espionaje a los estadounidenses.

La Corte Suprema, encabezada por su presidente John Roberts, también tiene gran parte de la culpa. El fallo en Trump contra Estados Unidos, que concedió a los presidentes extensa inmunidad penal, pasará a la historia como una de sus peores decisiones. El tribunal de Roberts ha tergiversado las leyes para beneficio de Trump repetidamente, con frecuencia con decisiones sin explicación respecto a sus casos de emergencia.

Sin duda, ha habido excepciones. Por ejemplo, la Corte ha rechazado perceptiblemente el abuso por parte de Trump de los poderes presidenciales de emergencia, entre ellos su tentativa de imponer aranceles internacionales. Pero en la mayoría de los casos, la balanza de la justicia bajo la corte de Roberts se ha inclinado hacia Trump.

Tras periodos de expansión del poder ejecutivo, el Congreso ha reafirmado su función y creado controles. Tras los abusos de Watergate y la Guerra de Vietnam, por ejemplo, el Congreso promulgó varias reformas para limitar la presidencia imperial, entre ellas nuevas leyes con el propósito de establecer límites razonables en el financiamiento de las campañas políticas, controlar los poderes de guerra del presidente y proteger las facultades del Congreso en materia de financiación.

Ahora, medio siglo más tarde, vuelve a existir una necesidad urgente de establecer más límites a la presidencia. Es necesario delimitarlos y reforzar nuestro sistema de controles antes de que el cambio en los poderes de la presidencia pase a ser permanente. Toda potestad que el presidente reclama pasa a ser precedente para quienes ocupen la Casa Blanca en el futuro; cada límite que el presidente traspase puede convertirse en uno que el próximo presidente estará menos dispuesto a respetar. Sin oposición, las afirmaciones excepcionales de hoy se volverán una práctica habitual de mañana.

Es hora de que el Congreso reafirme su autoridad y respalde el principio fundamental de que en este país no hay reyes.

Desde que se fundó el país, era posible procesar a expresidentes después del fin de su periodo por delitos cometidos durante su mandato. El principio no suscitaba controversia, incluso entre los presidentes. De hecho, la Constitución lo contempla expresamente. Los presidentes y sus equipos enfrentaban un fuerte factor disuasorio que les impedía abusar de su poder, ya que las irregularidades que no fueran controladas por las demás ramas podrían dar paso a un proceso penal.

La Corte Suprema cambió del todo ese entendimiento en su decisión de 2024 en Trump contra Estados Unidos. En un giro radical, seis jueces —tres de ellos nombrados por Trump— dictaminaron que la Constitución otorga a los presidentes inmunidad de encausamiento en una variedad posiblemente extensa de casos.

Esta nueva inmunidad elimina un obstáculo crucial para muchos tipos de actividad ilícita, como emitir perdones presidenciales corruptos o aceptar sobornos a cambio de nombramientos al gabinete. Además, en Trump contra Estados Unidos abunda la ambigüedad, lo que podría explotarse para otorgar inmunidad a subordinados que cometen delitos en el desempeño de las órdenes presidenciales.

El Congreso aún puede promulgar leyes civiles que restrinjan la conducta de los funcionarios federales que actúan bajo órdenes del presidente, y los litigantes han podido usar en los tribunales ese tipo de leyes para limitar algunos de los abusos del poder ejecutivo. El Congreso también puede iniciar procesos de destitución contra los presidentes por sus delitos. Pero las demandas civiles enfrentan sus propias limitaciones, y bien se sabe que el proceso de destitución es difícil.

Y dado que la Corte Suprema usó la Constitución como fundamento para la inmunidad presidencial, el Congreso tiene ahora una capacidad limitada de hacer frente a las irregularidades presidenciales con sanciones penales.

La Casa Blanca está aprovechándose de esta decisión. Funcionarios del ejecutivo han afirmado falsamente que los agentes de inmigración que cometen actos violentos contra el público tienen “absoluta inmunidad”. Ha surgido un mercado de indultos, donde al parecer se intercambian donaciones por clemencia. Además, el fallo está detrás de otros actos de ilegalidad, como los aparentes delitos cometidos al lanzar ataques militares contra civiles en Latinoamérica.

