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- Los cambios a las sentencias por delitos de drogas y la libertad supervisada tienen como objetivo ayudar a los jueces a dictar sentencias que se ajusten mejor a las circunstancias particulares de cada caso.
- También representan una oportunidad para que la comisión siga avanzando hacia futuros cambios.
La comisión que supervisa la normatividad que se aplica a las condenas por delitos federales promulgó varias enmiendas el mes pasado que mejorarán la administración de la justicia al dictar sentencias por delitos de drogas y para la libertad supervisada. Los cambios, que guiarán a los jueces a dar mayor peso a cada circunstancia particular, continúan una tendencia que refleja un sistema federal de sentencias más inteligente y con un enfoque más personalizado.
Aunque las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos (U.S. Sentencing Guidelines) no son obligatorias, son el principal referente que utilizan los jueces para fundamentar el tiempo de condena a prisión apropiado por un delito federal. Las pautas indican que una condena deber ser “suficiente, pero no mayor a lo necesario” para cumplir con sus propósitos de disuasión, castigo, seguridad pública e —idealmente— oportunidad de rehabilitación.
La Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, un panel cuyos nueve miembros son jueces federales y expertos en sentencias, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, se reúne periódicamente para decidir si las pautas existentes necesitan cambios para reflejar mejor el entendimiento actual del delito y la encarcelación. O se reúnen para resolver conflictos sobre la interpretación de las pautas entre los tribunales federales de circuito. La comisión a menudo se enfoca en problemáticas sobre la justicia, especialmente las desigualdades sistémicas en la imposición de sentencias entre personas en situaciones similares condenadas por delitos federales.
Los cambios a las sentencias por delitos de drogas y la libertad supervisada de 2025 tienen como objetivo ayudar a los jueces a dictar sentencias que se ajusten mejor a las circunstancias particulares de cada caso y que reflejen con mayor precisión la culpabilidad de la persona condenada.
Sentencias por delitos de drogas
Cuando se impone una sentencia a un acusado condenado por un delito federal de drogas, los jueces consideran varios factores: los antecedentes penales del acusado, si el delito resultó en serias lesiones personales o la muerte, si el delito tuvo lugar cerca de una escuela y muchos otros factores más. Pero para un juez el tipo y la cantidad de la droga en cuestión es, a menudo, el principal determinante del nivel de culpabilidad del individuo en los delitos federales de narcotráfico.
Desafortunadamente, utilizar la cantidad de droga como un sustituto de culpabilidad por mucho tiempo ha resultado en la imposición de condenas muy severas a personas que solo jugaron un papel menor en el negocio del narcotráfico —sobre todo porque dichas sentencias estaban destinadas a personas que desempeñaron un papel de liderazgo en organizar u administrar esa empresa. Los mismos jueces federales han criticado cómo la ley los ha forzado a imponer sentencias desproporcionalmente severas a personas que no las merecían.
Para corregir esta situación, a principios de la década de 2000, la comisión desarrolló un mecanismo de alivio diseñado para reducir las sentencias y evitar resultados severos para las personas que se determinó solo desempeñaron un papel secundario en el delito federal, y obtuvieron relativamente muy poco beneficio personal.
Hasta ahora, rara vez bajo esta disposición —la sección 3B1.2 sobre el “rol atenuante”— se han reducido condenas, aunque la comisión las haya cambiado en 2015 para que los acusados pudieran beneficiarse más fácilmente de ella. Las pocas veces que sí se aplicó, se hizo con bastantes variaciones entre los distintos distritos judiciales.
Para fomentar una más amplia y uniforme aplicación de este rol atenuante al ajuste de las condenas, la comisión de sentencias clarificó que las personas que solo jugaron un papel limitado o periférico en el delito de narcotráfico —como ser quien entrega paquetes, vigila, hace diligencias o es un distribuidor de bajo nivel— generalmente son quienes deben calificar a alivios según esa sección del rol atenuante.
La enmienda también cambió levemente cómo funciona el alivio. Una manera en la que se hacen determinaciones de condenas es por medio de una tabla de “nivel base del delito” que asigna un valor numérico a varios hechos del caso para poder demostrar la seriedad del delito. Ese valor numérico, con un rango de 1 a 43, se utiliza para establecer la duración de la condena. Los valores más bajos resultan en tiempos en prisión cortos o castigos no carcelarios y los puntajes más altos suponen décadas en prisión o cadena perpetua.
Un cambio de tan sólo uno o dos puntos puede resultar en varios años más de condena. El cambio de 2025 de la comisión pondrá un límite al nivel base del delito si el delito federal es uno de drogas de clasificación baja. Esto ayudará a garantizar que las largas penas de prisión se reserven para las personas que desempeñaron un papel fundamental en las organizaciones de narcotráfico.
Con la aclaración en los criterios de elegibilidad y el límite máximo de cálculo, la enmienda tiene como objetivo permitir que jueces diferencien mejor entre personas con variados grados de culpabilidad. En últimas, las personas con una participación menos significativa deben recibir sentencias más proporcionales al papel que desempeñaron en el delito.
