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- El gobierno federal podría usar amplias facultades diseñadas para combatir a grupos terroristas extranjeros como al-Qaeda e ISIS contra la propia sociedad civil estadounidense.
- El resultado de estos esfuerzos de vigilancia, que se realizan sin órdenes judiciales ni la revisión de un tribunal, puede ser utilizado para procesar a los opositores de la administración.
La administración Trump está implementando una estrategia multifacética para reprimir a quienes percibe como sus opositores ideológicos. Gran parte de este plan se puede divisar en su orden ejecutiva de 2025 con la que designó al movimiento antifascista o “antifa” como un grupo terrorista interno y en el subsiguiente Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional número 7 (NSPM-7, por su sigla en inglés).
Estos dos importantes documentos estratégicos generaron una enorme conspiración violenta contra antifascistas y la izquierda política, una conspiración dispuesta a cometer actos de violencia y enumerar distintos incidentes ocurridos en diferentes partes del país que incluyeron actividades protegidas por la Primera Enmienda como pruebas de sus alegaciones.
A raíz de estas instrucciones, varias agencias federales, tal como expliqué en la primera parte de esta serie, están investigando y procesando con agresividad a personas y grupos asociados a una amplia gama de ideologías contrarias al gobierno, supuestamente vinculadas a la doctrina antifascista. Al mismo tiempo, la administración está intentando catalogar al movimiento antifa como una amenaza terrorista internacional.
Este análisis —la segunda parte de la serie— explica cómo, al impulsar esta narrativa falsa, el gobierno federal podría usar amplias facultades diseñadas para combatir a grupos terroristas extranjeros como al-Qaeda e ISIS contra la propia sociedad civil estadounidense, lo cual aumentaría drásticamente el costo de oponerse a la administración.
Se inventa una narrativa sobre terrorismo internacional
La administración Trump está realizando un esfuerzo concertado para crear la contraparte internacional de la narrativa impulsada por el memorando NSPM-7, es decir que hay una red coordenada de grupos de izquierda participando en actividades de terrorismo internacional.
Según The New York Times, Sebastian Gorka, director sénior de la lucha contra el terrorismo de la Casa Blanca, lidera este esfuerzo, designando a grupos internacionales de izquierda como terroristas, presionando a los países aliados para que los investiguen y buscando conexiones entre estos grupos y ciudadanos estadounidenses.
En marzo, una funcionaria sénior de la lucha contra el terrorismo del Departamento de Estado les dijo a sus homólogos del mundo occidental que debían reconocer las acciones antifa y de la extrema izquierda “como terrorismo político y no como meras protestas o delincuencia”.
En julio, el secretario de estado, Marco Rubio, convocó a una reunión de alto nivel para crear una infraestructura de cooperación internacional a fin de combatir el “terrorismo político transnacional de extrema izquierda”, parecida a las respuestas surgidas tras los ataques del 11 de septiembre. Participaron 66 países. En esta reunión, Rubio anunció nuevas restricciones de visado que prohibían la entrada al país a “terroristas de extrema izquierda” y “grupos alineados”, a partir de ciertas políticas anteriores que les permitían averiguar posturas “antiestadounidenses”.
También en julio, el Departamento de Estado publicó un informe de 100 páginas que alegaba que, durante casi 70 años, Cuba había dirigido y coordinado a grupos de izquierda en los Estados Unidos. Por la forma en que se decía, el movimiento en defensa de los derechos civiles, los opositores a la Guerra de Vietnam, las protestas llevadas a cabo en 2020 a favor de la justicia racial, las manifestaciones pro-Palestina que se realizan en campus universitarios y las protestas anti-ICE habrían sido todos impulsados por el gobierno comunista cubano.
El informe también describe a importantes organizaciones sin fines de lucro estadounidenses, como la Asociación Nacional de Abogados, y organizaciones políticas, como los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, como nodos de una red del gobierno cubano. Considera una serie de movimientos apenas relacionados, separados por décadas y generaciones, como si fueran parte de una misma campaña concertada, que parecería ser más grande que la amenaza que supone la izquierda, totalmente inventada y respaldada en el memorando NSPM-7.
La narrativa que alega que los “antifa son una amenaza terrorista internacional”, por más infundada que sea, abre vías legales que han formado la base de la lucha contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre, caracterizadas por sus escasas garantías procesales y un amplio abanico de sanciones legales.
