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- Los recortes de los fondos federales seguirán degradando las condiciones ya inhumanas en las que viven más de 1.2 millones de personas encarceladas.
- También podrían obstaculizar procesos efectivos de supervisión y rendición de cuentas cuando ocurren actos de violencia sexual.
Las prisiones de todo el país están en crisis. Durante años, han sufrido altos índices de violencia y trauma, una importante falta de recursos médicos y atención de salud deficiente, un gran nivel de sobrepoblación y una grave escasez de personal. Estas condiciones afectan tanto a las personas encarceladas como al personal de los correccionales, que suelen tener un elevado porcentaje de problemas de salud y uso de sustancias, así como también una esperanza de vida más baja.
Las inversiones federales en varias reformas penitenciarias de las últimas décadas han ayudado a fomentar mejores condiciones. Un ejemplo de estas inversiones son los subsidios para implementar programas de educación y reincidencia basados en datos concretos. Pero donde los avances se hacen más evidentes es en las iniciativas para reducir la violencia sexual tras las rejas.
La Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión (Prison Rape Elimination Act, PREA), aprobada por unanimidad por los dos partidos políticos y ratificada por el presidente George W. Bush en 2003, estableció la política de tolerancia cero contra las violaciones sexuales en las prisiones y proporcionó fondos y recursos para reparar las condiciones que promueven la violencia sexual.
En las dos décadas que le siguieron, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha creado una infraestructura nacional para financiar, informar, capacitar y formar alianzas externas a fin de ayudar a las instituciones correccionales a implementar y cumplir la ley.
Pero, en abril de 2025, de buenas a primeras, la administración Trump canceló aproximadamente $16 millones de fondos del DOJ para la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión, lo cual diezmó toda esa infraestructura. Esta fue solo una pequeña parte de los recortes que realizó el departamento a muchos otros subsidios inicialmente valuados en más de $76 millones que respaldaban programas para los correccionales, la reincidencia y supervisión comunitaria en todo el país.
En esta serie del Brennan Center, exploramos la forma en que estos y otros recortes federales han puesto en peligro el trabajo bipartidario que se viene haciendo desde hace tiempo para mejorar la seguridad pública.
Este análisis pone de manifiesto la necesidad de abordar el problema de la violencia sexual en las prisiones y explica cómo los recortes de los fondos federales seguirán degradando las condiciones ya inhumanas en las que viven más de 1.2 millones de personas encarceladas y en las que trabajan los 360,000 empleados de correccionales.
Los avances logrados gracias a la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión
El Congreso aprobó la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión como respuesta a la alta prevalencia de abuso sexual en las prisiones, con cifras que indican que al menos el 13 por ciento de las personas encarceladas ha sufrido abusos sexuales. El Congreso también identificó varios problemas de seguridad que agravan el panorama en los centros correccionales: escasez de datos sobre los incidentes y obstáculos a la hora de denunciarlos, la falta de capacitación del personal y los efectos prolongados de la victimización, como el trauma y la violencia experimentados durante la encarcelación y después.
Tal como lo exige la ley, el DOJ estableció normas exhaustivas en 2012 para prevenir, detectar y responder a acosos y abusos sexuales en los diferentes tipos de centros de reclusión, como en todas las prisiones estatales y federales, las cárceles locales, los centros de detención juvenil y los sitios de confinamiento comunitario.
Las normas federales detallan los protocolos de investigación, establecen los mecanismos de denuncia, instituyen las medidas de rendición de cuentas en los casos de comportamiento indebido por parte del personal y mejoran el acceso a los servicios y tratamientos para las víctimas. En su conjunto, todas estas prácticas buscan proteger con mayor eficacia los derechos humanos de las personas encarceladas.
El DOJ también creó el Centro Nacional de Recursos para la ley PREA que reúne recursos, capacitaciones y asistencia técnica para ayudar a los correccionales a cumplir las normas. Entre otras responsabilidades, el centro elaboró directrices y capacitaciones exhaustivas para el personal a fin de afianzar las prácticas de denuncia y notificación de incidentes, prevenir represalias, mejorar la seguridad y conectar a los correccionales con organizaciones externas de servicios a las víctimas.
Además, el centro ofreció capacitación y asistencia técnica a los correccionales durante su preparación para recibir las auditorías periódicas obligatorias destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas federales.
La Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión ha brindado muchos beneficios. Desde 2004, los datos recabados a nivel nacional sobre los incidentes de violencia sexual en las prisiones han ayudado a cuantificar la magnitud de los abusos. Los cambios sistémicos logrados en las prácticas de seguridad y las alianzas afianzadas con grupos de servicios a las víctimas han contribuido a mejorar las condiciones de las personas encarceladas y del personal correccional.
