- Este análisis hace parte de una serie que explora cómo los recortes federales están obstaculizando estrategias prometedoras en la prevención del delito —daños que pueden profundizarse con otros recortes planeados a los programas de subsidios del DOJ.
- Demorar o reducir nuevos subsidios federales para la seguridad pública y justicia genera daños inmediatos y duraderos en las comunidades de todo el país.
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La administración Trump aprobó recientemente una ley presupuestaria que incrementa enormemente los fondos para hacer cumplir leyes migratorias basándose, parcialmente, en el mito de que los inmigrantes son responsables del incremento de los delitos violentos. Esto es erróneo en dos aspectos: No hay evidencia de que las personas migrantes sean responsables de las tendencias delictivas. Además, el crimen violento ha estado disminuyendo desde aproximadamente el 2022.
Pero, mientras la administración defiende su mano dura contra la inmigración en nombre de la seguridad pública, el Departamento de Justicia ha dejado de financiar de manera discreta soluciones reales que hacen más seguras a las comunidades, como las iniciativas comunitarias de prevención de la violencia y las alianzas entre policías y organizaciones sin fines de lucro. Es un retroceso respecto a las prioridades policiacas de larga data que desmantela por completo las estrategias ya acreditadas y vitales que sí reducen la delincuencia.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) canceló en abril $820 millones en subsidios que respaldaban a más de 550 organizaciones en 48 estados y territorios que trabajan en áreas como la prevención de la violencia, los servicios a las víctimas y las investigaciones sobre justicia penal. Estos recortes fueron inesperados y no tienen precedentes. Además, marcan una ruptura impactante con el respaldo histórico del departamento a las labores estatales y locales en justicia penal.
Muchos de los recortes atrasan el avance de prioridades bipartidistas en política pública, como la asistencia a las víctimas de delitos, fortalecer el tratamiento para el abuso de sustancias y en salud mental, y mejorar los resultados de reinserción. Es difícil reconciliar estos cambios con las afirmaciones de la administración de que está priorizando la seguridad pública.
El DOJ proporcionó información criptica a los beneficiarios de los subsidios sobre por qué se terminó el apoyo financiero y si podrá ser restaurado —y algunos apoyos han sido restaurados sin mucha explicación. La falta de transparencia ha generado confusión e inestabilidad. De hecho, a principios de mes, un juez federal reprendió las cancelaciones de los subsidios, tachándolas de “incuestionablemente arbitrarias” y “vergonzosas” y lamentó su falta de autoridad jurídica para revertirlas. El tribunal concluyó que los recortes “probablemente van a perjudicar a comunidades e individuos vulnerables al crimen y violencia. Ninguna agencia federal, especialmente el Departamento de Justicia, debería comportarse de esa manera”.
Por muchos años, la financiación del DOJ ha jugado un papel crítico en proteger el orden público a nivel estatal y local. Es una parte clave, aunque poco reconocida, de la infraestructura en seguridad pública de la nación. Este análisis hace parte de una serie que explora cómo los recortes federales están obstaculizando estrategias prometedoras en la prevención del delito —daños que pueden profundizarse con otros recortes planeados a los programas de subsidios del DOJ.
La financiación del DOJ y el federalismo
Estados Unidos no tiene un único sistema de justicia penal. En su lugar, miles de agencias locales, estatales y federales ejecutan sus propias misiones teniendo en cuenta los retos específicos de sus comunidades. La mayoría de las detenciones, procesamientos y encarcelamientos ocurren a nivel estatal y local. Las cárceles estatales, por ejemplo, detienen a más de cinco veces el número de personas que el sistema federal penitenciario.
Los programas de subsidios federales ayudan a coordinar y apoyar este panorama diverso. Muchos subsidios vienen de la Oficina de Programas de Justicia, la agencia más grande del DOJ que provee subvenciones. Desde 2021, la agencia ha otorgado 14,686 subsidios a agencias de policía local, por un total de $15.5 mil millones.
Durante los últimos 40 años, a través de presidencias republicanas y demócratas, la Oficina de Programas de Justicia ha fomentado mejoras al sistema de justicia, conectado a profesionales de seguridad pública y justicia a lo largo de varias jurisdicciones, además de servir como un importante aliado para las jurisdicciones estatales, locales y tribales. Sus subsidios han ayudado a cubrir las brechas en la infraestructura local y ampliado los recursos y experticia en las comunidades que más lo necesitan.
