- Estos recortes perjudicarán no solo a las personas con estos problemas, sino que también afectarán la seguridad de todos al perpetuar ciclos de crisis de salud conductual, arrestos y encarcelamientos.
- Además, son un preludio de un mayor daño que se avecina por las reducciones en Medicaid, la investigación en salud pública y el tratamiento de la adicción y las enfermedades mentales.
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El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha recortado $88 millones en subvenciones para el tratamiento de la adicción, de los servicios de salud mental y de los programas de colaboración entre la policía y los profesionales de la salud. Estos recortes perjudicarán no solo a las personas con estos problemas, sino que también afectarán la seguridad de todos al perpetuar ciclos de crisis de salud conductual, arrestos y encarcelamientos que abruman a las agencias de la ley.
Los recortes se producen incluso después de que el presidente Trump firmó un decreto ejecutivo en julio, centrado en las personas sin vivienda, que prometió “acabar con el crimen y el desorden” por medio de un “nuevo enfoque centrado en proteger la seguridad pública”. Ese decreto reconoció que muchas personas sin techo tienen problemas no tratados de salud conductual como enfermedades mentales y adicción, y que estos pueden afectar la seguridad. Los recortes de fondos, sin embargo, empeorarán estos problemas en lugar de remediarlos.
En abril, el DOJ canceló subvenciones por un monto inicial de $820 millones que apoyaban a más de 550 entidades en 48 estados y territorios dedicadas a asuntos como la prevención de la violencia, programas de reincorporación a la sociedad y servicios a las víctimas, incluidos $88 millones para el tratamiento esencial de la adicción y las enfermedades mentales.
Estos recortes, que de por sí son devastadores, además son un preludio de un mayor daño que se avecina por las reducciones en Medicaid, la investigación en salud pública y el tratamiento de la adicción y las enfermedades mentales.
Este análisis es parte de una serie que explora cómo estos y otros recortes del gobierno federal pueden poner en peligro la seguridad pública. Las inversiones federales en salud conductual benefician al público de maneras que no se pueden remplazar. Tratar eficazmente los problemas de salud conductual exige colaboración entre las agencias de la ley y los profesionales de salud, el apoyo comunitario y los fondos para la investigación y el tratamiento.
Las subvenciones del DOJ cierran brechas cruciales a nivel estatal, local y comunitario. Permiten que las agencias locales aprovechen los conocimientos de destacados investigadores y expertos de todo el país mediante la capacitación y asistencia técnica para mejorar su respuesta policial y de salud conductual.
El apoyo federal también paga a los profesionales de salud, en particular en zonas rurales, por medio de programas financiados por Medicaid, el Centro de Control de Enfermedades y la Dirección de Servicios contra la Adicción y las Enfermedades Mentales (Substance Use and Mental Health Services Administration).
Seguridad y salud pública
Legisladores en todo el espectro político han destacado la importante función federal para solucionar la crisis de salud mental y drogadicción. Ambos partidos reconocen que el apoyo federal al tratamiento y las estrategias innovadoras de respuesta a las crisis son cruciales para la seguridad pública.
En su primer mandato, el presidente Trump promulgó una importante ley que extendió la cobertura de Medicaid al tratamiento de la adicción a opioides y la prevención de sobredosis. Además, la mayoría de los estadounidenses apoya la financiación federal para aumentar el acceso a la salud mental y el tratamiento de la drogadicción, un consenso que tiene sentido pues estas inversiones en salud tienen un impacto directo en la seguridad.
Las personas con trastornos de salud mental y consumo de estupefacientes están sobrerrepresentadas en el sistema penal. Aproximadamente el 44 por ciento de las personas encarceladas tienen una enfermedad mental, en comparación con el 23 por ciento de la población general. Aproximadamente el 58 por ciento de los presos tienen un trastorno de drogadicción en comparación con el 18 por ciento de la población general.
Una vez liberadas, las personas con problemas de salud conductual enfrentan muchas barreras, entre ellas la falta de vivienda estable, atención de salud y las sólidas conexiones en la comunidad, todas las cuales ponen en peligro su recuperación y aumentan la probabilidad de recaídas y arrestos adicionales.
La atención comunitaria para enfermedades mentales y drogadicción de por sí recibe fondos muy insuficientes, por lo que con frecuencia, las agencias de la ley pasan a ser nuestra respuesta por defecto. Los policías son los socorristas de las personas en crisis, incluso cuando no existe una amenaza inmediata a la seguridad.
Las cárceles se describen con frecuencia como “atención de facto para enfermedades mentales” porque han llenado el vacío, y porque los problemas de salud conductual están detrás de muchas de las circunstancias que llevan a prisión. Los policías están entre los primeros que señalan que la mejor solución no necesariamente son las agencias de la ley. Además, esta estrategia estrictamente punitiva no funciona con muchos problemas de salud conductual.
Por lo tanto, comunidades de todo el país, tanto en estados mayormente republicanos como demócratas, han buscado soluciones alternativas viables, como alianzas entre las agencias de la ley y de salud pública que dan prioridad al tratamiento y a otros tipos de apoyo mediante programas de distracción, mejor capacitación policial, centros residenciales para el tratamiento de adicciones y tribunales dedicados a delitos relacionados con drogas.
En los modelos de socorristas conjuntos, los oficiales de policía y especialistas como paramédicos y trabajadores sociales responden juntos, y programas de respuesta alternativa movilizan a civiles capacitados no armados en vez de la policía para responder a llamadas de bajo riesgo de crisis de salud conductual. Estas estrategias han tenido resultados prometedores, ya que ahorran recursos policiales, mejoran el tiempo de respuesta a llamadas al 911, reducen las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo y bajan la tasa de arrestos de personas en crisis de salud mental. Además, a la larga, son más económicas que el encarcelamiento.
