Skip Navigation
DC Court of Appeals building
eurobanks/Getty
Análisis

La justicia debe proteger la independencia del organismo de supervisión de privacidad y libertades civiles

El presidente Trump despidió a dos miembros de la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles sin motivo alguno. El caso judicial podría tener repercusiones sobre el funcionamiento de otras agencias.

DC Court of Appeals building
eurobanks/Getty
noviembre 13, 2026

Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español

  • Permitir este tipo de interferencia en el trabajo de la junta perjudica la privacidad y las libertades civiles del pueblo estadounidense.
  • También puede afectar la facultad del Congreso de limitar el poder del presidente sobre otras agencias federales.

Este martes, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia oirá los alegatos orales de una causa que disputa la remoción por parte del presidente Trump de dos miembros de la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles.

En esta causa se juega la independencia de esta agencia federal creada por el Congreso a fin de proteger los derechos de la población estadounidense de las facultades antiterroristas todopoderosas que asumió el gobierno luego de los ataques del 11 de septiembre.

Más allá de lo que atañe a esta junta en sí, la decisión probablemente influya en la capacidad del Congreso de proteger a otras entidades federales parecidas de la influencia del presidente y tenga ramificaciones más amplias sobre la separación de poderes entre el Congreso y el presidente.

En enero de 2025, Trump despidió a tres miembros demócratas de los cinco que componían la junta sin brindar ninguna causa de despido. Dos de ellos disputaron su remoción ante un tribunal federal con el argumento de que la ley no autoriza al presidente a remover a los miembros de la junta sin causa. El juez federal a cargo estuvo de acuerdo, y ahora el gobierno apeló la decisión diciendo que el presidente puede despedir a los miembros de la junta por cualquier motivo o sin ningún motivo en absoluto.

¿Cuál es la misión de la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles?

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Congreso enseguida comenzó a ampliar las facultades del gobierno en materia de inteligencia y vigilancia mediante la aprobación de leyes, entre ellas, la Ley Patriota (Patriot Act). Pero también reconoció que esta “expansión de poderes y autoridad a favor del gobierno federal exige un mayor sistema de frenos y contrapesos a fin de proteger las valiosísimas libertades que son fundamentales para nuestro estilo de vida”.

Para satisfacer esta necesidad, el Congreso creó una junta compuesta de varios expertos, encargada de garantizar que los esfuerzos del gobierno federal de prevenir actos terroristas se equilibren con la necesidad de proteger la privacidad y las libertades civiles del pueblo.

La Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles investiga en profundidad los programas antiterroristas y publica informes detallados donde analiza el impacto de esos programas sobre la privacidad y las libertades civiles y realiza recomendaciones para proteger mejor esos derechos.

Cuando el Congreso creó esta junta en 2004, al principio la colocó dentro de la Oficina Ejecutiva del presidente, le dio al presidente la libertad de remover a sus miembros según le parezca y estipuló que los miembros se desempeñarían bajo la supervisión general del presidente. Pero enseguida quedó claro que este grado de control de parte de la Casa Blanca era incompatible con la misión de supervisión de la junta.

Por ejemplo, cabe destacar que la Casa Blanca editó considerablemente el primer informe de la junta ante el Congreso, lo cual provocó que uno de sus miembros iniciales renunciara como signo de protesta. Luego, este miembro declaró ante el Congreso que el nivel de influencia de la Casa Blanca le imposibilitaba a la junta ejercer la supervisión independiente que debía.

Como respuesta, el Congreso enmendó la ley para distanciar a la junta del control del presidente y eliminó las disposiciones que le otorgaban al presidente el poder de supervisar a la junta y de despedir a sus miembros a su antojo.

¿Cuáles podrían ser los efectos sobre la privacidad y las libertades civiles de las personas?

Desde que el Congreso promulgó esos cambios, la junta se ha desempeñado como un mecanismo efectivo de supervisión imparcial sobre los programas antiterroristas de la rama ejecutiva y como un recurso indispensable para que el Congreso pueda efectuar sus propias tareas de supervisión.

Varios congresistas, representados por el Brennan Center, presentaron un escrito de amicus curiae en la causa judicial de los miembros despedidos, donde resaltaron las importantes contribuciones de la junta al Congreso y a favor del público.

La junta ha desempeñado un rol particularmente importante en los esfuerzos del Congreso a la hora de supervisar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), un programa controversial que permite llevar a cabo operaciones de vigilancia sin órdenes judiciales y que exige la reautorización periódica del Congreso.

En 2023, por ejemplo, la junta divulgó públicamente un informe de casi 300 páginas donde analizó el impacto del programa sobre la privacidad y las libertades civiles. Al año siguiente, el Congreso implementó 10 de los 26 cambios recomendados en ese informe.

La junta también tuvo un efecto directo sobre la decisión del Congreso de suspender la recopilación en masa de metadatos de llamadas telefónicas que estaba realizando la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) conforme a la Sección 215 de la Ley Patriota.

La investigación del programa, iniciada por la junta a raíz de una solicitud de un grupo de congresistas de ambos partidos, concluyó que ese programa había invadido la privacidad de la población estadounidense y, al mismo tiempo, había brindado muy poco valor en materia de inteligencia.

Muchos congresistas hicieron frecuente alusión al informe durante las audiencias y los debates llevados a cabo en el recinto sobre las reformas. De acuerdo con la recomendación de la junta, el Congreso votó a favor de suspender el programa de recopilación de datos en masa.

La capacidad de la junta de dar este apoyo al Congreso depende de su independencia de la rama ejecutiva. Sus recomendaciones legislativas y políticas, desde siempre, han tenido un peso importante en el Congreso, justamente porque los miembros de la junta son expertos independientes y no voceros del presidente.

