En diciembre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Conteo Electoral (Electoral Count Reform Act) para mejorar la mal redactada Ley de Conteo Electoral (Electoral Count Act) de 1887, que regula el proceso de nombrar “electores” presidenciales y tabular sus votos. El propósito de la ley es subsanar disposiciones confusas y ambiguas en la ley original que ayudaron a preparar el terreno para el intento sin precedente de anular las elecciones presidenciales de 2020, lo que culminó en el ataque al Capitolio el 6 de enero.
¿Qué es el Colegio Electoral y cuántos votos son necesarios para ganar?
El Colegio Electoral es la entidad que elige al presidente y vicepresidente de Estados Unidos cada cuatro años. Se creó por medio del artículo II de la Constitución, que también dispone que cada estado puede seleccionar un número de electores equivalente al número de representantes y senadores que tiene. La 23.a enmienda, que se ratificó en 1961, asigna tres electores adicionales al Distrito de Columbia, con lo que el total de electores es de 538. Para ganar, el candidato a la presidencia y vicepresidencia deben recibir la mayoría de los votos o, si todos votan, 270. La 12.a enmienda dispone que, de lo contrario, la Cámara de Representantes escoge al presidente: cada delegación estatal recibe un voto. El Senado selecciona al vicepresidente por voto mayoritario.
Conforme a la Electoral Count Reform Act, si el número de votos electorales emitido se reduce (por ejemplo, si el Congreso vota por apoyar una objeción y no contar a un grupo de electores, como se describe abajo), el número de votos necesarios para ganar también disminuye. Por ejemplo, si el Congreso descarta 10 votos electorales, el total de votos emitidos disminuye a 528 y el número de votos necesarios para ganar baja a 265. Esto reduce el incentivo para que los partidarios del candidato que esté perdiendo traten de descartar votos electorales a fin de que el Congreso pueda seleccionar al presidente. Tras las elecciones de 2020, ciertos partidarios de Trump tenían la esperanza de que si lograban reducir el número de votos electorales de Joe Biden a menos de 270, la Cámara de Representantes tendría que instalar a Trump como presidente.
¿Cómo escogen electores los estados?
En la actualidad, cada estado y el Distrito de Columbia seleccionan electores por voto popular. Por lo tanto, técnicamente, un voto a favor de la lista presidencial es un voto a favor de los electores que prometen votar por esta (por lo general, personas seleccionadas por los partidos políticos). La Electoral Count Reform Act deja en claro que un estado no puede cambiar su método de seleccionar electores después del día de las elecciones. En otras palabras, las legislaturas estatales no tienen la autoridad para descartar resultados electorales que no les agradan ni escoger a electores por otros medios, como algunas personas afirmaron poder hacer tras la votación de 2020.
La nueva ley también prohíbe que se pospongan las elecciones presidenciales después del día de las elecciones, que por ley es el primer martes después del primer lunes de noviembre, una idea que Trump circuló antes de la votación de 2020. La ley sí permite que los estados prolonguen la votación por candidatos presidenciales después del día de las elecciones, pero solo bajo circunstancias extraordinarias y catastróficas, como un gran desastre natural o ataque terrorista.
Una vez que los funcionarios estatales cuentan y certifican los resultados de las elecciones presidenciales, el “ejecutivo” estatal debe emitir un “certificado de constatación” en el que nombra formalmente a la lista ganadora de electores, a más tardar, seis días antes de que los miembros del Colegio Electoral voten a mediados de diciembre.
Antes de la Electoral Count Reform Act, no estaba claro cuáles funcionarios estatales tenían la facultad de nombrar electores. Muchos estados tienen varios funcionarios ejecutivos electos, y la ley también parecía dejar abierta la posibilidad de que las propias legislaturas estatales nombraran a los electores, como se indica arriba. Eso creaba la posibilidad de que los estados nombraran múltiples listas de electores aparentemente válidos en caso de elecciones cuestionadas.
La ley de reforma solucionó este problema al dejar en claro que “el ejecutivo” se refiere al gobernador del estado (y el alcalde de Washington, DC) a no ser que las leyes estatales dispongan lo contrario. El certificado emitido por el gobernador u otros funcionarios designados legalmente es “definitivo” a no ser que un fallo judicial lícito ordene su modificación, en cuyo caso el certificado modificado que el tribunal ordenó remplaza el anterior. Estos cambios reducen en gran medida la posibilidad de que un estado envíe al Congreso más de una lista de electores que parece ser válida.
¿Qué sucede si hay una disputa sobre quién ganó las elecciones?
Por supuesto que todavía existe la posibilidad de disputas sobre quién ganó, en particular en estados decisivos muy divididos. Como sucedió anteriormente, estas se resolverán mayormente en los tribunales. La Electoral Count Reform Act hizo cambios mínimos a este proceso, con una excepción: si un candidato a presidente o vicepresidente entabla una demanda en una corte federal para tratar de impedir la emisión o no emisión de un certificado que nombra a los electores, el caso lo resolverá una corte extraordinaria de tres jueces federales, con la posibilidad de apelación directa ante la Corte Suprema. Este proceso acelerado tiene como propósito crear un mecanismo de demandas con resultados judiciales irrevocables emitidos antes de que los electores se congreguen para votar.
¿Cómo votan los electores?
