- Las dos empresas de prisiones privadas más grandes de los Estados Unidos son CoreCivic y GEO Group.
- Estas compañías se preparan ahora para expandir sus roles —y también sus ganancias— gracias al nuevo flujo de fondos.
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Este artículo fue publicado originalmente en Just Security.
Cuando el Congreso aprobó la ley presupuestaria el pasado 1 de julio, convirtió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la fuerza de orden federal más grande del país, al triplicar con creces su presupuesto anual.
Esta ley incluye una partida sin precedentes de $45 mil millones para que ICE construya nuevos centros de detención de inmigrantes tanto para adultos como para menores. Al 7 de septiembre, había 58,766 personas bajo custodia de ICE, mientras que en la misma fecha del año pasado había 37,395.
El nuevo financiamiento podría duplicar esta capacidad de detención. En agosto, el Washington Post informó sobre unos documentos internos que indicaban que ICE iba a tener la capacidad de detener a más de 107,000 personas para el mes de enero.
Además de los fondos para las detenciones, el Congreso proporcionó otros $30 mil millones para arrestos y deportaciones. Parte de esos fondos están destinados a contratar y entrenar a más agentes de ICE y transportar a las personas detenidas entre los centros de detención y, finalmente, fuera del país.
Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE a la hora de ejecutar la agenda de inmigración del gobierno. ICE contrata a corporaciones para construir y administrar las instalaciones de detención y transportar a las personas indocumentadas detenidas. Las dos empresas de prisiones privadas más grandes de los Estados Unidos son CoreCivic y GEO Group. Estas compañías se preparan ahora para expandir sus roles —y también sus ganancias— gracias al nuevo flujo de fondos.
Tal como señalé el pasado noviembre, mientras nos encontramos al borde de una explosión de detenciones masivas, es fundamental reconocer que, si estas corporaciones no existieran, le sería difícil al gobierno federal ejecutar sus planes. Y cuando esta enorme entrada de fondos para ICE comience a incrementar la capacidad del gobierno federal de detener, transportar y deportar personas, será muy difícil desmantelarla, aun cuando las próximas administraciones quieran disminuir esos esfuerzos.
Incorporar otros 10,000 oficiales de detención de ICE, colocar 50,000 camas de detención o más, y agregar flotas de vehículos, como autobuses y camionetas, a las operaciones de detención y deportación creará una infraestructura nunca antes vista en este país.
Esta financiación crea intereses privados para las corporaciones que brindan servicios de detención, transporte, salud y seguridad, y para algunas comunidades locales que se benefician de los puestos de trabajo creados y el dinero que se aporta en impuestos, lo cual hará aún más difícil desmantelar el sistema.
Enormes ganancias para el sector
Este mes, las dos corporaciones de prisiones privadas más grandes reportaron importantes ganancias durante sus reuniones sobre los resultados del segundo trimestre.
CoreCivic reportó un total de $538.2 millones de ingresos durante el segundo trimestre de la compañía, casi un 10 por ciento más que en el mismo período de 2024. GEO Group, la principal contratista de ICE, notificó ingresos para el segundo trimestre en el orden de los $636.2 millones, un 5 por ciento más que en el mismo período del año pasado.
El CEO y director de CoreCivic, Damon Hininger, comunicó a sus inversores durante la reunión sobre resultados del 7 de agosto que la nueva ley presupuestaria representa “un momento crucial en el financiamiento de nuestro sector”.
Del mismo modo, el fundador y presidente ejecutivo de la Junta de GEO Group, George Zoley, informó a sus inversores durante la reunión del 6 de agosto: “Dado el valor intrínseco de nuestros activos y las oportunidades de crecimiento sin precedentes que prevemos que se materializarán durante el resto de este año y el próximo, creemos que nuestra actual valuación patrimonial ofrece una oportunidad atractiva para los inversores”.
Expandirse para satisfacer la demanda
Las dos compañías, CoreCivic y GEO Group, han tomado medidas este año para aumentar su capacidad de detención. Las compañías firmaron contratos con el gobierno federal para agregar más camas en las actuales instalaciones de detención, además de los nuevos contratos que han firmado con el gobierno federal para reabrir instalaciones vacías.
Por ejemplo, desde enero, GEO Group ha reactivado cuatro centros con un total de 6,600 camas para ICE. La compañía prevé que tan solo estos cuatro centros producirán más de $240 millones anuales en ingresos.
Este año, CoreCivic firmó un acuerdo con ICE para reabrir el Centro Residencial de Familias del Sur de Texas en Dilley, Texas, un centro de detención de 2,400 camas construido para colocar allí a familias detenidas. Este sitio se cerró en 2024 después de que el presidente Joe Biden suspendió la detención de familias en 2021. En el centro de detención de familias, por lo general, se separa a los padres de las madres y sus hijos.
