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Todos los años, más de 450,000 personas salen en libertad y vuelven a sus comunidades, y millones más pasan por cárceles locales.
Los recortes del Departamento de Justicia no solo afectan a estas personas, sino también a sus familias y comunidades.
Tanto republicanos como demócratas concuerdan, desde hace mucho tiempo, en la necesidad de ayudar a las personas que salen en libertad a encontrar trabajo y una vivienda estable, para que puedan contribuir a sus comunidades y evitar caer nuevamente en la delincuencia.
Pero en abril, la administración Trump canceló subsidios inicialmente valuados en $40 millones que estaban destinados a poner en práctica la Ley de la Segunda Oportunidad (Second Chance Act) —una ley patrocinada inicialmente por el presidente George W. Bush y apoyada por los dos partidos—, que busca mejorar la vida de las personas que salen de la cárcel o prisión.
Todos los años, más de 450,000 personas salen en libertad y vuelven a sus comunidades, y millones más pasan por cárceles locales, donde, por lo general, residen durante poco más de un mes. Los recortes del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) no solo afectan a estas personas, sino también a sus familias y comunidades.
Si bien siguen en pie algunos programas federales esenciales de ayuda a la reintegración social, todo se apoya ahora sobre una base más floja, tanto políticamente, porque el respaldo bipartidista parece de repente más tenue, como programáticamente, debido a los recortes de fondos y despidos de personal.
Este análisis describe cómo las cancelaciones de subsidios del Departamento de Justicia atentan contra la idea, consensuada desde hace décadas por los dos partidos, de que brindar recursos federales para dar apoyo y permitir la expansión de programas exitosos de reinserción social es fundamental para reducir la reincidencia. Este informe es parte de una serie de análisis que investigan cómo las cancelaciones de estos y otros subsidios federales menoscaban la seguridad pública y la justicia.
Se atenta contra décadas de apoyo bipartidista
El Congreso ha financiado programas que dan apoyo a las personas que salen de las prisiones, cárceles y centros de detención juvenil desde que se aprobó la Ley de la Segunda Oportunidad en 2008. Esta ley, inicialmente propuesta durante el discurso del estado de la Unión de 2004 del presidente Bush, creó nuevos programas de subsidios y destinó fondos federales para ayudar a eliminar las barreras que enfrentan las personas que salen en libertad en materia de vivienda, educación y empleo. También mejoró los tratamientos de salud conductual y otros servicios de asistencia.
La Ley de la Segunda Oportunidad les ha posibilitado a los estados experimentar con nuevas estrategias para reducir la reincidencia y, al mismo tiempo, invertir más en las estrategias de eficacia comprobada.
Ese trabajo continuó a lo largo de las administraciones subsiguientes. El presidente Obama creó el Consejo Federal Interinstitucional para la Reinserción Social (Federal Interagency Reentry Council) a fin de coordinar y maximizar la distribución de los recursos federales entre más de 20 agencias federales y, así, dar apoyo a la reinserción exitosa.
Y, durante su primer mandato, el presidente Trump ratificó la Ley del Primer Paso (The First Step Act) de 2018. Esta ley redujo las sentencias federales por cargos relacionados con las drogas que eran anticuadas y excesivamente punitivas, y creó nuevas oportunidades y herramientas para garantizar una exitosa reinserción tras la liberación.
Cabe aclarar que estas reformas no han alcanzado todo su potencial, ya que sufren de la escasez de fondos, problemas técnicos y regulaciones de implementación demasiado rígidas. Pero aun así, la ley sigue siendo, en gran parte, una historia de éxito bipartidista, y la Oficina de Prisiones de la actual administración dice que sigue comprometida a ponerla en práctica en su plenitud.