A pesar de que estas innovaciones se producen a nivel local, el gobierno federal, en particular el DOJ, ha sido crucial para crearlas y ampliarlas durante los mandatos demócratas y republicanos. Pero debido a los recortes recientes, el departamento ahora ha dejado de cumplir con estas funciones, con graves consecuencias para los esfuerzos destinados a solucionar eficazmente los problemas de salud conductual.
Retirada federal de la inversión en salud y seguridad
Además, en el pasado, el DOJ ha cultivado redes nacionales con expertos que aportan contactos valiosos que permiten que las agencias locales aprendan de otras que están a miles de millas de distancia, lo que ayuda a evitar que se repitan errores y se malgaste el dinero.
Por ejemplo, en 2022, Chaffey Community College en California creó el Equipo de Evaluación de la Educación Superior (Higher Education Assessment Team), que congrega a agentes de la ley y trabajadores sociales para prestar servicios integrales a fin de aportar soluciones a las crisis de salud mental. En sus tres primeros años, el programa pudo conectar a cientos de personas con tratamiento en respuesta a llamadas de personas en crisis y con menos de cinco arrestos, con lo que se evitó la violencia y el encarcelamiento innecesario.
Los líderes del programa atribuyen su éxito a lo que consideran el apoyo esencial en un servicio nacional de capacitación y asistencia técnica, que fue financiado por el DOJ. El DOJ ahora ha eliminado esos fondos como parte de recortes de más de $500 millones a los fondos asignados por la agencia para asistencia técnica en todo el país.
Como resultado, Chaffey College, al igual que muchas otras agencias similares en todo el país, perdió el acceso a recursos para evaluar y mejorar su respuesta a las crisis, además de una red para compartir lecciones aprendidas y prácticas óptimas.
El DOJ también recortó muchas subvenciones directas a las agencias de la ley para colaboraciones sobre la salud mental, como por medio de Connect and Protect, que financia al Equipo de Evaluación de la Educación Superior. Si bien esta subvención no se ha suspendido, se vencerá este año. Con pocas posibilidades de fondos adicionales, ahora es incierto si Chaffey College podrá ampliar o siquiera mantener el programa.
En el condado de Covington, Alabama, la suspensión de una subvención forzará el cierre de un programa que contactó a alguaciles con profesionales de salud mental para responder a las crisis y creó un sistema de telesalud. Los oficiales deberán volver a encargarse ellos mismos de las llamadas relacionadas con la salud mental, con pocos recursos para romper ciclos de arrestos y encarcelamiento de personas en crisis.
En Oklahoma, el Departamento de Policía de Shawnee perdió otra subvención federal para iniciar un equipo de intervención en crisis. Esto resultó en más arrestos en vez de derivaciones a tratamiento, menos citas de bienestar encabezadas por oficiales y menores recursos para responder a posibles suicidios.
Un experto en política de justicia penal de la Alianza Nacional contra las Enfermedades Mentales (National Alliance for Mental Illness), la mayor organización de base dedicada a la salud mental, advirtió que si desaparecen los fondos federales para respuestas alternativas y capacitación, miles de agencias de la ley perderán una valiosa manera de intercambiar prácticas óptimas, además de apoyo crucial a alianzas entre la policía y los profesionales de salud mental.
Más allá de los recientes recortes del DOJ
Tanto a las agencias de la ley como a los profesionales médicos les preocupa cada vez más que los recortes más extensos del gobierno federal serán catastróficos y probablemente arruinen los programas de rehabilitación para adictos en el país y reviertan los logros alcanzados incluso ahora que empiezan a bajar las muertes por opioides. Se calcula que el presupuesto recién aprobado recortará $860 millones, un monto sin precedente, de Medicaid y otra cobertura de salud, y que aproximadamente 7.8 millones de personas perderán su seguro médico.
La reducción del número de muertes exige medicamentos como naloxona, que puede revertir rápidamente los efectos de una sobredosis. Pero posiblemente se elimine un programa de $56 millones de la Dirección contra la Drogadicción y las Enfermedades Mentales que expandía el acceso a naloxona. El acceso a medicamentos es apenas un aspecto de la realidad más amplia de recuperación. Cara Poland, médica especializada en adicción de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Estatal de Michigan, señaló que la mayoría de sus pacientes no solo combaten problemas de adicción y salud mental, sino que tienen muchas enfermedades crónicas. Carecen de empleo estable, vivienda, cuidado de niños y trasporte. Sin apoyo integral para la recuperación, la probabilidad de recaída y arresto aumenta.
Los agentes de la ley y los profesionales de salud están de acuerdo: la intervención temprana y la atención de salud conductual de calidad pueden reducir el encarcelamiento. Pero con los recortes pendientes a Medicaid, las opciones de tratamiento disminuirán, en particular en zonas rurales ya subatendidas, lo que resultará en más situaciones de crisis en las que deberán intervenir los agentes de la ley.
Como observó Eric Samson, sheriff del condado de Androscoggin, Maine, la menor cobertura forzará a los profesionales de salud conductual a dejar de atender pacientes, lo que a su vez resultará en un flujo mayor de personas a los tribunales y las cárceles. “Menos recursos comunitarios significa que las personas se deteriorarán más rápido y terminarán acá en la cárcel”, afirmó Samson.
Cuando el Congreso reanude funciones para considerar sus próximas asignaciones y decisiones presupuestarias, debe escuchar las advertencias de los profesionales de la ley y salud pública sobre las consecuencias nocivas de los recientes recortes de los fondos relacionados con la salud en la seguridad pública.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