Además, apoyan el intercambio de conocimientos y redes de aprendizaje en los gobiernos locales. También ofrecen oportunidades para poner a prueba programas prometedores e incentivar la replicación de exitosas iniciativas locales en formas que respetan —y fortalecen— el federalismo y el papel de los sistemas de justicia estatales.
Los recortes del DOJ de abril a la financiación han diezmado esta labor. Según una serie de análisis del Consejo sobre Justicia Penal, una organización no partidista, la mayoría de los recortes afectaron a organizaciones sin fines de lucro, incluyendo muchas que trabajan en asociación con la policía para fortalecer la seguridad pública al interrumpir y prevenir la delincuencia; atender las llamadas de servicio relacionadas con asuntos de salud mental o abuso de sustancias; asistir a víctimas de delitos; proveer tratamiento y servicios apropiados a individuos en entornos comunitarios o correccionales; y facilitar la reinserción a la sociedad tras la prisión.
Retrocesos en la prevención del crimen y la violencia
Algunos de los recortes más preocupantes afectaron a programas específicamente diseñados para prevenir el crimen violento. Esto incluye la desfinanciación de iniciativas exitosas para desarrollar planes que reducen los delitos violentos e impulsan la cooperación entre agencias de policía, grupos comunitarios e investigadores. Estos programas han contado históricamente de un fuerte apoyo bipartidista por parte de políticos, líderes comunitarios y policías.
Cooperación con las agencias de orden público
Por ejemplo, el DOJ recortó $3.5 millones del Proyecto Barrios Seguros, una exitosa iniciativa nacional para reducir la delincuencia que se lanzó en 2001 bajo el presidente George W. Bush. El programa reúne a oficiales de policía, miembros de la comunidad e investigadores para desarrollar estrategias eficientes en la reducción del delito adaptadas para atender los problemas de violencia más urgentes en cada distrito judicial federal.
Frecuentemente ha sido celebrada como una estrategia insignia para la reducción de la delincuencia (inclusive por la primera administración Trump). Los recortes de abril impactan la asistencia técnica y la capacitación del Proyecto Barrios Seguros, que ayuda a implementar programas y compartir experticias en todas las jurisdicciones. El DOJ ahora planea reorientar la iniciativa para enfocarla en la aplicación de las leyes migratorias y en combatir el tráfico de personas y el narcotráfico, insistiendo en mitos ya desmentidos que vinculan erróneamente la inmigración y la delincuencia.
El departamento también redujo la financiación para la Asociación de Seguridad Pública, iniciativa que se puso a prueba hace poco más de una década y fue respaldada por la primera administración Trump. Esta iniciativa proporciona capacitación a todo el departamento, asistencia técnica y otros recursos para apoyar planes especializados basados en datos que aborden los factores únicos que están impulsando el crimen violento en más de 67 jurisdicciones locales.
Las jurisdicciones participantes han reportado progresos impresionantes en la reducción la delincuencia: Indianápolis vio un incremento del 30 % en la tasa de resolución de homicidios. En Oxford, Alabama, se reportó una disminución del 61 % en el crimen violento.
Comunidades rurales
Comunidades de todo tipo, desde las grandes ciudades hasta los suburbios y áreas rurales, vieron un incremento en la delincuencia a principios de 2020. Sin embargo, la Iniciativa Rural para la Reducción del Crimen Violento perdió más de $13 millones en esta ronda de recortes. Se lanzó en 2021 en respuesta a los desafíos del crimen violento que enfrentan las comunidades rurales, a menudo en medio de limitaciones presupuestarias y de personal en áreas geográficamente dispersas.
La iniciativa asiste a las agencias rurales de policía a expandir los servicios a las víctimas y desarrollar, implementar y medir estrategias para reducir el crimen violento. También proporciona subsidios secundarios directamente a las agencias de policías locales.
La drástica reducción de los fondos federales amenaza a los programas en comunidades rurales que ya tienen pocos recursos. Por ejemplo, la oficina del fiscal distrital en el condado Union, en Oregón, dependía de los fondos de esa iniciativa para contratar a un investigador centrado en agresiones sexuales, violencia de pareja, abuso infantil y delitos violentos que involucran a personas de la tercera edad y adultos con discapacidades.