La Ley del Primer Paso también volvió a autorizar y extendió el plazo de la Ley de la Segunda Oportunidad y de sus programas de subsidios. Para reforzar estas iniciativas, el presidente Biden creó el Comité Federal Interinstitucional de Alternativas y Reinserción (Federal Interagency Alternatives and Reentry Committee), que le encomendó a distintas agencias federales la tarea de diseñar planes para asistir a la rehabilitación de las personas encarceladas y facilitar su reinserción social, entre otros objetivos
Esta historia de colaboración bipartidista de larga data, además del apoyo público a favor de los programas de reinserción social que indicó la fiscal federal Pam Bondi durante su audiencia de confirmación, hace aún más sorprendente que este pasado abril el Departamento de Justicia haya cancelado $40 millones de dólares en subsidios de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Se obstaculizan los programas efectivos de reinserción
Garantizar una reinserción social exitosa y reducir la reincidencia son metas esenciales a la hora de proteger la seguridad pública y propiciar la prosperidad de las familias y las comunidades. Cancelar los subsidios de la Ley de la Segunda Oportunidad socava todo ese trabajo.
Muchas, cuando no la mayoría, de estas cancelaciones afectaron a organizaciones sin fines de lucro que brindan capacitación y asistencia técnica para la reinserción social a líderes locales y estatales de todo el país y de todas las ideologías políticas. Estos recortes limitarían drásticamente las capacidades de los gobiernos locales y sus comunidades para crear programas efectivos y eficientes de reinserción social.
La asistencia técnica llena un vacío importante en la implementación de los programas de justicia penal. Las organizaciones locales y estatales, que conocen muy bien a sus comunidades, suelen ser las mejor posicionadas para proporcionar a las personas que salen en libertad las opciones más adecuadas de vivienda transitoria y servicios de atención de salud, terapia psicológica y empleo tras su liberación. Pero crear estos programas de cero no es fácil ni simple.
Las organizaciones que proporcionan asistencia técnica pueden ofrecer la pericia, investigación y conexiones necesarias para resolver problemas frecuentes y capacitar a las instituciones correccionales locales y organizaciones comunitarias que brindan servicios de reinserción. Por ejemplo, pueden ayudar a expandir las iniciativas que funcionan. Los recursos para la reinserción social suelen estar fragmentados entre distintas agencias gubernamentales y organizaciones de servicio a la comunidad
Las instituciones que brindan asistencia técnica experta aportan sus amplias redes de profesionales y experiencia para suplir esos vacíos y se aseguran de que quienes proveen servicios y sus aliados gubernamentales trabajen en estrecha colaboración, a la hora de derivar a las personas a los servicios correspondientes y manejar sus casos.
También pueden brindar asesoramiento sobre los métodos adecuados para evaluar el desempeño de los programas y asegurar la continuidad de los programas efectivos tras cualquier cambio en el liderazgo o en las circunstancias externas, así como también luego de que se acaben las inversiones federales de tiempo limitado. Estos vacíos no los puede llenar el DOJ, porque no tiene el personal suficiente, o bien porque no es el ente gubernamental adecuado para hacerlo.
La cancelación de esta asistencia técnica hace que quienes trabajan directamente con las personas previamente encarceladas se vean privadas de recibir un asesoramiento valioso sobre todo tipo de cuestiones, desde cómo crear programas efectivos y sostenibles hasta cómo recopilar y analizar los datos de desempeño.
En términos prácticos, sin esta ayuda, las organizaciones probablemente no puedan implementar modelos de servicios para la reinserción con éxito y gasten los fondos federales de manera más ineficiente. Eso hará que la gente que sale de la cárcel o prisión tenga menos oportunidades de vivienda, atención de salud, capacitación laboral y otros servicios de asistencia que, en su conjunto, ayudan a reducir la reincidencia y alivianan la carga sobre las fuerzas policiales y judiciales locales, la salud pública y los centros correccionales.
Se suspenden las metas bipartidistas del Congreso
De los $40 millones de fondos perdidos de la Ley de la Segunda Oportunidad, unos $17 millones se destinaban originalmente a cuatro centros que brindan apoyo en materia de investigaciones, recursos y asistencia individualizada a quienes reciben los subsidios de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Tres de esos centros, que ahora han tenido que cerrar, estaban dedicados a trabajar en una serie de metas políticas específicas: garantizar la continuidad entre los servicios de reinserción provistos en las cárceles y prisiones y los disponibles tras la liberación; mejorar el acceso a los servicios sociales, de vivienda y salud durante la reintegración a la sociedad; y propiciar oportunidades de educación y empleo para quienes regresan a sus comunidades.