Dada la gravedad y seriedad del error de la Corte, se justifica una enmienda constitucional. La modificación debe restaurar como punto de partida que se puede procesar penalmente por sus actos en el cargo, como a cualquier persona, a los presidentes y a los subordinados que actúan bajo sus órdenes. También debe otorgar al Congreso —no a la Corte— la autoridad de determinar si se debe otorgar cualquier tipo de inmunidad en el futuro, siguiendo un debate transparente, público y democrático al respecto. El Congreso debe tener la autoridad de retirar cualquier inmunidad que otorgue.

Ya existen modelos sólidos para una enmienda en este sentido. Restauraría y reforzaría un principio necesario para que nuestra democracia funcione: ni siquiera el presidente está por encima de la ley.

Una reforma integral también impondría límites en otro recurso que los presidentes pueden usar como instrumento para incumplir la ley: el poder de clemencia. Como el Brennan Center ha propuesto, el Congreso debe modificar la Constitución para prohibir que los presidentes se indulten a sí mismos o a sus allegados, incluidos sus familiares y altos funcionarios de su gobierno. 

Asimismo, debería prohibirse a los presidentes conceder indulto a personas condenadas por delitos ordenados por el presidente o cometidos en su nombre. Estos cambios protegerían la facultad de un presidente de otorgar indultos a la vez que dificultaría usar la clemencia como escudo de la corrupción y como una vía alternativa para evadir la rendición de cuentas cuando no se disponga de inmunidad.

Con apenas su firma, los presidentes pueden declarar una emergencia nacional y tener acceso a poderes extraordinarios según más de 130 disposiciones legales. Estas abarcan desde las aparentemente triviales hasta las casi dictatoriales, incluido el poder de suspender o tomar el control de las infraestructuras de comunicaciones, el congelamiento de cuentas bancarias de los estadounidenses y el control del trasporte nacional.

Están pensadas para crisis repentinas y súbitas que el Congreso no puede solucionar de manera rápida ni con la suficiente flexibilidad. Pero los presidentes de ambos partidos han llevado el significado de “emergencia” más allá de lo razonable, lo que les ha permitido recurrir a una serie cada vez mayor de facultades legales con pocas salvaguardas reales.

En este momento existen 51 estados de emergencia activos, y el de más larga data tiene 47 años. Cualquier emergencia que persista durante varias generaciones, por definición, no es una emergencia; es un problema que se debe solucionar por medio de la legislación normal. Sin embargo, los presidentes han usado los poderes de emergencia para evadir al Congreso y promover sus objetivos políticos unilateralmente.

La Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act) solía permitir que el Congreso suspenda emergencias con una mayoría simple y sin la firma del presidente. Pero la Corte Suprema eliminó ese procedimiento, conocido como el veto legislativo, en 1983. Hoy en día, poner fin a una emergencia exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular el veto presidencial. 

El Congreso debe modificar la Ley de Emergencias Nacionales para limitar los excesos del ejecutivo. Las declaraciones de emergencia deben caducar automáticamente tras un mes a no ser que el Congreso apruebe una prórroga de un año, que se pueda renovar anualmente con la venia del Congreso. Además, se debe exigir que los presidentes presenten informes detallados sobre su uso de los poderes de emergencia. Las propuestas al respecto han recibido mucho apoyo de ambos partidos, y diversas versiones de estas reformas recibieron la aprobación contundente de los comités pertinentes de la Cámara de Representantes y el Senado en 2024.

Además, el Congreso debe modificar las leyes específicas de emergencia que delegan el poder extensamente y ofrecen salvaguardas insuficientes, que las hacen vulnerables a ser objeto de un uso indebido. Particularmente inquietante es la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act), el poder de emergencia que los presidentes invocan con mayor frecuencia. Las sanciones impuestas por esta ley pueden ser una “condena de muerte financiera” que dura años o décadas. Si bien la Corte Suprema frustró los esfuerzos por Trump de usar la ley para imponer aranceles mundiales, sigue existiendo la posibilidad de otros abusos.