El investigador también trabajaba con agencias de gobierno y entidades de servicio social para fortalecer la atención a las víctimas. El departamento de policía de Lyons, en Kansas, perdió la financiación para un centro de defensa infantil recién inaugurado en el condado que realizaba entrevistas especializadas a víctimas de abuso sexual infantil.
El departamento de policía de Shawano, en Washington, financió un puesto de detective dedicado exclusivamente a investigar delitos violentos y narcóticos. Esta capacidad adicional para fortalecer iniciativas para la prevención del delito, el patrullaje y las alianzas comunitarias resultó en un incremento de las incautaciones de narcóticos que removió sustancias ilícitas peligrosas de la comunidad.
De igual manera, el condado Vernon, en Wisconsin, utilizó la financiación de la Iniciativa Rural para la Reducción del Crimen Violento para apoyar su programa Equipo para Ayudar a Acabar con el Abuso, el cual promueve la coordinación entre voluntarios comunitarios y la policía para responder a incidentes de violencia doméstica.
Esta financiación también proporcionó apoyo para los servicios a las víctimas, capacitación a enfermeros locales especializados en abuso sexual para que las víctimas no tuvieran que desplazarse para hacerse exámenes, y recursos para que los médicos locales dirigieran grupos para agresores, con el fin de reducir los ciclos de violencia.
Estrategias con enfoques comunitarios
Recortes masivos que suman $169 millones afectaron a los subsidios de seguridad comunitaria, la mayoría de los cuales apoyaban programas de intervención contra la violencia comunitaria. Estas iniciativas son relativamente nuevas, pero prometedora, de reducir la violencia al depender de líderes comunitarios para identificar, responder y calmar escenarios que, de otra manera, pueden tornarse violentos.
Entre los ejemplos están los “interruptores de violencia”, en los que los trabajadores sociales intervienen para calmar personalmente los conflictos. También están los programas hospitalarios que apoyan a las víctimas y rompen los ciclos de retribución. Estos también se han beneficiado por la inversión significativa del gobierno. Además de los subsidios del DOJ, la administración Biden utilizó el Plan de Rescate estadounidense para asignar fondos a la creación y ampliación de nuevos modelos locales para responder a la delincuencia. La Ley Bipartidista para Comunidades más Seguras contribuyó con financiación adicional.
Los recortes del DOJ revierten ese progreso, mientras socavan las economías de escala que los grupos de intervención en violencia comunitaria necesitan para sobrevivir. En primer lugar, la financiación federal ayuda a fortalecer la capacidad que tendrá el campo de prevención de la violencia comunitaria, al facilitar el intercambio de conocimientos y la diseminación de las mejores prácticas y experticia profesional.
Algunas organizaciones pequeñas pero prometedoras, por ejemplo, puede que carezcan del personal o recursos para solicitar fondos federales. Los subsidios a organizaciones intermediarias pueden cerrar esa brecha, ya que éstas pueden identificar y dirigir subsidios a organizaciones comunitarias menos estructuradas. En otros casos, estos grupos sombrilla pueden coordinar estudios de investigación, capacitaciones y asistencia técnica.
Los Servicios Familiares Metropolitanos de Chicago, que opera un “centro de capacitación” para profesionales involucrados en la intervención de violencia comunitaria, es un ejemplo de una organización que provee tanto servicios directos como asistencia práctica de campo. La actual administración tacha a estos grupos sombrilla como intermediarios ineficientes —un malentendido que ignora cómo el sector se beneficia de organizaciones complementarias y con redes en la comunidad.
En otro caso, Newark, New Jersey, ahora enfrenta recortes a su red de organizaciones sin fines de lucro, investigadores y socios de gobierno enfocados en construir comunidades más seguras. El equipo Comunidad y Calles de Newark emplea a personas con profundos conocimientos de las relaciones a nivel vecinal para responder o resolver intercambios potencialmente peligrosos y orientar a personas bajo riesgo de violencia. La financiación federal daba un total de $5 millones a través de cuatro subvenciones, que le permitió al equipo ampliar su labor a otras partes de la ciudad, dar seguimiento a redes clave de personas, y llevar trabajadores a las escuelas para asesorar a jóvenes en situación de riesgo.
