- Estas abruptas suspensiones de financiamiento suceden en un momento especialmente difícil para las organizaciones de asistencia a las víctimas.
- Reducir los servicios a las víctimas atenta contra la justicia y la seguridad.
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El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha estado socavando, por lo bajo, décadas de programas bipartidistas de asistencia para víctimas de delitos. Mientras el presidente Trump declaraba una “ayuda incesante para cada una de las víctimas de delitos”, en abril el Departamento de Justicia canceló de buenas a primeras 59 subsidios que, en un principio, sumaban más de $72 millones de dólares dedicados a ayudar a sobrevivientes de delitos.
Si bien líderes del DOJ afirmaron que el retiro de esos subsidios concedidos por su Oficina para Víctimas del Delito no impactaría directamente a las víctimas, muchos de los grupos que perdieron el financiamiento brindaban ayudas vitales a víctimas que sufren daños físicos, emocionales y económicos profundos.
En total, con estos y otros recortes, en abril el DOJ suspendió subsidios de un valor inicial de, por lo menos, $820 millones que brindaban apoyo a más de 550 organizaciones de todo el país, muchas de las cuales estaban trabajando para avanzar prioridades dentro del sistema de justicia penal que los dos partidos políticos habían establecido hace años.
Este análisis es parte de una serie que investiga las formas en que estos y otros recortes federales han perjudicado las iniciativas locales y estatales que buscan mejorar la seguridad pública y nuestro sistema de justicia penal. Los recortes a los servicios para las víctimas desbaratan un esfuerzo bipartidista que se remonta a la época de la administración de Reagan y que busca promover una mejor asistencia a las víctimas de delitos.
Estos recortes perjudicaron principalmente a las organizaciones que atienden a las víctimas a menudo más ignoradas, por ejemplo, las de menores recursos o de comunidades más vulnerables, como las de los grupos minoritarios o las personas con discapacidades.
El Departamento enseguida restauró parte del financiamiento a algunos grupos, como a los refugios para víctimas de violencia doméstica que aceptan mascotas y las líneas telefónicas nacionales de ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de otros delitos. Luego de unos meses, restauró la financiación para otros grupos más, tal como un proyecto sobre personas voluntarias defensoras en los tribunales para niños víctimas de abuso o negligencia.
Sin embargo, estas recuperaciones de fondos equivalen tan solo a una fracción de la financiación cancelada, y a menudo fueron otorgadas de un modo informal y sin mucha transparencia ni explicación, lo cual refleja la naturaleza arbitraria y caprichosa de las decisiones del departamento sobre los subsidios en general.
Además, estas abruptas suspensiones de financiamiento suceden en un momento especialmente difícil para las organizaciones de asistencia a las víctimas. Numerosas agencias y organizaciones locales sin fines de lucro ya estaban enfrentando déficits presupuestarios y lidiando con la inestabilidad financiera del Fondo de Víctimas del Delito, una fuente importante de subsidios federales para los servicios a las víctimas.
Ahora, muchas organizaciones también están sufriendo el impacto del congelamiento de los fondos federales o de la suspensión de programas que ayudan a la recuperación luego de una victimización, tales como las iniciativas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Reducir los servicios a las víctimas atenta contra la justicia y la seguridad.
Cualquier trauma no tratado puede traducirse en inestabilidad financiera y emocional, y también perpetuar ciclos de violencia, venganza y victimización. Puede debilitar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y hacer a las personas menos propensas a participar en los procesos que ayudan a resolver o prevenir delitos. Por eso, los servicios a las víctimas que sean integrales y respondan a las necesidades particulares son fundamentales para la sanación del trauma y la mejora de la seguridad.
La historia y el rol del Fondo de Víctimas del Delito
En 1982, el entonces presidente Ronald Reagan creó el Grupo de Tareas sobre las Víctimas del Delito con el objetivo de investigar los fracasos persistentes del sistema de justicia a la hora de ayudar adecuadamente a las víctimas de delitos. Sus recomendaciones transformaron las inversiones federales en los servicios locales y estatales para las víctimas.