En su segundo mandato, el presidente Trump ha tratado de usar a las fuerzas militares como policía nacional. Ha federalizado las unidades de la Guardia Nacional y las ha movilizado, o intentado hacerlo, en tres ciudades para reprimir manifestaciones contra la enérgica política de aplicación de las leyes de inmigración del poder ejecutivo. También ha solicitado o apoyado la movilización estatal de la Guardia Nacional —incluida la presencia de la guardia de varios estados en Washington, D.C.— con el propósito ostensible de combatir el crimen.

Los presidentes tienen la autoridad de usar a las fuerzas militares conforme a leyes anticuadas que datan del siglo XVIII. Pero estas facultades están pensadas para emergencias graves, y los presidentes anteriores pocas veces han recurrido a ellas. Esa estrategia respeta las tradiciones y los principios de Estados Unidos que reconocen que la interferencia militar en la vida civil es un peligro para la democracia y la libertad personal. Sin embargo, los actos de este gobierno han revelado el peligro de confiar en el autocontrol presidencial.

Se entrena a los soldados para luchar contra los enemigos extranjeros, no para patrullar las comunidades de Estados Unidos. Usarlos para la última función pone en peligro tanto a civiles como a militares. Una presencia militar en las calles también puede afectar las libertades otorgadas por la Primera Enmienda, entre ellas las de la libre expresión y de asociación. Los presidentes deben poder movilizar tropas internamente cuando verdaderas emergencias superan la capacidad civil. Pero se debe limitar mucho esa autoridad. En este momento, las medidas de protección son sumamente débiles.

La más poderosa ley de movilización nacional es la Ley de Insurrección (Insurrection Act). Es la principal excepción de la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que las fuerzas federales actúen como policía civil sin la autorización del Congreso. Esta ley otorga a los presidentes mucha discreción para desplegar tropas en el país contra las rebeliones o la violencia, o para velar por el cumplimiento de las leyes federales. Sus criterios de movilización son vagos y demasiado extensos, y no le otorga ningún rol expreso al Congreso ni a los tribunales para limitar los abusos.

Una propuesta del Brennan Center insta al Congreso a delimitar y aclarar cuándo se puede invocar la Ley de Insurrección y qué permite. Cualquier invocación debe caducar automáticamente después de 7 días a no ser que una mayoría simple en cada cámara del Congreso apruebe una prórroga con procedimientos acelerados. Además, la ley debe autorizar explícitamente la revisión judicial para asegurarse que la decisión de movilizar tropas esté respaldada por pruebas contundentes.

También es necesario eliminar otras lagunas legales. Peculiaridades en su estructura y las normas que rigen a la Guardia Nacional permiten que los presidentes evadan los límites impuestos a las movilizaciones internas sin invocar jamás la Ley de Insurrección. El Congreso debe ampliar la Ley Posse Comitatus para abarcar cualquier movilización de la Guardia que el gobierno federal solicite o dirija.

Hay una razón por la que la Constitución le otorga al Congreso amplia autoridad para decidir cómo gastar el dinero de los contribuyentes: el Congreso es el poder más cercano a la ciudadanía. Ese control es una medida de protección contra el abuso por el ejecutivo. A la hora de cumplir con el plan de gobierno del presidente, lo dispuesto por el ejecutivo está limitado por los fondos que el Congreso apruebe.

Las pugnas por el control del dinero federal no son nada nuevo. Los intentos por Richard Nixon de bloquear miles de millones de fondos asignados por el Congreso hicieron que los legisladores promulgaran la Ley de Control de la Retención de Fondos (Impoundment Control Act) de 1974. La ley requiere que el presidente le pida permiso al Congreso antes de embargar o rehusarse a gastar fondos ya asignados.

Pero el sistema sigue dependiendo de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca. Antes de que las agencias federales puedan gastar los fondos aprobados por el Congreso, por lo general, la OMB debe emitir una distribución de los beneficios, un plan legalmente obligatorio que detalla cómo y cuándo las agencias pueden gastar sus fondos.

La mayoría de los gobiernos posteriores siguieron ese proceso. Pero durante su segundo periodo, el presidente Trump y la OMB han tratado de retener, retrasar o reducir cientos de miles de millones de dólares que el Congreso ya había aprobado para investigación científica que permite salvar vidas, educación, proyectos para la seguridad pública y otros servicios gubernamentales esenciales.

