- El mapa electoral manipulado en Texas y la guerra partidista que ha provocado señalan un período extraordinariamente peligroso para la democracia en los Estados Unidos.
- La manipulación de distritos electorales genera menos opciones, menos representación para el electorado y menos rendición de cuentas para la clase política.
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Son las personas votantes quienes deben elegir a sus políticos, no al revés. El mapa electoral manipulado en Texas y la guerra partidista que ha provocado señalan un período extraordinariamente peligroso para la democracia en los Estados Unidos.
La manipulación de distritos electorales genera menos opciones, menos representación para el electorado y menos rendición de cuentas para la clase política. También crea más polarización, porque son las personas que votan en las elecciones primarias, y no las que votan en las elecciones generales, quienes hacen oír más su voz. Y con demasiada frecuencia las personas votantes no blancas son quienes más sufren, pues sus comunidades son divididas y repartidas con cinismo para inventar una ventaja partidista.
El fenómeno no es nuevo. En las primeras elecciones congresuales de la historia, Patrick Henry trazó un distrito para la Cámara de Representantes con el objetivo de evitar que James Madison ganara las elecciones para el Congreso. Con el tiempo, los dos partidos políticos llevaron a cabo estas prácticas. Y a lo largo de los años, las tecnologías y un estilo de gobierno cada vez más partidista ha empeorado las cosas.
En las elecciones del año pasado, solo 37 escaños de la Cámara de Representantes eran competitivos y sus candidatos ganaron con un margen de 5 puntos porcentuales o menos. Y de esos distritos, solo 11 pasaron a manos del partido opositor.
Pero lo que está pasando ahora en Texas es particularmente grave. El gobernador Greg Abbott está intentando implementar un mapa electoral manipulado para crear cinco escaños nuevos a favor del partido republicano, a mitad de década (mucho después del censo) y a expensas del electorado negro y latino, todo esto motivado por las órdenes del presidente actual. Es un crudo arrebato de poder.
Esto es parte de los esfuerzos sin precedentes de la Casa Blanca para influir en el terreno electoral de 2026 y de los años venideros. El vicepresidente JD Vance acaba de reunirse con líderes estatales de Indiana para alentarlos a modificar sus mapas. Florida, Missouri y otros estados podrían hacer lo mismo.
El presidente Trump hasta exigió que se llevara a cabo un nuevo censo que excluiría a las personas inmigrantes indocumentadas. (Eso es logísticamente imposible y, además, inconstitucional). La semana pasada, el Brennan Center analizó las formas en que la administración planea socavar las reglas electorales en todo el país.
No sorprende que el partido demócrata esté respondiendo de la forma en que lo hizo a lo ancho de la nación: están indignados y se han comprometido a modificar los mapas de los estados donde gobiernan. El gobernador Gavin Newsom planea colocar un nuevo mapa en las elecciones de noviembre en California para que el electorado decida, en un intento por asemejarse a la apropiación de escaños que está llevando a cabo el partido republicano en Texas. La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul prometió “luchar fuego contra fuego”.
Pero, a la larga, una carrera armamentista de los partidos políticos para distribuir los distritos electorales no puede ser la única respuesta. Necesitamos con urgencia crear normas nacionales de distribución de distritos que se apliquen en todo el país, en los estados republicanos y en los estados demócratas por igual.
En este sentido, en los últimos años, la Corte Suprema se ha negado a cumplir su deber. En la causa Rucho v. Common Cause de 2019, la Corte declaró que los tribunales federales no podían proteger contra mapas injustos. La discriminación racial sigue siendo ilegal, pero los jueces ahora les guiñan el ojo y les permiten a los políticos manipular los distritos electorales, siempre y cuando digan que lo hacen por cuestiones políticas, no raciales.
Aun así, la Corte señaló que el Congreso tiene la facultad constitucional de establecer las normas nacionales. Y hace poco, casi lo logra.
La Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act) buscaba prohibir la manipulación partidista de distritos electorales en toda la nación. Habría prohibido la redistribución de distritos a mitad de década y establecido otras normas nacionales, además de hacerle al electorado más fácil y rápido obtener protecciones de la justicia.
La Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) habría fortalecido las protecciones contra los mapas congresuales racialmente discriminatorios. Estos proyectos de ley históricos estuvieron desesperadamente a punto de promulgarse en 2022. Juntos, frenarían lo que está pasando ahora, de raíz.
Las normas nacionales, como otras reformas, no surgen de un idealismo impreciso. Reflejan una realidad concreta: el Congreso tiene el poder de prohibir los abusos políticos. El presidente Biden no presionó para que se instituyeran estas reformas hasta que fue demasiado tarde en su mandato. El presidente Obama tampoco exigió reformas cuando estaba en el poder. Esta inacción refleja un constante fracaso de imaginación y también de voluntad.
Durante demasiado tiempo, cuando se trata de proteger al electorado, y en palabras del poeta William Butler Yeats, “los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad”.
Quienes quieren socavar la democracia en los Estados Unidos han demostrado que actuarán con impunidad. Quienes dicen defender las leyes deben responder con la misma audacia. Si tienen la oportunidad, deben actuar para enderezar el sistema. Mientras la Corte Suprema ayudó a meternos en este lío, todos los ojos estarán puestos en el Congreso para que nos saque.
Traducción de Ana Lis Salotti.
