Poner otra vez en funcionamiento a Alcatraz hoy en día es mucho más difícil de justificar, ya que sus instalaciones no han funcionado como una cárcel hace más de 60 años. Desde los años 70 ha sido administrada por el Servicio Nacional de Parques y no está equipada para que las personas vivan allí de forma segura y humana.
El gobierno necesitaría superar varios obstáculos para hacer de la vieja cárcel un lugar habitable. El sistema eléctrico de la isla necesitaría ser reconstruido por completo, ya que la red eléctrica actual no tiene la capacidad de servir a los empleados y a las personas privadas de la libertad.
El gobierno también necesitaría lidiar con la pintura contaminada de asbestos y plomo en el predio de la cárcel. Y no olvidemos que sería necesario transportar a los materiales de construcción y a los trabajadores en un ferry que cruce la bahía hacia y desde la famosa Roca. Todo esto suma costos e inconvenientes a este tipo de grandes proyectos de renovación.
Todo esto se plantea asumiendo que el gobierno, en primer lugar, pueda conseguir los permisos necesarios para que esta labor inicie. Ya que la Isla de Alcatraz está administrada por el Servicio Nacional de Parques, el Congreso primero necesita aprobar la transferencia de ese territorio a la Oficina Federal de Prisiones. Y, para complicar más el asunto, Alcatraz es un monumento nacional histórico protegido, entonces cualquier cambio al lugar estaría sujeto a años de revisión.
Sobra decir que gastar millones de dólares de los contribuyentes para condicionar, en cumplimiento con los códigos de edificación actuales, a una cárcel abandonada con 96 años de antigüedad —para crear más capacidad penitenciaria en un país que no tiene esa necesidad— sería un enorme desperdicio de recursos. Tal desperdicio sería particularmente indignante teniendo en cuenta las vigentes y urgentes necesidades que tiene la Oficina Federal de Prisiones.
Por mucho tiempo, las cárceles federales han tenido dificultades por sus infraestructuras en deterioro. Como lo explicó la exdirectora de la Oficina Federal de Prisiones Colette Peters: “Más de un tercio de estas instalaciones tienen más de 50 años y más de la mitad tienen más de 30 años”.
Durante las visitas realizadas a tres instalaciones, el inspector general del Departamento de Justicia encontró: “cemento agrietado y separado, unidades residenciales sin aire acondicionado, equipos averiados, pequeñas goteras en los techos, controles de temperatura obsoletos pero funcionales, y un techo con zonas blandas y burbujas de humedad. Un informe de 2022, realizado por el inspector general, estimó que modernizar y reparar las viejas cárceles federales costaría casi $2 mil millones.
En vez de gastar millones en una ilusión repleta de trabas regulatorias de revivir una cárcel federal, la cual hace 63 años el gobierno tuvo el buen sentido de sacar de funcionamiento, el Congreso y el presidente deberían enfocarse en las estrategias realistas para mejorar la seguridad pública y garantizar mejores resultados para las personas bajo custodia federal. Además de la larga lista de reparaciones a la infraestructura que resaltó el inspector general, otros informes de gobierno plantean muchas sugerencias de por dónde comenzar.
La Oficina Federal de Prisiones está teniendo dificultades para contratar personal en las 122 cárceles federales existentes, un problema que empeoraría si tuviese una nueva cárcel por administrar. El despacho actualmente tiene miles de vacantes (casi 6,000 menos trabajadores del número de planta autorizado).
Esto va a la par de una tendencia nacional de escasez de trabajadores en el sistema penitenciario, ya que estos puestos tienen sueldos bajos y largas horas de trabajo. El problema ha empeorado en el último año porque los funcionarios penitenciarios federales están dejando sus puestos para unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el cual ofrece salarios más altos y bonos de $50,000 por firmar contrato.
Un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos —el organismo de supervisión independiente del Congreso que monitorea cómo se gasta el dinero público— encontró que la Oficina Federal de Prisiones carece de la capacidad para acomodar a todos las personas bajo custodia federal que son elegibles para ser transferidos a un centro residencial de reinserción social, también conocido como residencia de reinserción social.
El Congreso debería financiar más este tipo de residencias, las cuales han demostrado disminuir la probabilidad de que una persona que estuvo anteriormente privada de la libertad regrese a la cárcel. Los legisladores también deberían por fin financiar la Ley Federal de Supervisión de Prisiones, una ley bipartidista aprobada en 2024 que establece una supervisión independiente para la Oficina Federal de Prisiones. Sin embargo, hasta ahora el Congreso no ha financiado a un defensor del pueblo como lo requiere la ley, lo que significa que el sistema penitenciario sigue padeciendo de una supervisión insuficiente.
El Departamento de Justicia podría ayudar a llenar ese vacío de vigilancia. Como lo hizo en administraciones pasadas, el departamento debería investigar las condiciones inhumanas presentes en muchas cárceles federales y estatales que violan las protecciones constitucionales de las personas encarceladas.
Por ejemplo, poco antes de la visita de la fiscalía general en julio de 2025 a Alcatraz, el DOJ abandonó una demanda contra Luisiana y su departamento correccional en la cual afirmaba que el estado habitualmente mantenía tras las rejas a personas semanas o meses después de que sus condenas en la cárcel habían terminado, violando así la Catorce Enmienda. Investigar y castigar este tipo de prácticas sería un mejor uso de las facultades del departamento que ir en búsqueda de cárceles notoriamente inhóspitas para reabrirlas.
El Congreso y el presidente deberían también inspirarse en los estados para las reformas a las cárceles. Como documentó un reciente informe del Brennan Center, los estados en todo el país están implementando prácticas innovadoras para que las cárceles sean más seguras y preparar mejor a las personas para su puesta en libertad.
Con tantas posibilidades para utilizar mejor los dólares de los contribuyentes, reabrir Alcatraz sería innecesario, poco práctico y un derroche. El Congreso debería ignorar esta idea de “volver a Alcatraz grandiosa otra vez” y comprometerse con soluciones prácticas y comprobadas que sí mejorarían las condiciones en las cárceles federales para las personas que residen y trabajan allí.
Traducción de Laura Gómez
