Este artículo fue publicado originalmente en The Contrarian.
- Interferir en el censo no solo corromperá la integridad de nuestras elecciones, también desvirtuará los datos centrales de los que dependen nuestra economía y gobierno.
- El presidente no tiene ningún poder constitucional sobre el censo, ni tampoco tiene la facultad de modificar las leyes para darse a sí mismo ese poder.
En medio del torbellino político del mes pasado quedó perdida la misteriosa publicación del presidente Donald Trump en Truth Social, donde decía que había ordenado a funcionarios federales a realizar cambios radicales e inmediatos en materia del censo.
Entre el rápido despliegue de tropas federales en ciudades estadounidenses, los ataques contra opositores políticos y las amenazas de intervenir en las elecciones, es tentador descalificar los cambios en el censo como un tema sin importancia. Pero no lo son. Interferir en el censo es parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump de manipular datos e instituciones para inclinar las elecciones a favor de su partido.
Los planes de Trump, según sus propias palabras, involucran al Departamento de Comercio, que lleva a cabo el censo a través de la Oficina del Censo y que comenzaría a trabajar “de inmediato” en un “nuevo” censo que excluiría a las “[p]ersonas que se encuentran en nuestro país ilegalmente” e incluiría los “resultados y la información… de las elecciones presidenciales de 2024”. Si el departamento sigue estas instrucciones, crea un nuevo censo a mitad de década y adopta nuevas reglas sobre a quiénes contar, sería una movida tanto peligrosa como ilegal.
El censo es un recuento de todas las personas que viven en los Estados Unidos, estipulado por la Constitución y realizado cada diez años. Las cifras del censo se utilizan para dividir la representación política a través de la asignación de escaños (el proceso de repartir los escaños del Congreso entre todos los estados) y de la distribución de distritos electorales (el proceso de trazar los distintos distritos para votar en las elecciones).
Los datos del censo también se usan para distribuir los recursos del gobierno, por ejemplo, los $2.1 trillones de dólares de fondos federales para el año fiscal 2021. Esos fondos se destinan a la construcción y el mantenimiento de hospitales, carreteras, escuelas y más.
Las empresas, los gobiernos locales, las autoridades sanitarias públicas y muchos otros cuentan con los datos del censo para tomar decisiones. Debido a que tantos aspectos dependen de la precisión del censo, este ha sido desde siempre una iniciativa neutral, no partidaria y llevada a cabo por especialistas en datos encargados de producir los números más precisos posibles.
La reforma del censo propuesta amenaza con desestabilizar este proceso para obtener beneficios políticos partidistas.
El anuncio del presidente sobre el censo surgió justo después de haber propiciado una campaña de manipulación partidista de distritos electorales en toda la nación. Desde julio, según trascendió, Trump y sus aliados han estado presionando a numerosos legisladores estatales republicanos de todo el país para volver a trazar los mapas congresuales y así maximizar la cantidad de escaños que puede ganar su partido en las elecciones de medio término de 2026.
Por lo general, la distribución de distritos electorales se realiza solamente una vez: después de que se publican los resultados del censo. Un nuevo censo crearía la excusa perfecta para más manipulaciones partidistas de distritos a mitad de década, tal como acaba de ocurrir en Texas, donde los legisladores, a instancias del presidente, aprobaron nuevos mapas más favorables para el partido republicano de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Y si las cifras se desvirtúan a favor del partido del presidente, eso podría permitirles a los políticos llevar a cabo manipulaciones partidistas aún más agresivas de los mapas congresuales. Llamemos a esto el paso doble del censo: primero, se manipulan los números del censo; después, se convence a los aliados políticos para manipular los mapas.
Conocemos esta táctica porque Trump intentó sin éxito aprovecharse del censo de una forma parecida en su primera presidencia. Durante su primer mandato, trató de agregar una pregunta sobre ciudadanía (posiblemente para excluir del conteo a las personas no ciudadanas), intentó apresurar el recuento e intentó ordenarle a la Oficina del Censo que le diera “información” sobre las personas “extranjeras ilegales” para excluirlas de las cifras utilizadas para la asignación de escaños en el Congreso.