El poner en práctica lo dispuesto por la ley también ha reforzado las iniciativas más amplias de mejorar las condiciones en las prisiones, ya que las auditorías y los planes de acción correctiva se centran en las asignaciones, capacitación y supervisión del personal, en el diseño de las instalaciones y en las formas de ampliar los tratamientos y recursos ofrecidos a las personas encarceladas.
En 2025, 25 estados y el Distrito de Columbia certificaron que se encontraban en pleno cumplimiento de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión, y otros 22 estados presentaron su compromiso, lo cual significa que estaban trabajando para lograr su pleno cumplimiento. Este es un avance importante en comparación con lo observado en 2015, cuando solo 10 estados se encontraban en pleno cumplimiento.
Los expertos de Just Detention International, una organización que trabaja para acabar con los abusos sexuales en los centros de detención, afirman que los oficiales correccionales muestran una gran demanda de recursos para la implementación de la ley, lo cual refleja el amplio reconocimiento de su utilidad.
Si embargo, aún se precisa seguir trabajando para continuar implementando las normas federales contra el abuso sexual en las prisiones y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. En 2020, se presentaron más de 36,000 alegaciones de victimización sexual, con 2,351 denuncias comprobadas en prisiones estatales y federales.
Un informe reciente señaló que la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) no cumplió con la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión y documentó altos índices de violencia sexual en los correccionales federales de mujeres y deficiencias en la respuesta del personal correccional que posibilitaron la perpetuidad de los abusos.
Estas cifras, en realidad, subestiman la verdadera magnitud de los casos de violencia sexual en las prisiones. Muchos casos no se denuncian ni se informan debido a la deficiente transparencia institucional, los débiles procedimientos internos y el escaso compromiso e intervención por parte del personal.
El depender únicamente en que las víctimas encarceladas denuncien los incidentes, combinado con el miedo que sienten por las posibles represalias de parte del personal, también contribuye al hecho de que se denuncien o notifiquen menos incidentes de los realmente ocurridos.
Si bien se han tomado medidas acertadas durante las últimas dos décadas, la violencia sexual en las prisiones sigue siendo un problema arraigado que requiere de la supervisión exhaustiva del gobierno federal, como así también de más recursos para la correcta implementación y cumplimiento de las normas.
Dado que los presupuestos locales y estatales suelen no ofrecer la capacidad ni los recursos necesarios para resolver el problema de la violencia sexual por sí solos, los fondos federales han sido cruciales a la hora de equipar a las agencias correccionales con herramientas universales que fomenten la seguridad sexual y ofrecerles a los centros la asistencia técnica correspondiente para adaptar la implementación de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión.
El impacto de los recortes federales
Los recortes del DOJ de abril de 2025 afectaron tres prioridades clave de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión: el apoyo a las capacitaciones y la asistencia técnica; las capacidades de auditoría; y las alianzas externas con proveedores de servicios a las víctimas que atienden a las poblaciones encarceladas que sufren mucho más daño que otras, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidades y de la comunidad LGBTQ+.
Capacitaciones y asistencia técnica
Los recortes de fondos del DOJ acabaron con la financiación del Centro Nacional de Recursos para la ley PREA, que tuvo que cerrar temporalmente. Parte de ese financiamiento se ha restituido, pero el centro ahora trabaja únicamente en las operaciones de auditorías, lo cual consiste en la capacitación y certificación de auditores y la administración del sistema de auditoría.
Además, se han exacerbado otros problemas a la hora de implementar la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión debido a los demás recortes de los fondos que afectan otras tareas exigidas por ley y que daban respaldo a las jurisdicciones para brindar la capacitación y asistencia técnica, y formar alianzas con proveedores de servicios a las víctimas.
Auditorías
La Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión exige la auditoría de más de 2,000 centros cada tres años a cargo de auditores certificados por el DOJ, que reciben un entrenamiento riguroso para llevar a cabo evaluaciones independientes que miden la magnitud de los abusos sexuales, el nivel de cumplimiento con las normas federales y las posibles fallas.
Los expertos de la organización Just Detention International indicaron que, incluso antes de los recortes, había escasez de auditores calificados por la falta de clases de capacitación para los auditores durante los últimos años. A la fecha, hay solo 253 auditores certificados, encargados de evaluar miles de centros. Los recortes de fondos del DOJ ponen estas auditorias obligatorias aún más en peligro.
Si bien el DOJ le restauró la financiación al Centro Nacional de Recursos para la ley PREA, para que siga dando apoyo al proceso de auditoría, sigue existiendo una urgente necesidad de más auditores calificados. Por otro lado, la reciente cancelación de los fondos federales para las capacitaciones y la asistencia técnica obstaculiza gravemente la capacidad de los centros de responder e implementar cualquier medida correctiva que pueda surgir de esas auditorías y de continuar sus esfuerzos para seguir cumpliendo las normas.
