- Al tiempo que le quita fondos a programas de prevención de la violencia que funcionan bien, Trump coloca enormes cantidades de recursos en un plan para detener y deportar a inmigrantes que estadísticamente cometen muy pocos de los delitos violentos.
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En los medios de comunicación, se suele decir que la noticia cobra importancia si hay sangre (“If it bleeds, it leads”). Esta es otra clase de noticia, sobre una tendencia alentadora… y sobre las políticas desacertadas que ahora amenazan con revertirla.
Desde la década de los 90, las tasas de delincuencia en los Estados Unidos disminuyeron drásticamente durante tres décadas. Una creciente sensación de seguridad creó las condiciones necesarias para adoptar reformas del sistema de justicia penal.
Lo que antes era un tema polémico que dividía al electorado se convirtió en una causa bipartidaria. Donald Trump ratificó la Ley del Primer Paso (First Step Act) en su primer mandato, que redujo sentencias federales innecesariamente prolongadas y mejoró las condiciones en las prisiones federales.
Toda una generación de funcionarios públicos y oficiales del orden público lo afirmaban: la seguridad pública y un sentido de justicia van de la mano.
Luego, en 2020, las cosas se vinieron abajo de un sacudón. La violencia subió estrepitosamente y los delitos contra la propiedad aumentaron de repente. El desorden público se generalizó. Políticos y periodistas incendiarios describían ciudades arrasadas por la violencia y consumidas por el miedo, lo cual alimentó resentimientos raciales.
Ahora, sin embargo, hay una buena noticia para informar, una muy buena noticia.
Durante los últimos tres años, las tasas de delincuencia disminuyeron tanto como habían aumentado. Las estadísticas son verdaderamente impresionantes. En abril, bajo el liderazgo del gobernador Wes Moore y el alcalde Brandon Scott, Baltimore registró el número más bajo de homicidios mensuales de la historia, una reducción del 62 por ciento con respecto al año anterior. Esa tendencia se repitió en otras ciudades grandes.
Durante los primeros seis meses de 2025, Chicago tuvo la disminución más pronunciada en la tasa de homicidios de la última década. La ciudad de Nueva York registró la menor cantidad de tiroteos de cualquier trimestre desde 1994, cuando la ciudad comenzó a recolectar estadísticas por primera vez.
¿Qué ocasionó la ola delictiva de 2020 y qué provocó su retroceso?
Algunos culpan a las reformas del sistema de fianza, que redujeron o eliminaron las fianzas en efectivo en muchas ciudades a lo largo del país para hacer al sistema más justo. Apenas ayer, Trump publicó: “El delito en las ciudades estadounidenses comenzó a aumentar significativamente cuando dejaron de implementar la FIANZA EN EFECTIVO. Los PEORES criminales están inundando nuestras calles y amenazando hasta a nuestros grandes oficiales de policía”.
En realidad, en el estudio más grande de este tipo, el Brennan Center reveló que no hay ninguna relación estadísticamente significativa entre las reformas del sistema de fianza y las tasas de delincuencia. La criminalidad aumentó y disminuyó en ciudades que habían reformado su sistema de fianza tanto como en las ciudades que no cambiaron nada.
Otro mito es que las personas inmigrantes hayan causado esa ola delictiva. No hay ninguna prueba que demuestre eso tampoco. De hecho, las personas inmigrantes cometen menos delitos que las personas nacidas en Estados Unidos.
Ahora podemos entender con más claridad lo que pasó en realidad. Resulta que, entre otras causas diferentes, probablemente fueron la pandemia de COVID-19, la incertidumbre económica, la interrupción de programas del gobierno y organizaciones sin fines de lucro que atienden a las comunidades desfavorecidas y un aumento en la disponibilidad de armas los factores que desempeñaron un rol central en el incremento de la delincuencia.
A medida que la pandemia retrocedía, lo mismo hacía la violencia.
También ocurrió que las políticas creativas marcaron una gran diferencia.
Según el Washington Post, la historia de éxito de Baltimore fue el resultado de soluciones poco tradicionales. Los líderes locales y estatales han proclamado sistemas de apoyo para la comunidad, programas de reducción de la violencia armada, iniciativas de participación de jóvenes y un mayor financiamiento para las fuerzas policiales. Un “enfoque de ordenamiento público que engloba todo lo anterior”, lo llama Moore.
El gobierno federal ayudó muchísimo. Washington, DC financió programas innovadores que dan apoyo a la policía local, combaten crímenes violentos y brindan recursos a las víctimas, entre otras cosas.
Durante la administración Biden, el Congreso aprobó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act) —que incluía fondos para combatir el incremento de los crímenes violentos durante la época de la pandemia— y la Ley Bipartidaria de Comunidades más Seguras (Bipartisan Safer Communities Act), que destinó $250 millones a la prevención comunitaria de la violencia.
Entonces, vuelve a entrar Donald Trump a la Oficina Oval. Recorta fondos de los mismos programas que están logrando restaurar el orden público. En abril, el Departamento de Justicia (DOJ) canceló $820 millones en subsidios que daban apoyo a más de 550 organizaciones en todo el país dedicadas a reducir la delincuencia y promover la seguridad pública.
En un análisis nuevo, mis colegas Nicole Ndumele y Ames Grawert detallan la increíble magnitud de esos recortes. Por ejemplo, la administración recortó $13 millones de un programa que directamente financiaba a las fuerzas policiales en comunidades rurales y que se ha usado para investigar cargos de acoso sexual y ponerle un freno al abuso infantil. Eliminó $3.5 millones de un programa que reunía a oficiales de policía, líderes comunitarios e investigadores para abordar el tema de los delitos violentos, un programa que el propio Trump consideró un éxito durante su primer mandato.
El DOJ también recortó fondos de programas con enfoques novedosos para la prevención de la violencia que han sido efectivos y, al mismo tiempo, humanos. Quitó $169 millones de programas comunitarios que financian nuevas formas prometedoras de reducir la violencia al recurrir a líderes de la comunidad para frenar la escalada de los conflictos antes de que se tornen violentos.
Mientras tanto, Trump sigue vociferando que el delito es un problema desenfrenado y que las personas inmigrantes tienen la culpa. Al tiempo que le quita fondos a programas de prevención de la violencia que funcionan bien, coloca enormes cantidades de recursos en un plan para detener y deportar a inmigrantes, que, como ya se ha dicho, estadísticamente cometen muy pocos de los delitos violentos a los que la gente les teme.
Estas políticas literalmente están desfinanciando a la policía —y también a programas de seguridad pública de eficacia comprobada—, al tiempo que están financiando Alligator Alcatraz.
Palabras demagógicas y políticas contraproducentes. Es una mala combinación.
Traducción de Ana Lis Salotti