Las designaciones de terrorista extranjero
El secretario de estado y el secretario del Tesoro tienen una holgada libertad de designar a personas y entidades como terroristas extranjeros, aunque estas facultades se han visto criticadas desde hace años por su falta de garantías procesales y su escasa revisión judicial.
La más conocida es la facultad del secretario de estado de designar a cualquier entidad como organización terrorista extranjera tras determinar que se trata de una organización extranjera que participa o tiene la capacidad e intención de participar en actividades de terrorismo o de brindar apoyo material al terrorismo, de forma tal que amenaza la seguridad de la población estadounidense o la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Esta designación le permite al gobierno imponer sanciones sobre la organización que van desde el congelamiento de fondos depositados en bancos estadounidenses hasta la prohibición de sus miembros de ingresar al país. Cualquiera que brinde “apoyo material” a una organización terrorista internacional designada puede ser procesado judicialmente y recibir hasta 20 años de prisión.
La Corte Suprema confirmó este marco en una demanda presentada en virtud de la Primera Enmienda en el caso Holder v. Humanitarian Law Project y determinó que incluso una capacitación sobre la resolución pacífica de conflictos podría considerarse apoyo material, si fue dictada en coordinación o bajo la dirección de una organización terrorista extranjera designada. El activismo independiente que simplemente se alinea con los objetivos de un grupo sigue estando protegido por el derecho a la libertad de expresión.
La segunda ruta, que es menos conocida, pero más utilizada, es cuando el gobierno etiqueta a entidades e individuos como terroristas globales especialmente designados según la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act), implementada por la Orden Ejecutiva 13224 del presidente George W. Bush. El secretario de estado y el secretario del Tesoro tienen la amplia libertad de aplicar esta designación a cualquier persona que cometa, amenace con cometer o apoye al terrorismo y de congelar sus activos.
Hoy en día, la lista de organizaciones terroristas extranjeras designadas llega a las 100 entidades, mientras que la lista de entidades terroristas globales especialmente designadas supera las 1,300. Estas designaciones —estén o no justificadas— provocan un efecto dominó, porque crean riesgos legales para cualquiera que tenga hasta la más mínima conexión con una entidad designada.
El eje central del memorando NSPM-7 gira en torno al objetivo de la administración de reprimir a grupos antifa y de izquierda que se opongan a sus políticas. Dado que la tendencia antifa en sí es un movimiento descentralizado, no una organización, en noviembre de 2025 la administración designó a cuatro grupos europeos pequeños vinculados a ese movimiento como terroristas globales especialmente designados y, a la semana, como organizaciones terroristas extranjeras.
Desde entonces, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta $10 millones para quienes puedan aportar información que le permita congelar los fondos de los cuatro grupos, lo cual los colocó en la mismacategoría que las recompensas que sigue teniendo el gobierno por cualquier información sobre las redes de Hamás y Hezbollah.
En agosto, la administración subió las apuestas considerablemente cuando le colocó la designación de terrorista global especialmente designado a un proveedor de infraestructura: Autistici Inventati (A/I), una organización italiana sin fines de lucro que proporciona servicios gratis de alojamiento web, encriptación y listas de correos electrónicos.
El gobierno afirma que A/I pudo designarse como una entidad que apoya al terrorismo porque sus herramientas están “especialmente diseñadas para dar apoyo a las operaciones de las redes terroristas de extrema izquierda” y se ofrecen con exclusividad a “actores radicales de izquierda”. Como prueba, el gobierno dice que A/I averigua puntualmente las afinidades ideológicas de sus usuarios potenciales y señala a algunos grupos estadounidenses de tendencia izquierdista a los que A/I presta sus servicios.
Si bien estos grupos no son —ni pueden ser— designados como terroristas internos (porque no existe esa designación) ni extranjeros (porque se encuentran en los Estados Unidos), el gobierno parece estar colocándolos dentro del marco del terrorismo internacional por la infraestructura digital que utilizan. Según ciertas reglas existentes, cualquiera que apoya o está “asociado con” terroristas globales especialmente designados puede ser etiquetado como tal, sin siquiera determinar que esté apoyando al terrorismo.
Algunos de los grupos designados por la administración Trump sí tienen antecedentes de actos de violencia menores. Pero, tal como lo dejan de manifiesto los propios comentarios de la administración, el objetivo de estas designaciones consiste principalmente en sancionar a las personas estadounidenses a las que la administración quiere llegar a través de estos grupos designados.