Cada una de estas metas han sido prioridades consensuadas desde hace mucho tiempo por miembros de los dos partidos y líderes de la sociedad civil. Fomentan las metas establecidas por el Congreso de reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública.
Por ejemplo, ampliar el acceso a la atención de salud para las personas ciudadanas que se reintegran y sufren de altos índices de problemas de salud física y conductual puede reducir las crisis de salud innecesarias, disminuir el número de visitas a la sala de emergencias y mejorar la seguridad pública. Garantizar una vivienda estable para las personas que salen en libertad puede reducir su alto riesgo de vivir en la calle y volver a delinquir.
Durante su primer mandato, el presidente ratificó una ley que restauró el acceso a las Becas Pell para las personas encarceladas, lo cual suscitó la aprobación de los dos partidos. Muchos líderes empresariales prominentes continúan dando apoyo a los programas de oportunidades de empleo para personas con antecedentes penales.
El cuarto centro establecido por la Ley de la Segunda Oportunidad funcionaba como una base pública de conocimiento sobre reinserción social. Este Centro Nacional de Recursos sobre Reinserción Social (National Reentry Resource Center) recopilaba listas de oportunidades de financiamiento, historias de éxito y directrices que los gobiernos y las organizaciones proveedoras de servicios de todo el país podían utilizar sin costo: era una biblioteca virtual de todo lo que la nación sabía sobre cómo ayudar a las personas que volvían a casa después de una encarcelación.
Desafortunadamente, las abruptas cancelaciones de fondos del DOJ acabaron con todo el apoyo federal para este centro de recursos y todas sus futuras contribuciones de pericia y asesoramiento clave que brindaba.
Este centro de recursos ofrecía, por ejemplo, un kit de herramientas y directrices para que los administradores de cárceles y prisiones pudieran conectar a quienes salían en libertad con los recursos necesarios para recibir Medicaid. Las personas que salen en libertad tienen muchas más probabilidades que la población en general de tener necesidades complejas de salud física y mental, como trastornos de uso de sustancias.
Dado que la ley federal prohíbe el pago de Medicaid para la mayoría de los servicios proporcionados durante la encarcelación, muchos estados les cancelan o suspenden su Medicaid a las personas encarceladas, lo cual se traduce en períodos sin cobertura de salud cuando salen en libertad, hasta que se reactive su Medicaid.
Una nueva estrategia llamada exenciones de Medicaid de muestra puede simplificar considerablemente el proceso de reactivación de Medicaid tras la liberación y garantizar la continuidad de los tratamientos una vez en libertad.
Estas exenciones, un elemento fundamental de la Ley para la Prevención de Trastornos de Uso de Sustancias que Promueve la Recuperación y el Tratamiento de Pacientes y sus Comunidades (Support Act), ratificada por el presidente Trump en 2018 con un importante apoyo bipartidista, reducen la reincidencia y las muertes por sobredosis para quienes salen de cárceles y prisiones.
Varios estados, gobernados por líderes de todas las banderas políticas, han solicitado y obtenido estas exenciones. Pero es un proceso difícil, que lleva mucho tiempo y que está obstaculizado por sistemas estatales y federales muy burocráticos. Sin el asesoramiento continuo y actualizado del Centro Nacional de Recursos sobre Reinserción Social, los estados tienen menos recursos para obtener estas exenciones con éxito.
La cancelación de los fondos del DOJ originalmente valuados en $12 millones también afectó la Iniciativa Incubadora Comunitaria para la Reinserción de la Ley de la Segunda Oportunidad. Esta iniciativa ofrece microsubsidios a pequeñas organizaciones comunitarias y religiosas, que tienen un amplio conocimiento de las necesidades de sus comunidades, pero no necesariamente la experiencia o el personal adecuado para solicitar fondos federales.
El dinero para estos programas empresariales se tramitaba a través de organizaciones intermediarias reconocidas que también brindaban apoyo institucional a las organizaciones subsidiadas por el incubador.