Alianzas con proveedores de servicios a las víctimas
Los recortes del DOJ en materia de servicios a las víctimas agravarán los riesgos que corren las poblaciones encarceladas más vulnerables, en especial las personas LGBTQ+. Los datos a nivel federal demuestran que las personas transgénero tienen 10 veces más probabilidades de denunciar haber sufrido instancias de violencia sexual durante su encarcelación.
La Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión obliga a las agencias a firmar acuerdos por escrito con grupos externos de servicios a las víctimas para que brinden servicios de apoyo e intervención en momentos de crisis mediante evaluaciones forenses e investigaciones de los casos de abuso. Sin embargo, los correccionales ahora no podrán colaborar tan fácilmente con las organizaciones de defensa de las víctimas y de respuesta a crisis tras una violación para ofrecerles tratamiento a las personas encarceladas más vulnerables.
Las actuales normas federales establecen consideraciones de salud y seguridad especiales para las personas encarceladas transgénero, por ejemplo, si se las coloca en centros de reclusión para mujeres u hombres. Pero las recientes directivas federales menoscaban estas protecciones.
En enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en la que le ordenaba a la fiscalía general eliminar las protecciones para las personas encarceladas transgénero y no binarias y cancelar el requisito de determinar la ubicación de esas personas según el caso.
Un memorando del DOJ fechado en diciembre de 2025 adelanta las modificaciones formales que seguramente realice el DOJ y que debilitarán significativamente las normas existentes conforme a la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión. De hecho, este memorando les ordena a los auditores certificados que dejen de usar las normas específicamente elaboradas para garantizar la seguridad de las personas LGBTQ+ en los centros de reclusión.
Además, podría ser difícil percibir todos los efectos de estos cambios sobre las poblaciones LGBTQ+ encarceladas, ya que ciertas agencias federales han eliminado datos específicos sobre la identidad de género. La Oficina de Estadísticas de Justicia ha eliminado las preguntas sobre identidad de género de su Encuesta de Victimización Sexual, que debe realizarse conforme a la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión para evaluar los abusos sexuales en todos los centros correccionales del país.
La pérdida de estos datos silencia la victimización sufrida por las personas transgénero y no binarias y hace más difícil que los centros puedan atender las necesidades de las víctimas de abuso.
La directora ejecutiva de Just Detention International, Linda McFarlane, señaló que la eliminación de estas protecciones “también ocasionará daños directos e inmediatos sobre los grupos más vulnerables y pondrá a todas las personas encarceladas y a todo el personal correccional en un mayor riesgo”.
Estas acciones exacerban el impacto de los últimos recortes que cancelaron el apoyo a las agencias correccionales y redujeron su capacidad de formar alianzas con los proveedores de servicios, además del daño que ocasionarán los recortes a los servicios a las víctimas en general.
Por todo esto, los recientes recortes de fondos del DOJ ponen en peligro estos esfuerzos coordinados y crean riesgos de seguridad innecesarios tanto para la población encarcelada como para el personal.
La urgencia de restaurar los fondos federales
En suma, tanto los recortes de los fondos federales como las recientes directivas han dificultado aún más la implementación de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión y, además, podrían generar confusión en los centros correccionales, que podrían no saber si la ley continúa en vigencia o qué exige ahora.
Pero cabe aclararlo: la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión sigue siendo ley federal. Sin embargo, sin los fondos y recursos suficientes para su ejecución y sin las protecciones exhaustivas necesarias, la administración Trump está a punto de echar por tierra décadas de avances hacia una tolerancia cero contra la violencia sexual en los centros de reclusión.
El personal correccional, ya desbordado de trabajo y con presupuestos muy acotados, enfrentará aún más obstáculos y se les hará cada vez más difícil realizar el seguimiento y dar respuesta a los casos de abuso sexual y, con más razón, a sus consecuencias duraderas sobre las personas encarceladas afectadas y el personal. Estos recortes también podrían obstaculizar procesos efectivos de supervisión y rendición de cuentas cuando ocurren actos de violencia sexual.
Es fundamental restituir por completo y renovar la financiación del DOJ para la Ley para la Eliminación de las Violaciones en Prisión a fin de garantizar que las instituciones correccionales puedan proteger tanto a sus poblaciones encarceladas como a su personal del abuso sexual.
Se precisa una supervisión independiente, una mayor capacitación para el personal y los auditores, y más asistencia técnica y recursos para los correccionales, por ejemplo, subsidios específicos para cada centro, a fin de cumplir con lo dispuesto por la ley, junto a sólidas alianzas con grupos de defensa de las víctimas que puedan responder a los casos de violencia sexual y mejorar la seguridad para todos.
Traducción de Ana Lis Salotti