Los riesgos para la sociedad civil estadounidense
Esta maraña de designaciones de terroristas internacionales abre la puerta a un amplio abanico de sanciones posibles contra la sociedad civil estadounidense, con graves consecuencias inmediatas. Por ejemplo, una persona estadounidense que apoya una organización terrorista internacional designada podría ser procesada por brindar apoyo material —con una pena de hasta 20 años de prisión o, en casos con una muerte, cadena perpetua—, haya tenido o no la intención de apoyar al terrorismo.
A partir de los ataques del 11 de septiembre, este tipo de procesamientos por apoyo material se ha iniciado casi exclusivamente contra personas estadounidenses musulmanas. Los acusados se procesan como terroristasinternacionales, aun cuando sus vínculos con terroristas extranjeros se basen en afinidades ideológicas, en lugar de ser meros vínculos operativos.
Ha habido casos, por ejemplo, donde los actos delictivos en sí fueron mínimos, como haber traducido y publicado contenidos en internet que ya eran de dominio público. Si se sigue el mismo patrón para las entidades de izquierda designadas, las fiscalías podrían conseguir condenas por las afinidades ideológicas que tenga un grupo estadounidense de izquierda con una organización terrorista extranjera designada, por más insignificante que haya sido su apoyo.
Este tipo de resultados sería parecido a las recientes condenas en el caso de Prairieland en contra de un grupo de manifestantes anti-ICE que fueron acusados de apoyo material al terrorismo por comportamientos como prender fuegos artificiales y cometer actos de vandalismo.
Cualquier grupo de la sociedad civil también podría ser pasible de sanciones legales si interactúa con grupos de izquierda especialmente designados como terroristas globales. Por ejemplo, un grupo estadounidense puede recibir una multa de hasta $377,700 simplemente por recibir servicios de una entidad designada, como lo fue A/I, más allá de que sepa o no que el grupo fue designado como tal. Una violación “deliberada” (donde el grupo sabía que apoyar a un terrorista global especialmente designado era ilegal) puede ser procesado penalmente con una pena máxima de 20 años de prisión.
Esta administración aún no ha etiquetado directamente a ninguna persona ni organización estadounidense como terrorista global especialmente designado. Pero, si lo hiciera, se congelarían de manera automática todos los activos de esa persona o entidad, lo cual le impondría un obstáculo práctico enorme y dañaría su reputación por haber sido sancionado como terrorista.
Los tribunales han solicitado importantes garantías procesales para consecuencias tan serias como estas. Pero los dos casos principales presentados en este marco —los dos contra fundaciones musulmanas designadas como terroristas luego de los ataques del 11 de septiembre— demoraron seis y ocho años en resolverse, mucho después del daño ocasionado.
La administración Trump también podría apuntar contra los grupos internos que tienen algún tipo de vínculo con la Hermandad Musulmana y los movimientos internacionales pro-Palestina, que el gobierno ha designado como terroristas de alguna u otra forma. Durante las últimas dos décadas, varias partes del gobierno estadounidense han intentadovincular a los grupos musulmanes de la sociedad civil con la Hermandad Musulmana, y la hostilidad de la actual administración hacia todo activista pro-Palestina no es ningún secreto.
Aun cuando un grupo estadounidense tenga un vínculo mínimo con estas entidades designadas, igualmente podría ser víctima de investigaciones y acciones judiciales por apoyo al terrorismo, que tendrían enormes consecuencias reputacionales, económicas y posiblemente penales.
Ampliación de las facultades de vigilancia para recabar inteligencia extranjera
Tildar a la izquierda de amenaza terrorista internacional también le da al gobierno la posibilidad de acceder a facultades intrusivas de vigilancia para recabar inteligencia extranjera que no requieren de la revisión de un tribunal ni de órdenes judiciales.
Debido a que las actividades de vigilancia que supone la investigación de extranjeros en el exterior inevitablemente terminan interceptando comunicaciones de personas estadounidenses, desde hace mucho tiempo se ha reconocido que estas amplias facultades de vigilancia suponen importantes riesgos para los grupos e individuos dentro de los Estados Unidos.
Las organizaciones terroristas extranjeras designadas son el objetivo paradigmático de todo esfuerzo de inteligencia extranjera, y la administración puede usar las amplias facultades conferidas por la
Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) y la Orden Ejecutiva 12333 para recolectar las comunicaciones de estos grupos. Puede tratarse de un volumen limitado de comunicaciones para los pequeños grupos designados en 2025, pero probablemente sea mucho más grande en el caso de A/I, que, según el gobierno, aloja decenas de miles de cuentas y listas de correos electrónicos.