El gobierno también ha tratado de imponer condiciones en una gran variedad de fondos federales para amedrentar a los estados, municipalidades y otros beneficiarios de los fondos a fin de que sigan los planes partidistas del presidente. En muchos casos, estas condiciones no tienen ninguna relación con los fondos que el Congreso autorizó.

El Congreso debe reiterar su autoridad constitucional sobre el presupuesto para asegurar que el dinero de los contribuyentes se gaste según la intención de los legisladores. Para comenzar, debe limitar la capacidad del presidente y la OMB de bloquear unilateralmente el flujo de los fondos aprobados por el Congreso por medio del proceso de asignación. El Congreso debe permitir que las agencias, los programas y los fondos seleccionados reciban sus asignaciones automáticamente en fechas fijas en vez de usar a la OMB como intermediaria.

Los programas con gastos previsibles basados en fórmulas serían buenos candidatos para ello, como también los programas en los que los retrasos en los gastos frustraría en particular las intenciones del Congreso, como por ejemplo, ciertas subvenciones federales para la educación y los beneficios para los veteranos. El Congreso podría hacer cambios en estas distribuciones automáticas en cada medida de asignación, asegurando así que el gasto no continúe indefinidamente por defecto.

El Congreso también debe dejar en claro que los beneficiarios de los fondos federales, como los gobiernos estatales y las entidades sin fines de lucro que reciben subvenciones, pueden recurrir a los tribunales federales para aplicar la Ley de Control de la Retención de Fondos y las leyes pertinentes de asignaciones contra los abusos presidenciales. Si bien este remedio ya existe, una medida del Congreso evitaría interpretaciones judiciales distorsionadas que podría limitar el acceso de los beneficiarios a los tribunales.

De igual importancia es que el Congreso refuerce y agilice la revisión judicial de cualquier condición ilegal que el presidente imponga a las subvenciones federales. La ley debe crear una presunción que permita que los beneficiarios impugnen rápidamente estas condiciones ante las cortes: si un beneficiario muestra que los fondos no fueron asignados o distribuidos tal como lo requirió el Congreso, la corte puede bloquear temporalmente las condiciones a no ser que el gobierno pueda demostrar que cumple con la ley.

Durante un siglo y medio, el Congreso creó una gran variedad de agencias federales e independizó a muchas de ellas del control directo del presidente. El propósito de estas leyes es empoderar a las agencias a tomar decisiones sobre asuntos de crucial importancia conforme al bienestar público a largo plazo.

Piensa, por ejemplo, en la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) o la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés; la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) o la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés); la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), o la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), por solo mencionar algunas.

Estas agencias se crearon para estabilizar el sistema bancario y el mercado energético, vigilar el cumplimiento de las leyes electorales y antimonopolio, garantizar prácticas laborales justas e investigar los accidentes de aviones y trenes, libres de la presión de actores de poca visión que buscan obtener beneficios políticas. Este sistema de agencias independientes fue fundamental para el gobierno federal moderno.

Ahora la Corte Suprema ha desmantelado este sistema con fallos como Trump contra Slaughter, y Seila Law contra Consumer Financial Protection Bureau. Aparentemente, estos casos trataban sobre si el presidente Trump podía despedir a los líderes de las agencias independientes. Pero apuntan a una propuesta más radical: que el presidente tiene autoridad ilimitada para ordenar a las agencias ejecutivas a poner en práctica su visión de las leyes y la política, incluida la autoridad de ignorar las leyes del Congreso cuando se interponen en su camino.

Hoy en día el presidente puede controlar muchas agencias que el Congreso creó de manera que estuvieran fuera de su alcance. El Congreso debe vigilar esas agencias y, cuando sea necesario y factible, desempeñar las funciones que aquellas agencias solían desempeñar. El Congreso podría comenzar por revitalizar sus propias agencias, convirtiéndolas en centros que generen políticas y supervisen el poder ejecutivo.