El Colegio Electoral “se reúne” el primer martes después del segundo miércoles de diciembre (la Ley de Reforma del Conteo Electoral mudó la reunión a un día después del dispuesto en la ley original). El Colegio Electoral no se reúne como una entidad en si. Más bien, los electores de cada estado se reúnen en el capitolio de su estado para emitir sus votos. Luego transmiten esos votos y copias del certificado que constata su nombramiento al presidente del Senado de Estados Unidos (esto es, al vicepresidente), a funcionarios estatales y al archivista nacional.
Antes el ejecutivo de cada estado debía ratificar el nombramiento de sus electores y luego transmitir el certificado de constatación al archivista, quien a su vez lo enviaba al Congreso. Esto abría la posibilidad de que el ejecutivo se rehusara a trasmitir el certificado de constatación de su estado o el archivista (que es nombrado por el presidente) no lo transmitiera. La nueva ley se asegura que los votos de los electores de cada estado vayan directamente al Congreso.
Cabe señalar que la Constitución no obliga a los electores a votar por el ganador del voto popular de su estado, digan lo que digan las leyes estatales. Treinta y tres estados y el Distrito de Columbia exigen que los electores voten como prometieron hacerlo: por el ganador del voto popular. De esos estados, 14 contemplan que los electores que voten sin cumplir su promesa —denominados “electores desleales”— sean destituidos o que se anulen sus votos. (La Corte Suprema ratificó unánimemente dichas leyes en 2020). La votación por electores desleales ha ocurrido con regularidad en elecciones presidenciales desde que los estados empezaron a seleccionar electores por voto popular, pero hasta la fecha, estos nunca han sido decisivos en los resultados de elecciones presidenciales.
¿Cómo cuenta el Congreso los votos electorales?
El 6 de enero, tras las elecciones presidenciales y la reunión del Colegio Electoral, el Congreso se reúne en sesión conjunta para contar y certificar los votos electorales, como lo exige la 12.a enmienda. El presidente del Senado, típicamente el vicepresidente, encabeza la sesión conjunta y está a cargo de abrir los votos y anunciar los resultados finales. El conteo, en realidad, lo realizan “tabuladores”, miembros de la Cámara de Representantes y el Senado que fueron nombrados por el partido mayoritario y minoritario.
Cuando el vicepresidente anuncia los votos electorales, los miembros pueden objetar por escrito. Tras recibir una objeción válida, las cámaras se separan y debaten la objeción hasta por dos horas, antes de votar al respecto. Cada objeción da derecho a un periodo separado de debate y su propio voto. Para que se admita una objeción, esta debe contar con el respaldo de la mayoría de ambas cámaras.
Conforme a la ley original de 1887, solo se requería un senador y un congresista para forzar el debate de una objeción, lo que creaba la posibilidad de demoras prolongadas y sin fundamento. Por ejemplo, después de las elecciones de 2020, los miembros hicieron objeciones infundadas que forzaron a ambas cámaras del Congreso a debatir hasta casi las 4 a.m. (a pesar de que insurgentes violentos acababan de tomar el Capitolio). La posibilidad de que un estado envíe varias listas aparentemente válidas y normas confusas sobre qué sucedería si las cámaras trataban de contar las diferentes listas contribuyeron al potencial de caos.
La Ley de Reforma del Conteo Electoral subsanó estos problemas al aumentar a un quinto de los miembros de cada cámara el número mínimo necesario para considerar una objeción. Con esto, el número de objeciones presentadas en 2020 no habrían logrado el cometido pues fue inferior a los 20 senadores que ahora deben firmar. Como se señaló, la nueva ley eliminó en gran medida la posibilidad de que un estado envíe más de una lista aparentemente válida de electores. Para invalidar tal lista, ambas cámaras habrían de votar a favor de descartarla al apoyar una objeción.
¿Cuál es la función del vicepresidente?
La Ley de Reforma del Conteo Electoral elimina toda duda: la función del vicepresidente en el proceso de conteo electoral es principalmente ceremonial. Tras las elecciones de 2020, Trump y sus aliados —siendo el más notorio el exprofesor de derecho John Eastman— argumentaron que en su función presidencial, el vicepresidente Mike Pence tenía el poder de rechazar unilateralmente las listas electorales y declarar a Trump el ganador de las elecciones. Si bien se ha reportado que Eastman admitió en privado que el argumento era falso, él y Trump lo repitieron en público muchas veces. La negativa de Pence de aceptar el plan lo hizo uno de los principales blancos de ataque del 6 de enero en el Capitolio, en el que muchos de los participantes cargaron horcas improvisadas y corearon “¡cuelguen a Mike Pence!”
La ley aclara lo que la mayoría de los observadores legales ya tenían en claro: la función del vicepresidente en la sesión conjunta se limita a “deberes administrativos”, ya que no tiene la autoridad de determinar la validez de los votos electorales ni de “decidir ni resolver disputas”.
¿La Ley de Reforma del Conteo Electoral basta para proteger nuestra democracia?
No. La aprobación de la legislación era necesaria, pero solo resuelve los puntos vulnerables que contribuyeron al 6 de enero. Todavía existe la urgente necesidad de reformas democráticas más extensas ante intentos de sabotear el proceso electoral, para asegurar el derecho al voto y solucionar otros problemas apremiantes de la democracia estadounidense. La Ley John R. Lewis de Libertad para Votar (Freedom to Vote: John R. Lewis Act), que la Cámara de Representantes aprobó el año pasado pero que tácticas obstruccionistas detuvieron en el Senado, habría resuelto muchos de estos problemas. La prioridad sigue siendo la aprobación de esa propuesta o una similar.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
