Este artículo se publicó originalmente en Just Security.
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- Estas leyes reflejan de manera inequívoca la intención del Congreso de prohibir cualquier tipo de interferencia militar en las elecciones.
- La Sección 592 sostiene que la propuesta de desplegar tropas militares en los centros de votación es tan peligrosa e inaceptable que está prohibido incluso en plena guerra en territorio estadounidense.
De cara a las elecciones de medio término, han surgidointerrogantes sobre si la administración Trump podría intentar asignar tropas federales a los centros de votación. Como el Brennan Center y muchos otros han señalado, esto sería claramente ilegal: la Sección 592 del Título 18 del Código de los Estados Unidos penaliza el despliegue de las tropas federales y de los agentes de policía federales armados en cualquier centro de votación.
Asimismo, varias otras leyes federales penales y civiles prohíben la injerencia militar en las elecciones. Estas leyes refuerzan la Ley Posse Comitatus, la cual generalmente prohíbe la participación de las fuerzas militares federales en la aplicación de las leyes civiles, excepto cuando el Congreso lo autorice expresamente.
Estas leyes, muchas de las cuales llevan más de 150 años en vigor, reflejan de manera inequívoca la intención del Congreso de prohibir cualquier tipo de interferencia militar en las elecciones celebradas en los Estados Unidos. No obstante, en 1968, la Oficina del Asesor Legal (OLC, por sus siglas en inglés) afirmó, en un corto y arbitrario memorando, que la prohibición de la presencia militar en las urnas establecida en la Sección 592 no se aplica si el presidente invoca la Ley de Insurrección.
La Ley de Insurrección es la más importante excepción estatutaria a la Ley Posse Comitatus, permitiéndole al presidente utilizar las fuerzas militares federales para aplicar las leyes en ciertas situaciones de emergencia.
El memo de la OLC, redactado durante los caóticos meses previos a las elecciones presidenciales de 1968, no contiene ningún análisis jurídico sustancial. En su lugar, sus autores apuntan sólo un futuro dictamen en el que, supuestamente, se expondrá al detalle los argumentos y pruebas de la OLC. Sin embargo, si es que dicho documento más extenso llegó a producirse, nunca fue de conocimiento público ni fue siquiera referenciado en ningún documento de la OLC de acceso público.
El memo se equivocó en varios aspectos. Para empezar, desconoce las reglas básicas y bien establecidas de la interpretación estatutaria. Cuando dos leyes entran en conflicto, el estatuto más reciente normalmente prevalece, y lo que sea más específico normalmente sustituye a lo genérico.
La Ley de Insurrección se enmendó significativamente por última vez en 1874, pero el Congreso revisó la Sección 592 en 1909, eliminando la excepción que permitía a las tropas militares “mantener la paz en las urnas”. La Sección 592 también constituye una restricción específica relacionada con las elecciones, mientras que la Ley de Insurrección es una facultad de emergencia más general. Estos factores apuntan a que la Sección 592 sirve como un límite estricto al despliegue militar en territorio nacional, en lugar de que la Ley de Insurrección sea un permiso de intrusión en el derecho al voto.
Sin embargo, el memo de la OLC simplemente deja a un lado el conflicto entre la Sección 592 y un uso presidencial de la Ley de Insurrección para desplegar tropas en los centros de votación. Lo justifica alegando que la Sección 592 no aplica cuando el presidente invoca la Ley de Insurrección porque la “historia legislativa [de la Sección 592] demuestra, en efecto, que la prohibición … [fue] inicialmente intencionada” para restringir a “militares subordinados u oficiales civiles” y no para “restringir el poder del presidente”.
En dos artículos recientes publicados en el portal jurídico Lawfare (disponibles aquí y aquí), Natalie Orpett, Molly Roberts y Loren Voss explican en detalle que la interpretación de la historia legislativa de la Sección 592 hecha por la OLC es totalmente errónea.
Como demuestran Orpett, Roberts y Voss, la historia legislativa de la Sección 592 muestra que el Congreso concibió esta normativa como una respuesta directa a las acciones de altos funcionarios de la administración supervisados por el presidente. Lo que hoy en día es la Sección 592 se promulgó a principios de 1865, durante los últimos meses de la Guerra Civil, después del uso sistemático, y ordenado por el presidente, de las fuerzas militares federales para interferir en las elecciones de los estados fronterizos ––Missouri, Kentucky, Maryland y Delaware–– durante todos los cuatro años de conflicto. El autor y promotor principal del proyecto de ley, el senador Lazarus Powell de Kentucky, incluso lo describió como una restricción directa al presidente.
