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- Muchas de las mejoras más notables en todo el país han sido impulsadas por directores penitenciarios que creen que las cárceles deben tratar a las personas con dignidad y prepararlas para regresar a sus comunidades.
- Con el apoyo de la gobernación, los directores han priorizado la reintegración y rehabilitación.
Treinta y seis estados están eligiendo gobernador este otoño y los resultados podrían tener repercusiones duraderas para casi el 70 por ciento de la población carcelaria del país. En algunos de estos estados, el Departamento de Justicia ha intervenido para investigar o abordar condiciones perjudiciales en las instalaciones de las cárceles, tales como la atención inadecuada de salud mental en Massachussets, el escaso personal y la violencia en Tennessee y Georgia, el abuso sexual en California y las violaciones constitucionales en Alabama (un caso que está programado para ir a juicio en noviembre).
Estos problemas ––además de las deficiencias de infraestructura, el hacinamiento y la limitada oferta de programas educativos y de reinserción–– afectan a los sistemas penitenciarios estatales de todo el país.
Los gobernadores tienen el poder de atender estos problemas en sus estados por sí solos. Sus decisiones sobre los nombramientos penitenciarios, su influencia sobre el presupuesto y su facultad para otorgar clemencia pueden impulsar los cambios necesarios, a menudo sin necesidad de aprobar nuevas leyes.
Además, ya que la mitad de los gobernadores actuales no están buscando la reelección en estos próximos comicios, los resultados podrían abrir la puerta a estrategias penitenciarias enfocadas en ayudar a las personas privadas de la libertad a tener éxito tras su liberación, algo que el 90 por ciento del electorado desea. Hay ejemplos anteriores que ilustran algunas de las herramientas que los próximos gobernadores pueden utilizar para avanzar reformas cuando asuman sus cargos.
Escoger a los líderes del sistema penitenciario
En todos los 50 estados, son los gobernadores quienes nombran a los líderes del Departamento Penitenciario, quienes determinan la estrategia penitenciaria estatal y definen la cultura interna en sus instalaciones. Muchas de las mejoras más notables en todo el país han sido impulsadas por directores penitenciarios que creen que las cárceles deben tratar a las personas con dignidad y prepararlas para regresar a sus comunidades. Con el apoyo de la gobernación, los directores han priorizado la reintegración y rehabilitación.
Por nombrar solo un ejemplo, el departamento penitenciario de Massachusetts ––liderado por Shawn Jenkins–– ha proporcionado formación profesional con enfoque tecnológico y ampliado el acceso a documentos de identidad, facilitando así el acceso a empleos, vivienda, la salud y servicios financieros al ser puestos en libertad.
De hecho, el estado recientemente lanzó un programa piloto de trabajo remoto en el cual las personas privadas de la libertad pueden ganar hasta $25 por hora ––una política que se distingue de la mayoría de los otros programas laborales en las cárceles, los cuales pagan poco y tienen escasa interacción con el mundo exterior.
Otros directores se han enfocado en la cultura penitenciaria, inspirados en prácticas del norte de Europa que tienen como eje central la dignidad humana y el respeto mutuo entre el personal y las personas encarceladas.
Scott Semple, exdirector del departamento penitenciario de Connecticut, viajó a Alemania en 2016 con el exgobernador Dannel Malloy. A su regreso, y en colaboración con el Vera Institute of Justice, Sample ayudó a implementar la unidad T.R.U.E (por sus siglas en inglés, que significan Sinceridad, Respeto, Comprensión y Superación) en una cárcel de alta seguridad. El programa prioriza la mentoría entre pares, la conexión familiar y la reintegración, mientras que reconoce las necesidades específicas de desarrollo de los adultos jóvenes.
Durante su mandato, Malloy respaldó estas labores e impulsó una serie de otras reformas al sistema de justicia penal en el estado. Aunque su decisión de no buscar la reelección en 2018 generó incertidumbre temporalmente sobre el futuro del programa, la unidad aún sigue operando, demostrando cómo los líderes pueden lograr reformas que perduran más allá de su gestión. Desde entonces, Restoring Promise, la iniciativa matriz que abarca el programa T.R.U.E., ha demostrado tener éxito en otras unidades similares en todo el país, incluyendo la reducción de los índices de violencia y reincidencia.
Formular prioridades presupuestarias
Si bien los nombramientos en el departamento penitenciario moldean directamente los entornos en las cárceles y la cultura en ellas, los presupuestos ejecutivos de los gobernadores pueden ser influyentes al señalar las prioridades más amplias en política pública para el año entrante. Todos los gobernadores presentan sus presupuestos a sus legislaturas para que sirvan como punto de partida para las negociaciones.
En un notable ejemplo, el gobernador Gavin Newsom de California incluyó en su presupuesto ejecutivo para 2023–2024 el financiamiento para la construcción de un centro de aprendizaje en el Centro de Rehabilitación de San Quentin. La instalación ahora provee recursos que facilitan oportunidades educativas y de rehabilitación a las personas privadas de la libertad, como una cafetería, estudios de grabación y aulas cerradas y al aire libre.
Por el contrario, omitir ítems del presupuesto puede obstaculizar el progreso. En su presupuesto ejecutivo de 2027, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York recortó todos los fondos para la Asociación Penitenciaria de Nueva York, una autoridad de veeduría independiente. El año anterior, la organización recibió financiación para incrementar las medidas de supervisión necesarias. También lanzó la Iniciativa de Monitoreo Intensiva, la cual incluía visitas frecuentes a instalaciones problemáticas y la identificación de fallas en las políticas sistémicas.
Aunque quienes abogaban por la organización lograron eventualmente restaurar la financiación en el presupuesto de 2027, la incertidumbre presupuestaria provocó que la organización pausara la iniciativa, generando dudas sobre el trabajo futuro, la dotación de personal y el compromiso institucional con una supervisión sostenida.
Mientras que todos los gobernadores enfrentan diferentes legislaturas, que pueden impulsar o retar sus presupuestos iniciales, quienes asuman el cargo no deberían descartar la influencia de sus propuestas.
Clemencia
Los gobernadores pueden mejorar las condiciones carcelarias reduciendo el número de personas recluidas en ellas. Muchas cárceles están superpobladas. Esto, combinado con la falta de personal, las hace más peligrosas para los trabajadores y los reclusos y limita la capacidad del departamento penitenciario para proporcionar programación, atención básica de salud, alimentos nutritivos y recursos para la recuperación.
Pero los gobernadores han utilizado sus facultades de clemencia con mayor frecuencia en los últimos años para abordar la elevada población carcelaria impulsada por duras normas a la hora de dictar sentencias. Los indultos, que anulan las condenas penales, y las conmutaciones, que pueden reducir la duración de las penas privativas de libertad, son dos formas de clemencia.
En su primer año, el gobernador Kevin Stitt de Oklahoma se encontró ante la tasa de encarcelamiento más alta del país y emitió casi 800 conmutaciones de condenas, liberando a personas que habían cometido delitos no violentos y de menor gravedad. También le otorgó libertad a más personas durante la pandemia, como lo hicieron gobernadores en varios estados.
