¿Qué es la Ley Federal de Supervisión de Prisiones?
- La ley otorga a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia nueva autoridad para inspeccionar con frecuencia todas las prisiones federales y publicar sus resultados.
- La ley también crea la oficina independiente del defensor del pueblo para investigar quejas de presidiarios, sus familiares y personal de prisiones.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
La Ley Federal de Supervisión de Prisiones (Federal Prison Oversight Act), promulgada en 2024, tiene como propósito aportar mayor transparencia y rendimiento de cuentas en el sistema penitenciario federal, que es el más extenso de su tipo en Estados Unidos. La Oficina Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons), la agencia a cargo de administrarlo, cuenta con más de 35,000 empleados y supervisa a aproximadamente 155,000 personas recluidas en 122 instalaciones en 37 estados y Puerto Rico.
La ley otorga a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia nueva autoridad para inspeccionar con frecuencia todas las prisiones federales y publicar sus resultados. La ley también crea la oficina independiente del ombudsman para investigar quejas de presidiarios, sus familiares y personal de prisiones. Se tiene previsto que tanto el inspector general como el ombudsman trasmitan al Congreso y el público informes periódicos sobre su labor.
¿Por qué el Congreso promulgó esta ley?
En años recientes, investigaciones periodísticas y un informe del inspector general del Departamento de Justicia han descubierto varios casos de muerte, abuso sexual y negligencia que se pudieron evitar en prisiones federales. Estos informes propiciaron investigaciones del Senado que arrojaron más luz sobre la falta de supervisión en las prisiones federales. Un informe descubrió casos de abuso sexual en dos tercios de las instalaciones que encarcelan a mujeres, además de mala administración y prácticas fallidas de investigación que permitieron que el abuso continúe.
Estos abusos inexcusables ocurrieron en prisiones que tienen dificultad para reclutar y mantener un nivel adecuado de personal en instalaciones con importantes reparaciones pendientes que ascienden a aproximadamente a $3 mil millones.
Patrocinadores de ambos partidos propusieron la Ley Federal de Supervisión de Prisiones para solucionar estos problemas de larga data. El Senado aprobó la medida unánimemente y la apoyó la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes, de ambos partidos. Contó con el respaldo de una gran diversidad de entidades, entre ellas algunas que representan a presos, sus familiares y guardias penales.
¿Qué dificulta la vigilancia eficaz en las prisiones federales?
La supervisión de las prisiones federales con frecuencia es lenta y fragmentada. Cuando las personas encarceladas, su familia o el personal penal reportan condiciones inconstitucionales u otras trasgresiones legales, a veces toma años en completar las investigaciones. Las afectan procesos engorrosos y recursos limitados, tanto en las propias prisiones como en las agencias a cargo de su vigilancia.
Desde antes de la promulgación de la Ley Federal de Supervisión de Prisiones, el inspector general del Departamento de Justicia tenía la autoridad de realizar inspecciones en las prisiones federales sin anunciarse, recomendar soluciones a la Oficina Federal de Prisiones y recomendar que las infracciones penales se lleven a juicio.
Sin embargo, estos esfuerzos con frecuencia se centran en incidentes individuales en vez de problemas sistémicos más extensos que aquejan a las prisiones en general. Además, debido al limitado personal en la oficina del inspector general, solo puede examinar unas cuantas instalaciones con regularidad.
Las prisiones federales también enfrentan problemas de dotación de personal. Un informe de 2025 reveló la falta de 9,500 guardias penales y aproximadamente 3,000 profesionales médicos. Estas brechas pueden retrasar la respuesta a los problemas reportados.
¿Qué puede hacer el inspector general conforme a la Ley Federal de Supervisión de Prisiones?
La Ley Federal de Supervisión de Prisiones simplificó los procesos de informes a fin de asegurar que las investigaciones produzcan verdaderas mejoras. La nueva ley requiere que el inspector general del Departamento de Justicia realice inspecciones integrales de cada prisión federal, haga recomendaciones y asigne a cada prisión un puntaje de riesgo conforme a por lo menos 12 factores con los que se evalúan las condiciones y el tratamiento de los reos de las prisiones, entre ellos la calidad de la comida y el acceso a abogados.
Luego se exige que la Oficina Federal de Prisiones responda a la evaluación y elabore un plan de medidas correctivas que se base en las recomendaciones del inspector general. Se inspecciona las prisiones con más altos puntajes de riesgo con mayor frecuencia hasta que se resuelven los problemas. Esta estructura sigue el modelo utilizado en varios sistemas penales estatales, entre ellos California y Nebraska, que están bajo la supervisión de un inspector general con potestades similares.
¿Cuál es el propósito de la oficina del ombudsman?
La oficina del ombudsman que fue creada por la Ley Federal de Supervisión de Prisiones, responderá a inquietudes de los encarcelados, sus familiares y el personal de prisiones. El ombudsman tiene la tarea de mejorar los sistemas existentes de informes y crear canales más directos y seguros —como correo electrónico, una línea telefónica y otros recursos— para presentar quejas ante el Departamento de Justicia. Se supone que estas vías protejan la identidad de quienes se quejen y reduzcan los retrasos que puedan empeorar las condiciones inseguras.
El ombudsman tendrá acceso a las 122 prisiones y la autoridad de realizar visitas no anunciadas, además de entrevistas sin anuncio al personal de las instalaciones y los reos. La oficina del ombudsman a nivel federal se basa en modelos exitosos en varios estados, entre ellos Connecticut, Iowa y New Jersey.
¿Cuál es el próximo paso para la Ley Federal de Supervisión de Prisiones?
En julio de 2025, los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado incluyeron disposiciones en los proyectos de ley anuales sobre los fondos para el Departamento de Justicia que indicaba a la Oficina Federal de Prisiones implementar plenamente la Ley Federal de Supervisión de Prisiones, lo que incluye crear la oficina del ombudsman. Si bien la Ley Federal de Supervisión de Prisiones está en vigor, solo puede alcanzar su pleno potencial si el Congreso la financia y el Departamento de Justicia la implementa fielmente.
Traducción de Ana Lis Salotti.
