- Durante su primer día de mandato, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para acabar con la garantía de ciudadanía por nacimiento consagrada en la Decimocuarta Enmienda.
- Todas las ramas de gobierno han interpretado durante mucho tiempo este texto como una determinación amplia que otorga ciudadanía.
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Durante su primer día de mandato, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para acabar con la garantía de ciudadanía por nacimiento consagrada en la Decimocuarta Enmienda. Fiscales generales de los estados, organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron demandas para impugnar la orden en los tribunales federales de todo el país. Mientras estas causas se desarrollan, aquí le explicamos lo que debes saber sobre la ciudadanía por nacimiento.
¿Qué dice la Decimocuarta Enmienda sobre la ciudadanía por nacimiento?
La Sección 1 de la Decimocuarta Enmienda declara: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en donde residen”.
Todas las ramas de gobierno han interpretado durante mucho tiempo este texto como una determinación amplia que otorga ciudadanía. Según este entendimiento, la Corte Suprema falló en el caso United States v. Wong Kim Ark de 1898 que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida en los Estados Unidos, incluyendo a los bebés de padres que no son ciudadanos estadounidenses. Sólo hay unas pocas excepciones muy puntuales —por ejemplo, los hijos e hijas nacidos en EE. UU. de embajadores extranjeros no son considerados ciudadanos estadounidenses.
¿Qué pretende hacer la orden ejecutiva de Trump con respecto a la ciudadanía por nacimiento?
La Orden Ejecutiva 14160 pretende negarle la ciudadanía a cualquier bebé nacido en los Estados Unidos cuya madre resida en el país “ilegalmente” o “legal pero temporalmente” y cuyo padre “no sea ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente”. En otras palabras, según esta orden, los hijos nacidos en EE. UU. de padres que sean inmigrantes indocumentados y los hijos de padres que residen en el país con un estatus de permiso temporal, como visas de estudiante o de trabajo, no deben ser considerados ciudadanos de los Estados Unidos.
La orden instruye a los departamentos y agencias federales negar “documentos que reconozcan la ciudadanía de los Estados Unidos” a esos niños y niñas. Mientras que la orden no específica lo que esto significa, su mención puntual del secretario de estado y el comisionado de la seguridad social implica que esto les prohibiría a los niños afectados recibir pasaportes y números de seguro social, entre otros documentos. Los niños y niñas presumiblemente podrían recibir certificados de nacimiento, los cuales son expedidos por gobiernos locales. Pero estos documentos ya no serían necesariamente considerados como pruebas de ciudadanía estadounidense.
¿Por qué existe una cláusula de ciudadanía en la Decimocuarta Enmienda?
La cláusula de ciudadanía buscó resolver de una vez por todas lo que fue un largo debate sobre quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. Hasta que se ratificó la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Constitución y el naciente derecho federal en gran parte guardaron silencio al respecto.
Las decisiones judiciales tempranas generalmente se apegaban a la regla de larga data del derecho inglés según la cual las personas nacidas en el país eran ciudadanas estadounidenses —o por lo menos, ese era el caso para las personas blancas nacidas en el país.
El estatus legal de las personas esclavizadas y la creciente población de afrodescendientes libres se mantuvo sin resolver. Sin las protecciones de la ciudadanía, las personas negras libres en el país enfrentaron violencia y el riesgo de ser reubicados forzosamente. Los activistas afrodescendientes libres presionaron por una garantía amplia de ciudadanía por nacimiento que los incluyera a ellos y a todas las personas nacidas en los Estados Unidos.
La Corte Suprema rechazó ese intento en la infame decisión de Dred Scott v. Sandford, un caso de 1857 que se conoce generalmente como una mancha en el legado de la Corte Suprema. Escribiendo en nombre de la mayoría, el presidente del tribunal, el magistrado Roger Taney, argumentó que las personas afrodescendientes —tanto esclavizadas como libres— no eran y nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. Para Taney, la ciudadanía era un estatus que el gobierno podía otorgar a su discreción y que los fundadores del país resolvieron no extenderlo a las personas negras.
Luego de la Guerra Civil, los republicanos en el Congreso vehementemente repudiaron la decisión Dread Scott, lo que culminó con la aprobación de la Decimocuarta Enmienda. En esta, se estableció constitucionalmente el amplio e inclusivo derecho a la ciudadanía por nacimiento, resolviendo a futuro cualquier cuestión política sobre quién es un ciudadano. (Para más información sobre la historia de la cláusula de ciudadanía, véase este escrito de amigo de la corte de las docentes Martha Jones y Kate Masur, presentado en una demanda que cuestiona la orden ejecutiva de Trump).
¿Tenía la Decimocuarta Enmienda la finalidad de cobijar a los hijos de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos?