Para lograrlo, el Congreso primero debe promulgar una ley que recupere su autoridad para nombrar a los directores de las agencias congresionales existentes, como la Biblioteca del Congreso y la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (Government Accountability Office, GAO, por sus siglas en inglés). La nueva ley debería aclarar que estas agencias están estrictamente bajo la jurisdicción del poder legislativo y no atañen al presidente. La legislación propuesta lograría precisamente eso.

Luego, el Congreso debe ampliar su capacidad para supervisar las agencias que solían ser independientes. Por supuesto que puede hacerlo al expandir la labor directa de vigilancia de sus propios comités. Pero también lo puede hacer por medio de sus agencias legislativas. La GAO, que ya desempeña la función de auditor del gobierno, podría tener un rol más extenso.

Esto podría implicar asumir competencias de investigación complementarias similares a las que tienen los inspectores generales, que suelen formar parte de las agencias ejecutivas que investigan. Estas funciones pueden pasar a la rama legislativa para evitar la interferencia presidencial y complementar las investigaciones existentes de la GAO sobre el despilfarro y el fraude.

El Congreso también podría dar a la GAO una función más extensa de revisión normativa o incluso crear una nueva Oficina de Revisión Regulatoria (Office of Regulatory Review), tal como la propia GAO ha propuesto. Esta revisión aseguraría que las regulaciones se ajusten a los objetivos políticos establecidos por el Congreso. La agencia de revisión también podría recomendar medidas de seguimiento que deberían adoptar los miembros del Congreso, como anular por la vía legislativa las regulaciones inadecuadas o reducir las asignaciones presupuestarias destinadas a las agencias que no cumplan con dichos objetivos. Incluso si el Congreso no sigue estas recomendaciones, esas sugerencias podrían ejercer una presión política beneficiosa y hacer que las presidencias futuras cambien de rumbo.

Si bien estas soluciones legales pueden ser útiles, la manera más directa de combatir los fallos de la corte en Slaughter y Seila Law es una enmienda constitucional que restaure la autoridad del Congreso para decidir las mejores estructuras para las agencias ejecutivas. El Congreso necesita flexibilidad para atender las demandas de la sociedad y la economía modernas; esto incluye la prerrogativa de crear agencias independientes cuando sea necesario (como también agencias no independientes).

Una enmienda constitucional anularía las decisiones de la Corte en estos casos, lo que permitiría que el Congreso proteja a los directores de las agencias de ser despedidos y restaure el entendimiento de que las regulaciones de las agencias son potestad del poder legislativo, no del ejecutivo.

El texto de la enmienda podría ser: “Para dar cumplimiento a las leyes que promulga, el Congreso tiene autoridad plena para estructurar las oficinas del poder ejecutivo y delegar todas las facultades necesarias en los funcionarios y agencias del poder ejecutivo”.

La Constitución otorga al Congreso, no al presidente, el poder de reclutar fuerzas militares y reglamentarlas, y de declarar guerras. El presidente Trump, por medio de su guerra no autorizada contra Irán, es el más reciente en una larga lista de líderes ejecutivos que ha afirmado tener autoridad inherente como comandante en jefe sin la aprobación del Congreso.

Incluso cuando los legisladores autorizan el uso de la fuerza, los presidentes han tratado dicha autorización como plataforma para ir tras objetivos que el Congreso nunca consideró. Por ejemplo, muchos presidentes han aprovechado la autorización que el Congreso concedió en 2001 para emprender acciones militares contra quienes planearon o colaboraron en los ataques del 11 de septiembre con el fin de perseguir a grupos terroristas que ni siquiera existían en aquel momento. Es más, a menudo, no se informa al Congreso ni al público sobre las verdaderas dimensiones de las acciones bélicas de Estados Unidos.

El Congreso debe reclamar su función constitucional respecto a la guerra y la paz. Eso significa exigir que Estados Unidos retire sus fuerzas y eliminar el financiamiento de guerras que no han sido aprobadas, como la de Irán. También significa anular la autorización de 2001 para el uso de la fuerza militar, que ha quedado obsoleta y se ha utilizado en exceso. Un nuevo comité extraordinario en la Cámara de Representantes o el Senado debe preparar el terreno para esta y otras medidas mediante la investigación de los casos de uso indebido de los poderes de guerra del presidente.