Los recortes de abril forzaron a Comunidad y Calles de Newark a despedir a casi 12 personas, lo que en la práctica puso fin a su expansión. Menos personal significa menos equipos de respuesta, lo que degrada la capacidad del grupo para responder con seguridad la cantidad de incidentes de alto riesgo que requieren su experiencia. También significa que el personal restante perdió acceso a los vínculos personales de las personas despedidas.
Afectaciones a la seguridad pública
Aunque es difícil predecir cómo estos recortes pueden afectar a la seguridad pública, las iniciativas de prevención de la violencia que apoyó la Oficina de Programas de Justicia jugaron un papel principal en la respuesta federal a los aumentos de delitos violentos tras la pandemia. Y hay buenas razones para creer que han funcionado.
Después de las alzas en los primeros años de esta década, los homicidios y crímenes violentos han estado disminuyendo desde aproximadamente 2022. Hoy, los índices de homicidio y delitos violentos están probablemente cerca o por debajo de los niveles más bajos registrados. Las razones de este repentino retroceso son objeto de intensos debates y lo seguirán siendo por años.
Pero una teoría temprana apunta al alza en la inversión del gobierno en estrategias comunitarias de seguridad, reparando así la falta de inversión que vivieron muchas comunidades durante la pandemia. Investigaciones, de hecho, han demostrado que los programas para la prevención de la violencia pueden reducir la delincuencia, dándole credibilidad a esa teoría. Por ejemplo, una evaluación de READI Chicago, una iniciativa para reducir la violencia armada, demostró reducciones en algunas métricas claves vinculadas a formas graves de violencia.
Para ser claros, las investigaciones en esos campos aún continúan, y más estudios serán necesarios en los próximos años. Pero lo que sí sabemos recalca el valor del apoyo del gobierno a las estrategias de seguridad comunitaria para suplementar o complementar las labores policiacas. Una retirada repentina del apoyo federal corre el riesgo de desbaratar estos programas cuando las investigaciones apenas están empezando a documentar su valor. Peor aún, muchas de estas inversiones se destinaron a comunidades que durante mucho tiempo han luchado contra la violencia y otros tipos de carencias, y que necesitan especialmente inversiones continuas.
Mirada al futuro
Desafortunadamente, los recortes del DOJ de abril pueden que no sean los últimos o los más dramáticos. El presupuesto propuesto para el año fiscal 2026 por la administración elimina la financiación de muchos programas críticos en seguridad pública y justicia. Esto incluye la eliminación de las iniciativas de intervención en la violencia comunitaria y la reducción de la violencia. Además, reduce los fondos para los servicios de la policía comunitaria, los servicios de violencia doméstica y abuso sexual, entre otros programas de prevención de delitos.
El presupuesto sí propone fondos adicionales para algunos programas que perdieron sus subsidios recientemente, incluyendo la Iniciativa Rural para la Reducción del Crimen Violento, pero hasta esto recalca la naturaleza arbitraria de los recortes.
Los legisladores deben pensar seriamente sobre las posibles consecuencias de la cancelación de esta financiación. Demorar o reducir nuevos subsidios federales para la seguridad pública y justicia genera daños inmediatos y duraderos en las comunidades de todo el país, especialmente después de los profundos recortes a los subsidios existentes.
Los legisladores también deberían indagar sobre los planes del DOJ para distribuir fondos que el Congreso ya asignó para el año fiscal 2025 y asegurarse de que son utilizados en línea con la intención del Congreso. El departamento normalmente publica solicitudes para programas de subsidio a principios del año fiscal. Hasta la fecha de esta publicación, sin embargo, la Oficina de Programas de Justicia no ha publicado casi ninguna solicitud para 2025.
Dado el amplio respaldo bipartidista a muchos de los subsidios de seguridad pública y justicia recortados, los legisladores de los dos grandes partidos políticos, además de la policía, organizaciones comunitarias afectadas y gobiernos locales y estatales, deberían abogar directamente para que se reintegren los subsidios. Esta cooperación debería ayudar a plantear un caso a favor de continuas inversiones a estos programas clave en seguridad pública y justicia por medio del proceso vigente de asignación de fondos presupuestarios del DOJ y otros más.
Traducción de Laura Gómez
