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- Los múltiples cambios implementados en el seno de la junta, desde el regreso al poder de Trump, han restringido la capacidad de los inmigrantes de apelar los dictámenes de los tribunales de inmigración.
- La Junta de Apelaciones de Inmigración se ha convertido en una fachada judicial detrás de la cual ocurre una fingida revisión de casos y se ofrecen muy pocas directrices a los inmigrantes.
Mientras la nación enfoca su mirada en los violentos arrestos de los inmigrantes y los agresivos actos de intimidación contra los manifestantes por parte del gobierno, se ha prestado mucha menos atención a un tribunal administrativo poco conocido cuyas extremas decisiones han preparado el terreno para más deportaciones masivas: la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Esta junta funciona mayormente a espaldas del público, pero las opiniones que publica son de carácter obligatorio para los 600 jueces de inmigración del país y también para todos los funcionarios y oficiales de inmigración. Históricamente, la Junta de Apelaciones de Inmigración ha considerado todas las apelaciones que ha recibido y decide cientos de miles de casos por año.
Cuando evalúa las apelaciones que le llegan de todo el país, se supone que la junta debería resolver confusiones con respecto al derecho migratorio o inconsistencias para su “correcta interpretación y administración” y, así, publicar determinados casos para sentar precedentes.
Al igual que los tribunales de inmigración del país, esta junta es parte del Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés). En teoría, la junta está separada del aparato de control migratorio que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para que pueda funcionar como un tribunal imparcial. Sin embargo, al igual que el personal del DHS, los jueces miembros de la junta responden a las personas que ocupan cargos políticos y que están alineadas con las prioridades de la administración.
Desde el regreso al poder del presidente Donald Trump, la junta ni siquiera guarda la apariencia de ser solo un intérprete imparcial de la ley. Por lo bajo, la fiscalía general ha ejercido una influencia sin precedentes sobre las opiniones de la junta, entre ellas, un número récord de decisiones que cambian las reglas para las personas inmigrantes que procuran obtener la libertad tras ser detenidas, recursos judiciales tras recibir una orden de deportación o la residencia permanente en el país. Miles de estos casos no están fácilmente a disposición del público.
Y en febrero de 2026, la junta anunció sus planes de incorporar una regulación mediante la cual se negaría a considerar la mayoría de las apelaciones. Además de los fuertes aumentos en el costo que supone presentar una apelación y los muchos despidos de jueces que el liderazgo del DOJ considera que no respaldaban sus prioridades, estos cambios restringen los derechos de las personas inmigrantes y reducen la imparcialidad judicial, lo cual socava el debido proceso y amenaza la libertad y hasta la vida de las personas inmigrantes.
La junta ha restringido el acceso de las personas inmigrantes.
Los múltiples cambios implementados en el seno de la junta, desde el regreso al poder de Trump, han restringido la capacidad de las personas inmigrantes de apelar los dictámenes de los tribunales de inmigración. En febrero de 2025, la fiscal general redujo el tamaño de la junta de 28 a 15 miembros y, para ello, despidió o removió a todos los jueces nombrados por la administración Biden, a pesar de tener una enorme cantidad de apelaciones retrasadas.
La junta ahora está compuesta por 15 jueces que son miembros permanentes y cuatro jueces que son miembros temporales, de los cuales todos, menos dos, fueron nombrados por fiscales generales republicanos y todos, menos uno, fueron nombrados por fiscales generales de Trump. Durante el año que terminó en septiembre de 2025, el número de casos que consideró bajó más del 20 por ciento con respecto al año anterior, a pesar de que el número de apelaciones presentadas se duplicó.
Además, un cambio implementado por ley en julio de 2025 produjo un aumento astronómico en el costo de presentar apelaciones, que pasó de $110 por persona a $1,010 (y que luego subió a $1,030). Este cambio crea un sistema de pago donde solo los que pueden pagar el alto costo pueden apelar su caso ante la junta.