Entre otras cosas, estos microsubsidios financiaban iniciativas novedosas para reducir la inseguridad de la vivienda en comunidades de todo el país, como así también programas destinados a personas y electores con necesidades específicas, como mujeres y minorías raciales o étnicas. La mayoría de sus destinatarios nunca antes había recibido financiación federal y probablemente no habría podido recibir estos microsubsidios sin la iniciativa incubadora.
Hay que anticiparse a los problemas y ofrecer soluciones
Estos recortes surgen en un momento en el que se prevé que el panorama político en general haga aún más difícil la reinserción social. Por ejemplo, todos los datos indican un alto índice de desempleo entre las personas previamente encarceladas, en especial durante el primer año de su liberación, un problema que Trump reconoció durante su primer mandato.
Como consecuencia, los nuevos requisitos laborales de Medicaid, incluidos en la ley presupuestaria aprobada en julio por el Congreso, pueden ocasionar que las personas previamente encarceladas pierdan su cobertura de salud al poco tiempo de su liberación, lo cual amenazaría el acceso a los tratamientos de uso de sustancias y la salud mental.
Si bien estos nuevos requisitos establecen una excepción temporaria para las personas previamente encarceladas, prevé un período demasiado corto, ya que vence tan solo a los 90 días de la liberación.
Los recortes en otras secciones de la rama ejecutiva, ya sean en concepto de personal en las agencias gubernamentales o en los programas de subsidios, también podrían impedir una exitosa reinserción social, porque eliminan las ayudas de las que dependen las personas con inseguridad económica.
Por ejemplo, el actual gobierno casi ha “disuelto” la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, la entidad federal encargada de elaborar políticas de salud mental y adicciones; ha retenido y amenazado con reducir los fondos de asistencia para las personas sin hogar; y ha propuesto otros recortes drásticos en los programas de desarrollo laboral. Si el objetivo de estas medidas fue recortar costos, podrían ocasionar el efecto contrario.
Los programas exitosos de reinserción pueden reducir los costos sociales de la delincuencia y los gastos presupuestarios generados por una nueva encarcelación, un aspecto que los economistas de la Casa Blanca han estudiado durante el primer mandato de Trump.
¿Qué pueden hacer quienes elaboran las políticas para evitar este daño? El Departamento de Justicia debe restaurar los subsidios cancelados de reinserción social y publicar nuevos períodos de aceptación de solicitudes, que seguían no disponibles y retrasados por varios meses al momento de esta publicación.
El futuro de los fondos también debe garantizarse. Los líderes en la Cámara de Representantes deben aprobar el proyecto de ley que vuelve a autorizar y extiende el plazo de la Ley de la Segunda Oportunidad que hace poco se aprobó en el Senado.
Este proyecto de ley cuenta con un amplio apoyo de los dos partidos, distintas comunidades religiosas, fuerzas policiales y judiciales y administradores de correccionales, y el Congreso debe priorizarlo.
El Congreso también debe garantizar que todo proyecto de ley sobre cuestiones presupuestarias anuales asigne el dinero necesario para ejecutar la Ley de la Segunda Oportunidad, tal como lo proponen los recientes proyectos de ley y de conformidad con los últimos fondos asignados.
Además, los gobiernos locales y estatales deben trabajar en colaboración —con las distintas agencias federales, organizaciones sin fines de lucro y las comunidades, de ser posible— para aliviar el impacto que podrían tener los recortes de los fondos federales y las nuevas políticas federales, como los nuevos requisitos laborales de Medicaid, sobre las personas previamente encarceladas.
Por ejemplo, pueden establecerse excepciones a largo plazo para las personas con trastornos de uso de sustancias, y ayudarlas a solicitar y obtener esas excepciones podría evitar que pierdan su cobertura de salud.
Ayudar a las personas a reintegrarse a sus comunidades después de un encarcelamiento requiere de una financiación constante, la pericia adecuada y la correcta coordinación con todos los niveles de gobierno. Quienes elaboran nuestras políticas no deben darle la espalda a esta tarea fundamental.
Traducción de Ana Lis Salotti