Libertad supervisada
Más de 120,000 personas están bajo libertad supervisada federal —un periodo de libertad condicional durante el cual se vigila y orienta la reinserción social posterior a la pena de prisión. La supervisión forma parte de la condena original, a la que se le llama “sentencia dividida”, y tiene como fin ayudar a las personas que cumplieron penas en la cárcel a reintegrarse a sus comunidades mientras se protege la seguridad pública.
Para garantizar que solo las personas que necesiten libertad supervisada la reciban, y para evitar que se malgasten los recursos del sistema en aquellos que no lo requieran, la nueva enmienda modifica la sección 5D1.1 de la normatividad.
Según la nueva disposición de la norma, los jueces cuentan con la discreción para determinar si es necesario algún periodo de libertad supervisada—sujeto, por supuesto, a los factores normales que se consideran en la imposición de una condena— en vez de tener que cumplir con un mandato previo de imponer supervisión en todas las condenas a prisión de más de un año. Algunas leyes penales exigen un periodo de asistencia y vigilancia, y esto seguirá siendo obligatorio en esos casos.
La enmienda también otorga a los tribunales que emiten sentencias mayor discreción para determinar la duración y los términos de la libertad supervisada. Elimina los términos mínimos recomendados anteriormente y, en su lugar, ordena a los tribunales realizar una evaluación individualizada para determinar la duración de la pena siempre que sea igual o superior al mínimo legal.
Además, las pautas enfatizan que cualquiera de las condiciones en la libertad supervisada no exigidas por la ley deben imponerse solo cuando esté justificado y después que el tribunal realice una evaluación individualizada. Esto busca garantizar que las prácticas de vigilancia y asistencia sean un mejor reflejo de los métodos efectivos para aumentar el éxito de una persona en su proceso de reintegración a la comunidad y reducir el riesgo de reincidencia.
La vigilancia y asistencia posterior a la libertad conlleva una serie de condiciones, muchas de las cuales se supone que estén hechas a la medida de las circunstancias y necesidades particulares del acusado. Sin embargo, los críticos argumentan que demasiados jueces ordenan automáticamente a demasiadas personas (el 83 por ciento de las personas condenadas en 2024) a cumplir con el programa de libertad supervisada. La duración también varía considerablemente. Por ejemplo, las personas condenadas en 2024 recibieron un promedio de cuatro años de vigilancia y asistencia, con un mínimo de uno y un máximo de más de 19 años.
Los críticos también señalan que la libertad supervisada suele ordenarse con numerosas condiciones, a menudo sin estar específicamente adaptada a cada individuo. Es más probable que las reglas demasiado amplias, numerosas e indebidamente restrictivas aplicadas a cualquier programa de asistencia comunitaria sirvan como una trampa para regresar a la cárcel que como un método de apoyo para la reintegración.
De los más de 32,000 casos de violaciones a la supervisión cerrados en 2021, el 60 por ciento se debieron a infracciones técnicas, como estar en la calle muy tarde en la noche, no someterse a una prueba de drogas, faltar a una cita con el supervisor del programa o consumir alcohol, en lugar de cometer un nuevo delito. La mitad de esas violaciones resultaron en por lo menos un breve regreso a la cárcel y una de cada seis resultó en una nueva pena de prisión de más de seis meses.
La capacidad de cumplir con una multitud de normas, a veces contradictorias, es un indicador insuficiente de si alguien es o no un peligro para la seguridad pública y distrae a los supervisores de los casos donde alguien sí necesita más apoyo para evitar reincidir.
La comisión también fomentó una participación judicial más consistente en la revisión de la duración y las condiciones de libertad supervisada, al reconocer que esta se ordena al dictarse la condena —a menudo muchos años antes de la liberación— y que las personas tienen la capacidad de crecer y cambiar en ese tiempo.
Al considerar los términos y la duración de la libertad supervisada al momento de la liberación y un año después, los jueces pueden facilitar una reintegración exitosa, aumentar el cumplimiento y promover la seguridad pública, mientras que garantizan que los recursos limitados se asignen a las personas que más necesitan asistencia y vigilancia continua.
Finalmente, la comisión introdujo cambios modestos a las condiciones bajo las cuales se puede ordenar que alguien sea reencarcelado, y las infracciones técnicas suponen consecuencias menores.
Los cambios de la comisión a la normatividad de las sentencias, especialmente las dos enmiendas relacionadas a los delitos por drogas y la libertad supervisada, representan un paso significativo hacia una política más compasiva que refleje mejor la culpabilidad de la persona y promueva una reinserción social exitosa. También representan una oportunidad para que la comisión siga avanzando hacia futuros cambios.
En última instancia, es el Congreso quien debería liderar y aprobar leyes bipartidistas como la ley de sentencias más sensatas (Smarter Sentencing Act) y la ley de supervisión más segura (Safer Supervision Act) que se basan en estos cambios y garantizan que el sistema de justicia penal sea más justo, a la vez que se hace rendición de cuentas a quienes cometen delitos.
Traducción de Laura Gómez