Aun así, ha habido otros cambios que plantean dudas sobre qué tan genuina es la revisión judicial que realiza la junta. Una regla publicada de la junta habría reducido el plazo que tienen las partes para presentar una apelación de 30 días, después de que un tribunal de inmigración dicta su decisión, a tan solo 10 días en la mayoría de los casos, lo cual difícilmente sea suficiente para contratar a un abogado y preparar los argumentos legales.
En lugar de seguir la actual práctica de considerar las evidencias, la transcripción de la audiencia del tribunal de inmigración, la opinión del juez de inmigración y los argumentos de la apelación, esta regla le habría permitido a la junta presuntamente desestimar casi todas las apelaciones sin revisar ninguno de los registros judiciales ni considerar nada más. (Un tribunal federal invalidó ciertas partes fundamentales de esta regla en marzo, pero el gobierno probablemente apele esta decisión).
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, se presentaron casi 100,000 apelaciones. Sería imposible que tan solo los 15 miembros de la junta puedan considerarlas realmente; en cambio, es probable que la junta siga emitiendo solo decisiones que restrinjan aún más los derechos de las personas inmigrantes.
Muchos de los rechazos superficiales de la junta (aunque no todos) podrán ser apelados ante un tribunal federal de apelación por un costo adicional de $600. Restringir la capacidad de la junta de realizar revisiones judiciales auténticas abrumaría a los tribunales federales.
Las personas inmigrantes con apelaciones pendientes quedarían vulnerables a la posibilidad de arresto, detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), a menos que la junta o un tribunal federal dicte una suspensión.
Nuevas opiniones que sientan precedentes menoscaban el debido proceso y otros derechos.
Desde que Trump regresó a la presidencia, la junta ha dictado numerosas decisiones que socavan los derechos sustantivos y procesales de las personas inmigrantes. Todas, menos una de las 87 decisiones, restringen los derechos de las personas inmigrantes (la única excepción se trató de un caso en el que el DHS ni siquiera se presentó para la audiencia), y ninguna brindó a las personas inmigrantes ninguna directriz sobre qué precisarían para ganar en casos parecidos.
Algunas de las decisiones imponen restricciones procesales que menoscaban la capacidad de las personas inmigrantes de tener una audiencia justa ante un tribunal. Por ejemplo, la junta dictaminó en septiembre de 2025 que los jueces de inmigración pueden preterir —es decir, desestimar— las solicitudes de asilo sin dejar que el solicitante preste su declaración sobre los detalles de su caso, si no hay hechos en disputa y si la solicitud inicial aparentemente no establece su elegibilidad para obtener asilo.
Al mes siguiente, la junta les dio luz verde a los jueces de inmigración para que desestimen los casos de asilo sin audiencia cuando el DHS argumenta que la persona solicitante podría haber solicitado asilo en otro país.
Luego de estas dos opiniones, el DHS rápidamente incrementó sus solicitudes de preterición, que en septiembre de 2025 habían sido de menos de 1,000 y que en enero de 2026 llegaron a más de 20,000 y en febrero a más de 17,000. Desde entonces, ha trascendido que les ordenó a sus abogados que ya no presenten nuevas mociones de deportaciones a otros países, pero no queda claro si este cambio de política será permanente y si las mociones pendientes igualmente serán procesadas.
Por lo general, las personas solicitantes de asilo llegan a los Estados Unidos con muy pocos recursos y preparan sus solicitudes de asilo sin la ayuda de abogados, lo cual reduce significativamente su capacidad de presentar los argumentos legales suficientes en sus solicitudes iniciales. Ahora, muchos serán deportados a los países de los que se escaparon o a otros países con los que no tienen ningún vínculo, sin siquiera tener la oportunidad de que se evalúen sus casos.
Además, la junta rompió con décadas de interpretación legislativa cuando ratificó un memorando de políticas del DHS que, sin la suficiente argumentación, coloca incluso a personas inmigrantes que han vivido en el país durante años y no tienen ningún antecedente penal en un proceso de deportación expedito y las obliga a permanecer detenidas aun cuando tengan permiso de vivir y trabajar en el país o tengan una audiencia judicial pendiente.
