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- El censo existe para brindar un recuento preciso de todas las personas que viven en los Estados Unidos.
- Excluir de ese conteo a millones de personas significa que el país se pasará la próxima década funcionando sobre la base de datos incorrectos.
La semana pasada, la administración Trump reveló una propuesta que excluiría del censo de 2030 a millones de personas inmigrantes. Desde la fundación de nuestra nación, cada censo realizado cada diez años ha contado a toda la población de los Estados Unidos, incluidas las personas no ciudadanas, más allá de su estatus migratorio.
La regla propuesta cambiaría drásticamente ese proceso, porque ya no contaría a las personas inmigrantes que no tengan una tarjeta verde o green card, una amplísima categoría que incluye tanto a personas indocumentadas como a quienes tienen distintas clases de estatus legal como los solicitantes de asilo y de las visas H-1B.
Que quede bien claro: la regla propuesta contradice el lenguaje llano de la Constitución, las leyes federales aplicables y los más de 235 años de práctica. Sin dudas, se enfrentará a muchas demandas judiciales, con escasas posibilidades de salir victoriosa. Pero esta regla propuesta haría mucho más que violar la ley: ocasionaría un daño incalculable sobre el público estadounidense.
El censo existe para brindar un recuento preciso de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Excluir de ese conteo a millones de personas significa que el país se pasará la próxima década funcionando sobre la base de datos incorrectos. Y los daños que ocasionará esa falta de precisión serán impresionantes.
Pensemos, por ejemplo, en las implicaciones en cuanto a la financiación del gobierno. Cada año, el gobierno usa los datos del censo para distribuir billones de dólares en fondos federales a todos los estados y comunidades del país. Ese financiamiento está destinado a recursos esenciales —que van desde la construcción de hospitales y el mantenimiento de autopistas hasta la provisión de cuidados para niños y los programas de almuerzos escolares. Toda la población usa esos servicios, no solamente las personas ciudadanas.
Pensemos en la infraestructura: cuanto más grande es la población de un estado, mayores son las demandas sobre sus autopistas, lo que a su vez significa que el estado necesita más fondos para mantenerlas. Sin embargo, la propuesta de la administración se propone contar de menos a las poblaciones de los estados que tienen grandes comunidades de inmigrantes y dejarlos sin fondos suficientes para satisfacer estas necesidades de seguridad. Todas las personas que utilizan las autopistas (incluso quienes vienen de otros estados) pagarán el precio.
Más allá de los fondos, excluir del censo a millones de personas afectaría las bases estadísticas sobre las cuales se sustentan todos los sectores y todas las industrias del país. Las agencias federales utilizan los datos del censo para producir las cifras mensuales del mercado laboral, los índices de inflación y las estadísticas de pobreza.
El mundo académico y los investigadores de todas las disciplinas usan las cifras del censo sobre la población para calcular mediciones con precisión, como los índices de delincuencia, la propagación de enfermedades y la actividad económica. (La regla también incluye una propuesta relacionada que eliminaría del censo ciertas preguntas demográficas y dificultaría aún más realizar estos cálculos).
Los gobiernos locales toman decisiones sobre temas fundamentales —como los presupuestos escolares y la oferta de viviendas— a partir de la información del censo. Los negocios, como las tiendas comerciales y los restaurantes, dependen de los datos del censo para conocer mejor las preferencias de los consumidores y decidir, por ejemplo, dónde abrir más tiendas. La regla generaría incertidumbre en casi todos los aspectos de la vida cotidiana de la población estadounidense.
Estos daños son evidentes. Y la administración igualmente estaría ocasionándolos a propósito, para manipular el censo y sacar ventajas partidistas. Los números del censo funcionan de base para la asignación de asientos legislativos en el Congreso entre los distintos estados y para la redistribución de los distritos, es decir, el proceso mediante el cual se trazan los diferentes distritos para las elecciones.
La propuesta supone que, al excluir del censo a millones de personas, los estados que tienen importantes poblaciones de inmigrantes podrían perder escaños en el Congreso, mientras que otros estados podrían ganar o retener los escaños que, de otra forma, habrían perdido. Y una vez que los escaños se asignan a los distintos estados, eliminar a grandes cantidades de inmigrantes de las cifras utilizadas para la redistribución de distritos podría hacer que los límites de los distritos cambien, de tal forma que las grandes comunidades inmigrantes terminen perdiendo poder.
Esta es una estrategia doble: primero, se manipulan los números del censo y luego se usan esos números para incrementar el peso político relativo de las poblaciones más propensas a votar por el partido político del actual presidente.
Ese es el daño. Pero la propuesta también se enfrenta directamente contra un problema jurídico fundamental: la Constitución exige que el censo cuente a todas las personas que viven en el país, más allá de su estatus migratorio.
Preocupados por la posibilidad de que quienes ocupan el poder quieran manipular el censo con fines políticos, los fundadores de la Constitución se negaron a utilizar otros aspectos en los que basar el conteo, como la elegibilidad de voto. En cambio, insistieron en un “recuento real” de todos los habitantes cada 10 años. El objetivo del censo —el conteo preciso de una república en crecimiento— era demasiado importante como para dejarlo a merced de los caprichos de la política y del teatro de los estados nacientes.
Por eso, cada censo desde su creación en 1790 ha incluido a todas las personas no ciudadanas y a otras que no podían participar en el sistema político (dicho de otro modo, a la gran mayoría de la población del siglo XVIII).
Casi cien años después, cuando se debatía sobre el lenguaje que debía incluir la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, el Congreso volvió a rechazar las propuestas que buscaban apartarse del recuento de la totalidad de la población y solo contar a las personas ciudadanas o elegibles para votar. El lenguaje final de la enmienda dice claramente que el censo debe contar “el número total de las personas de cada estado”. “Personas” significa “pueblo”, y el pueblo somos todos.
En una impresionante ola de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos durante la década de 1920, el Congreso volvió a confirmar su intención de que el censo debía contar a todas las personas que vivían en el país.
La Ley del Censo (Census Act) de 1929, que sienta las bases para la realización del censo actual, establece explícitamente que es la condición de residir en el país, y no el estatus migratorio, el requisito fundamental para ser incluido en el censo. A lo largo del resto del siglo, el Congreso siguió considerando y rechazando otros intentos parecidos de excluir del conteo a las personas inmigrantes.
