Esta columna se publicó originalmente en The Hill
El Congreso tiene más dinero que el pueblo al que representa. En 2014, por primera vez en la historia, la mayoría de los miembros del Congreso eran millonarios.
Nuestro sistema de financiación de campañas políticas es una de las razones principales por las que las clases trabajadoras estadounidenses tienen muy poca representación en el gobierno.
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El cierre de gobierno más largo de la historia del país, que terminó la semana pasada, amenazó con suspender la asistencia alimentaria para 43 millones de estadounidenses, un doloroso recordatorio de que las personas más afectadas no suelen ser las que recorren los pasillos del poder.
¿Cómo el Congreso no pudo entender la urgencia? Esta demora en prestar beneficios gubernamentales ya puede ser una desventaja política para el partido republicano. Pero gran parte de la respuesta va más allá de las banderas políticas o la ideología y tiene que ver con las formas en las que los congresistas llegan a sus cargos.
El Congreso tiene más dinero que el pueblo al que representa. En 2014, por primera vez en la historia, la mayoría de los miembros del Congreso eran millonarios.
Los miembros provenientes de las clases trabajadoras representan solamente el 2 por ciento del Congreso, mientras que la mitad son abogados y empresarios (el 10 por ciento de la población total). Al mismo tiempo, las personas que ocupan un escaño en el Congreso pasan gran parte de su tiempo interactuando con otras personas estadounidenses más adineradas, lo cual deja a las clases trabajadoras fuera de la conversación.
Nuestro sistema de financiación de campañas políticas es una de las razones principales por las que las clases trabajadoras estadounidenses tienen muy poca representación en el gobierno. Y, a menudo, tampoco les permite ni siquiera presentarse como candidatos en las elecciones.
En 1972, la representante Elizabeth Holtzman (D-NY) recaudó $36,000 y ganó las elecciones para el Congreso. El costo de presentarse a las elecciones aumentó drásticamente después de la decisión en el caso Buckley v. Valeo de 1976, en el que la Corte Suprema sostuvo que los límites en los gastos de campaña eran inconstitucionales.
Hacia 1986, el total promedio recaudado por cualquier candidato a la Cámara de Representantes durante un ciclo de campaña llegaba casi a los $360,000, más de $1 millón de dólares de hoy en día.
La decisión en la causa Citizens United v. FEC de 2010 distorsionó aún más el panorama, porque permitió realizar contribuciones políticas ilimitadas por fuera de los comités de campaña. Uno de los resultados más trascendentales de esta causa fue la creación de los supercomités de acción política, o súper-PAC, que pueden recaudar sumas ilimitadas de dinero para las campañas. Entre 2010 y 2018, los súper-PAC gastaron casi $3 mil millones de dólares en las elecciones.
En este contexto, los candidatos pasan horas llamando a posibles donantes y tratando de conseguir el dinero necesario para llevar adelante una contienda competitiva, lo cual hace que a las personas sin una red de contactos adinerados se les haga extremadamente difícil presentarse a las elecciones.
“Gran parte de recaudar fondos consiste en tener una red de contactos”, dice una cuenta de un candidato citado en mi libro de próxima publicación “Stuck: How Money, Media, and Violence Prevent Change in Congress” (Atrapados: cómo el dinero, la prensa y la violencia impiden el cambio en el Congreso). Y agrega: “Si creciste en una familia muy acomodada, entonces tu red de contactos seguramente sean otras personas muy acomodadas”.
La recaudación de fondos no termina una vez que la persona candidata gana. Los costos de presentarse a las elecciones y de permanecer en el cargo, además de los costos de vida, como el del cuidado de niños, pueden ser prohibitivos para muchas personas. Van Hilleary, que se presentó a las elecciones para el Congreso en 1994, terminó en la ruina tras haber gastado $125,000 de su propio dinero para su campaña. Tuvo que pedir zapatos prestados hasta que recibió su primer salario.
Los miembros del Congreso también tienen que recaudar dinero para ganar influencia dentro del recinto, especialmente para entrar en los comités más poderosos y conseguir cargos de liderazgo. A esto se le llama “pagar derechos”.
Entre 2023 y 2024, se preveía que los congresistas del partido demócrata debían pagar derechos de entre $100,000 y $30 millones por año a su partido para avanzar dentro del recinto. Este sistema de pagos refuerza las desventajas estructurales en el acceso a las redes de contactos adinerados.
En una entrevista que realicé para mi libro, un miembro del personal del Congreso recordó que la exrepresentante Marcia Fudge (D) de Ohio se sentía nerviosa de tener que usar a su comunidad de clase trabajadora en Cleveland para recaudar el dinero necesario y pagar sus “derechos”.
Este sistema impide a algunas personas presentarse a elecciones y a otras permanecer en sus cargos una vez electas. Debemos reparar las vías de financiación de campañas y asegurarnos de que las personas electas puedan reflejar a las comunidades a las que representan.
Debe ser más accesible poder presentarse a las elecciones. Eso comienza colocando límites sobre los súper-PAC. La implementación de programas mediante los cuales el gobierno multiplica con fondos públicos las pequeñas donaciones privadas del público por debajo de una suma determinada son otra solución poderosa.
En el marco del programa de multiplicación mediante fondos públicos de la ciudad de Nueva York, una donación de $100 se multiplica por 8, lo cual equivale a una donación total de $900 para la campaña. Este año, me tomé licencia de mi trabajo para presentarme a las elecciones del Consejo de la Ciudad de Nueva York y financié mi campaña mediante pequeñas donaciones multiplicadas con fondos públicos, lo cual redujo el tiempo que habría tenido que pasar llamando a grandes donantes para conseguir dinero.
Además, permitirle a un candidato usar fondos de su campaña para cubrir los gastos del cuidado de los niños, como lo permiten ahora muchos estados, es otra forma de alivianar la carga financiera sobre quienes se presentan a las elecciones.
Pero las campañas son solo parte del problema. Los nuevos miembros del Congreso necesitan acceso al poder para lograr cambios, una vez en sus cargos. Los comités de dirección de los partidos, responsables de nombrar miembros a los distintos comités y de tomar decisiones de liderazgo, deben rediseñar el rol que debería ocupar la recaudación de fondos a la hora de influenciar estos nombramientos.
Que los nuevos miembros con menos acceso a redes de contactos adinerados tengan oportunidades más sólidas de hacer conexiones puede ayudar a las personas recién electas a navegar mejor el sistema.
Para darles a las personas estadounidenses de bajos ingresos otro buen motivo de presentarse a las elecciones, los salarios de los congresistas deben aumentar al ritmo de la inflación. De lo contrario, solo las personas con otras fuentes de riqueza podrán afrontar ocupar esos cargos.
En una serie de “entrevistas de retiro” realizadas por el New York Times, varios miembros que se retiraban de su cargo dijeron que muchos de sus colegas no podían afrontar quedarse en sus cargos.
El último cierre del gobierno puso de manifiesto más que nunca que nuestro sistema está atascado en un aparato de financiación de campañas políticas que excluye del poder a la mayoría de las personas estadounidenses. La rama de gobierno del pueblo debe representar al pueblo que atiende.
Traducción de Ana Lis Salotti.