Para limitar abusos futuros, el Congreso debe reforzar la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), como lo han propuesto grupos con miembros de ambos partidos durante muchos años. La ley limita cuándo el presidente puede hacer que las fuerzas militares de Estados Unidos participen en “hostilidades” militares, pero no define ese ni otros términos importantes. Los presidentes se han aprovechado de la ambigüedad.

El Congreso debe modificar la ley para prohibir explícitamente todo uso de la fuerza sin la autorización previa del Congreso, excepto cuando sea necesario repeler un ataque inminente o en curso contra Estados Unidos.

La ley también debe requerir que la futura autorización del uso de la fuerza especifique sus objetivos, blancos y alcance geográfico. Estas autorizaciones deben caducar en dos años o menos a no ser que el Congreso las renueve. Y el Congreso debe tener mecanismos eficaces para poner fin a los operativos militares no autorizados, entre ellos interrumpir automáticamente los fondos y recurrir a los tribunales.

Finalmente, el Congreso debe impedir los abusos en el ámbito nacional en tiempos de guerra, comenzando con la derogación de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798. Trump invocó este poder de tiempos de guerra durante tiempos de paz para perseguir a los inmigrantes venezolanos con el fin de detenerlos y deportarlos sin el debido proceso. Esta ley, que fue utilizada de forma infame durante la Segunda Guerra Mundial para justificar el confinamiento de 31,000 ciudadanos no estadounidenses de ascendencia japonesa, alemana e italiana, es muy susceptible a los abusos y no tiene cabida en el derecho moderno.

Se supone que la Cuarta Enmienda y varias leyes federales protegen a los estadounidenses del espionaje sin orden judicial por parte del gobierno. Sin embargo, lagunas legales e insuficientes salvaguardas han permitido que el poder ejecutivo evada estas medidas de protección. Su red de inteligencia extranjera puede afectar a los estadounidenses y con frecuencia lo hace.

Una de las más polémicas potestades de vigilancia es la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act) que rige la recopilación de datos de inteligencia extranjera en Estados Unidos o de empresas estadounidenses. Su objetivo son extranjeros que residen fuera del país cuyas comunicaciones están a cargo de los servicios estadounidenses, pero se ha usado de manera indebida y habitual para acceder a llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros datos de ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial. El Brennan Center y otros han planteado que esta práctica es inconstitucional y exige reformas legales.

El público ha prestado menos atención al decreto ejecutivo 12333, que rige gran parte de la actividad gubernamental de vigilancia fuera de los Estados Unidos. El decreto ejecutivo ofrece medidas de protección de la privacidad incluso más débiles que las otorgadas por la sección 702. Los tribunales no revisan los operativos realizados bajo el decreto, y el Congreso los vigila de manera muy limitada.

Si bien las políticas de la agencia limitan la vigilancia intencionada contra los estadounidenses, las comunicaciones de estos caen en ella inevitablemente durante la vigilancia de objetivos extranjeros, la denominada recopilación “incidental”. A diferencia de la sección 702, el decreto ejecutivo 12333 permite que el gobierno recopile un gran volumen de datos sin vincularlos a objetivos específicos, una práctica conocida como recopilación masiva. En 2022, unos senadores revelaron que la CIA había usado esta facultad para programas de recopilación masiva de datos de ciudadanos estadounidenses.

Se necesitan varias reformas para proteger mejor la privacidad y restablecer los derechos de la Cuarta Enmienda que han sido vulnerados por los avances tecnológicos y las lagunas legales. En primer lugar, el Congreso debería prohibir la vigilancia sin una orden judicial dirigida a ciudadanos estadounidenses, dondequiera que ocurra, e imponer límites firmes en cómo se retienen, comparten y usan los datos recopilados incidentalmente.

También debería requerir que las agencias obtengan una orden judicial antes de buscar información sobre ciudadanos estadounidenses en los datos recopilados conforme a la sección 702 o el decreto ejecutivo 12333. Finalmente, el Congreso debería prohibir o limitar estrictamente la recopilación masiva bajo el decreto ejecutivo para reducir la cantidad de datos de ciudadanos estadounidenses recopilados por la vigilancia de la inteligencia extranjera.

Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services