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- Estos equipos de tareas liderados por el FBI le permiten a la administración Trump emplear sus recursos antiterroristas para atacar a sus opositores políticos.
- Y dado que estos equipos de tareas incluyen a la policía local y estatal, la policía también se hace parte de la campaña de la administración contra quienes la critican.
Esta es la última parte de una serie de tres análisis que detallan los posibles abusos inherentes al Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional-7 del presidente Trump. Aquí y aquí se pueden leer los primeros dos análisis.
En septiembre de 2025, el presidente Trump firmó un memorando con el que busca suprimir el disenso político. Este documento, titulado Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional-7 (NSPM-7, por su sigla en inglés), les ordena a las fuerzas policiales a emplear algunas de sus herramientas más poderosas en contra de los oponentes políticos de la actual administración.
El memorando NSPM-7 le indica al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) activar los equipos de tareas conjuntos para la lucha contra el terrorismo y, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), priorizar el financiamiento de las investigaciones policiales a nivel local y estatal.
Dicho de otro modo, a las fuerzas policiales de todo el país se les han dado las órdenes y el dinero necesario para identificar y castigar a toda persona y grupo que se adhiera a una amplia gama de posturas desaprobadas por la administración, desde perspectivas “antiestadounidenses” hasta opiniones “extremas en cuanto a la inmigración”, bajo el lema de la lucha contra el terrorismo interno.
Equipos de tareas conjuntos para la lucha contra el terrorismo
Los equipos de tareas conjuntos para la lucha contra el terrorismo reúnen a diferentes agencias federales y a la policía local y estatal. Existen unos 280 equipos de tareas de este tipo en todo el país. Están bien dotados con casi 4,400 miembros y funcionan a lo ancho de distintas jurisdicciones.
Asignarles la tarea de implementar el memorando NSPM-7 no solo demuestra la resolución de la administración de investigar cualquier tipo de disenso como un caso de terrorismo, sino que también, para lograrlo, pone a su disposición las herramientas investigativas y las bases de datos utilizadas para la lucha contra el terrorismo.
Estos equipos de tareas liderados por el FBI le permiten a la administración Trump emplear sus recursos antiterroristas para atacar a sus opositores políticos. Hace poco, el director del FBI, Kash Patel, le afirmó al Comité Judicial del Senado que las mayores amenazas terroristas internas provienen de tres categorías de actores: los extremistas violentos antigobierno, los extremistas violentos nihilistas y los extremistas violentos motivados por cuestiones de raza o etnia. Estos grupos coinciden con los enumerados en el memorando NSPM-7.
Desde hace un tiempo, el buró ha identificado al movimiento antifascista, o antifa, como un ejemplo de amenazas antigobierno. Pero esa categoría puede estirarse para abarcar otras actividades identificadas en el memorando NSPM-7, tal como cualquier acto de oposición a ICE.
Las amenazas nihilistas, identificadas por primera vez en 2025, coinciden con la descripción del memorando NSPM-7 de las amenazas que vienen de personas que quieren impedir “el funcionamiento de una sociedad democrática”. Históricamente, la tercera categoría, los actos de violencia motivados por cuestiones de raza o etnia, ha incluido a los supremacistas blancos y otros grupos similares, pero nada en este enfoque de la administración hacia las cuestiones de raza sugiere que eso sea lo que le preocupa.
Además, las reglas que rigen las investigaciones del FBI hacen demasiado fácil que sus equipos de tareas conjuntos para la lucha contra el terrorismo se concentren en actividades protegidas por la Primera Enmienda. Después de los ataques del 11 de septiembre, estas reglas se flexibilizaron tanto que les permiten a los agentes iniciar investigaciones sin siquiera la mínima sospecha de conducta delictiva, siempre que puedan alegar algún fin autorizado, como el de identificar una amenaza a la seguridad nacional.
Mis colegas en el Brennan Center han demostrado cómo esto abre la puerta a toda una expedición de pesca, donde se intenta encontrar y atacar a grupos o posturas desaprobadas por el gobierno. Incluso antes del memorando NSPM-7, estos equipos de tareas terminaban, en repetidasocasiones, monitoreando actividades protegidas por la Primera Enmienda, lo cual provocó que variasciudades reconsideraran su participación en estos equipos o directamente se retiraran.
Los equipos de tareas conjuntos para la lucha antiterrorista fueron creados para mejorar la coordinación interinstitucional contra las amenazas terroristas graves, pero las grandes categorías de amenazas del FBI y los mínimos estándares para iniciar investigaciones significan que estos equipos de tareas también se pueden desplegar para atacar a los opositores políticos e ideológicos. Y dado que estos equipos de tareas incluyen a la policía local y estatal, la policía también se hace parte de la campaña de la administración contra quienes la critican.
Centros de fusión
El memorando NSPM-7 también le ordena al gobierno convertir el terrorismo interno en una prioridad nacional y otorgar fondos de subsidios a las agencias policiales aliadas a nivel local y estatal para que “identifiquen, prevengan y protejan contra toda amenaza que surja en este campo”. La red de centros de fusión, creada tras los ataques del 11 de septiembre, brinda una vía ya preparada para involucrar a las autoridades locales y estatales en la campaña de la administración contra la izquierda política.
El FBI ya ha comenzado a entrenar a estos centros con respecto al memorando NSPM-7. Y ciertas directrices recientes de financiamiento del DHS “alientan encarecidamente” a los estados a que gasten sus subsidios antiterroristas en estos centros de fusión, para que puedan poner en práctica la agenda de la lucha contra el terrorismo interno de la administración, que termina arremetiendo contra actividades protegidas por la Constitución.