El grupo de tareas puso de manifiesto por qué era necesario contar con fondos federales para ayudar a los estados a satisfacer necesidades ignoradas y desatendidas, tal como la asistencia a las víctimas para obtener una vivienda de inmediato, entender y navegar el sistema judicial y recuperar los costos relacionados al delito del que fueron víctimas, como los gastos médicos y psicológicos, las pérdidas de salario o los costos funerarios.
Como respuesta, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas del Delito (Victims of Crime Act) en 1984, que creó el Fondo de Víctimas del Delito a nivel federal a fin de dar apoyo a los programas estatales y locales de asistencia e indemnización a las víctimas, que se financiaría mediante multas y sanciones de procesamientos penales federales.
Durante más de 40 años, los gobiernos estatales, locales y tribales, al igual que las organizaciones sin fines de lucro, han contado con estos recursos federales para atender e indemnizar a las víctimas.
En 2024, el Fondo de Víctimas del Delito y otras fuentes de financiación estatal brindaron asistencia a más de 7 millones de personas. Ese mismo año, los fondos estatales y federales de indemnización para las víctimas reembolsaron a estas personas una amplia gama de gastos relacionados con los delitos de los que fueron víctimas, entre ellos, más de $116 millones en gastos médicos y dentales, $77 millones en costos funerarios y $60 millones en exámenes forenses por agresiones sexuales.
Aun así, un número alarmante de las víctimas no recibe ningún servicio ni indemnización, y muchos grupos marginados sufren altos índices de victimización y bajos índices de asistencia.
Si bien hace años que el Fondo de Víctimas del Delito ha estado llenando un vacío en la asistencia a las víctimas, su permanencia nunca se ha garantizado. Su principal fuente de financiamiento proviene de sanciones monetarias penales a nivel federal, que fluctúan según la cantidad de casos que presenta el gobierno federal y la cantidad de multas cobradas. Muchos grupos de asistencia a las víctimas y el Congreso han expresado su preocupación en numerosas ocasiones sobre la estabilidad y solvencia del fondo a largo plazo.
Si bien el Congreso ha aprobado algunas soluciones legislativas a lo largo de los años, estos cambios no han sido suficientes para fortalecer el fondo en el largo plazo. Recientemente, algunos importantes acuerdos económicos judiciales han ayudado a reforzar el fondo, pero sigue siendo una fuente imprevisible de financiación para cubrir las necesidades de las víctimas.
El impacto de los recortes a los subsidios del DOJ
Este contexto de incertidumbre financiera ha exacerbado el impacto de la pérdida de financiamiento del DOJ para los servicios a las víctimas de delitos. Las personas con discapacidades, que tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos que las personas sin discapacidades, han sido unas de las más afectadas por los recortes a los servicios directos.
Por ejemplo, Activating Change, una organización nacional que ayuda a que las víctimas con discapacidades puedan acceder a los servicios en todo el país, tuvo que despedir personal y reducir sus programas después de haber perdido siete subsidios y subsidios tercerizados que, en principio, sumaban más de $2 millones, lo cual representa aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto de la organización.
Uno de los subsidios cancelados brindaba a las jurisdicciones locales servicios gratuitos de interpretación en lengua de señas para las víctimas de delitos. La pérdida de esta financiación empeorará las carencias existentes, ya que casi la cuarta parte de los proveedores de servicios a las víctimas informa la falta de intérpretes en lengua de señas.
Otro ofrecía capacitación a la policía para ayudar a identificar las necesidades de las personas más susceptibles a la trata de personas (trafficking). Un tercer subsidio tenía como objetivo elaborar un protocolo para que los proveedores de servicios puedan responder mejor a la victimización de las personas con discapacidades a través de asistentes de cuidado personal y atender a las necesidades inmediatas y permanentes de las víctimas en cuanto a su seguridad.
Los grupos que atienden a las víctimas de comunidades minoritarias e inmigrantes también se vieron muy afectados. Los defensores de las víctimas las ayudan a entender y navegar los sistemas y procesos, a menudo muy desconcertantes, para obtener los recursos y la indemnización necesarios. La National Organization for Victim Advocacy (NOVA, por sus siglas en inglés), la organización nacional de asistencia para víctimas más antigua del país, perdió un subsidio originalmente valuado en $870,000 para su grupo de defensores llamado Victim Advocacy Corps.
