- La administración Trump no solo está implementando otra vez detenciones masivas de familias, sino que también ha efectuado cambios que aumentarán las detenciones de niños inmigrantes bajo custodia federal.
- Es difícil de evaluar el tratamiento que reciben los niños indocumentados bajo custodia federal, porque la administración se ha resistido a la inspección de los centros de detención, incluidos los que tienen a niños detenidos.
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El 1 de julio, el Congreso aprobó una ley presupuestaria que otorga la suma sin precedentes de $45 mil millones para la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes, incluidos centros de detención de familias. Este aumento gigantesco en el número de camas de detención en todo el país llega en un momento en el que crece la preocupación por las condiciones de detención de niños indocumentados.
Las disposiciones de esta ley plantean dudas sobre el tratamiento de las familias que enfrentan procesos de deportación. También cuestionan el estado del acuerdo del caso Flores, un acuerdo judicial de 1997 que aborda el tratamiento de los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno de los EE. UU.
¿ICE detiene a las familias?
En 2021, la administración Biden efectivamente suspendió la práctica de detener a familias con niños en centros de detención de inmigrantes, práctica frecuente durante la primera administración Trump. En lugar de la detención, la administración Biden recurrió a medios alternativos, como el monitoreo electrónico y los programas de manejo de casos, para que las familias con niños no tuvieran que estar detenidas en centros de detención.
Según muchas estimaciones, las alternativas a la detención han sido exitosas. En un programa, por ejemplo, el 99 por ciento de las familias cumplió con sus controles migratorios, y el costo fue muchísimo menor que el de la detención.
La administración Trump no solo está implementando otra vez detenciones masivas de familias, sino que también ha efectuado cambios que aumentarán las detenciones de niños inmigrantes bajo custodia federal.
La administración está poniendo fin a los programas de permisos de permanencia temporal (parole) y a la designación de estatus de protección temporal (TPS) para personas de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Venezuela. Además, cambió una política para permitir los arrestos en lugares que antes se consideraban vedados para el control inmigratorio, como las iglesias, las escuelas y las audiencias de tribunales de inmigración.
¿Quiénes se encuentran en los centros de detención de familias?
En el contexto migratorio, las “familias” son principalmente madres con hijos. Por lo general, a los padres ya los separan del resto de la familia y los colocan en centros para adultos. Aun cuando se detenga a niños con sus madres, los expertos de salud pública han señalado que la detención tiene serias consecuencias sobre la salud física y mental.
Un estudio de las condiciones del centro de detención de familias del condado de Karnes en Texas, ahora reabierto, reveló la falta de detección y atención médica de seguimiento de enfermedades crónicas, malnutrición y tuberculosis, y una evaluación inadecuada para detectar afecciones de salud mental. Los autores del estudio concluyeron que “no hay ningún modo digno de detener a niños y ninguna versión de detención de familias que sea aceptable”.
Aun así, el informe reconoció que es probable que se sigan deteniendo niños y realizó varias recomendaciones: los niños con necesidades médicas agudas deben recibir atención del personal médico con el nivel adecuado de entrenamiento y experiencia en pediatría. Se debe evaluar a los niños para detectar y tratar cualquier enfermedad que pueda transmitirse fácilmente en centros de detención, tales como la tuberculosis y la gripe. Y los niños con malnutrición deben ser evaluados y tratados correctamente.
¿Los niños inmigrantes detenidos están recibiendo la atención adecuada?
Es difícil de evaluar el tratamiento que reciben los niños indocumentados bajo custodia federal, porque la administración se ha resistido a la inspección de los centros de detención, incluidos los que tienen a niños detenidos.
La administración ha cerrado efectivamente oficinas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que monitoreaban las condiciones de detención en tiempo real. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles ha documentado abusos del debido proceso, un uso excesivo o inadecuado de la fuerza y abuso o acoso sexual en centros de detención de ICE.
Pero varios denunciantes empleados de esa oficina han informado que se han suspendido más de 500 investigaciones abiertas.
Una vocera del DHS dijo que están reorganizando la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos para “eliminar obstáculos en la aplicación de la ley”. Además de investigar más de 10,000 denuncias formales en un año, esa oficina realizó inspecciones de rutina de las instalaciones de detención para prevenir problemas antes de que ocurran. Las investigaciones del inspector general del DHS tienen retrasos de varios meses o incluso años.
Más allá de la inspección interna del DHS y la de los tribunales, el Congreso también desempeña un rol de control fundamental, pero la administración ha privado a varios miembros del Congreso de su derecho legal de visitar las instalaciones.
¿Qué es el acuerdo del caso Flores?