Estas circunstancias históricas que llevaron al Congreso a promulgar la Sección 592 refuerzan esta lectura. Missouri, Kentucky, Maryland y Delaware fueron los cuatro estados esclavistas que permanecieron en la Unión durante la Guerra Civil, pero que, aun así, tenían importantes poblaciones en pro de la Confederación y en contra de la guerra. Los vínculos de estos cuatro estados con la Unión eran precarios y la administración Lincoln tomó medidas drásticas para garantizar que no perdería el control sobre ellos.
En Maryland, las tropas federales asignadas a los centros de votación entrevistaban con regularidad a los votantes (durante esa época, las boletas tenían cierto color según la afiliación partidista) y rechazaban a aquellos que era probable que votaran por un candidato antiguerra o partidario de la Confederados.
En Kentucky y Delaware, las tropas realizaron controles similares en las mesas de votación, impidiendo que votaran quienes portaban boletas de los partidos de oposición. Los militares también arrestaron a varios candidatos de oposición en Kentucky, colocando a algunos bajo custodia militar hasta después de terminadas las elecciones.
Para justificar éstas y otras acciones de tiempos de guerra, la administración Lincoln se basó ampliamente en declaraciones de autoridad de emergencia. Missouri fue puesta bajo la ley marcial durante casi todo el conflicto, desde agosto de 1861 hasta marzo de 1865.
En una proclamación emitida el 24 de septiembre de 1862, y que no fue cancelada hasta agosto de 1866, Lincoln además declaró que “todos los rebeldes e insurgentes, sus colaboradores y cómplices, dentro de los Estados Unidos, así como todas aquellas personas que desalienten la prestación de servicio militar voluntario, se resistan al reclutamiento de la milicia o sean culpables de cualquier práctica desleal que preste ayuda o apoyo a los rebeldes contra la autoridad de los Estados Unidos”, quedarían sujetos a la ley marcial.
Kentucky también fue sometida a la ley marcial desde julio de 1864 hasta octubre de 1865 ––un período que, notablemente, abarcó las elecciones presidenciales de 1864. Es más, dado que las fuerzas militares confederadas, saqueadores y guerrillas operaban, o amenazaban con hacerlo, en estos estados fronterizos, las operaciones militares en esos territorios también quedaban dentro del alcance de la invocación de la Ley de Insurrección hecha por Lincoln el 15 de abril de 1861.
Cuando el Congreso promulgó la Sección 592, era plenamente consciente tanto de las acciones militares en los estados fronterizos como de las invocaciones de los poderes de emergencia relevantes por parte de la administración Lincoln. El Congreso también sabía que la gran mayoría de los candidatos y votantes reprimidos por los militares en estos estados se oponían al proyecto de guerra o simpatizaban activamente con la Confederación. No obstante, el Congreso determinó que, incluso en estas circunstancias extremas, el presidente había ido demasiado lejos.
Por ende, la Sección 592 fue un rechazo directo por parte del Congreso al ejercicio de las facultades presidenciales de emergencia en medio de la crisis más importante que este país ha enfrentado. Entendida en su contexto adecuado, la Sección 592 sostiene que la propuesta de desplegar tropas militares en los centros de votación es tan peligrosa e inaceptable que está prohibido incluso en plena guerra en territorio estadounidense.
Además, incluso en aquellas zonas donde el presidente ha invocado los poderes de emergencia para llevar a cabo dicha guerra. El texto de la ley permite la presencia de los militares en las urnas sólo cuando un centro de votación se haya convertido, literalmente, en un campo de batalla y la fuerza militar sea “necesaria para repeler a enemigos armados de los Estados Unidos”.
Aparte de esta única y limitada excepción ––la cual es necesaria tanto por razones prácticas como en reconocimiento de la autoridad constitucional inherente del presidente de repeler ataques armados repentinos–– no hay emergencia alguna que permita eludir la prohibición de la Sección 592 de desplegar tropas en los centros de votación. Por el contrario, la ley fue diseñada precisamente para situaciones de emergencia, a fin de garantizar que futuras crisis de seguridad no se convirtieran en crisis para la democracia estadounidense.
Traducción de Laura Gómez