Los aproximadamente 80 centros de fusión que existen en todo el país y que fueron creados luego de los ataques del 11 de septiembre son centros de inteligencia que reúnen a instituciones policiales locales, estatales y federales, además de otras agencias. A diferencia de lo que ocurre con los equipos de tareas conjuntos para la lucha contra el terrorismo, estos centros están administrados por los gobiernos locales y estatales y no investigan casos ni realizan arrestos.
La premisa es que la policía detecte información vinculada al terrorismo durante la realización normal de sus funciones y, luego, los centros de fusión la elevan al gobierno federal. Al mismo tiempo, el gobierno federal suministra la inteligencia sobre amenazas que influye en lo que deben buscar los centros de fusión.
Este flujo de información, junto con el personal y los fondos federales que tienen los centros de fusión, los convierte en una herramienta ya preparada que puede ser usada contra lo que sea que el gobierno federal decida considerar como amenaza.
En las dos décadas en que han estado funcionado, los centros de fusión no han demostrado mucho valor en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Pero, con frecuencia, han catalogado la protesta y el disenso como un amenaza contra la seguridad.
Al comienzo, los centros de fusión se concentraban principalmente en las personas estadounidenses musulmanas, contra quienes denunciaban sus campañas de participación en las elecciones y esfuerzos lobistas legítimos como posibles amenazas. Más recientemente, las protestas realizadas a favor de la justicia racial tras el asesinato de George Floyd generaron múltiples informes de los centros de fusión sobre estos manifestantes.
El centro de fusión de Austin rastreó las redes sociales en busca de eventos organizados por los activistas del movimiento Black Lives Matter y notificó un evento en conmemoración de Juneteenth, un círculo de meditación y vigilias a la luz de las velas para las víctimas de actos de violencia por parte de la policía.
El centro de fusión del Norte de California publicó numerosos boletines sobre actos de Black Lives Matter. El centro de fusión de Boston monitoreó las redes sociales en busca de hashtags relacionados, como #BlackLivesMatter.
Tal como mis colegas en el Brennan Center lo handemostrado, los centros de fusión funcionan bajo normas que alientan a la producción y distribución de estos informes de inteligencia de baja calidad que se centran en actividades protegidas por la Primera Enmienda, cuya mayoría es inofensiva.
Hay reglas arraigadas que prohíben que los programas estatales de inteligencia financiados por el gobierno federal recolecten información sin una sospecha razonable de delito y específicamente que recolecten información sobre actividades sociales, religiosas o políticas, a menos que se relacionen de forma directa con alguna conducta delictiva.
El DOJ les ordenó a los centros de fusión utilizar estándares más bajos que les permitan notificar información que sea “razonablemente indicativa de alguna actividad delictiva vinculada al terrorismo”, lo cual es tan ambiguo como para incluir el acto de tomar fotografías, observar edificios o hasta hacer preguntas.
Más allá de su calidad, los informes de los centros de fusión se distribuyen a múltiples departamentos de policía y se cargan a una red de sistemas interconectados de datos locales, estatales y federales, a los que pueden acceder miles de usuarios. Informes erróneos o engañosos que siembran la sospecha sobre una actividad inofensiva se propagan rápidamente por el sistema, donde pueden influir en el accionar de la policía de todo el país.
Los centros de fusión fueron creados con el objetivo de generar y distribuir información en todos los niveles de las fuerzas policiales, sin importar demasiado si esa información se refiere a una amenaza real o simplemente refleja actos normales de expresión de la gente. Esta característica es exactamente lo que los vuelve tan útiles para la administración Trump: brindan una vía para comunicar las prioridades de la administración a la policía y elevar la información que recolectan a las agencias federales.
Prevención del terrorismo
Con la implementación del memorando NSPM-7, la administración también está resucitando ciertos aspectos de la lucha contra el extremismo violento (CVE, por su sigla en inglés), un método muy criticado que utilizaron sus predecesores para identificar a personas que supuestamente se encuentran por cometer actos terroristas, antes de que los hagan.
La lucha contra el extremismo violento se basa en la idea de que las personas demuestran signos de advertencia identificables a medida que se acercan al terrorismo y que observadores entrenados — maestros, terapeutas, líderes religiosos, policías— pueden detectar esos signos e intervenir antes de que ocurra un acto de violencia. Es una idea atractiva. Pero, tal como lo han demostrado las investigaciones del Brennan Center, es también una iniciativa con deficiencias empíricas y que se ha utilizado mayormente para atacar a las comunidades minoritarias.
Durante la administración Obama, las fuerzas policiales, el mundo académico y varias organizaciones sin fines de lucro recibieron fondos para diseñar programas con el principal objetivo de identificar a estadounidenses musulmanes que podrían encontrarse en una trayectoria terrorista. En general, estos programas usaban indicadores de riesgo basados en cuestiones religiosas que fomentaban la discriminación (por ej., el hecho de asistir a una mezquita, la preocupación de ser discriminado por ser musulmán).
A la larga, estos marcadores fueron reemplazados por factores de riesgo ambiguos, que incluían el aislamiento social y una sensación de haber sufrido un agravio, cosas que sienten millones de personas que nunca lastiman a nadie. Incluso estudios financiados por el gobierno federal han reconocido que no existe ningún indicador precoz claro que pueda pronosticar un comportamiento violento futuro.
