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- La realidad es que el presidente no tiene más poder que los activistas que presentan estas impugnaciones a la hora de administrar las elecciones.
- Como con muchas otras amenazas contra nuestra democracia, la respuesta más importante tendrá que venir del pueblo votante.
En marzo de 2025, dos integrantes del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) se comunicaron con un grupo de activismo político que intentaba “encontrar pruebas de fraude electoral y anular los resultados de las elecciones en ciertos estados”.
El grupo buscaba coincidencias entre los registros del Seguro Social y las copias de los registros de votantes que había adquirido. Uno de los integrantes del equipo de DOGE hasta firmó un “acuerdo de datos de votantes” con el grupo.
Si bien todavía no se sabe si los integrantes de DOGE compartieron algún dato personal del Seguro Social, esta revelación puso de manifiesto una posibilidad alarmante: que el gobierno federal pueda colaborar con negacionistas de elecciones que desean impedir el voto de las personas ciudadanas estadounidenses.
La mayoría de los estados tiene leyes que le permiten a la población votante impugnar la elegibilidad de otros votantes. Pero las impugnaciones masivas injustificadas de cientos de miles de votantes son ahora un problema cada vez mayor. Amenazan al electorado. Inundan con una cantidad innecesaria de trabajo a las autoridades electorales que ya están desbordadas. Y siembran la desconfianza en nuestras elecciones.
Tal como lo describe mi colega Andrew Garber en un nuevo informe, el surgimiento del movimiento negacionista de elecciones y los avances tecnológicos se han combinado para convertir a las impugnaciones masivas de los votantes en un problema persistente durante las últimas elecciones. Nuestro estudio halló que se presentaron, como mínimo, 185,232 impugnaciones de votantes tan solo en 2024, seguidas de otros cientos de miles de impugnaciones presentadas en los dos ciclos de elecciones anteriores.
Las impugnaciones masivas presentadas por ciudadanos privados aportan muy poco valor, debido al arduo trabajo que los funcionarios electorales profesionales y especializados le dedican a la tarea de mantener los padrones electorales actualizados y precisos. De hecho, estas impugnaciones se basan en técnicas defectuosas de coincidencia de datos que, a menudo, están diseñadas para confirmar ridículas teorías conspirativas.
Hasta hace poco, estas impugnaciones eran acción de los activistas externos. La idea de que ahora cuenten con el apoyo del gobierno federal es escalofriante.
Los esfuerzos de la administración Trump de respaldar impugnaciones de votantes injustificadas van mucho más allá de lo que intentaron hacer un par de secuaces de DOGE. Y tal como lo hemos venido estudiando desde hace meses, el Departamento de Justicia ha estado presionando a los estados para que le entreguen los datos personales confidenciales de su electorado.
Como todos los esfuerzos de interferencia en las elecciones de la administración Trump, esta campaña de presión política básicamente ha fracasado, ya que todos los tribunales que la han considerado han bloqueado estas demandas.
Pero 16 estados no demoraron en entregarle los datos de su electorado. Y cuando lo hicieron, el Departamento de Justicia les pidió que firmaran un acuerdo de seguridad de datos que incluía un vacío legal muy preocupante sobre los protocolos para los contratistas privados con los que el departamento puede compartir los datos del electorado.
Mientras tanto, se supo que uno de los principales impulsores de las impugnaciones masivas de los últimos años, Rick Richards, creador de un software de impugnación masiva llamado EagleAI, se reunió con el Departamento de Justicia en 2023 para demostrar la herramienta. “Les gustó”, afirmó Richards.
Por estos motivos y otros, Garber vaticina que las “impugnaciones seguirán siendo una estrategia central en las iniciativas para socavar el proceso democrático” durante las elecciones de este año y del futuro.
Un dato prometedor que también reveló el estudio del Brennan Center es que, gracias a los esfuerzos incansables del personal electoral y las protecciones legales federales, la gran mayoría de las impugnaciones masivas no terminan traduciéndose en eliminaciones indebidas de los votantes de los padrones electorales.
Pero hasta la más mínima privación del derecho al voto es alarmante, y las impugnaciones pueden confundir o intimidar al electorado, aun cuando no les impidan formalmente votar. Y el daño de las impugnaciones masivas se extiende mucho más que todo esto.
Por un lado, crean una tremenda carga para las autoridades electorales en un momento en el que deberían estar preparándose para la gigantesca tarea de administrar las elecciones. En 2022, en el condado de Gwinnett, Georgia, se necesitaron entre 5 y 10 empleados electorales experimentados trabajando “todo el día, seis días a la semana” para evaluar las 37,000 impugnaciones presentadas por una sola organización, VoterGA. Al final, no se eliminó a ninguna persona votante no elegible de los padrones electorales a raíz de estas impugnaciones.
Por eso, quizá te estés preguntando: si estas impugnaciones masivas no hacen nada para ayudar a las autoridades electorales y, de hecho, solo dificultan más su trabajo, ¿por qué hay leyes que las permiten? Debe de haber buenas razones por las que permitimos que el pueblo estadounidense impugne el derecho al voto de sus vecinos. Bueno, no, la verdad que no. La respuesta, tal como ocurre muchas veces con las leyes electorales restrictivas, radica en el racismo.
