Este artículo apareció inicialmente en The Hill.
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- La Sección 702 autoriza la vigilancia sin orden judicial de los extranjeros que se encuentran fuera de los Estados Unidos, pero arrastra grandes volúmenes de comunicaciones de los estadounidenses.
- Por más de una década, ha existido un amplio apoyo bipartidista a una reforma sencilla: exigir al gobierno que obtenga una orden judicial antes de acceder a las comunicaciones de los estadounidenses recolectadas por medio de la Sección 702.
La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, una poderosa autorización para la vigilancia extranjera que ha sido ampliamente utilizada de forma indebida para espiar a los estadounidenses, vence esta semana si el Congreso no la renueva.
El viernes pasado, el Senado fracasó en avanzar la propuesta de ley para reautorizar la ley. Informes periodísticos sugieren que los demócratas bloquearon la propuesta en respuesta al anuncio del presidente Trump de que Bill Pulte será el director interino de la Inteligencia Nacional cuando Tulsi Gabbard renuncie al cargo a finales de junio.
Esa narrativa, sin embargo, cuenta solo una parte de la historia. Algunos demócratas sí se opusieron a la propuesta para presionar a Trump sobre Pulte —y con justa razón, dado el papel que jugó Pulte al provocar acusaciones dudosas de fraude hipotecario contra los enemigos políticos de Trump.
Pero la Sección 702 ya estaba en peligro antes del anuncio sobre Pulte. Eso es porque los líderes republicanos se han negado a permitir votaciones sobre las reformas básicas que están ampliamente respaldadas por ambos partidos. El nombramiento previsto de Pulte es solo un recordatorio más de por qué estas reformas son tan importantes, y por qué la Sección 702 está en estado crítico sin ellas.
La Sección 702 autoriza la vigilancia sin orden judicial de los extranjeros que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Pero, inevitablemente arrastra grandes volúmenes de comunicaciones de los estadounidenses, dado que estos se comunican con extranjeros. Y como no es necesario que haya sospecha de que los objetivos extranjeros cometieron algún delito, la vigilancia puede capturar conversaciones totalmente inocentes entre los estadounidenses y sus amistades, familiares o colegas en el extranjero.
Bajo las normas aprobadas por un tribunal especial de vigilancia, el gobierno tiene prohibido requisar los datos de las comunicaciones de los estadounidenses obtenidos a través de la Sección 702 —una práctica que se conoce como “búsquedas encubiertas” — a menos que ello pueda revelar información de inteligencia extranjera.
Sin embargo, se han producido violaciones generalizadas a estas reglas. En los últimos años, agentes del FBI realizaron búsquedas para obtener las comunicaciones privadas de los miembros del Congreso, periodistas, más de 19,000 donantes de campañas electorales al Congreso y decenas de miles de manifestantes de todo el espectroideológico.
Por más de una década, ha existido un amplio apoyo bipartidista a una reforma sencilla: exigir al gobierno que obtenga una orden judicial antes de acceder a las comunicaciones de los estadounidenses recolectadas por medio de la Sección 702. Esta reforma se ha aprobado en la Cámara dos veces. Cuando se realizó una encuesta, el 76 por ciento de la ciudadanía la respalda.
Pero este año, los líderes republicanos se han negado a permitir cualquier votación sobre las reformas. En su lugar, los aliados de Trump en el Congreso, junto al senador Mark Warner, demócrata de Virginia —quien defiende con mano dura la vigilancia y es opositor de larga data a las órdenes judiciales—, formularon una legislación de reautorización a puerta cerrada.
Invitaron a la administración al proceso mientras dejaron fuera a los miembros que respaldan la reforma. Y mantuvieron el texto de la propuesta en secreto hasta poco antes de que los legisladores tuvieran que votar.
Las propuestas de ley resultantes están llenas de disposiciones diseñadas para parecer reformas —pero ninguna establece límite alguno a las búsquedas encubiertas ni mucho menos requisitos de una orden judicial. En cambio, los proyectos simplemente adicionan más capas de supervisión interna, como la creación de registros de información, auditorías y reportes. Medidas similares han fallado, consistentemente, en su intento de frenar las violaciones en el pasado.
Confiar en que la rama ejecutiva se autorregule es particularmente inútil en una administración que ha desmantelado mecanismos claves de supervisión de la Sección 702. Trump y sus mandatarios han debilitado la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, despedido o, según informes, silenciado a los Inspectores Generales de relevancia y erradicado la oficina del FBI creada en 2020 para garantizar el cumplimiento de las normas de la Sección 702.
El potencial de abuso no se limita a Pulte —o a cualquiera que Trump pueda nombrar para ese cargo. Después de todo, el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, ya tienen acceso a información adquirida a través de la Sección 702. Ellos, como Pulte, han demostrado estar dispuestos a abusar de sus cargos para atacar a quienes consideran opositores de Trump.
En esencia, no se debería depositar la confianza en ningún funcionario del gobierno de tener acceso, sin orden judicial, a las comunicaciones privadas de los estadounidenses —un punto acentuado por la larga historia de abusos bajo la Sección 702. Los miembros de ambos partidos lo entienden.
Por eso, el presidente de la Cámara, el representante Mike Johnson, republicano de Luisiana, falló dos veces en avanzar la renovación de la Sección 702 incluso antes de que Trump anunciara el nombramiento de Pulte. Y por eso es que siete republicanos se unieron a los demócratas el viernes pasado para bloquear la propuesta del Senado. Con o sin Pulte, renovar la Sección 702 será una ardua batalla a menos de que los líderes republicanos permitan un voto sobre una reforma real.
El Congreso tiene bastante tiempo para sostener esta votación. La Sección 702 opera bajo certificaciones anuales aprobadas por el tribunal especial de vigilancia. La ley establece claramente que estas certificaciones siguen vigentes si la ley expira. El tribunal aprobó por última vez las certificaciones de la Sección 702 en marzo, lo que significa que la vigilancia está garantizada hasta marzo de 2027.
Algunos sostienen que las compañías pueden, sin embargo, negarse a entregar las comunicaciones de los objetivos, pero es un pretexto para despistar. Si una compañía se niega a cooperar, el tribunal de vigilancia puede obligarla a cumplir, y la empresa enfrentaría multas de $250,000 al día o más.
Por supuesto, Pulte continuará siendo parte del debate sobre la Sección 702. Hay múltiples razones para oponerse a su nombramiento, incluyendo su falta de cualificaciones profesionales. Los demócratas están debidamente justificados en negarse a avanzar cualquier reautorización de la Sección 702 a menos de que Trump retire su nominado.
Pero, independientemente de quién reemplace a Gabbard, habrá una fuerte oposición bipartidista en el Congreso a la renovación de la Sección 702 sin la oportunidad de votar sobre el requisito de una orden judicial para las búsquedas encubiertas. Y, a menos que el Congreso promulgue esta reforma, los abusos a la ley no son solamente posibles, sino también inevitables.
Traducción de Laura Gómez