La compañía también reactivó el Centro de Procesamiento de Inmigración de California City para colocar allí a personas detenidas por ICE. Este centro tiene 2,560 camas de detención. Y en marzo, CoreCivic firmó un contrato preliminar con ICE para reabrir un centro con más de 1,000 camas en Leavenworth, Kansas, llamado Centro de Recepción Regional de Medio Oeste. Allí funcionaba antes una prisión federal.
CoreCivic informa que le ha comunicado a ICE que tiene unas 30,000 camas más que puede poner a su disposición. Algunas, 13,400 camas, están en nueve centros correccionales y de detención vacíos. El resto de esa capacidad proviene de agregar más camas a las instalaciones ya en funcionamiento.
GEO Group también informa que tiene casi 6,000 camas vacías (es decir, camas en distintas instalaciones que actualmente no está usando ninguna agencia estatal ni federal) para que ICE o el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos las usen si las necesitan. La compañía también tiene otras 5,000 camas que se pueden crear de modo temporal o permanente en instalaciones existentes.
Además, GEO Group se ha vuelto un aliado crucial de la administración para el transporte y, en última instancia, la deportación de personas fuera de los Estados Unidos. La subsidiaria de transporte de GEO Group, GTI, es el principal proveedor de transporte aéreo y terrestre de ICE. Geo Group prevé que la mayor cantidad de vuelos de deportación podría generar entre $40 y $50 millones más en ingresos anuales para GTI.
Resistencia de las comunidades locales
A pesar de esta expansión, algunas jurisdicciones se han resistido a la apertura de centros de detención en sus ciudades y localidades. Por ejemplo, después de una demanda presentada por la ciudad de Leavenworth, un tribunal en Kansas le impidió temporalmente a CoreCivic colocar a inmigrantes detenidos en el Centro de Recepción Regional de Medio Oeste, porque la empresa no había obtenido un permiso de uso especial para abrir ese centro.
Muchos residentes locales también han expresado su oposición. Algunos residentes se oponen como una forma de protesta contra la agenda de inmigración de la administración. Otros recuerdan la crónica escasez de personal y las condiciones peligrosas de las antiguas instalaciones de CoreCivic que funcionaban en ese lugar, tal como lo detalla un informe del Inspector General del Departamento de Justicia.
Esta resistencia local surge a pesar de que este centro sería lucrativo para Leavenworth, ya que CoreCivic le ha prometido a la ciudad $1 millón de dólares cuando abra el centro y otros pagos adicionales de $250,000 por año. La compañía también prometió $150,000 para el departamento de policía.
Varios líderes demócratas en Nueva Jersey también se opusieron públicamente a la apertura de Delaney Hall de GEO Group, un centro de detención de 1,000 camas que se convertirá en el centro de detención de inmigrantes más grande de la Coste Este.
Otros funcionarios de Newark presentaron una demanda para tratar de detener la apertura del centro de detención, porque alegan que GEO Group estaba renovando las instalaciones sin los permisos locales correspondientes. Pero, en julio, el tribunal federal de apelaciones para el tercer circuito (en relación a otras instalaciones en ese estado) dictó que Nueva Jersey no puede impedir que las compañías de prisiones privadas firmen contratos con el gobierno de EE. UU.
Una lucha para realizar inspecciones
Mientras la administración Trump se está asociando con estas compañías privadas para incrementar la capacidad de la nación de detener a personas inmigrantes, también ha intentado reducir la supervisión de las instalaciones de detención.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) erradicó efectivamente la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, que realizaban tareas fundamentales de inspección de las instalaciones de detención de inmigrantes.
Este verano, luego de la eliminación de estos organismos de control, ICE negó la entrada a varios centros de detención y oficinas locales a numerosos congresistas que querían entrar a revisar las condiciones de detención de las personas bajo custodia, aun cuando la ley federal estipula que cualquier congresista tiene el derecho legal a hacerlo.
Y apenas la semana pasada, 11 funcionarios demócratas electos fueron arrestados en Manhattan tras exigir acceso a las celdas de un edificio federal que ICE usa para colocar allí a personas inmigrantes detenidas. Muchos congresistas también están dando batalla.
El pasado 30 de julio, una docena de miembros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. demandó a la administración Trump para asegurarse de tener acceso a las instalaciones de detención, incluso sin aviso previo.