Ahora, miles de inmigrantes más sin antecedentes penales están siendo detenidos, cuyos casos inundan los tribunales federales de distrito con peticiones de habeas corpus en contra de su detención indebida. Jueces de todas las banderas ideológicas han rechazado la interpretación de la junta sobre la ley más de 3,000 veces y siguen ordenando la liberación de inmigrantes por motivos constitucionales.
Si bien un tribunal en California certificó una acción de clase a nivel nacional y declaró la política como ilegal, esa orden fue suspendida mientras se apela el caso, y los Tribunales Federales de Apelación para el Quinto y Octavo Circuitos han avalado esta táctica de detención obligatoria de la administración.
Esto motivará a ICE a trasladar a sus detenidos rápidamente a estos circuitos antes de que tengan la oportunidad de presentar una petición de habeas corpus donde hayan sido arrestados o detenidos en primera instancia, e inundará aún más a los tribunales de distrito con peticiones de habeas corpus.
La fiscalía general está usando una herramienta procesal poco conocida para comprometer la imparcialidad de la junta.
La junta siempre ha enfrentado cuestionamientos sobre su independencia porque se encuentra ubicada dentro de la rama ejecutiva. La fiscalía general tiene la autoridad concedida por ley de interpretar el derecho migratorio y qué regulaciones delegar a los tribunales de inmigración y a la junta.
Si bien esas regulaciones exigen que los jueces del DOJ sean imparciales y buscan evitar que sus supervisores dictaminen el resultado de cada caso, también permiten que la fiscalía general revise cada caso individual y emita opiniones que sientan precedentes.
Este proceso borra la línea entre el cumplimiento de la ley, que suele estar impulsado por las prioridades políticas del presidente, y el pronunciamiento de los dictámenes judiciales. En el sistema de justicia penal, esas funciones se mantienen separadas para que los jueces puedan funcionar como árbitros neutrales e independientes de la ley. Pero, en el mundo migratorio, la fiscalía general no solo es la entidad policial más alta de la nación, sino también juez.
Además, las decisiones de la fiscalía general suelen emitirse sin la presentación normal de los escritos, sin divulgación pública y sin otras medidas que incrementarían la confianza del público en que este es un proceso justo.
Como fiscal general, Pam Bondi utilizó su autoridad para restringir gravemente el acceso de las personas inmigrantes a los distintos recursos, en especial, el del asilo. En un caso, Bondi hizo que sea más difícil establecer la elegibilidad de asilo para los solicitantes de asilo que escapan de situaciones de violencia doméstica, principalmente mujeres y niños.
En otra decisión sobre una solicitante de asilo que escapaba de una situación de violencia pandillera, Bondi restringió la capacidad de las personas solicitantes de establecer que la pertenencia a una unidad familiar o a un grupo de parientes podía ser motivo de persecución.
Los dos casos van en contra de leyes migratorias de larga tradición que afirman que el asilo se puede establecer por motivos de persecución cometida por actores privados cuando un gobierno no puede o no quiere proteger del peligro a su población.
Antes de la primera administración Trump, la fiscalía general intervenía muy poco en estos casos. Durante la primera presidencia de Trump, los fiscales generales Jeff Sessions y William Barr intervinieron con mucha más frecuencia, y los fiscales generales de la administración Biden luego revocaron algunas de esas opiniones.
Este ping-pong de opiniones sugiere que los fiscales generales, que, por lo general, se reservaban el derecho de la revisión para aclarar determinadas interpretaciones legales, ahora lo ven como su oportunidad para implementar cambios en las políticas mediante un proceso relativamente rápido que no requiere el pedido ni la consideración de los comentarios del público.
Bondi y su predecesor interino también designaron la publicación de más de tres docenas de decisiones de la junta apenas unos días o unas semanas después de ser emitidas, lo cual suele ser demasiado tarde para que la persona inmigrante pueda apelarla ante un tribunal federal.