La documentación del Congreso indica que la garantía amplia a la ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda siempre tuvo la intención de incluir a los hijos de inmigrantes, sin importar el estatus legal de sus padres.
Cuando el Congreso debatió el lenguaje de la cláusula de ciudadanía en 1866, el senador Jacob Howard explicó que la cláusula era “simplemente declaratoria de … la ley ya existente en el territorio, que cada persona nacida en los límites de los Estados Unidos, y sujetos a su jurisdicción, son por virtud de la ley natural y nacional ciudadanas de los Estados Unidos”. Varios legisladores expresaron preocupación que tan amplía garantía les extendería la ciudadanía a hijos de inmigrantes.
El senador John Connes afirmó que el lenguaje propuesto “declara que los hijos de cualquier parentesco … deben ser considerados y tratados como ciudadanos de los Estados Unidos, y con los mismos derechos civiles que los otros ciudadanos de los Estados Unidos”.
Conforme a los juicios de Howard y Connes, el texto final de la cláusula de ciudadanía no contiene ningún lenguaje que prohíba a los hijos de inmigrantes a recibir la ciudadanía. La Corte Suprema afirmó este juicio en la causa Wong Kim Ark, en la cual rechazó los argumentos de que los hijos nacidos en los Estados Unidos de padres no ciudadanos no debían ser considerados ciudadanos.
¿Cuáles son las consecuencias de terminar la ciudadanía por nacimiento?
La orden ejecutiva de Trump causaría grandes problemas en todo el país si se permite que entre en vigor. Los abogados que impugnan la orden sostienen que se les negará la ciudadanía a cientos de miles de niños y niñas en los Estados Unidos, y se creará entonces una nueva subclase de personas que carecen de la totalidad de derechos y protecciones que han gozado los ciudadanos por mucho tiempo.
Además, sin la ciudadanía estadounidense, algunos de estos niños podrían quedarse apátridas. Esto significa que no son reconocidos como ciudadanos de ningún país. Como ha recalcado la Agencia de la ONU para los Refugiados, las personas apátridas a menudo carecen de acceso a derechos y servicios básicos, como la atención médica, educación y la capacidad para viajar libremente. Sin la ciudadanía estadounidense, estos niños y niñas podrían ser deportados a países extranjeros donde nunca han vivido y donde su bienestar estaría en peligro.
La orden también crea significativos obstáculos administrativos. Los despachos de gobierno ya no podrían depender de las actas de nacimientos para comprobar la ciudadanía. Y, al empoderar a funcionarios de gobierno a cuestionar el estatus de ciudadanía de las personas, la orden allana el camino para la interferencia discriminatoria y arbitraria en la vida diaria de las personas por parte del gobierno.
Este problema no solo impactaría a los niños a quienes se les negó la ciudadanía según la orden: Bajo el nuevo régimen jurídico que crearía la orden, todos estarán sujetos a que se cuestione su ciudadanía.
¿Cómo afecta el fallo de la Corte Suprema en la causa Trump v. CASA a la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento?
Justo después de que el presidente Trump firmara la orden, muchas demandas se presentaron cuestionando su constitucionalidad. Varios tribunales de distrito federal temporalmente bloquearon la implementación de la orden mientras se desarrollaban esas demandas. En Trump v. CASA, la Corte Suprema abordó si los tribunales de distrito pueden emitir el tipo de juicios temporales que le extienden protecciones a todas las personas en el país —algo conocido como un mandamiento judicial preliminar.
A finales de junio, una Corte Suprema dividida respaldó a la administración Trump en ese único tema, determinando que los mandamientos judiciales preliminares universales son ilegales cuando no son necesarios para proteger los derechos de las personas y organizaciones que presentaron las demandas.
El supremo devolvió las demandas a los tribunales de primera instancia para considerar si sus fallos bloqueando la orden ejecutiva deben ser más limitados, afectando solo a ciertas personas o estados en vez del país entero. También le permitió al gobierno federal seguir adelante con la aplicación de orden ejecutiva en los 30 días posteriores a la sentencia, siempre y cuando las personas no estén ya protegidas por los fallos revisados.
Críticamente, el supremo no abordó la constitucionalidad de la orden ejecutiva, postergando esta cuestión para otro día.
Mientras que este caso le ofrece a la administración Trump la oportunidad de implementar la orden, no está claro si la administración tendrá éxito. En julio, tribunales de primera instancia emitieron sentencias afirmando el alcance nacional de una prohibición temporal de la orden que lograron fiscales generales de varios estados y aprobaron otra prohibición en defensa de una clase nacional de demandantes. Y, crucialmente, mientras que la sentencia de la Corte Suprema no abordó la legalidad de la orden, la mayoría de los expertos en derecho están de acuerdo en que es claramente inconstitucional. Es muy probable que la Corte tenga que resolver esta cuestión en el futuro.
Traducción de Laura Gómez