El acuerdo del caso Flores es un acuerdo judicial dictado en 1997 que crea protecciones específicas para los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. Sus disposiciones incluyen los siguientes requisitos:
- Los niños no pueden quedar detenidos por más de 20 días.
- Los niños deben ser devueltos a un familiar u otro adulto responsable lo más rápido posible.
- Las condiciones de detención deben ser seguras e higiénicas.
- Los niños deben tener una condición de detención lo menos restrictiva posible.
- Las instalaciones deben ofrecer a los niños acceso a baños y lavabos, agua potable y alimentos, asistencia médica si el menor necesita servicios de emergencia, una correcta regulación de la temperatura del ambiente y ventilación.
- Debe existir la correcta supervisión para proteger a los menores de otras personas.
- Los niños deben tener contacto con sus familias.
Este acuerdo está actualmente bajo la supervisión de la jueza Dolly Gee del Tribunal Federal del Distrito Central de California. Todos los centros de detención de familias también deben seguir las Normas residenciales para familias de 2020, de uso interno de ICE, pero varios entes internos de control del DHS recabaron e investigaron alegaciones de que esas reglas se estaban violando.
¿El acuerdo del caso Flores sigue rigiendo el tratamiento de los niños indocumentados detenidos?
La administración Biden aprobó nuevos reglamentos para niños inmigrantes presentes en los Estados Unidos sin un adulto que estén bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos; anuló el acuerdo del caso Flores únicamente en lo que respecta a ese departamento.
Hasta el momento, los términos que se aplican a ICE siguen vigentes. Pero, en mayo, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump presentó una moción que busca revocar el acuerdo de la causa Flores en todas las situaciones. El departamento argumentó que las leyes recientes, junto con las políticas y regulaciones de las agencias, hacen que dicho acuerdo sea innecesario.
Un grupo de abogados de inmigración presentó una demanda en junio para impedirle al gobierno federal anular el acuerdo del caso Flores. Esta demanda se basa en entrevistas a personas detenidas en dos centros que detallan violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, de las 90 familias que entrevistó en esos centros el grupo de defensa de inmigrantes RAÍCES, 40 mencionaron casos de negligencia médica. En un caso, se supo que un bebé de nueve meses perdió ocho libras durante un mes de detención.
La ley presupuestaria recién aprobada no cumple con ciertos términos del acuerdo del caso Flores. Por ejemplo, no limita la detención de niños a un máximo de 20 días.
¿Quiénes serán los responsables de administrar los nuevos centros de detención?
En su mayoría, compañías con fines de lucro.
Aun antes de que el Congreso aprobara la ley que aumenta la capacidad de detención de inmigrantes, ICE ya había firmado contratos con dos firmas privadas propietarias y administradoras de prisiones, a fin de incrementar la capacidad del país de alojar a familias y niños indocumentados.
Se prevé una fuerte ampliación de las instalaciones existentes y la reapertura de centros que la administración Biden había cerrado. Esto ocurre en respuesta al incremento significativo de las detenciones.
Al 29 de junio de 2025, había 57,861 personas detenidas en las instalaciones de ICE, en comparación con las 38,265 de junio de 2024, esto es un aumento del 51 por ciento, que deja a esas instalaciones casi al 45 por ciento por encima de su capacidad.
Aproximadamente el 90 por ciento de las personas detenidas en centros de detención de inmigrantes ya se encuentra en instalaciones administradas por compañías con fines de lucro.
El 5 de marzo, CoreCivic —una de las compañías de prisiones más grandes del país— anunció que iba a reabrir el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, para alojar a 2,400 personas inmigrantes indocumentadas, muchas de las cuales serán niños pequeños.
Este centro de detención había alojado a familias detenidas durante la primera administración Trump y parte de la administración Biden, pero, para cuando se cerró en 2024, solo tenía a adultos detenidos. CoreCivic recibirá un pago garantizado todos los meses para administrar este centro y prevé ganar $180 millones en ingresos anuales una vez que el centro esté funcionando a plena capacidad.
También en marzo, Geo Group, la compañía vinculada al zar fronterizo de Trump, Tom Homan, y a la fiscal general Pam Bondi, decidió que el Centro de Procesamiento de Inmigrantes del condado de Karnes iba a dejar de alojar únicamente a hombres adultos y pasar a alojar a poblaciones mixtas.
Al igual que el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, el de Karnes también alojó a familias indocumentadas durante la primera administración Trump, hasta que el presidente Biden cesó la práctica.
Se prevé que Geo Group genere unos $79 millones en ingresos anuales durante el primer año completo de operaciones.
Traducción de Ana Lis Salotti
