En junio, un juicio civil histórico sobre el daño que ocasiona el cambio climático pondrá a prueba la interpretación del derecho a un “medio ambiente limpio y saludable” que ampara la constitución de Montana. Será el primer juicio de este tipo en el país que se admita en virtud de una constitución estatal y seguramente no será el último.
La parte demandante, integrada por 16 jóvenes de Montana, se oponen a la prohibición estatal mediada por ley de considerar el cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental. Presentaron la causa Held v. Montana ante la justicia estatal porque los tribunales federales han rechazado demandas parecidas de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, que no trata explícitamente el tema ambiental. Sin embargo, como Montana, hay cada vez más estados que evalúan adoptar o ya han adoptado enmiendas constitucionales que permiten una acción judicial para decidir sobre derechos ambientales.
Las primeras enmiendas sobre derechos ambientales fueron incorporadas a las constituciones estatales en los años 70, lo cual coincide con el surgimiento del movimiento ambiental. La enmienda de Illinois estipula que “cada persona tiene derecho a un medio ambiente saludable”, exigible tanto para el gobierno como para los individuos, como lo determinó la asamblea general del estado.
La enmienda de Pensilvania amplía estos derechos ambientales y dice: “El pueblo tiene derecho al aire limpio, al agua pura y a la conservación de los valores naturales, paisajísticos, históricos y estéticos del medio ambiente. Los recursos naturales públicos de Pensilvania son propiedad común de todo el pueblo, incluso de las futuras generaciones. Como depositario de estos recursos, el Estado debe conservarlos y mantenerlos para beneficio de todo el pueblo”.
Del mismo modo, la enmienda de Montana reconoce los intereses de las futuras generaciones en un “medio ambiente limpio y saludable” y señala que las obligaciones ambientales se extienden tanto a los individuos como al estado. La enmienda de Hawái también estipula el derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio y saludable “tal como lo definen las leyes sobre calidad ambiental, incluso en cuanto al control de la contaminación, y la conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales”. Esta enmienda de Hawái fue aplicada hace poco por la corte suprema del estado como fundamento para confirmar la decisión de un organismo estatal que rechazó la aprobación regulatoria en una solicitud para instalar una planta de energía de biomasa.
Algunas enmiendas ambientales adoptadas durante este período no han creado derechos individuales exigibles. Por ejemplo, la enmienda de Massachusetts abarca la libertad de no tener “un nivel de ruido innecesario y excesivo”, el derecho a disfrutar del “aire y agua limpios” y otros derechos ambientales más generales, pero aún
ningún tribunal ha admitido ninguna acción judicial contra el estado de acuerdo con esta enmienda. La enmienda de Rhode Island de 1986 hace hincapié en el acceso a la costa y otras obligaciones ambientales del estado, pero sin mencionar ningún derecho individual.
Sin embargo, hay grupos de defensa y tribunales que están ampliando poco a poco los derechos ambientales justiciables basándose en las enmiendas ambientales incorporadas en las declaraciones de derechos de las constituciones estatales, conocidas como “enmiendas verdes” o “greenamendments”, en inglés. En Pensilvania, por ejemplo, una serie de causas llevadas ante la corte suprema del estado en 2013, 2017 y 2021 anularon ciertas interpretaciones limitadas que hicieron algunos tribunales sobre la enmienda verde del estado para imponerle al gobierno requisitos más estrictos y así honrar el interés público y confirmar que las personas individuales pueden demandar a terceros directamente según esta enmienda. La doctrina del interés público establece que ciertos recursos naturales deben estar disponibles y ser conservados para beneficio del público y no, para usos privados. Como resultado de estas decisiones, las ganancias derivadas de los contratos estatales que permiten a compañías privadas extraer recursos naturales de tierras públicas deben utilizarse para la recuperación del medio ambiente y no agregarse al fondo general del estado.
Los primeros casos en virtud de la enmienda verde de Montana también fueron restrictivos, pero en 1999 la corte suprema del estado permitió que un grupo ambiental demandara a una compañía minera privada por contaminar las aguas subterráneas con arsénico. La corte no solo determinó que los activistas ambientales tenían legitimación procesal, sino que también llegó a la conclusión de que esa legitimación se podía fundamentar en la sola proyección del daño. Esta decisión preparó el terreno para el próximo juicio de Held v. Montana. Como uno de los primeros casos sobre derechos ambientales del país que llega a juicio, la causa Held nos dará la oportunidad de evaluar en profundidad el impacto actual y futuro del cambio climático sobre la juventud. Y como hay otras causas pendientes en el resto de los Estados Unidos y del mundo, este juicio también servirá de modelo para establecer la responsabilidad del gobierno en torno a políticas climáticas perjudiciales.
Hace poco, la enmienda verde de 2021 de Nueva York pasó su primera prueba de litigio en los tribunales de primera instancia del estado. En la causa Fresh Air for the East Side v. New York, un grupo comunitario se basó en la enmienda de Nueva York para objetar la colocación de un vertedero de basura que iba a emitir gases nocivos. El tribunal estableció que la empresa privada operadora del basurero no podía ser demandada en virtud de la enmienda, pero que admitía la causa contra el estado y llegó a la conclusión de que el tribunal tendría facultad de ejecutar la ley si se determinara algún incumplimiento.
El mismo grupo comunitario luego presentó una segunda demanda contra la ciudad de Perinton, Nueva York, por haber otorgado el permiso para la creación del basural. Nuevamente, el tribunal admitió la causa y dictaminó que no se le permitiría al gobierno violar el derecho constitucional de las personas de tener “aire y agua limpios y un medio ambiente saludable”. Estas dos primeras causas en Nueva York se encuentran en los tribunales de apelaciones, y hay más casos sobre esta enmienda verde pendientes de resolución en tribunales de primera instancia.
Aún queda mucho por determinar, a medida que la justicia estudia las enmiendas verdes, como, por ejemplo, el significado de términos básicos como “limpio” y “saludable”. Además de dirigir la vista hacia los demás estados, los tribunales estatales también pueden buscar orientación en el plano internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco reconoció el derecho a un medio ambiente saludable como un derecho humano, y otros organismos internacionales de derechos humanos están en proceso de sobreponerse a obstáculos en materia de definiciones. Mientras tanto, un movimiento nacional de activistas está trabajando para aumentar la cantidad de constituciones estatales que incorporan enmiendas verdes para proteger el medio ambiente, mediante campañas en Nuevo México, Kentucky, Connecticut y otros estados.
Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos seguramente no sea de mucha ayuda. Si bien es bueno tener estabilidad, la dificultad de enmendar la Constitución Federal y el uso de la historia por parte de la actual Corte Suprema para limitar los derechos pueden dejar a la Constitución incapacitada de abordar problemas contemporáneos como las crisis ambientales. Sin embargo, las enmiendas verdes de los estados, al estar ampliando la justiciabilidad de los derechos ambientales, están comenzando a llenar este vacío.
Martha F. Davis es profesora universitaria distinguida de la Facultad de Derecho de la Northeastern University. Las opiniones aquí expresadas son propias de la autora y no reflejan necesariamente las del Brennan Center.
Traducción de Ana Lis Salotti.