Esos intentos fueron bloqueados por la justicia, o bien —en el caso de la orden de Trump a la Oficina del Censo— se desvanecieron en medio de un litigio cuando se le agotó el tiempo.
Pero interferir en el censo no solo corromperá la integridad de nuestras elecciones. También desvirtuará los datos centrales de los que dependen nuestra economía y gobierno.
Apresurar los procesos del censo garantizaría deficiencias en el conteo. Contar a toda la gente que vive en un país tan grande y diverso como el nuestro requiere años de preparación. La correspondencia postal sobre el censo y los formularios en línea solo captaron el 67 por ciento de las viviendas en 2020, muchísimo menos que el recuento total de toda la población que vive en el país, tal como exige la Constitución.
En 2020, la Oficina del Censo necesitó $13.7 billones durante una década de preparaciones y a 373,784 personas para salir a tocar a las puertas y contar a 331.4 millones de personas.
La incorporación de preguntas para determinar quiénes se encuentran “legalmente” en el país socavaría aún más la precisión de los datos e incurriría en más gastos. Los propios estudios de la Oficina del Censo de la última década estimaron que agregar una pregunta sobre ciudadanía desalentaría a 2.1 millones de hogares y a 6.5 millones de personas de responder al censo, lo cual aumentaría el costo en, por lo menos, $91.2 millones.
Además, no existen datos actuales que le permitan a la Oficina del Censo determinar de manera confiable la ciudadanía de todas las personas que viven en el país.
Este plan propuesto sobre el censo no solo es un desastre práctico garantizado. También es ilegal.
En primer lugar, el presidente no tiene ningún poder constitucional sobre el censo, ni tampoco tiene la facultad de modificar las leyes para darse a sí mismo ese poder.
La Constitución coloca al Congreso a cargo del censo, y el Congreso ha aprobado varias leyes federales que rigen el modo en que el censo debe ejecutarse, sin ningún rol para el presidente más que el de anunciar al Congreso las cifras y los resultados correspondientes a la asignación de escaños, una vez que se finaliza el conteo.
Estas leyes estipulan claramente que nadie —ni el presidente, ni el secretario de Comercio ni la Oficina del Censo— puede producir cifras nuevas para la asignación de escaños o la distribución de distritos electorales a mitad de década entre un censo y otro.
Los censos deben llevarse a cabo en los años “terminados en cero” a comienzo de cada década y completarse en un plazo de nueve meses. El último censo fue en 2020. Eso significa que el próximo será en 2030. Las únicas actualizaciones a los números del censo que se permiten a mitad de década según la ley federal, por ejemplo, para evaluar la elegibilidad de recibir beneficios federales, debían comenzar en abril de 2025.
Incluso en ese caso, el Congreso prohibió expresamente que esas cifras recolectadas a mitad de década se utilicen para la distribución de distritos electorales o la asignación de escaños. La administración no puede usar las actualizaciones al censo como un atajo oculto para manipular los mapas congresuales del país.
Además, la Constitución requiere que el censo incluya “el número total de personas de cada estado”, un requisito que se ha interpretado desde que se llevó a cabo el primer censo en 1790 como el conteo de todas las personas que residen en el país el día del censo, independientemente de su condición de ciudadanía. Un recuento “únicamente de personas ciudadanas” violaría este claro requisito constitucional.
Solo porque es ilegal no significa que la administración no lo intente. Y si lo logra, marcaría una politización del censo nunca antes vista, con todos los verdaderos daños que eso conlleva para la democracia, el gobierno y el bienestar público. Debemos asegurarnos de que la administración no logre hacer lo que no pudo la última vez.
Traducción de Ana Lis Salotti.
