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La Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act) fue una ley inmensamente exitosa en la lucha para garantizar el acceso al voto de toda la ciudadanía estadounidense, en especial las comunidades no blancas. Pero una resolución de la Corte Suprema de 2013 resquebrajó esta medida histórica en materia de derechos civiles, cuando eliminó una disposición de la ley conocida como el requisito de “aprobación previa”.
¿Qué es la aprobación previa?
Antes de 2013, la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto les exigía a los estados y localidades con una larga historia de prácticas de votación discriminatorias que presentaran ante el gobierno federal todo cambio que deseaban realizar en sus leyes y políticas electorales o en sus mapas de distritos electorales, para que el gobierno federal los evaluara antes de entrar en vigencia. A este proceso se lo conoce como aprobación previa.
Los tribunales y el Departamento de Justicia federal interpretaban que la Sección 5 se aplicaba a una amplia gama de leyes relacionadas con las elecciones, desde los planes de redistribución de distritos y las leyes de identificación de votantes a nivel estatal, hasta pequeños cambios como la intención del gobierno local de reubicar un sitio de votación de una iglesia o una escuela a otra cercana.
El propósito de la aprobación previa consistía en asegurarse de que los cambios propuestos en estas “jurisdicciones protegidas” no discriminaban contra las comunidades no blancas de votantes, ni por su intención ni por su efecto en la práctica.
La Sección 5 es una medida única. Otras leyes sobre el derecho al voto, al igual que otras secciones de la Ley de Derecho al Voto, requieren que el gobierno o el electorado minoritario perjudicado presenten una demanda si desean disputar una ley y demuestren ante la justicia que esa ley es, en efecto, discriminatoria. Este proceso, a menudo, cuesta mucho dinero y tiempo. Lo peor es que, en muchos casos, la ley discriminatoria permanece vigente hasta que concluye el litigio y entonces sigue afectando la capacidad de las comunidades minoritarias de tener un verdadero acceso al voto.
En cambio, según la Sección 5, las jurisdicciones protegidas soportaban la carga de probar, para satisfacción del ente gubernamental evaluador, que una ley nueva no era discriminatoria. Esto tuvo un efecto transformador casi inmediato, tanto en términos de las políticas que se elaboraban como en cuanto al porcentaje de participación del electorado minoritario.
¿Cuáles eran los efectos de la aprobación previa?
Antes de la Ley de Derecho al Voto, la invalidación de una práctica discriminatoria dictada por un tribunal federal solía enfrentar resistencia de los gobiernos locales y estatales, que usaban maniobras procesales y apelaciones interminables para evitar cumplir con lo impuesto, o bien simplemente adoptaban otra alternativa igualmente discriminatoria que hacía que el electorado afectado volviera a las mismas condiciones de antes.
Con el requisito de la Sección 5 de obtener la aprobación federal de sus políticas electorales propuestas, las jurisdicciones protegidas moderaban con rapidez muchos de los peores abusos. Con el tiempo, numerosas jurisdicciones hasta comenzaron a aprobar leyes electorales y planes de redistribución de distritos con vistas a resolver las dificultades de sus electorados minoritarios y asegurarse de que las nuevas leyes que proponían pudieran obtener la aprobación previa federal.
El éxito del sistema de aprobación previa hizo que el Congreso lo incluyera varias veces durante las renovaciones de la Ley de Derecho al Voto. Cuando esta ley se aprobó por primera vez, se estableció que las disposiciones sobre la aprobación previa vencerían en 1970.
Sin embargo, habían sido tan efectivas que el Congreso terminó extendiendo su aplicación cuatro veces más, la última en 2006, cuando su renovación se aprobó en la Cámara de Representantes con 390 votos a favor y 33 en contra y en el Senado con 98 a favor y ninguno en contra, antes de que la convirtiera en ley el entonces presidente George W. Bush.
Al final, fue la Corte Suprema, y no el Congreso, quien suspendió la aprobación previa. En la controversial causa Shelby County v. Holder de 2013, la Corte invalidó la fórmula de protección utilizada para determinar qué estados y gobiernos locales debían cumplir con el requisito de aprobación previa. Como consecuencia, hoy en día, ningún estado ni ninguna localidad tiene la obligación de solicitar la aprobación del gobierno federal antes de cambiar sus reglas electorales.