NOVA creó este grupo como un proyecto piloto en 2022, en el que trabajó con seis instituciones que atendía a las comunidades minoritarias para capacitar y acreditar a los estudiantes como defensores de las víctimas a fin de brindar un servicio vital a las víctimas de acoso sexual, trata de personas, violencia doméstica y otros delitos en comunidades que, a menudo, son ignoradas por los servicios tradicionales. La repentina cancelación de este subsidio desbarató el plan de NOVA de expandir el grupo.
Raksha, una organización sin fines de lucro, que trabaja mayormente con comunidades de sobrevivientes sudasiático-estadounidenses y otros inmigrantes en Georgia, perdió dos subsidios que, en principio, sumaban $750,000. Uno brindaba servicios para satisfacer distintas necesidades, tales como de vivienda temporaria y asistencia alimentaria. El otro habría permitido iniciar un nuevo programa para concientizar sobre la existencia del plan estatal de indemnización para víctimas y ampliar su acceso.
Ahora, Raksha debe rechazar a las víctimas que buscan asistencia de alquiler y otros servicios de emergencia y abandonar su programa planeado.
Además de recortar los fondos para estos proyectos y otros de asistencia directa, el DOJ también canceló el financiamiento para centros de recursos dedicados a mejorar la provisión de estos servicios a nivel nacional.
El Center for Victim Research es un centro de investigación para víctimas que promueve la colaboración entre proveedores e investigadores para aumentar la utilidad y accesibilidad de las investigaciones y datos pertinentes.
El National Resource Center for Reaching Victims trabaja para ampliar la capacidad de los proveedores a la hora de identificar y atender a las víctimas más desfavorecidas. Los recortes obligarán a estas dos organizaciones a suspender programas esenciales. Con la mirada hacia el futuro
Los recortes de subsidios del DOJ de abril son una de las muchas formas en que la administración Trump está amenazando la asistencia para las víctimas de delitos. Los recortes de personal en el Departamento de Salud y Servicios Humanos han decimado su Oficina de Servicios de Prevención de Violencia Familiar. La FEMA ha suspendido un programa que brinda servicios de vivienda y alimentos en caso de emergencias de los que dependían muchas víctimas de delitos.
Otras políticas podrían exacerbar el daño a las víctimas. La administración hace poco impuso nuevas condiciones para el financiamiento que reducen los grupos de víctimas a los que pueden atender y los servicios que pueden brindar, aunque varias de estas condiciones fueron eliminadas después del triunfo de algunas demandas judiciales.
El plan presupuestario de la administración para el año fiscal 2026 recortaría el 30 por ciento de los fondos para la Oficina sobre Violencia contra la Mujer, que administra subsidios conforme a la Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act) y asiste a víctimas de violencia sexual y doméstica, además de los recortes de fondos a otras agencias que dan apoyo a las víctimas de delitos.
La reciente tendencia del DOJ que indica que están procesando menos delitos de guante blanco, tales como casos de fraude financiero y corrupción, podría reducir las sanciones monetarias federales que financian el Fondo de Víctimas del Delito, lo cual agotaría aún más los recursos disponibles para ayudar a las víctimas a nivel nacional.
Sin embargo, no es demasiado tarde para que la administración cambie de rumbo o para que el Congreso la aliente a hacerlo. Debe restaurar de inmediato los subsidios cancelados y garantizar que el financiamiento de los subsidios futuros responda a las necesidades de las diversas comunidades de víctimas, en especial las históricamente desatendidas.
El Congreso debe asegurarse de que los próximos presupuestos federales sigan proporcionando los fondos necesarios para los servicios a las víctimas de todas las agencias existentes. Los políticos también deben mejorar la estabilidad y sostenibilidad del Fondo de Víctimas del Delito y, para ello, deben hacer que no dependa tanto de las sanciones monetarias y financiarla, parcial o totalmente, mediante las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Restaurar y garantizar el correcto financiamiento federal para los servicios a las víctimas es primordial para reparar el daño físico, emocional y económico devastador que sufren las personas sobrevivientes de delitos. A la larga, una asistencia sostenible a las víctimas puede crear un sistema de justicia más efectivo y mejorar la seguridad de toda la nación.
Traducción de Ana Lis Salotti
