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Analysis

El Congreso debe proteger y fortalecer el derecho al voto de los latinos

Arizona y Texas son los ejemplos principales de las nuevas leyes estatales que intentan suprimir el voto latino y negar la representación política justa.

January 14, 2022
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Gina Ferazzi/Getty

Por Mira Orte­gon

La parti­cipa­ción polít­ica de los lati­nos en los Esta­dos Unidos va en aumento, pero una ola de restric­ciones al voto y otras leyes perju­di­ciales está poniendo en peligro su poder político, espe­cial­mente en esta­dos como Arizona y Texas.

Afor­tu­nada­mente, la Ley de Liber­tad para Votar: John R. Lewis (“Free­dom to Vote: John R. Lewis Act”) un proyecto de ley de demo­cra­cia trans­for­m­adora pendi­ente en el Senado, contrar­re­staría muchos de los peores esfuerzos en los esta­dos para suprimir el voto en las comunid­ades de color. El  proyecto de ley estable­cería normas nacionales de refer­en­cia para proteger el derecho al voto y anularía decisiones perju­di­ciales del Tribunal Supremo para garant­izar que se escuchen las voces de todos los estadounidenses.

Los esfuerzos racis­tas para suprimir el poder político de los lati­nos en Esta­dos Unidos no son nada nuevo, espe­cial­mente en Arizona y otros esta­dos con grandes comunid­ades lati­nas. Durante más de 60 años, por ejem­plo, la ley de Arizona exigía a los votantes aprobar un examen de alfa­bet­iza­ción en inglés para poder regis­trarse para votar. Los autores de la ley de 1909 expres­aron clara­mente su inten­ción: bloquear el “voto mexicano ignor­ante”.

Las primarias sólo para blan­cos, diseña­das para suprimir el voto negro en los esta­dos del Sur, se imple­ment­aron en Texas en 1923 para impedir que los lati­nos parti­ciparan en elec­ciones primarias cruciales. Reciente­mente, a pesar de algunos avances legales, han persistido la intim­ida­ción, el acoso, los moles­tos requis­i­tos de prueba de ciudadanía y otros esfuerzos para suprimir el voto latino.

La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue un paso esen­cial para remediar esa represión de votantes. La ley prohíbe la discrim­inación de las minorías raciales y étnicas en el acceso al voto y fue modi­ficada en 1975 para proteger a las pobla­ciones hispan­o­hab­lantes y a otras minorías lingüísticas.

Incluso, hasta el 2013 también requería que los esta­dos y local­id­ades con un historial de discrim­inación racial en la vota­ción obtuvi­eran la aproba­ción federal para los cambios en las leyes elect­or­ales, un proceso cono­cido como “autor­iza­ción previa”. Pero ese año, la Corte Suprema elim­inó el poder de autor­iza­ción previa en el caso Shelby County v. HolderY el año pasado, el Tribunal debil­itó aún más la Ley de Derecho al Voto cuando confirmó dos polít­icas de vota­ción discrim­in­at­or­ias de Arizona, que perju­dican despro­por­cion­ada­mente a los lati­nos, en el caso Brnovich v. DNC.

Estas decisiones han contribuido a un resur­gi­mi­ento de los esfuerzos por suprimir el voto de los lati­nos, asiáti­cos y negros a medida que aumenta su pres­en­cia. Los esta­dos han aprobado cien­tos de leyes de voto restrictivas que acortan los peri­odos de vota­ción anti­cipada, cier­ran los centros de vota­ción, estable­cen depur­aciones agre­sivas de las listas de votantes y mucho más.

Hoy nos encon­tramos en un estado de crisis. El expres­id­ente Trump hizo de la demon­iza­ción de los lati­nos un compon­ente cent­ral de su campaña y difun­dió mentiras malin­ten­cion­adas, como la falsa afir­ma­ción de que millones de no ciudadanos votaron ileg­al­mente. Sus esfuerzos por sembrar la división y socavar las elec­ciones estadounidenses condujeron a una insur­rec­ción viol­enta en el Capit­olio y a un movi­mi­ento anti­demo­crático persist­ente arrai­gado en la suprem­acía blanca.

Los legis­ladores estatales han seguido este ejem­plo, intens­i­fic­ando los esfuerzos de supresión de votantes. El año pasado, 19 esta­dos promul­garon 34 leyes elect­or­ales restrictivas, y se esperan más en el 2022. Algunas de las peores leyes se han aprobado en esta­dos con pobla­ciones lati­nas en creci­mi­ento, como Flor­idaArizona y Texas.

En Texas, la nueva ley difi­cul­taría que los hispan­o­hab­lantes recibi­eran ayuda para emitir su voto, estable­cería revi­siones mensuales de ciudadanía que han elim­inado sistemát­ica­mente a los votantes elegibles de las listas por error, y prohibiría la vota­ción durante las 24 horas del día además de votar desde el automóvil.

Además, en medio del último ciclo de redis­tribu­ción de distri­tos políti­cos, los legis­ladores de todo el país están debil­it­ando el poder de los votantes lati­nos a través de la manipu­la­ción extrema de los distri­tos (gerry­man­der­ing). A pesar del creci­mi­ento masivo de la pobla­ción latina en Texas, por ejem­plo, los mapas alterados han redu­cido el número de distri­tos de mayoría latina. En Arizona, existe la preocu­pa­ción de que los mapas de distri­tos traza­dos en el estado limit­arían las voces de votantes lati­nos y nativo amer­icanos.

Por suerte, el prin­cipal proyecto de reforma de la demo­cra­cia pendi­ente en el Senado pueden mitigar los peores daños. La Ley de Liber­tad para Votar: John R. Lewis prohíbe la manipu­la­ción partidista, garant­iza el voto anti­cipado y sin excu­sas por correo, frena las elim­inaciones discrim­in­at­or­ias del censo elect­oral, contrar­resta las largas colas en las urnas y mucho más.

Dado que los esta­dos pueden seguir intent­ando discrim­inar, la legis­la­ción restablece la plena vigen­cia de la Ley de Derecho al Voto, anulando las decisiones del Tribunal Supremo en los casos de Shelby County y de Brnovich.

Los lati­nos, que repres­ent­aron más de la mitad del creci­mi­ento demo­gráfico del país durante la década 2010–20, mere­cen que se cuen­ten sus votos. El forta­leci­mi­ento de su poder político signi­fi­caría un gobi­erno que refleje mejor sus necesid­ades. El Congreso puede ayudar a nuestra nación a acer­carse al ideal—una demo­cra­cia multir­ra­cial en la que todos puedan parti­cipar—haciendo lo necesario para que esta reforma demo­crát­ica funda­mental se convierta en ley.