¿Qué estados y localidades estaban cubiertos por el requisito de aprobación previa?
Al momento de la resolución de la causa Shelby County, había 16 estados sujetos, parcial o totalmente, al requisito de aprobación previa de la Sección 5.
Si bien la mayoría de esos estados se ubican en el sur del país, también había jurisdicciones protegidas en Alaska, Arizona y algunos condados y localidades en California, Míchigan, New Hampshire, Nueva York y Dakota del Norte.
En nueve estados (Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Virginia), el requisito de aprobación previa se aplicaba tanto al gobierno estatal como en todos o casi todos los gobiernos locales dentro del estado.
¿Cómo funcionaba el sistema de aprobación previa?
Cuando la Sección 5 estaba vigente, la jurisdicción protegida que quería realizar cambios en sus reglas electorales podía solicitar la aprobación previa de esos cambios a través de dos vías: mediante la aprobación del Departamento de Justicia, o bien mediante un tribunal federal.
El método más utilizado era, con mucho, el primero. Mediante un proceso conocido como “revisión administrativa”, la jurisdicción podía presentar ante el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) los cambios propuestos junto con cualquier otra información solicitada. Entonces, el Departamento tenía 60 días, prorrogables bajo ciertas condiciones, para notificarle a la jurisdicción si tenía objeciones o no.
Si el Departamento de Justicia no objetaba los cambios, se concedía la aprobación previa, que ya no se podía disputar en los tribunales de justicia. Si, en cambio, el DOJ denegaba la aprobación previa, la jurisdicción podía solicitar la revisión de esa negación ante un tribunal federal de distrito en Washington y podía seguir apelando ante la Corte Suprema.
La segunda vía para obtener la aprobación previa de un cambio propuesto en las leyes electorales o en los mapas electorales era presentando una demanda en un tribunal federal de distrito en Washington. Pero esta vía raramente se usaba debido al tiempo y costo del litigio en comparación con el proceso administrativo más eficiente de la aprobación previa.
¿Por qué la Corte Suprema puso fin al sistema de aprobación previa?
En la causa judicial Shelby County v. Holder, la Corte Suprema resolvió que la fórmula utilizada en la Ley de Derecho al Voto para determinar qué estados y localidades estaban sujetos a la Sección 5 era inconstitucional, porque se basaba en las condiciones electorales existentes de las décadas de 1960 y 1970 y no en las circunstancias actuales y, por lo tanto, imponía una carga desigual sobre ciertos estados sin pruebas suficientes que así lo justificaran.
Sin embargo, cabe recalcar que la corte superior no anuló la Sección 5 por completo, sino que dejó abierta la posibilidad para que “el Congreso pueda elaborar otra fórmula basada en las condiciones actuales” y a partir de “datos actuales que reflejen las necesidades de hoy en día”.
¿Cuál es el estado actual de las iniciativas para adoptar una nueva fórmula de protección?
El Congreso ha intentado varias veces aprobar una nueva fórmula de protección de la Sección 5 y ha fracasado en todas, pero hay indicios de que está cada vez más cerca de lograr el éxito. En enero de 2022, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de reformas democráticas que incluía la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act), que habría actualizado la fórmula de protección de la Sección 5. Pero, si bien el paquete contó con el apoyo de la mayoría de los senadores, fracasó por un pequeño margen debido a la incapacidad de este órgano de reformar sus arcaicas reglas de filibusterismo u obstrucción en el Congreso.
Desde entonces, se siguen acumulando las pruebas que demuestran el impacto devastador del fin de la aprobación previa. De hecho, un estudio del Brennan Center reveló que, desde 2013, la brecha en la participación de los electorados blanco y negro “creció casi dos veces más rápido en las jurisdicciones antes protegidas por la ley que en otras partes del país con características socioeconómicas y demográficas parecidas”.
Si bien el Congreso actual no parece dispuesto a priorizar la aprobación de leyes a favor del derecho al voto, no resulta difícil imaginarse, en un futuro cercano, una mayoría que favorezca y priorice estas reformas, en especial si el pueblo las exige para renovar y fortalecer la democracia estadounidense de cara al siglo XXI.
Traducción de Ana Lis Salotti.