Dejar que el presidente despida o reemplace a los miembros de la junta como le plazca le daría a la Casa Blanca una gran influencia sobre la junta, quebraría su independencia y provocaría la pérdida de confianza tanto del Congreso como del público en que los informes y las recomendaciones de la junta sean producto de un órgano independiente de expertos.

La autoridad del presidente de despedir miembros a su antojo también haría que la junta ya no pueda llevar a cabo varias de sus funciones fundamentales. La junta necesita un cuórum de al menos tres miembros para iniciar nuevos proyectos, ampliar los actuales y publicar informes y recomendaciones.

Desde que Trump despidió a los tres miembros demócratas, la junta ha estado operando con una sola integrante. Por lo tanto, durante más de 18 meses, la junta no ha podido llevar a cabo su misión en un momento en el que se intensificangravemente las preocupaciones por la expansión de las facultades antiterroristas para suprimir el disenso.

Permitir este tipo de interferencia en el trabajo de la junta perjudica la privacidad y las libertades civiles del pueblo estadounidense, porque desarticula un órgano de control independiente y fundamental, dedicado a la protección de estos derechos, con un efecto dominó negativo sobre la facultad de supervisión del Congreso de los poderosos programas de vigilancia y antiterrorismo que tiene la rama ejecutiva.

¿Cuál esel impacto de este caso sobre la separación de poderes?

Este caso también puede afectar la facultad del Congreso de limitar el poder del presidente sobre otras agencias federales, con consecuencias significativas sobre la división de poderes entre estas dos ramas de gobierno.

A comienzos de este año, en el caso Trump v. Slaughter, la Corte Suprema determinó que el Congreso no puede limitar la autoridad del presidente de remover a líderes de agencias federales si la agencia ejerce “facultades ejecutivas”. Esta decisión revocó un precedente del que, desde hace 90 años, dependía gran parte de la estructura moderna del gobierno federal y expandió el poder del presidente sobre docenas de agencias federales a expensas de la autoridad del Congreso.

En esta opinión, la mayoría conservadora de la Corte se negó a definir los límites del término “facultades ejecutivas” y dejó que los tribunales inferiores se las arreglen para determinar qué agencias federales las ejercen.

Los magistrados recalcaron que “no todas las entidades creadas por el Congreso necesariamente implican una [facultad] ejecutiva”. Y señalaron que las “facultades de naturaleza investigativa e informativa podrían considerarse simplemente como una ayuda para la función legislativa del Congreso”. La Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles, que investiga los programas antiterroristas del gobierno y publica informes y recomendaciones no vinculantes, entra perfectamente dentro de esa categoría.

El caso de la junta le presenta al tribunal del Circuito de DC una de las primeras oportunidades para circunscribir la causa Slaughter a los límites articulados por la Corte Suprema y, al mismo tiempo, proteger la capacidad del Congreso de crear agencias independientes con mandatos parecidos.

¿Cuál podría ser el dictamen del tribunal del Circuito de DC?

El tribunal de apelaciones debe pronunciarse a favor de los miembros despedidos. El Congreso decidió eliminar de la ley la facultad del presidente de remover a miembros a su antojo en 2007, cuando quedó claro que ese paso era necesario para preservar la función de supervisión de la junta. Pronunciarse a favor del gobierno anularía esa decisión y, encima, socavaría la eficacia de la junta como un órgano de control de las libertades civiles.

Proteger a los miembros de la junta de un despido sin causa está avalado por la Constitución, porque esta junta no ejerce ninguna facultad ejecutiva. A diferencia de la agencia en disputa en el caso

Slaughter, esta junta no hace cumplir leyes contra particulares ni establece reglas sustantivas con la fuerza de la ley. Más bien, se desempeña como un órgano asesor que cumple tareas informativas e investigativas.

More on

Aun así, el tribunal del Circuito de DC podría darle la razón al gobierno y decidir que los despidos fueron legítimos. Si así lo hiciera, los fundamentos de la decisión traerían consecuencias. Los jueces podrían decidir que, como el texto de la ley no incluye una protección expresa contra la remoción, el presidente puede despedir a sus miembros por cualquier causa.

Si bien iría en contra de la decisión del Congreso de 2007 y, por ahora, perjudicaría a la junta, dejaría la puerta abierta para que el Congreso pueda restaurar la independencia de la junta en el futuro y dejaría intacta la facultad del Congreso de crear otros organismos independientes de naturaleza parecida.

Sin embargo, si el tribunal coincide con el argumento más amplio del gobierno de que las protecciones contra la remoción de los miembros de la junta son constitucionalmente dudosas conforme al caso Slaughter, entonces prácticamente extinguiría la capacidad del Congreso de restaurar la independencia de la junta mediante una ley.

Tal decisión no solo pondría en riesgo la función imprescindible de la junta a la hora de proteger los derechos de la ciudadanía estadounidense, sino que también concentraría aún más poder ejecutivo en el presidente sin la correspondiente rendición de cuentas.

Incluso tras la causa Slaughter, el Congreso aún tiene el poder de crear agencias federales que no ejercen facultades ejecutivas y proteger a estas agencias de la influencia del presidente. La Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles es una de esas agencias.

Proteger su independencia es la única forma posible de preservar el sistema de frenos y contrapesos que el Congreso consideró esencial después de los ataques del 11 de septiembre. Es crucial evitar una mayor consolidación de poder en manos del presidente a expensas de la autoridad del Congreso y de los derechos del pueblo estadounidense.

Traducción de Ana Lis Salotti