Por lo general, cuando la junta considera publicar una decisión, las partes tienen la oportunidad de presentar todos los escritos correspondientes, así como también escritos de amicus curiae, y pueden solicitar una audiencia con alegatos orales.
Designar la publicación de una opinión para que esta sienta precedente después de que se haya decidido esquiva todo ese proceso y crea un precedente vinculante sin notificarle al público o siquiera a la persona inmigrante afectada sobre esa posibilidad.
Detrás de las bambalinas tenemos a un presidente que ha ejercido un tremendo control sobre el DOJ, nunca visto desde las reformas implementadas tras el escándalo Watergate con el objetivo de colocar distancia entre la Casa Blanca y las fuerzas policiales y fiscalías federales. Ahora se ha vuelto casi imposible que los jueces del Departamento de Justicia mantengan siquiera la apariencia de independencia.
La junta tiene una lista de casos de emergencia en la sombra.
Tal como la Corte Suprema ahora decide con frecuencia casos muy trascendentales a través de su lista de casos de emergencia en la sombra —llamada en inglés “shadow docket” o lista de casos en la sombra— sin la plena presentación de escritos, audiencias ni explicaciones de sus razones, la junta también emite decenas de miles de decisiones cada año que no se publican.
Estos miles de decisiones componen la “enorme mayoría” de los dictámenes de la junta, pero brindan escasas directrices. Pueden ser emitidas por un solo juez miembro de la junta, a menudo ofrecen muy pocos análisis o ninguno y suelen llegar a conclusiones que contradicen otras decisiones.
Si bien un litigio reciente obliga a la junta a difundir públicamente algunas de sus decisiones no publicadas, la página web utilizada con ese propósito no permite su búsqueda y las opiniones se publican con importantes demoras, lo cual dificulta la comprensión de la jurisprudencia de la junta por parte de la comunidad inmigrante.
Combinado con la escasez de opiniones publicadas que brinden algún tipo de directriz sobre cómo determinar la mejor defensa contra un caso de deportación, todo esto deja a las personas inmigrantes y a sus representantes a oscuras. Esta larga falta de transparencia no es compatible con el estado de derecho.
En lugar de ser un tribunal imparcial, la Junta de Apelaciones de Inmigración se ha convertido en una fachada judicial detrás de la cual ocurre una fingida revisión de casos y se ofrecen muy pocas directrices para las personas inmigrantes y sus representantes.
Varios fiscales generales y la junta han menoscabado los principios de la justicia y el debido proceso y han aumentado el riesgo de que las personas inmigrantes terminen detenidas y deportadas sin tener la oportunidad de disputar el caso.
Aparte de la Corte Suprema de los EE. UU., la junta es el único tribunal que brinda una interpretación uniforme sobre el derecho migratorio. Debería funcionar como los otros tribunales: la persona inmigrante que presenta una apelación debe tener un tiempo razonable para conseguirse un abogado y preparar sus argumentos de apelación, el costo del caso debería reducirse drásticamente y exonerarse para aquellas personas que no pueden pagarlo, y la junta debería brindar una revisión individualizada de los alegatos y las evidencias de cada caso.
Y todas las decisiones deberían estar disponibles al público y permitir su búsqueda en la página web, con la correspondiente eliminación de la información personal de las personas inmigrantes, cuando sea necesario.
Mientras tanto, el Congreso debería quitar a los tribunales de inmigración y a la junta del dominio de la rama ejecutiva y establecerlos como tribunales hechos y derechos según lo prevé el Artículo I o el Artículo III, en los que los jueces pueden llevar a cabo revisiones judiciales verdaderamente imparciales. Estos jueces de inmigración deben ser independientes de la interferencia del poder ejecutivo para que las personas inmigrantes puedan tener una audiencia justa ante un tribunal.
Neema Jyothiprakash, coautora de este informe, lo escribió en su carácter de abogada investigadora fellow Brooks Burdette en el Brennan Center for Justice.
Traducción de Ana Lis Salotti