El Congreso ya ha considerado formas de expandir la supervisión y transparencia de las instalaciones de detención, en particular en las prisiones y los centros de detención operados por corporaciones privadas. La Ley de Información sobre Prisiones Privadas (Private Prison Information Act) aumentaría la cantidad de información que las compañías de prisiones privadas deben poner a disposición del público. Pero este proyecto de ley no avanzó el año pasado.
La supervisión estatal de las instalaciones de detención de ICE es limitada, ya que tradicionalmente la tarea de supervisarlas era responsabilidad del DHS y de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés).
Pero California ofrece un modelo a seguir para los estados, a medida que la supervisión federal desaparece. En 2017, la legislatura de California promulgó la ley AB 103. Esta ley obliga al Departamento de Justicia del estado de California a evaluar e informar sobre las condiciones de encarcelamiento de las instalaciones de detención de los inmigrantes hasta el 1 de julio de 2027.
El estado publicó un informe el pasado abril (su cuarto informe desde la promulgación de la ley) después de inspeccionar seis instalaciones de detención de inmigrantes de ICE operadas por empresas privadas en California. El informe señaló que las instalaciones precisaban de importantes mejoras para atender correctamente las necesidades de salud mental de las personas detenidas.
Las instalaciones no implementaban adecuadamente los programas de prevención de suicidios, y se observó que el personal hacía un uso desproporcionado de la fuerza contra las personas con afecciones de salud mental diagnosticadas. Los centros tampoco cumplían con sus obligaciones de asegurarse de que las afecciones de salud mental no impidieran a las personas detenidas participar en sus procedimientos judiciales de inmigración.
Inversiones éticas y el sector de las prisiones privadas
A pesar de las enormes ganancias y los altos rendimientos de la inversión para los accionistas, algunos inversores han dejado de participar en estas compañías por razones de ética.
Tal como lo señalé en mi libro “Inside Private Prisons: An American Dilemma in the Age of Mass Incarceration”, en 2015 la Universidad de Columbia se convirtió en la primera universidad privada de la nación en desprenderse de las acciones que había invertido en compañías de prisiones privadas.
Y ese mismo año, la Universidad de California fue el primer sistema educativo público en desprenderse de su participación en este sector cuando anunció que iba a vender el capital de $25 millones que tenía invertido en GEO Group, CoreCivic y G4S (una compañía de seguridad privada que opera algunas prisiones privadas alrededor del mundo). Decenas de otras campañas de desprendimiento de capital surgieron rápidamente en una amplia gama de universidades.
En 2019, ocho bancos importantes, entre ellos JPMorgan Chase y Bank of America, anunciaron que ya no iban a brindar financiamiento a los operadores privados de prisiones y centros de detención. Y ahora existen herramientas en internet que ayudan a los inversores a encontrar información sobre qué fondos contienen estas acciones.
Cuando los bancos tomaron esa medida en 2019, fue en medio de las protestas generalizadas contra las políticas de inmigración de Trump, en especial las que separaban a niños y niñas de sus familias.
Ahora, después de la fuerte crítica de muchos políticos republicanos, incluido el presidente Donald Trump, algunas corporaciones han abandonado muchas de sus políticas, posturas y compromisos sociales que eran políticamente populares hace apenas cinco años. Y al menos dos bancos, Bank of America y Wells Fargo, han empezado a trabajar nuevamente con el sector de las prisiones privadas.
El resultado de los litigios recientes puede absorber parte de las ganancias de las compañías que administran centros de detención de ICE. Todo el tribunal federal de apelaciones del noveno circuito se negó a reconsiderar un dictamen emitido por un panel de tres jueces este pasado enero que afirmaba que las leyes estatales de salario mínimo se aplican a todos los empleados privados del estado, más allá de los arreglos contractuales que tengan con el gobierno federal.
GEO Group ahora debe pagar $23 millones al estado de Washington y a las personas inmigrantes detenidas a las que se les había pagado $1 por día (en lugar del salario mínimo) por participar en el Programa de Trabajo Voluntario de la empresa, que incluía trabajos de cocina y limpieza, reparación de instalaciones, manejo de residuos y lavandería. Esta decisión judicial podría tener consecuencias profundas para otras corporaciones que administran centros de detención de ICE y podría aumentar el costo del gobierno de contratar a estas compañías.
Con esta nueva financiación sin precedentes, las corporaciones que propician el crecimiento de la infraestructura de detención de nuestro país continuarán teniendo ganancias disparadas. Además, el peligro, y la realidad, es que gracias a estas compañías, se permite una rápida expansión de la infraestructura de detención y deportación en los Estados Unidos. Esto ya ha comenzado a crear una red de incentivos corporativos y comunitarios que podría ser muy difícil desarmar.
Traducción de Ana Lis Salotti.
